A diez días del sexenio

A diez días de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República, se han sucedido hechos que con razón pueden despertar en muchos la esperanza de que el país tenga una mejor conducción política mas también hay indicios que justamente le revelan, a quienes no creen en él, que su estilo de gobernar se sostiene en un discurso esperanzador sin suficiente sustento y que medidas suyas lo muestran atado de manos y al menos contradictorio.

No se puede negar el que Pena Nieto se propone ser un líder moderno que optimice las oportunidades de México y afronte integralmente sus graves problemas y retos. Mas allá de las reformas estructurales que quiere sacar adelante nos presentó un programa delineado en su exposición en un legado histórico liberal, revolucionario y democratizador fundado en algunos principios básicos, y aterrizado en acciones concretas que a toda prisa ha echado a andar.

Ayer nada menos en la línea de abatir nuestro rezago educativo de la forma simbólica que le es tan apreciada en el recinto que alberga parte de nuestro tesoro cultural, el Museo de Antropología e Historia, presentó una iniciativa de reforma que prevé cambiar el artículo tercero de la constitución para establecer la calidad de la docencia como una garantía. La idea central es recuperar la rectoría del Estado en el sector a través de un Sistema Nacional de Evaluación que se aboque a identificar las necesidades para mejorar la enseñanza. Ello implicaría posteriormente la modificación de la Ley General de Educación y la  recuperación de la asignación de plazas de maestros con lo que dejarían de ser vitalicias y hereditarias. Nadie desconoce que tales medidas representan un golpe fuerte al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Elba Esther Gordillo a quien hasta ahora en sus nombramientos no le otorgó, como los gobiernos panistas, espacios en la burocracia central.

Considero que es un acto osado y valiente que puede sentar un parteaguas  como puede quedarse también en un ataque  de corte espectacular a un poder fáctico que no puede acabar, porque también  el que salgan sus medidas depende en parte del apoyo que tenga de los así sean diez diputados y la única senadora que el PANAL el partido de Elba Esther tiene en el Congreso.

En ese mismo sentido Peña Nieto firma un acuerdo de gobierno importantísimo con las principales fuerzas opositoras del país en el que se muestra un gran negociador, pero de repente no sabe uno si puede funcionar su proyecto con las concesiones que otorgó para sacar adelante con visión demasiado inmediatista varios programas asistenciales caros a las izquierdas, así como la reforma educativa que comentamos, además de otra no menos teatral a saber la de telelecomunicaciones que se va nada menos que contra los monopolios televisivos, así como la ley nacional de responsabilidad hacendarias que complace a los panistas.

Al menos eso pensé a raíz de que hace una semana se dio a conocer un aparente avance en el Senado para sacar adelante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, según el deseo del Presidente de desaparecer las secretarias de la Función Pública y la de Seguridad para el mejor ejercicio de su gobierno, reasignando funciones a otras secretarias y a nuevas dependencias. La iniciativa fue recibida con bastantes críticas por lo que toca al diseño de una supersecretaría de Gobernación con carácter político a la vez que de control público. De aquí que la oposición decidiera aprobarla, con la salvedad de asegurarse de que no hubiera retrocesos autoritarios para lo cual pidió que los altos mandos policiacos fueran ratificados por la Cámara Alta. Los priistas parecían haberlo aceptado, al menos esto fue lo que se publicó el martes pasado,  más el jueves 6 los partidos se enfrentaron dejando ver la fragilidad de sus acuerdos. Al verse panistas y perredistas  en minoría por algunas ausencias de los suyos, para evitar un madruguete de los priistas en el que hubieran podido retractarse, interrumpieron la sesión por falta de quórum pese a las protestas de los senadores del PRI. Hoy hay sesión nuevamente en el Senado con el objetivo de destrabar el problema.

¿Qué debemos creer de Enrique Peña Nieto? ¿Tiene todos los hilos en la mano? ¿Está siendo rebasado por sus legisladores y operadores? ¿Es más que una figura mediática, buenos discursos y propósitos? ¿Tiene el poder de imponerse a tamaños intereses como parece querer? ¿Privilegia sí, o no, los cánones democráticos en el ejercicio de su gobierno? ¿Qué tanta tendencia autoritaria tiene?

Las presiones de Peña Nieto son múltiples como múltiples son los aspectos que tiene que considerar en sus decisiones. Se vio en la composición de su gabinete donde instaló pesos políticos fuertes en las carteras necesarias (tales fueron los nombramientos de Osorio Chong en la SEGOB o Chauffet en la SEP) y otros muy valiosos desde el punto de vista técnico, algunos muy jóvenes, en lugares estratégicos (como Videgaray en Hacienda, Meade en Relaciones Exteriores o Losoya en Pemex) sin olvidar a Rojas en la CFE o González en el IMSS, pero también les abrió espacio a gente de su confianza como por ejemplo a Ruiz Esparza en Comunicaciones así como amarró intereses y pagó favores con Coldwell en Energía. Parece ser que el común denominador en casi todos los nombramientos es que son gente que ha probado arrojar buenos resultados, pero los hay también inexpertos como Claudia Ruiz Massieu en Turismo. Al respecto, no me gusta que en esta última lógica haya sacrificado la subsecretaría de derechos humanos en manos de Lía Limón que nada sabe de la materia. Este nombramiento puede leerse como desinterés del Presidente en el tema, aunque puede ser que esté ligado a contener a Elba Esther Gordillo en tanto durante su paso por la SEP hace tantos años su padre Miguel Limón entabló con la maestra una amistad que por cierto la llevó a ésta a promover la llegada de Luis Ugalde al IFE en 2003 cuando fuera esposo de la ahora subsecretaria.

El hecho es que el respeto por los derechos humanos debe ser una de las prioridades de una sociedad que necesita permanecer vigilante ante esta nueva administración. Como prueba de botón las arbitrariedades ya documentadas  cometidas en varias detenciones de manifestantes en las protestas el día de la toma de posesión. La respuesta de Peña Nieto a la falta de preparación de las policías en México está ligada a la posición que lleven hoy los priistas al Senado.

Ante la situación, me parece justificado permanecer escéptico.

La nueva administración federal

Estamos a cuatro días de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. En los medios de comunicación se barajan los nombres de quienes ocuparán los cargos públicos más importantes en el nuevo gobierno. La toma del control del aparato burocrático requirió la semana pasada de dos medidas que se tomaron en el Congreso las cuales revelan el impulso de eficiencia que el próximo Presidente desea impregnarle desde el primer momento a su gestión, de frente a sus mayores retos a saber la debilidad del ejecutivo y la crisis de gobernabilidad del Estado, ambas características que le impregnaron al sistema político mexicano la pluralidad y una violencia en ascenso e incontrolada en el país. Me refiero uno, a la Reforma a la Ley de Servicio Profesional de Carrera y dos, a la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública que definitivamente le regresan a ésta el sello priista.

Según yo entiendo, contrariamente a lo que algunos analistas han afirmado, el primer cambio no debe entenderse como atentado a la profesionalización de la carrera burocrática que originalmente buscó el panismo y logró tan pobremente, sino de liberar miles de plazas de alto nivel al menos más de 4000 a nivel de directores generales y adjuntos ubicadas en 74 áreas y organismos. En efecto los priistas aseguran que los calderonistas colocaron irregularmente a simpatizantes y amigos en importantes puestos que ahora quieren los peñistas para el ejercicio de su programa de gobierno.

Por lo que se refiere a los cambios en el organigrama de la administración pública, la intención parece ser una simplificación en una lógica diferente de ejercicio del poder de forma más piramidal. Peña Nieto, a decir de sus allegados, parece preferir una mayor concentración de poder en superministros a su mando. En este sentido desaparecerán dos secretarías, la de Seguridad Pública que creó precisamente Vicente Fox y la de la Función Pública cuyas tares las absorberá en parte la Secretaría de Hacienda que se encargará de recabar las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios y la nueva Comisión Anticorrupción que se está conformando.

De esta manera tendrán de entrada más funciones la Secretaría de Hacienda y sobre todo la Secretaría de Gobernación, sino también la Secretaría de la Reforma Agraria y la de Desarrollo Social. La de la Reforma Agraria supuestamente para propiciar un mayor orden en el desarrollo, por lo que se le añadirá competencia en materia territorial y urbana. La del Desarrollo Social para reforzar el combate a la pobreza y la desigualdad, por lo que se pensó que tenía que controlar los organismos creados durante las últimas décadas para la atención de jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres e indígenas. Sin embargo, en la discusión, los de mujeres e indígenas quedaron fuera.

Así entonces, de los cambios que se avecinan, el más comentado ha sido el de la Secretaría de Gobernación. En efecto la reforma le restituye a la SEGOB la función de negociación con las distintas fuerzas políticas del país que tuvo por momentos durante el panismo, pensemos en el paso en ella de Fernando Gomez Mont de 2008 a 2010, e incluso le otorga un carácter de coordinación del gabinete al adquirir funciones que actualmente se cumplen desde la oficina de la Presidencia. En este sentido el Secretario de Gobernación deberá ser quien haga el seguimiento de las políticas públicas. Por otro lado, se entiende que la SEGOB tendrá también otro pilar enfocado al control del crimen organizado y la delincuencia. Cabe precisar en particular que tendrá a su cargo una nueva Gendarmería Nacional y una Agencia de Seguridad para controlar el trabajo de todas las corporaciones policiacas federales y entablar, entiendo, la relación con aquellas que operan a otros niveles. Además se responsabilizará de la dirección del sistema penitenciario federal.

Lo menos que se puede decir es que es difícil analizar objetivamente los cambios administrativos propuestos, por la politización con la que han sido recibidos. La reforma de la SEGOB  la veo acertada en cuanto se encuentra en la línea de fortalecer los mecanismos de negociación política del ejecutivo y de organizar un mando único policiaco en México. Más puede ser también ciertamente riesgoso volver a concentrar en las mismas manos las tareas de recuperación de la fortaleza y liderazgo del gobierno, con las de la detención de la fuerza. Me pregunto: ¿Puede fungir como mediador adecuado de los conflictos sociales quien tiene el garrote en la mano? ¿Por qué contaminar las funciones políticas con el control de la seguridad? ¿No puede ser ello intimidatorio? ¿No puede acaso acabar siendo un organismo violatorio de los derechos humanos aquel que pretende velar por ellos?  

El modelo político que Enrique Peña Nieto ha exhibido es un modelo político centralizador que puede hacernos temer con razón una regresión autoritaria, y ahí está en su historial su respuesta al asunto de Atenco, mas no podemos negar para nuestra tranquilidad también que en el ejercicio del poder ha demostrado que sabe delegar y respeta autonomías así como formas plurales y competitivas que se han impuesto en México. Por ello creo que con lo que está haciendo le esta honestamente apostando a fundar un nuevo tipo de liderazgo, en esencia que genere más y mejores resultados. Lo que está por verse es si también se desenvolverá dentro de cánones democráticos. El autoritarismo es un fantasma que nos acecha, por lo que la sociedad no debe bajar la guardia. Por ejemplo el diseño de la Comisión Nacional Anticorrupción se formula otra vez a espaldas de la participación ciudadana, mediante un mecanismo de elección de sus integrantes obscuro que puede caer como otros tantos en cuotas partidistas.

El conflicto en la UACM

El conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (la UACM) que ha cumplido 77 días desde las primeras tomas de sus  planteles, mas data de abril de 2011 cuando integrantes del Consejo Universitario acusaron a la rectora Esther Orozco de no haber transparentado el uso de 250 millones de pesos, entró en una nueva fase cuando el pasado jueves en la noche el Consejo Estudiantil de Lucha se apoderó de las oficinas ubicadas en las avenidas Eugenia y División del Norte.

Esta medida, a decir de los paristas, obedece a que ni las autoridades universitarias ni el gobierno capitalino han cumplido los acuerdos de la Casa Lamm pactados por las partes hace más de tres semanas ante un grupo de notables, ni tampoco las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la CDHDF. Fundamentalmente ello hubiera significado la instalación del tercer Consejo Universitario sin los consejeros impuestos por la rectoría. Al haberse las autoridades hasta ahora negado a hacerlo, quedó reafirmada su posición autoritaria de no querer perder el control del órgano.

A mi parecer, los últimos eventos apuntan a que sí en efecto Esther Orozco en particular parece haber querido escalar el grado de oposición al movimiento en su contra y que no suenan desatinadas las demandas crecientes pidiendo su renuncia. Por una parte llegó a difundir lo que parece una visión exagerada del nivel de violencia en la toma de las instalaciones administrativas de Colonia del Valle, a lo que siguieron represalias de un movimiento de choque contrario a los paristas, denominado RED (Red de Estudiantes en Defensa de la Educación el cual se les ha salido de las manos a quienes lo promueven siendo que muchos aseguran que es la propia rectoría), represalias que a las afueras del plantel de Cuautepec resultaron en la pérdida inadmisible del ojo de un estudiante. Por otra parte, Esther Orozco también negó a finales de la semana que terminó el pago a los trabajadores de la última quincena con un probable deseo de enfrentarlos, mediante el pretexto poco creíble de que la liberación de la nómina -con la celeridad requerida- era imposible sin los insumos electrónicos y documentación que estaban al interior del edificio administrativo de Eugenia.

Esta política corresponde a la línea seguida por el Consejo Universitario que ha sesionado sin la legitimidad de toda la comunidad y ha aprobado la destitución de varios consejeros que según los paristas fueron electos democráticamente, además del inicio de procesos jurídicos contra estudiantes y profesores participantes en la toma de instalaciones de la Universidad. Asimismo corresponde al supuesto llamado a una manifestación ayer en contra del movimiento. Con ello se hizo patente el peligro de que el conflicto se resuelva por la vía del uso de la fuerza pública.

Por ello celebro que elementos de seguridad capitalinos hayan tomado medidas, como el cerrar ciertas vialidades, para evitar una confrontación entre miembros de la comunidad de distintos bandos y que el Consejo Estudiantil de Lucha haya aceptado la entrada a las oficinas administrativas de una comisión de representantes de las autoridades  universitarias (incluida la tesorera de la UACM), del Sindicato de Trabajadores de la institución, de la CDHDF (presididos por Dinorah Pizano Osorio) y de Juan José García Ochoa, Secretario de Gobierno del DF, con la finalidad de recoger lo necesario para realizar los pagos pendientes mismos que hasta la noche de ayer no se habían hecho.

Celebro también que estos últimos acontecimientos vuelvan a sentar en una mesa de diálogo a autoridades y universitarios inconformes. Se espera que el trabajo empiece el día de hoy precisamente. Como sedes se habían propuesto la CDHDF o el Museo de la Ciudad de México.

Cabe señalar que sería una pena que las partes inconformes que no sólo incluyen al Consejo Estudiantil de Lucha sino también al Foro Académico UACM, los consejeros en Defensa del Voto y la Legalidad y los Trabajadores en Lucha se negaran con necedad a retomar la discusión de las negociaciones anteriores y que, como ya lo han anunciado, acepten participar exclusivamente para dar operatividad a los acuerdos que ellos ya consideran pactados. Entiendo sin embargo que las autoridades se deben necesariamente desistir de aplicar cualquier sanción a los integrantes del movimiento y que el punto nodal debe ser la concertación sobre la composición del famoso Consejo Universitario.

Extraña la pasividad que Marcelo Ebrard ha demostrado ante este grave conflicto constituyéndolo quizás en uno de los problemas graves que herede al nuevo Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera quien creo que no participa por cierto en las luchas internas perredistas que se juegan por el control de esta Casa de Estudios. No hay que olvidar que Ebrard impulsó el nombramiento de Esther Orozco y no la detuvo cuando respondió hace más de un año a las críticas en su contra con un diagnóstico muy severo a la esencia y al sentido del proyecto educativo que dio origen a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México detrás del cual estuvo André Manuel López Obrador.

Es cierto que la UACM ha jugado un rol de formación de cuadros del PRD y en este sentido se la disputan distintas tribus al interior de ese partido. Parece ser cierto, también, que la alianza del todavía Jefe de  Gobierno de la Ciudad con su rectora puede estar escondiendo intereses comunes que se nos escapan. De aquí el conflicto universitario y la incapacidad hasta ahora de resolverlo. La pena es que igual es cierto que esta Universidad le da una posibilidad de formación y superación a cientos de jóvenes que no tienen otras oportunidades. Lo que debe discutirse, más allá de intereses políticos, es la manera de lograrlo en condiciones de calidad académica que la UACM tiene el deber de alcanzar si recibe nuestros impuestos.

Sobre la reforma laboral y el cambio político en México

El debate sobre la reforma laboral aún inconcluso ha puesto a la orden del día posicionamientos diferenciados en las dos partes que la iniciativa del Presidente Calderón comprende: la parte económica y la parte política. Por un lado el PAN, el  PRI y el PV apoyan las medidas que supuestamente despegarían el desarrollo de nuestra economía mientras la izquierda insiste en que con ellas son violentados conquistas que los trabajadores no pueden sacrificar. Por otro lado el PAN y la izquierda están a favor de modificaciones que apuntan a una mayor democracia sindical, mientras el  PV y sobre todo el PRI sostienen que algunas de ellas atentan contra la autonomía de los sindicatos. NA, por su lado, ha jugado contradictoria pero pragmáticamente.

Regresada la minuta a la Cámara de Diputados con modificaciones a aquella que ésta le mandó al Senado, el PAN entró en la encrucijada de ser el responsable ante los empresarios de quedarse sin reforma, y el PRI parece haber perdido frente al desafío que le lanzó Felipe Calderón con el deseo probablemente de exhibir su falta de compromiso democrático y también parece estar perdiendo el que sea él quien absorba los costos de aprobar la reforma. Pero si la reforma no se congela y pasan tan sólo sus apartados económicos, la izquierda habrá caído en una trampa distractora. El qué hay detrás de todo esto y el qué vaya a pasar nos escapa en buena medida a los analistas; sin embargo, a mi me ha llevado a una reflexión sobre el cambio político en el país y en particular sobre el corporativismo en México. Les comento.

Si lo vemos a través del parámetro de la transición democrática, pareciera que hemos logrado una democracia política relativa, por desgracia con aún una insuficiente transparencia y rendición de cuentas. Además dados los niveles de participación política, hemos hecho pocos avances en democracia social; y por los índices de pobreza y distribución del ingreso, aún menos avances en materia de democracia económica.

Si lo vemos en la perspectiva de lo que se ha dado por llamar el realineamiento electoral, estamos viviendo los estertores de una era que redefinió preferencias electorales con base en nuevas instituciones que promovieron la pluralidad política y reconfiguraron la distribución del poder. El acceso al poder fue modificado y también la relación entre poderes mas no la manera en que se ejerce el poder, salvo en el hecho que la democracia debilitó al ejecutivo y el crimen organizado junto con  el narcotráfico al Estado, generando una crisis de gobernabilidad.

En este sentido, y en ambas visiones, se entiende la sobrevivencia en el país del corporativismo como pieza central del sistema político. Un corporativismo que ya no es la base de la obtención del voto pero si a través del cual se logran acuerdos que hacen posible la implementación de pactos y políticas públicas.

Por eso ningún partido en el gobierno (no debemos olvidar que en algún nivel todos son gobierno)- y menos en el gobierno federal- ha logrado romper con líderes sindicales, porque representan una fuerza útil. Claro, ahora el PAN  que va de salida curiosamente se vuelca contra aquellos con los que negoció porque lo hizo tanto con Carlos Romero Deschamps y más con Elba Esther Gordillo, mientras hoy puede oponerse al que se acaben de reelegir en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación respectivamente.

Podemos conceder que Enrique Peña Nieto tenga quizás un deseo firme de transformación democrática del sistema político, pero que pese a las presiones de las cámaras empresariales hasta ahora haya preferido detener la reforma laboral para no romper de tajo con los aliados históricos de los priistas. Sin embargo esta coyuntura ha demostrado que está latente el riesgo de regresión política, además de que ha puesto de manifiesto -aún antes de que comience el nuevo sexenio- las dificultades políticas que enfrentará el próximo gobierno en el camino de reconquistar gobernabilidad en el país, de frente a la capacidad de maniobra de sus adversarios.

¿Qué hará entonces el Presidente Electo cuando el PAN insta a los diputados priistas a aprobar la reforma laboral, tal como se las regresaron los senadores? No lo sé pero sí creo que gana, desde luego sosteniendo la que ha sido la posición del PRI, pero también dejándose perder porque aumentaría su poder ante los poderes fácticos que aloja su partido. 

Sobre debates presidenciales. El caso de la elección norteamericana 2012

En los últimos años los analistas políticos hemos mostrado interés en la polémica sobre si los debates que se llevan a cabo entre candidatos a puestos de elección popular afectan, o no, las preferencias electorales. Hasta hace unos días yo era de aquellas que sostenía, con base en estudios empíricos, que los espectadores de los mismos no definen en ellos su voto y juzgan el desempeño de los participantes según ideas preconcebidas. Sin embargo, el primer debate que tuvieron  el demócrata Barack Obama actual Presidente de Estados Unidos y su contrincante republicano Mitt Romney el pasado 3 de octubre en la Universidad de Denver me ha hecho dudar sobre mi planteamiento.

Previo a este debate, de acuerdo a las encuestas, Romney tenía las elecciones perdidas. Los sondeos entonces situaban a Obama con alrededor de 51% de los potenciales electores contra 45% para Romney; algunos incluso le daban a principios de septiembre once puntos de ventaja al Presidente. Entonces Romney hacía esfuerzos desesperados por alcanzarlo. Por ejemplo aseguró que respetaría los permisos de trabajo temporales de los jóvenes indocumentados, según una política implementada por su contendiente Obama.   

Una vez concluido ese primer debate, no faltó quien viera que ambos candidatos se habían esforzado por igual por presentar la diferencia de sus planes para enfrentar los principales problemas económicos de su país: la creación de empleos y la reducción del déficit fiscal. Incluso se afirmó que Obama había acusado reiteradamente a Romney sobre querer recortar impuestos a quienes tienen ingresos altos, con lo que le dificultó el enfocarse en sus propuestas. El candidato republicano, decían, sólo describió su programa en términos generales sin entrar en detalles más allá de mencionar sus cinco pilares fundamentales. Pero lo cierto es que fueron más quienes consideraron más sólido el desempeño de Romney y lo percibieron como un candidato moderado que tiene nuevas ideas y  más capacidad.

Así, pese a que Obama sí especificó sus propuestas las cuales incluyen dar mayor impulso a la educación, manteniendo bajo el costo de los préstamos educativos, incentivar a las empresas para que mantengan sus operaciones y reducir la dependencia energética a través de la promoción del desarrollo de fuentes alternas, apareció para la mayoría como poco asertivo y directo (incluso le reprocharon no ser suficientemente agresivo o sea mantenerse pasivo de frente a un Romney que demostró más energía), de tal suerte que pasado este primer enfrentamiento ambos candidatos según varios estudios aparecieron como empatados. Más adelante, o sea  la semana pasada, Romney superó al fin al Presidente. En un sondeo 49% de los votantes respondieron que sufragarían a su favor, contra 45% que lo harían por Obama.

Es por ello que el jueves 11 de octubre, en el primero y único debate vicepresidencial celebrado en Kentucky con un carácter menos rígido, el vicepresidente Joe Biden arremetió contra el proyecto del aspirante a su cargo republicano -el conservador Paul Ryan- y su pareja Romney acusándolos de sostener ideas viejas y erróneas a favor de los ricos, mientras buscó presentar a Obama como defensor de la clase media.  La respuesta de Ryan fue acusar a Obama y Biden de buscar atemorizar a los votantes en la medida que no tienen a su parecer un récord que defender.

En estas circunstancias, aunque ayer se decía que la fuga de votos de los demócratas parecía estarse deteniendo al diluirse el efecto del primer debate presidencial, va a ser muy importante el segundo de ellos que se celebrará precisamente hoy en la Universidad de Hofstra en Hempstead, Nueva York. Hay fuentes que aseguran que Barack Obama ha hecho una autocrítica (alguien comentó que sabe que durante el primer debate Romney tuvo una mejor noche). Así piensa cambiar de táctica, en suma ser más desafiante, y se ha preparando para ello con sus asesores. El punto será el explicar el por qué él es una mejor opción para la clase media y la importancia que tiene que ésta sea próspera en función de su visión respecto adónde deberían ir como país.

Los republicanos por su parte responden que, aún con una mejor estrategia, Obama no puede cambiar su historial y que esta elección se trata precisamente de evaluar su administración y su falta de resultados.

Con estos comentarios, la pregunta que me hago es el por qué las preferencias electorales  sí se han visto en este caso modificadas por esta práctica de los debates. Considero que se debe a lo cerrado de una contienda que se está definiendo poco en función de identidades partidistas y más en función de una álgida discusión de los temas nacionales que rondan en el ambiente político, con proyectos muy contrastivos en los que tanto está en riesgo. Todo apunta a que los electores se interesan de forma creciente en las discusiones públicas y que acumulan información que les permite evaluar y posicionarse.      

Veamos que depara esta segundo puesta en escena de los contendientes de la elección presidencial de nuestros vecinos, y recuerden que la tercera y última será en Florida el 22 de octubre.

Venezuela, elecciones 2012

El próximo domingo 7 de octubre serán llamados a las urnas cerca de 19 millones de venezolanos en una elección que interesa por la fuerza creciente que ha ido ganando Henrique Capriles, de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, candidato opositor a Hugo Chávez quien conseguirá casi seguro su tercera reelección. En efecto los sondeos no muestran una tendencia única, pero el panorama está dominado por estudios que le otorgan la victoria al Presidente con una ventaja de entre 2 y casi 20 puntos. Por cierto ya han dejado de poderse publicar. En este escenario centenares de miles de seguidores de Capriles tomaron anteayer las principales calles de Caracas para marchar hasta la principal avenida de la ciudad, la avenida Bolívar emblemática por sus seis carriles de ancho y dos kilómetros de longitud.

Este cierre de campaña tras doce años del gobierno popular de Chavez hace reflexionar sobre la fragilidad de la democracia de la cual era ejemplo Venezuela, cuyas instituciones cayeron en un proyecto de nobles objetivos sociales quizás pero que se ha desarrollado sin frenos y contrapesos, por lo que a decir de los críticos ha generado contradicciones y está agotado. También recuerda esta creciente oposición, la cual se ha abierto difícilmente camino en un país dominado por el oficialismo hegemónico, el que no puede considerarse democrático ningún poder que se anquilosa aún si ha producido buenos resultados.

La democracia es un sistema en el que caben diferentes ingenierías, por ejemplo diferentes formas de gobierno, composición del Congreso, diferentes números de cámaras o sistemas electorales siempre bajo el mismo principio de la mayoría a través de elecciones libres y competitivas. En este sentido, a diferencia de lo que muchos piensan todavía en México la reelección no es incompatible con el juego democrático, bajo condiciones que lejos de impedir la concentración del poder busquen por el contrario un mejor rendimiento ante la perspectiva de volver a competir, e igualmente aseguren mayor calidad democrática derivada de la rendición de cuentas. Mas si se abusa de la norma de la reelección, y más aún si se vuelve indefinida, pierde su efecto positivo.

Así resulta patético que Hugo Chavez se presente el domingo próximo a elecciones con una fuerza que hace pensar que se quedará al menos cerca de veinte años en el poder, si su salud se lo permite ya que este hombre de 58 años enfrentó en febrero pasado una recaída del cáncer pélvico contra el que viene luchando desde hace más de un año. Cabe aclarar que, tras varios meses de radioterapia, en julio anunció que estaba recuperado pero ante multitudes fervientes le pide a Dios vida porque –dice- está en juego la Patria.

En suma bajo principios democráticos no se puede defender por ningún motivo la permanencia exagerada en un cargo, a pesar del alcance de los logros que en este caso pueden para algunos ser muchos sobre todo en materia de salud y en materia educativa. La larga permanencia en el poder siempre permite el abuso y se vuelve un obstáculo para la persecución de las políticas públicas. En este caso los analistas han señalado la corrupción y el dispendio de los recursos petroleros, la inflación, la polarización social y la alta criminalidad. Por eso el llamado de Capriles ha tenido eco, porque es un llamado a la paz, a la moderación y a la tolerancia. El mismo no se considera un redentor como el Presidente, pero su figura ha venido ganando respeto.

El duelo del domingo que entra será pues un duelo entre dos personajes carismáticos, Capriles en ascenso y sin nada que perder. Mal haríamos sin embargo en hacernos alguna ilusión del regreso de la democracia en ese país. Los resultados del domingo próximo son predecibles. Al menos llamemos las cosas por su nombre. Chavez ha logrado consolidar un autoritarismo excéntrico en Venezuela, del que no se saldrá tan fácilmente. Se requeriría un milagro que al menos yo interpretaría como la respuesta divina al fervor -que lo tienen- de ambos contendientes principales (no olvidemos que hay otros cuatro candidatos independientes). Chavez ganaría el descanso que su cuerpo demanda y que él pese a no aceptarlo requiere, y  Venezuela con Capriles tendría la oportunidad de cambio que se merece.         

Reestructuración de la izquierda Hacia un nuevo sistema de partidos en México

Durante la contienda pasada, no cabe duda que AMLO tuvo el mejor desempeño como candidato presidencial. Inesperadamente la segunda parte de la campaña lo acercó a Enrique Peña Nieto, de una manera que no se esperaba nadie sobre todo por el embate de encuestas que delataban una separación en preferencias grande entre ambos.

Frente a la derrota la posición de Andrés Manuel López Obrador pero no sólo de él, sino de toda la izquierda, se puso muy difícil. Aceptar los resultados, sin protestar, ponía en riesgo su relación con una parte potencial de su electorado. Nos podemos dar cuenta del tamaño de este electorado por ciertos estudios que revelan por ejemplo que sólo la mitad de la población piensa que la elección fue limpia y 60% que se votó libremente.

Así se presentó el juicio de inconformidad de la Coalición Movimiento Progresista para declarar inválido el proceso electoral, exclusivamente para la elección presidencial. Resulta extraño creerlo pero parece ser que no estaban preparados para ello y se comprende el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me refiere a que no parecen haber estado preparados para presentar pruebas de sus alegatos.

La izquierda quedó atrapada así en un dilema que la caracterizó desde siempre y me remonto no a la fundación del PRD en 1989, sino hasta  1977 al conflicto entre quienes consideraban irrelevante entrar al juego electoral antes de una modificación profunda económica y social de México, y aquellos que en cambio veían  en las nuevas reglas del juego una oportunidad de ocupar espacios políticos a través de los cuales llevarían a cabo los cambios deseados para el país. Estas dos posiciones se convirtieron en dos maneras distintas de entender la participación política, una más radical que la otra, representadas fundamentalmente en el seno del partido por Izquierda Unida y Nueva izquierda (los bejaranos y los Chuchos). Estas dos tribus no han dejado de enfrentarse. Cabe entender que la primera es la cercana a AMLO, como lo son el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano partidos que le deben haber sobrevivido luego de la reforma electoral de 2007. En efecto con esta normatividad hubieran podido perder su registro sino hubiera sido por su apoyo.

Ahora bien, si bien la dirigencia del PRD está en manos del los chuchos, lo acompañaron en el conflicto poselectoral tanto como pudieron mientras que AMLO se  estaba jugando todo, porque perdiendo la impugnación se quedaba sin recursos. Al menos es mi opinión personal.

Esta situación no es como la de 2006 por dos razones: uno, porque durante estos seis años AMLO contó con el dinero del gobierno del D.F. y también el de varios legisladores y dos, porque hoy cuenta con una estructura que es Morena que construyó durante este tiempo y que lo puede catapultar a esta nueva etapa política.

En este contexto, sobre el anuncio de AMLO el domingo 9 de septiembre respecto a su decisión de distanciarse de los partidos de izquierda PRD-PT-MC, y de ver la posibilidad de crear él mismo un nuevo partido, quiero señalar que se trata de una posición muy diferente a la que tomó hace seis años. Esta vez su postura es institucional y revela que ya no pudo con varios hechos. Menciono algunos.

Uno, el que los gobernadores y próximos gobernadores de izquierda aceptaran que después de agotar las instancias legales reconocerían a Peña Nieto, como en efecto lo hicieron. Graco Ramirez de Morelos fue el primero en hacerlo, pero también se expresó en este sentido Gabino Cué de Oaxaca, Arturo Núñez de Tabasco y Miguel Ángel Mancera del D.F.

Dos, los acuerdos cupulares que se realizaron tras la Cumbre de Acapulco  para que el PRD se posicionara en el Congreso, acuerdos en los que AMLO se quedó fuera de la jugada y los chuchos fueron los que ganaron  entendiéndose con grupos de menor importancia como Foro Nuevo Sol.

Tres, las declaraciones siguientes de Jesús Ortega, de Jesús Zambrano (exdirigente y dirigente actual del partido) y de Silvano Aureoles, coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, así como de varios legisladores de izquierda en el sentido que estarían dispuestos a trabajar a favor de las reformas porque no querían ser rebasados por las negociaciones que el PAN pudiera hacer con el PRI.

Cuatro y último, el hecho que tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto se habían apurado en presentar iniciativas de ley importantes para el inicio del trabajo de la Legislatura actual. AMLO no podía aceptar sobre todo la reforma laboral, mientras Aureoles se declaró dispuesto a discutirla.

Estando en dos carriles diferentes, López Obrador y los chuchos ya no podían seguir juntos. Así se dio una separación que ciertamente pone en un dilema a todo el sistema de partidos en México, el cual con la segunda alternancia y el reforzamiento del PRI, con los conflictos internos del PAN tras su debacle electoral, conflicto que enfrenta a maderistas y calderonistas por su control (el cual precisamente la semana pasada nos ofreció el espectáculo de la carta de Javier Corral contra el Presidente), y con el crecimiento acelerado del peso de los partidos chicos (que ya no lo son tanto o al menos mucho cuentan), ya estaba en plena transformación.

La ruptura de AMLO no viene sino a acelerar esta transformación en circunstancias críticas, pero que también pueden ser de grandes oportunidades.

De lo que resulte ciertamente habrá perdedores y ganadores, pero no sabemos aún quienes serán.

No sabemos con qué éxito logre o si logre López Obrador constituir su partido. No sabemos aún que personajes se irán con él (yo no creo que haya desbandadas), ni con qué parte del electorado se quede.

Lo que sabemos de cierto es que, con esta maniobra, la izquierda puede lograr lo que no pudo en 2006: conservar y aún hacer crecer su capital político, porque sin los radicales el PRD tiene la oportunidad de abanderar el proyecto de una izquierda moderna y constructiva, una izquierda moderada y coherente.

En paralelo AMLO podrá seguir haciendo política desde la movilización social, y con recursos más transparentes. Es muy saludable que haya una salida democrática para esta opción.

A los partidos “chicos” si permanecen autónomos, es decir si no terminan por fusionarse con AMLO, se les podrá dimensionar mejor su representatividad. Mi sentir es que la manera en la que hoy se cuentan los votos los infla.

El PRI tendrá que entender el desafío que puede llegar a representar esta izquierda en el caso que afronte para bien las nuevas circunstancias, una izquierda que crezca en el respeto unos de los otros y en la posibilidad de formar en las condiciones pertinentes frentes comunes.

El PRI tendrá que demostrar su diferencia con los gobiernos panistas y enarbolar su transformación a partir de su unidad y de la redefinición de su  identidad. Es la única forma que tiene para relegitimarse.

El PRI tendrá que cristalizar un proyecto de nación para este siglo, si no quiere ser más pronto de lo que cree reemplazado en el poder federal por una izquierda como la que aludía, o de nuevo por un PAN claro en sus principios y que haya resuelto su problema de liderazgo. 

El fallo del TEPJF sobre la elección presidencial

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró Presidente Electo a Enrique Peña Nieto el viernes pasado, tras haber rechazado los nueve puntos de inconformidad presentados por la Coalición Movimiento Progresista. El argumento principal del fallo destacó la falta de pruebas para fundamentar irregularidades en la contienda. Es ésta una posición legalista con la que se puede estar de acuerdo, pero también se entiende que deje inconformes e incluso molestos a muchos mexicanos.

No creo que alguien  dudara de que se llegara a este momento. Por mi parte, mis dudas radicaban en la forma que tendría la resolución y la respuesta que produciría en Andrés Manuel López Obrador, en su grupo más cercano y en general en los perredistas. Me sorprendió la unanimidad de votos con la que en el Tribunal tiraron el caso, el sentido de la sentencia en la que sólo discrepó el magistrado Flavio Galván y finalmente, sí, el que no difiere mucho hasta ahora la reacción de AMLO frente a la que tuvo en 2006. Con ello pareciera pintarse de gris el futuro político inmediato, en el que todos los actores pierden.

Por más legal que sea la llegada de Peña Nieto al poder, por más que a diferencia de hace seis años el Tribunal no haya criticado el desarrollo mismo del proceso electoral, no se puede desconocer el déficit de legitimidad con el que asumirá su cargo. No pareciera que las manifestaciones en su contra vayan a parar fácilmente, con lo que puede complicarse el inicio del ejercicio de su gobierno. Tan es así que los grupos parlamentarios del PRI han desplazado ya su agenda a ciertas iniciativas de carácter político, siendo que durante la campaña al menos estaba puesta en la necesidad de aprobar las reformas fiscal, energética y laboral para catapultar el desarrollo de México.

Hoy por hoy los priistas mencionan tres iniciativas que promoverán  de entrada: contra la corrupción una, a favor de la extención del ámbito federal al estatal y municipal de la ley de  transparencia y acceso a la información otra, y finalmente de control también del gasto del gobierno en medios de comunicación. Sin dejar de reconocer que se trata de medidas que pudieran promover una verdadera transformación del sistema político, su negociación se avecina a un costo que peligra atrasar el verdadero proyecto que traía el tricolor. En efecto, el PRI enfrentará en este terreno la presión del PAN y del PRD sobre asuntos pendientes en torno a la transformación profunda de nuestras instituciones y en particular de la normatividad electoral cuyas deficiencias se reflejaron en esta ocasión.

El PRD por su parte está en un dilema complicado al que el partido está acostumbrado desde su origen pero que no deja de producir encuentros entre los líderes de sus distintas tribus, a saber el como convivir entre el radicalismo y las posiciones más modernas que representa. La experiencia del conflicto postelectoral de 2006 le atrajo un serio desgaste ocasionado por López Obrador mismo. Prueba de ello es que durante el sexenio perdió los gobiernos de Zacatecas y de Baja California Sur. Además en 2009 redujo sus diputados federales de 127 a 71. Pero lo que AMLO y sus disputas internas se llevó, AMLO y su unidad se lo regresaron. Lograron la mejor campaña presidencial, ser de nuevo la segunda fuerza en el Congreso (tendrá 100 diputados), triunfos indiscutibles en Tabasco y Morelos, hegemonía abrumadora en el Distrito Federal y además la solidaridad de dos gobernadores producto de discutibles coaliciones con el PAN: los de Oaxaca y Sinaloa. Sin embargo, la coyuntura actual puede volver a poner el peligro sus avances.  

Por lo que se refiere a los panistas no pierden con el fallo del Tribunal más de lo que perdieron con los resultados de las elecciones, pero dicho fallo les complicó su posicionamiento como oposición que va a ser, en su tradición conservadora y leal que ha sido. Me parece que incluso puede considerarse contradictoria su declaración de acatamiento de la resolución, sin dejar de marcar inconformidad en ciertos renglones. Esta declaración deriva también de sus enfrentamientos internos.

En suma es un panorama que puede considerarse gris, pero que mi optimismo me permite ver más fácil que el de hace seis años. Enrique Peña Nieto parece tener mucho más en las manos que Felipe Calderón entonces, la negociación con el PRD. Su frente de gobernadores ha dado señales de institucionalidad. Asimismo, Silvano Aureoles (quien es el líder perredista en la Cámara de Diputados) ya declaró que no se quedarán sólo en el reclamo, que aprovecharán su posición y están dispuestos a construir acuerdos. De hecho esta designación fue altamente beneficiosa para el PRI, por ser Aureoles amigo de Manlio Fabio Beltrones, el líder de la bancada del PRI. Queda demostrado el beneficio para sus intereses derivado de que Peña Nieto haya tenido la habilidad de saber ceder al eficiente grupo de Beltrones y Emilio Gamboa la responsabilidad de su partido en el Congreso.

Los perredistas parecen haber encontrado la receta de la manera de emprender esta política negociadora, a la par de aceptar que AMLO siga encabezando  movilizaciones. Con ello el PRD  no sepulta a su marca que más vende, ni pierde  a su electorado más molesto con el regreso del PRI. Al mismo tiempo, consolida una izquierda más democrática y moderna.

Por último la construcción de puentes con el PAN no me suena que se vaya a complicar, una vez que en este partido terminen por hacer el balance de su derrota, repartan las culpas y resuelvan la lucha por su liderazgo. En el pasado, a los panistas se les vio abonar por la transformación del país con mucho más inteligencia y eficiencia que la que mostró su tecnocracia. Me parece que los priistas van a saber aprovechar su tradición de diálogo, sin dejar que se les monten como ellos mismos hicieron durante los gobiernos del blanquiazul.

Estimados radioescuchas: ¿Creen ustedes que mi esfuerzo optimista tenga fundamentos? ¿Creen que el conflicto postelectoral se irá desinflando?

      

                      

Retos y oportunidades partidistas. El caso del PRD.

Las elecciones de 2012 han consolidado la sobrevivencia del Partido de la Revolución Democrática de la cual se podía dudar con base en sus pugnas internas de origen, sobre todo después de las elecciones del 2000 cuando se quedó con sólo 47 diputados y a tropiezos pudo conservar el  Distrito Federal. Más adelante no sólo perdió en 2010 Zacatecas sino  también Baja California Sur en 2011 año en que al menos conservó Guerrero. Por lo que se refiere al Congreso, si bien su fuerza se había repuesto en el 2006 cuando llegó a tener 127 diputados, el número de éstos ya había vuelto a caer en 2009 a 71. En un momento dado, incluso se podía dudar del beneficio que pudiera haber obtenido de las alianzas que hizo con el PAN durante la segunda parte de este sexenio, y parecía que su único bastión sería el de la capital. Su situación es hoy otra. Nuevamente la apuesta que hizo el ala moderada y mayoritaria del partido por la segunda postulación a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de su radicalismo, le ha vuelto a traer grandes beneficios. En esta coyuntura deben entenderse las oportunidades y retos del PRD.

¿Qué le trajeron al PRD las recientes elecciones? No el ganar la contienda presidencial, ni el haber quedado a tan poquito margen del primer lugar como en el 2006, pero sí tras hacer una excelente campaña en la que remontó mucho los negativos que la ciudadanía le veía a AMLO y logró plantar en el debate un antipriismo que movilizó más de lo que se esperaba, el impedirle a Enrique Peña Nieto un triunfo fácil en tanto la izquierda unida se despegó del PAN e incitó al voto útil.

Con estos resultados y con la persistencia de López Obrador y sus cercanos, se ha desarrollado el conflicto sobre la elección presidencial. Por el momento se espera la respuesta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la pretensión del PRD de anular este único proceso, porque  de manera contradictoria no se están cuestionando ni las elecciones para renovar el Congreso ni las elecciones estatales ganadas por los perredistas, a saber el Distrito Federal en el que se mostraron hegemónicos con la candidatura ciudadana de Miguel Ángel Mancera, ni Tabasco adonde triunfó Arturo Núñez, ni Morelos donde lo hizo Graco Ramírez. ¿Cómo van a cuestionar con ello estas otras elecciones y más si van a registrar a 100 diputados y a 22 senadores? Así, no se puede entender el que sostengan que se compraron votos en un caso y no en los otros.

En fin, muchos se preguntaban hasta hace algunos días si la necedad de cuestionar la legitimidad del triunfo del PRI en la carrera por la Presidencia haría peligrar los logros de los perredistas el 1° de julio pasado. La semana anterior quedó claro en la Reunión Cumbre de la Izquierda Mexicana que se llevó a cabo en Acapulco que la línea más moderada e institucional es la que está ganando terreno y que si bien la mayoría no quiere dejar solo a AMLO (éste lo perdería todo y todos saben lo bien que vende) tampoco quiere ser rebasada por los acuerdos que el PAN parece decidido a hacer con el PRI, en el sentido que lo único que enfrenta ahora a los panistas es si son los calderonistas o los maderistas los que llevarán adelante las negociaciones pertinentes.

Habiendo PRI y PAN ya elegido a sus nuevos coordinadores de bancada en la Cámara de Diputados y en el Senado, en las figuras de Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa respectivamente por parte de los priistas en un gesto de Peña Nieto de otorgarle a una misma camarilla las responsabilidades parlamentarias, y por parte del PAN mediante la salomónica decisión de designar a Luis Alberto Villareal y a Ernesto Cordero vinculados uno al dirigente del partido y otro al actual Presidente de la República, en el seno del PRD se lograron acuerdos que pueden llevar a sus grupos internos a encontrar formas de trabajar unidos.

Según sus propias palabras, con los nuevos nombramientos están dispuestos a diseñar las propuestas para resolver los problemas del país y defender la democracia dentro de los cauces de la ley y por vías pacíficas. En el reparto Nueva Izquierda (los chuchos por Jesús Zambrana actual dirigente del partido y su antecesor Jesús Ortega) e Izquierda Unida (los bejaranos por el controvertido René Bejarano), se impusieron en mancuerna con el pequeño grupo Foro Nuevo Sol identificado con Amalia García. En la Cámara de Diputados quedó de coordinador Silvano Aureoles, excandidato a gobernador en Michoacán e identificado con esta última. De vicecoordinador quedó Miguel Alonso de Nueva Izquierda, mientras Miguel Barbosa del mismo grupo quedó de coordinador en el Senado y de vicecoordinadora Dolores Padierna, de Izquierda Unida y esposa de Bejarano. Este grupo conservó además con Alejandro Sánchez la secretaria general del PRD que dejó precisamente Padierna.

El equilibrio no es fácil pero ahí están nuevamente los perredistas conscientes de la oportunidad que les ofreció López Obrador. Por eso, a mi parecer, lo reconocen e incluso detienen a su contrincante natural hasta ahora que es Marcelo Ebrard el cual perdió el control parlamentario que quería, pero lo hacen sin correr el peligro de aislarse y enfrentando el reto de participar de forma constructiva en la nueva coyuntura política.

Tan saben los perredistas que la construcción de una izquierda moderna es su gran desafío para llegar lo más pronto al poder federal, que también se han dado los primeros pasos para la conformación de un frente de gobernadores emanados del PRD en el que naturalmente caben Gabino Cué de Oaxaca y Mario López Valdés de Sinaloa, ambos llegados a sus gobiernos a través de las ya mencionadas alianzas PAN-PRD de 2010. Este frente pide correctamente no echar por la borda lo que se ha alcanzado.

Veamos qué sucede en el caso muy probable que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declare a Enrique Peña Nieto Presidente Electo de México. Veamos si esta posición moderada no es rebasada por otras más intransigentes que subsisten en el seno del PRD desde su origen, así como por aquellas que más allá de este partido han tomado como suya la causa de oponerse al regreso del PRI.                 

Retos y oportunidades partidistas. El caso del PAN.

Referirnos a los problemas, retos y oportunidades de transformación relativos al Partido Acción Nacional, el PAN, en la coyuntura actual nos remite inevitablemente a dos puntos: la gran derrota que sufrió en las elecciones de julio pasado y la lucha que están librando por su control su dirigente Gustavo Madero y el todavía ahora presidente Felipe Calderón. Hacer este análisis es indispensable para entender lo que está aconteciendo en el encuentro que están teniendo estos días en Querétaro los próximos legisladores panistas electos.

La disputa entre Calderón y Madero no empezó con las elecciones pasadas. Empezó desde que Madero ganó la dirigencia del partido, no habiendo sido el favorito de Calderón que lo era Roberto Gil. Con la llegada de Madero al PAN se acabó el control que el presidente había tenido en su partido a lo largo de los períodos de Germán Martinez y Cesar Nava, períodos en que desde la Presidencia de la República se dictaron políticas y se eligieron candidatos a ocupar los puestos de elección popular. Ello pese a la oposición que pudieron generar en muchos panistas las alianzas que se dieron con perredistas, a pesar de los aparentes éxitos que produjeron, en el sentido que el centralismo siempre lastima a las estructuras locales de los partidos más cuando desplaza a militantes con largas carreras y en espera de alguna postulación.

Fue así que Calderón no pudo imponer a su favorito Ernesto Cordero para que contendiera en la carrera  presidencial, a la que finalmente se presentó Josefina Vázquez Mota. A la postre ésta nunca obtuvo todo su apoyo y sin embargo sí se perjudicó de las ineficiencias del PAN en doce años de gobierno y sobre todo se vio afectada por lo fallido de la política de la actual administración en su combate contra el crimen organizado.

Ahora, lejos de que el Presidente se sienta responsable de que su partido haya quedado en tercer lugar en la pasada jornada electoral y contando con la fortuna que la discusión pública se ha desplazado hacia la impugnación que el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, formalizó para anular la elección presidencial ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como se desplazó hacia las imputaciones sobre los gastos excesivos en las campañas que tanto el PRD lanzó contra el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y viceversa, Felipe Calderón se prepara para tomar el control del PAN. Dicha estrategia pasa por decidir quiénes serán los próximos líderes de los grupos parlamentarios panistas en el Congreso lo que en este partido es potestad del dirigente, hacer que se lleva a cabo una Asamblea Nacional extraordinaria antes de que termine el sexenio so pretexto que el PAN se tiene que refundar, y también desplazar a Madero.

Así las cosas, la pugna Calderón-Madero es la que ha marcado las posiciones quizás contradictorias que han sostenido los panistas de frente a los resultados electorales recientes y sus consecuencias políticas, por un lado aceptándolos democráticamente y por otro aliándose en parte con el PRD en el conflicto generado por los mismos. Ambos han realizado sendos esfuerzos visitando distintas entidades y tratando de poner de su parte a los integrantes del máximo órgano de deliberación panista que es el Consejo Nacional que se reunirá el próximo fin de semana.

No resulta pues extraño que hace unos meses en vez de apoyar a fondo a su candidata a la presidencia, Calderón se haya concentrado en influir en la lista de candidatos de su partido a diputados y senadores particularmente en determinar los primeros lugares en las listas de plurinominales, y más adelante no es extraño que haya sido gente suya como Luis H. Álvarez y Luis Felipe Bravo Mena como los referidos Gustavo Martínez y César Nava quienes publicaran el pasado 26 de julio una carta dirigida a Madero pidiéndole adelantar la mencionada Asamblea donde proponen que se revisen las causas internas de los resultados electorales. En ella expresan que se debe dar una refundación del PAN a través de la aprobación de nuevos estatutos en los que se consideren la apertura a la ciudadanía, una nueva forma de elección de candidatos y de organización para postular a quienes sean mejores y que haya sincronía entre dirigencias y ciclos electorales, y una nueva administración de los recursos con mayor destino de los mismos a los procesos electorales y mejores mecanismos de rendición de cuentas. Asimismo se ha mencionado que en dicha Asamblea se debieran discutir nuevas maneras de elegir a los dirigentes del partido, de integrar a su consejo y de endurecerse para evitar deslealtades. La idea de reemplazar a Madero quien debiera culminar su gestión hasta diciembre del próximo año no se ha mencionado expresamente, pero sí se ha insinuado y  han corrido voces que desean substituirlo por Margarita Zavala o Luisa María Calderón, respectivamente la esposa y la hermana del Presidente.

Cabe decir que la decisión sobre el momento que se llevará a cabo la famosa asamblea y su orden del día la decidirán los consejeros el 11 de agosto. Los calderonistas tienen asegurados según los especialistas 127 votos pero los maderistas, en los que destacan el primer gobernador del PAN Ernesto Ruffo, Javier Corral, Santiago Creel y la propia Josefina Vázquez Mota, se han unido a los yunquistas para impedirles que alcancen la mayoría absoluta que requieren. Estos últimos sostienen que el futuro del blanquiazul no se debe apresurar sino debe ser acordado ampliamente. Por lo mismo proponen que la Asamblea se vaya a mayo de 2013 o que en todo lugar sea a principios de año para no afectar las elecciones inmediatas, en los dos casos curiosamente después de terminado el mandato de Calderón.

Además por lo pronto también quieren impedir que se imponga la voluntad del actual presidente en la nominación de sus coordinadores en el Congreso. Esto es lo que se está jugando en Querétaro en estos momentos. Madero  ya declaró que abrirá una consulta, pero que no aceptará cargadas ni hará el anuncio oficial de su decisión hoy. Sin embargo difícilmente podrá oponerse a la voluntad de 34 de los 38 senadores panistas electos, quienes el pasado domingo firmaron una carta pidiendo que Ernesto Cordero encabece su bancada. La duda es si José González Morfín también cercano a Felipe Calderón llegará a la coordinación de los diputados, pues a él sí le disputan el cargo Ricardo Anaya, Juan Bueno, Rubén Camarillo y Luis Alberto Villareal.

Por todo lo mencionado, es que el Presidente de la República acudió ayer a la reunión con una posición aparentemente más flexible. En todo caso estos jaloneos contaminan la discusión de los que es realmente urgente definir que es la agenda de los nuevos legisladores del  PAN, así como su posicionamiento ante las reformas pendientes en varios ámbitos: hacendario, energético, laboral, político, de justicia, educativo y de desarrollo social. En estos jaloneos y en la incapacidad que está demostrando Felipe Calderón para retirarse de la política se puede estar yendo una oportunidad, porque a mi manera de ver las cosas la grandeza del PAN se reconstruirá en el papel legislativo que tenga el próximo sexenio y un buen papel requiere de sangre experimentada pero no desgastada. 

Retos y oportunidades partidistas. El caso del PRI.

Los conflictos políticos en los que inevitablemente derivó la jornada electoral del pasado primero de julio pueden ser analizados desde los problemas, retos y oportunidades  que enfrentan los distintos partidos  en el país. Hoy abordo el caso del Partido Revolucionario Institucional.

El PRI ha tenido que defenderse de la impugnación en su contra por parte de la Coalición Movimiento Progresista. Muy seguramente conseguirá que se demuestre la legalidad de su victoria en la elección presidencial. En efecto el IFE le ha entregado ya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación argumentos claros en contra de la posibilidad de declarar la invalidez de la misma. Destaco los siguientes. No se tienen los elementos necesarios para determinar un rebase del tope de gastos de campaña de Enrique Peña Nieto. Asimismo no hay pruebas de contrato alguno encubierto que derivara en comentarios en radio y televisión que beneficiaran al candidato priista. Por lo que se refiere al papel de las encuestas preelectorales sobre preferencias no se pueden considerar propaganda. Sobre la compra y coacción del voto no se aprobaron al parecer información con valor probatorio. Incluso sobre las tarjetas Soriana y los monederos Monex no se comprueba que hayan sido ni recibidos, ni condicionados, ni que contuvieran dinero. De hecho la libertad del voto fue promovida y su secrecía garantizada. Por último, según el texto transmitido, existe una diferencia tal de votación entre los dos primeros lugares de la contienda que no se puede realmente sostener  supuesto alguno para anular los comicios. Queda ahora que el Tribunal procese todas las inconformidades, dictamine la elección, determine el cómputo final y en su caso haga la declaratoria de Presidente Electo para lo cual tiene hasta el 31 de agosto.

Sí, seguramente no tendrá tropiezos el PRI para defenderse pero mal haría en creer que la defensa de la legalidad de su victoria es su única tarea. La gran mayoría de la población quiere que se acepten los resultados, pero eso no quiere decir que la mayoría crea que son legítimos. En este sentido este partido tiene varias luchas por delante, además de la defensa del triunfo de Peña Nieto.

Por ejemplo tiene la tarea a de reconocer que a cada elección presidencial desde que se fortaleció la competencia política en México, salvo en el 2000 en que se dio la alternancia política a nivel federal, la normatividad con la que se ha contado  ha demostrado ser insuficiente para la aceptación tersa de los resultados por parte de los partidos perdedores. Una de las fragilidades de nuestra democracia es esta desconfianza que aún es demasiado generalizada. La desconfianza nos ha llevado a la organización de elecciones muy caras en las que se cuentan bien los votos, pero que transcurren todavía a través de procesos dudosos que no pueden ser ignorados o minimizados.

Qué pena pero se tiene que trabajar aún más en ello y el PRI debiera abanderar una nueva reforma electoral bajo los criterios de una consulta amplia a expertos y de una sana discusión con todos los actores políticos involucrados, que entre otros puntos amplíe bajo criterios específicos las causales de nulidad de las elecciones, como por ejemplo el rebase de los topes de campaña y las entradas por encima de las permitidas de financiamiento privado a los partidos, estableciendo mecanismos más eficientes para evitarlas sobre todas aquellas de procedencia ilícita. Si es cierto que este partido ha sabido ser competitivo debe, además, promover controles más firmes para la transferencia de recursos y dinero del gobierno a todos los niveles a los partidos y a las campañas.

Por su parte el gobierno emanado del triunfo del PRI tiene que basar el fortalecimiento de su legitimidad en la promoción de ésta y de otras reformas en una actitud que demuestre bien su diferencia ideológica con las políticas gubernamentales anteriores. El reto del partido es igualmente la transformación de la relación que le caracterizaba en tiempos pasados con el propio ejecutivo federal. En doce años el PRI cosechó triunfos estatales y locales gracias en buena medida a las autonomías regionales de sus cuerpos. El tener la presidencia no lo debe llevar a que su comité ejecutivo nacional se imponga nuevamente en la selección de sus candidatos.

Los nuevos tiempos deben ser aprovechados por el partido como tiempos de transformación profunda. El triunfo más apretado que consiguió le debe hacer entender que setenta años en el poder aún lo mantienen desgastado y que quizás es tiempo de ciudadanizarse totalmente, de cambiar de nombre, pero sobre todo de cristalizar un frente entorno a un proyecto de nación para este siglo. Las circunstancias para lograrlo son propicias en el contexto de la crisis del panismo tras el tamaño de su derrota y sus pugnas internas que le muestran contradictorio, y del propio perredismo que tanto se ha beneficiado del carisma de Andrés Manuel López Obrador pero quien en sus excesos y su incapacidad de dejar de ser protagónico entierra la posibilidad de crecimiento de una izquierda moderna.

En suma, el mayor reto del PRI es la construcción de este frente en tiempos políticos que parecen difíciles por necedades que hacen peligrar nuestras instituciones, que despiertan manifestaciones sociales progresistas sí y a las que hay derecho en principio, pero que pueden ser atrapadas en la intolerancia y la violencia.                   

Los claroscuros de la jornada electoral

El análisis de las elecciones pasadas y de las reacciones que han suscitado por parte de los involucrados, un análisis serio de frente a los ciudadanos quizás confundidos por muchas de las declaraciones emitidas debe distinguir el estudio de los procesos electorales en el marco de la normatividad que los rige, del análisis de sus consecuencias políticas.

El IFE ha cumplido correctamente su tarea y sin embargo no podemos desconocer que a pesar de todos los esfuerzos, en lo que concierne a la elección presidencial, una importante capa de la población sigue desconfiada de los resultados. ¿Por qué? Porque el candidato de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido impugnar la elección sobre la base de la inequidad en la contienda. Aquí cabe entender que este proceso todavía no termina. El pacto que firmó AMLO, contrariamente a lo que muchos también sostienen, no le quita el derecho de impugnar si considera que existen elementos que puedan hacer anular los resultados que le son adversos.

Ahora bien, su reacción crea un clima de incertidumbre porque se puede prever que el desahogo de las pruebas concluirá en la declaración de Enrique Peña Nieto como presidente electo por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si López Obrador no se desiste, puede imponerse la inconformidad y el descrédito de la elección lo cual mermaría la legitimidad del próximo mandatario. Este escenario es muy peligroso para las cambios políticos que hemos construido en las últimas décadas a través de muchos esfuerzos, para el sistema político al que han dado lugar y para todos sus actores incluida la propia izquierda mexicana la cual esta vez ha logrado avances sin precedentes que no debe sacrificar y ahogar en una confrontación inmadura. 

Por lo pronto el que tal impugnación se vaya a presentar demuestra los alcances y los límites de nuestra joven democracia. En efecto en el plano de los alcances se han creado las instituciones que le dan cabida a la inconformidad de la coalición Movimiento Progresista, a la vez que en el plano de los límites los hechos apuntan en primer lugar a que no se han controlado suficientemente ni los medios ni la inserción de la fuerza del dinero en política. Pero medir y probar cuánto esta insuficiencia benefició a Peña Nieto se antoja imposible.

En segundo lugar la coacción y la compra de votos, que si bien resultan bastante creíbles también son difíciles de asegurar, dejan ver el clientelismo como otra limitante más del avance democrático que hemos logrado. Sin embargo es inocente pensar que sólo conciernen al manejo del PRI. Todos los partidos en México manipulan hasta donde les es posible el voto y para ello gozan de la ayuda de los gobiernos que controlan. Al respecto López Obrador no puede personificar la moralidad hasta que no aclare de donde vinieron los recursos que tuvo durante este sexenio (los cuales le permitieron recorrer constantemente el país y crear su grupo de apoyo MORENA) y que muchos sospechamos le llegaron de la jefatura del Distrito Federal, ni hasta que quede totalmente deslindado de infiltrar y apoyar a un  movimiento social como el de #YoSoy132. No obstante no dejo de reconocer que, a pesar de ello, a dicho movimiento le debemos haber dinamizado las campañas y seguramente alterado las preferencias como para que el PRI no haya ganado como esperaba, lo que a mi parecer ayudó a proteger a  nuestra democracia a través de la competencia y de los contrapesos al poder.

Quiero mencionar igualmente como una limitante adicional de la democracia del país el déficit en el control de los gastos de campaña, en el entendido que más de los debidos siguen siendo informalmente financiados por el sector empresarial como inversión para futuros beneficios en gobiernos de todos los colores.

Otra cuestión es también que la impugnación de López Obrador se sostiene porque resulta sospechosa la diferencia real de votación entre primer y segundo lugar en la elección presidencial, en comparación a la prevista por tres cuartas partes de los sondeos preelectorales que se dieron a conocer. Por eso, es importante que este punto también se aclare porque no se puede negar que tales sondeos influyen en los resultados electorales. En lo particular no creo en la posibilidad de un plan orquestado para promover el voto priista. Más pudieron estos trabajos haber disuadido a los simpatizantes del PRI de la necesidad de ir a votar. (Lo cierto es sobre todo que las preferencias electorales fueron cambiando y que no dejaron de hacerlo. Los electores que permanecían indecisos además parecen haber sido más proclives a votar por AMLO, quien probablemente hubiera ganado de ser más larga la campaña.)

En fin la cuestión es que, guste o no, los priistas  ganaron la presidencia fundamentalmente porque hubo un voto de castigo al PAN no habiendo podido Josefina Vázquez Mota deslindarse de Felipe Calderón del que no recibió todo el apoyo esperado, pero también por la capacidad que tuvo el PRI de mantenerse vivo tras la alternancia del 2000, por la unidad que demostró en torno a un candidato carismático que difundió una imagen de eficiencia (la prueba es que este partido perdió en elecciones estatales ahí donde se dividió, como fue en Tabasco y en Morelos), porque Peña Nieto administró su ventaja inicial la cual no pudo vencer Andrés Manuel si bien fue en ascenso continuo.       

Con todo ello, los resultados electorales de la jornada del primero de julio pasado dejan un saldo más positivo que negativo. Pese a la crisis poselectoral que atravesamos es posible todavía que pueda ser controlada por las instituciones y la conciencia de la propia izquierda que tiene más que perder que hace seis años y que posiblemente logre entender que es hora de un relevo generacional de sus élites con una inclinación más moderna de la política. Los resultados son alentadores porque una doble alternancia en la pluralidad, con una sociedad más activa y vigilante, puede llevar a un gobierno federal que necesariamente tenga que negociar y transparentar más el ejercicio de sus funciones.

No es utópico pensar que se está ante la posibilidad de que se cambien las formas de ejercicio del poder en México, un poder que ha quedado compartido. Este cambio requiere de la buena voluntad del conjunto de los actores, no sólo de los partidos de izquierda y del PRI en los términos mencionados sino también de los panistas que enfrentan las dificultades internas esperadas tras la derrota mayúscula que sufrieron, las cuales deben resolver a la mayor brevedad pues su participación en el escenario político es enriquecedora para todos.