Los
conflictos políticos en los que inevitablemente derivó la jornada electoral del
pasado primero de julio pueden ser analizados desde los problemas, retos y
oportunidades que enfrentan los
distintos partidos en el país. Hoy
abordo el caso del Partido Revolucionario Institucional.
El
PRI ha tenido que defenderse de la impugnación en su contra por parte de la
Coalición Movimiento Progresista. Muy seguramente conseguirá que se demuestre
la legalidad de su victoria en la elección presidencial. En efecto el IFE le ha
entregado ya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
argumentos claros en contra de la posibilidad de declarar la invalidez de la
misma. Destaco los siguientes. No se tienen los elementos necesarios para
determinar un rebase del tope de gastos de campaña de Enrique Peña Nieto.
Asimismo no hay pruebas de contrato alguno encubierto que derivara en
comentarios en radio y televisión que beneficiaran al candidato priista. Por lo
que se refiere al papel de las encuestas preelectorales sobre preferencias no se
pueden considerar propaganda. Sobre la compra y coacción del voto no se
aprobaron al parecer información con valor probatorio. Incluso sobre las
tarjetas Soriana y los monederos Monex no se comprueba que hayan sido ni
recibidos, ni condicionados, ni que contuvieran dinero. De hecho la libertad
del voto fue promovida y su secrecía garantizada. Por último, según el texto
transmitido, existe una diferencia tal de votación entre los dos primeros
lugares de la contienda que no se puede realmente sostener supuesto alguno para anular los comicios.
Queda ahora que el Tribunal procese todas las inconformidades, dictamine la
elección, determine el cómputo final y en su caso haga la declaratoria de
Presidente Electo para lo cual tiene hasta el 31 de agosto.
Sí,
seguramente no tendrá tropiezos el PRI para defenderse pero mal haría en creer
que la defensa de la legalidad de su victoria es su única tarea. La gran
mayoría de la población quiere que se acepten los resultados, pero eso no
quiere decir que la mayoría crea que son legítimos. En este sentido este
partido tiene varias luchas por delante, además de la defensa del triunfo de
Peña Nieto.
Por
ejemplo tiene la tarea a de reconocer que a cada elección presidencial desde
que se fortaleció la competencia política en México, salvo en el 2000 en que se
dio la alternancia política a nivel federal, la normatividad con la que se ha
contado ha demostrado ser insuficiente
para la aceptación tersa de los resultados por parte de los partidos
perdedores. Una de las fragilidades de nuestra democracia es esta desconfianza
que aún es demasiado generalizada. La desconfianza nos ha llevado a la
organización de elecciones muy caras en las que se cuentan bien los votos, pero
que transcurren todavía a través de procesos dudosos que no pueden ser
ignorados o minimizados.
Qué
pena pero se tiene que trabajar aún más en ello y el PRI debiera abanderar una
nueva reforma electoral bajo los criterios de una consulta amplia a expertos y
de una sana discusión con todos los actores políticos involucrados, que entre
otros puntos amplíe bajo criterios específicos las causales de nulidad de las
elecciones, como por ejemplo el rebase de los topes de campaña y las entradas
por encima de las permitidas de financiamiento privado a los partidos, estableciendo
mecanismos más eficientes para evitarlas sobre todas aquellas de procedencia
ilícita. Si es cierto que este partido ha sabido ser competitivo debe, además,
promover controles más firmes para la transferencia de recursos y dinero del
gobierno a todos los niveles a los partidos y a las campañas.
Por
su parte el gobierno emanado del triunfo del PRI tiene que basar el
fortalecimiento de su legitimidad en la promoción de ésta y de otras reformas
en una actitud que demuestre bien su diferencia ideológica con las políticas gubernamentales
anteriores. El reto del partido es igualmente la transformación de la relación
que le caracterizaba en tiempos pasados con el propio ejecutivo federal. En
doce años el PRI cosechó triunfos estatales y locales gracias en buena medida a
las autonomías regionales de sus cuerpos. El tener la presidencia no lo debe
llevar a que su comité ejecutivo nacional se imponga nuevamente en la selección
de sus candidatos.
Los
nuevos tiempos deben ser aprovechados por el partido como tiempos de
transformación profunda. El triunfo más apretado que consiguió le debe hacer
entender que setenta años en el poder aún lo mantienen desgastado y que quizás
es tiempo de ciudadanizarse totalmente, de cambiar de nombre, pero sobre todo
de cristalizar un frente entorno a un proyecto de nación para este siglo. Las
circunstancias para lograrlo son propicias en el contexto de la crisis del
panismo tras el tamaño de su derrota y sus pugnas internas que le muestran
contradictorio, y del propio perredismo que tanto se ha beneficiado del carisma
de Andrés Manuel López Obrador pero quien en sus excesos y su incapacidad de
dejar de ser protagónico entierra la posibilidad de crecimiento de una
izquierda moderna.
En
suma, el mayor reto del PRI es la construcción de este frente en tiempos
políticos que parecen difíciles por necedades que hacen peligrar nuestras
instituciones, que despiertan manifestaciones sociales progresistas sí y a las
que hay derecho en principio, pero que pueden ser atrapadas en la intolerancia
y la violencia.
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