La Reforma Energética y sus costos

Con una determinación rayando en lo febril Enrique Peña Nieto ha logrado la aprobación de las reformas estructurales que se había propuesto sacar, si bien una parte de ellas carezca aún de leyes reglamentarias y tenga que enfrentar la crítica de especialistas en las distintas materias, pero sobre todo la crítica de una población creciente que duda que el gobierno vaya por buen camino. Empezaremos nuestro análisis resumiendo brevemente esta postura de la opinión pública, para centrarnos en la última de las reformas o sea la energética.

En los últimos tres meses Peña Nieto según Consulta Mitofsky  perdió siete puntos porcentuales en aprobación y de los últimos cinco presidentes tiene el peor promedio en su primer año de gobierno después de Ernesto Zedillo; en concreto con 55.1% de aprobación tiene 6.5 puntos menos que Felipe Calderón y 8.3 que Vicente Fox. Sin embargo, cabe decir que al término de este año bajó menos su aprobación de la inicial en relación a la manera en que se desplomó la de Fox (poco más de 20 puntos). También cabe recordar que Carlos Salinas había logrado remontar 12.2 puntos en los mismos doce meses. La misma encuesta refleja que si bien la reforma educativa gustó, la aprobación de las reformas de la segunda mitad del año desconcertó mientras que lo más importante que se le reconoce al Presidente es la ayuda a los damnificados y el que haya aumentado el prestigio internacional del país. Asimismo se le achacan los problemas económicos, y el que no disminuya ni la corrupción, ni la inseguridad.

Con este importante costo se sacaron adelante las reformas fiscal y energética, la primera cargada a la izquierda y aprobada con el consenso del PRD y la segunda a la derecha y aprobada con el consenso del PAN partido que a su vez marcó la reforma político-electoral que pidió a cambio. En todos los casos se llegó más lejos que lo que las iniciativas presidenciales pretendían. Se puede creer que Peña Nieto demostró tolerancia con sus adversarios y capacidad de negociación, características propias de un mandatario democrático, mas el proceso reflejó también que las negociaciones fueron mucho más ocultas que los reclamos de quienes se quedaron en cada caso fuera, con el resultado de haber precipitado cambios trascendentales para México sin haber ofrecido argumentos suficientes para los mismos.

En suma la ciudadanía está a mi parecer muy poco enterada del contenido de lo que el Congreso ha aprobado y es bombardeada por la inconformidad vehemente de los analistas siendo que sólo la minoría señala algunos logros que las reformas contienen (que ciertamente están ahí), y los menos son positivos sobre este primer año de regreso del PRI al poder federal. Así particularmente importante es la desinformación sobre la reforma energética y cae como balde de agua a generaciones marcadas por la veneración a la expropiación petrolera y el orgullo por la propiedad de nuestros recursos.

Es decir pocos saben que la producción de petróleo en México se había venido seriamente a la baja en los últimos años en que se fueron acabando nuestros hidrocarburos de fácil obtención, y el que no tenemos el capital para invertir en extracción más profunda, incierta y por ende cara. Sin ser especialista en la materia, me pregunto de verdad si la política de la izquierda inclinada a no hacer cambios a la constitución, y a reorganizar PEMEX atacando en especial el problema de su sindicato, hubiera sido suficiente para reactivar nuestra producción y economía. Me parece una postura de una izquierda conservadora que se ata a un pasado para mantener su clientela electoral, más que buscar el bien del país. A mi modo de pensar, sí se requerían cambios de fondo pero veamos que se votó y cómo.

La Comisión Federal de Electricidad y Pemex se reconocen como empresas productivas del Estado, nueva figura jurídica. En los hechos mientras en el primer caso la planeación, control del sistema eléctrico nacional, servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica no se concesionan como tampoco la explotación de minerales radiactivos, en el segundo caso de la exploración y extracción del petróleo se establecen nuevas modalidades de contratación como lo son los contratos de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida y las concesiones o licencias. Estos contratos se pagarán respectivamente en efectivo, con un porcentaje de la utilidad, de la producción o una transmisión de hidrocarburos.

Por encima de Pemex, de cuyo consejo de administración sale su sindicato (estará presidido por el Secretario de Energía, con voto de calidad e incluirá la participación de cuatro consejeros más del gobierno  y cinco independientes), estará la Comisión Nacional de Hidrocarburos con otra dimensión de influencia que la que había venido teniendo, autónoma como la Comisión Reguladora de Energía, a la que como un contratista más Pemex tendrá que entregar toda su información geofísica, petrofísica y petroquímica. Sin embargo se prevé darle preferencia sobre los yacimientos rentables que escoja por explotar, en una primera ronda llamada cero.

La reformitis del Senado, cámara de origen de la reforma, ideó además varios órganos nuevos a saber la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, el Centro Nacional de Control de Energía y el Centro Nacional de Control de Gas Natural, además del Fondo Mexicano del Petroleo para la estabilización y el Desarrollo, encargado de administrar la riqueza petrolera que supuestamente se encargará de pagar la pensión universal y rescatar la economía nacional si cae en crisis.

Parece un mal chiste pero de frente a una necesidad real de cambio en el sector, en el Senado a través de cabildeos poco transparentes se logró la aprobación no de la privatización del mismo (afirmarlo es demagogia que busca confundir), pero sí de una gran apertura a la iniciativa privada sobre todo extranjera, que busca ser controlada a través de  una serie de dependencias de las que se puede prever más burocratización que control de la corrupción que se puede desencadenar. Inmediatamente en la Cámara de Diputados, la mano de  Manlio Fabio Beltrones aseguró el “fast track”.

En conclusión, entramos en un camino riesgoso en un supuesto que está por confirmarse: el que la reforma desencadenará desarrollo en México. Quizás mi espíritu navideño no me permite hacer una lectura anticipada demasiado pesimista. Quizás me detienen los comentarios de quienes se congratulan de no haberse quedado el proyecto de transformación en una posición intermedia, pero me digo también que la apertura gradual hubiera sido menos peligrosa. Entonces me pregunto qué tanto estará conforme nuestro Presidente con los logros alcanzados en este primer año de gobierno. ¿Habrá demostrado realmente capacidad de negociación, o más bien necedad, debilidad y negación del costo político que implican reformas cuyas bondades, de haberlas, tardarán en llegar?

El Pacto, el PRD y las reformas pendientes

Me pregunto si el gobierno actual en su insistencia de que la reforma energética sea aprobada este año y con ella se precipite también la reforma política no está cayendo en una necedad, como lo fue en otro terreno la política de combate al narcotráfico que caracterizó al sexenio pasado. No hay razón convincente que se haya expresado que me confirme la necesidad de tamaña prisa, y del costo que se está pagando por ello. En efecto en su insuficiente discusión, por más que se niegue, ha levantado de la mesa de discusiones al ala moderada del PRD, a pesar del resultado de su último Congreso Nacional llevado a cabo en Oaxtepec el fin de semana antepasado, en una posición que conviene primero explorar para después hacer una apreciación de esta coyuntura, además de realizar algunos pronósticos.

La dirigencia del PRD, no menos que la del PAN, había venido aplicándose en un juego muy difícil de oposición leal al gobierno con el peligro de ser rebasada por la izquierda radical y los lopezobraduristas. En este sentido tuvo un rol importante Cuauhtémoc Cárdenas y su férrea condena de una posible reforma energética que privatice mínimamente a PEMEX. Las circunstancias se volvieron estructuralmente imposibles para la permanencia de este partido en el acuerdo firmado hace un año, porque a pesar de su frustración por la aprobación de la reforma hacendaria los panistas se mostraron dispuestos a determinar la aprobación de la reforma energética a cambio de una reforma política aún disminuida en pretensiones. En este contexto es que el PRD abandonó, recientemente, el Pacto por México.

Explico más. Desde mi punto de vista los perredistas se enfrentaron a varios problemas. No vieron claro un compromiso formal por la reforma política del Distrito Federal. Tampoco vieron claro que el tema del rebase del tope de campañas en contiendas presidenciales provocara con la nueva normatividad la nulidad de las mismas. Otra cuestión que tampoco quedaba preciso fue que se incluyera la reglamentación de la consulta popular, reglamentación que quieren tener lista para el 2015 con la finalidad por ejemplo de si se considera oportuno poder someter a referéndum la Reforma Energética. Un asunto más es que todo dejaba ver que el Instituto Nacional Electoral (INE) entraría limitado en funciones en relación a lo que se había originalmente decidido, sin que desaparecieran los institutos electorales estatales y pudiendo relativamente atraer procesos locales. Los gobernadores no quedarían totalmente atados de manos en materia electoral. Además, al menos en los medios se manifestó la pretensión de un reparto por cuotas partidistas de sus once miembros, de los que corresponderían cinco al PRI,  cuatro al PAN y sólo dos al PRD.

A mi parecer, ello explica que sea ahora en la discusión de la reforma Política que el PRD se haya retirado y no hasta la discusión de la Reforma Energética. Para mi sorpresa, sin embargo, pareciera que la posición de Enrique Peña Nieto que hasta la reforma hacendaria había sido extremadamente flexible para conservar el consenso en torno a las reformas por él impulsadas, al grado que yo mismo expresé críticamente que parecía desconocer que esta política tiene un límite y que debería aplicar la regla de la mayoría, hoy considera oportuno dejar atrás al PRD como si la reforma energética no pudiera esperar al 2014, sin necesariamente perjudicarse por la creación de un INE sin la anuencia de los perredistas.

Es decir, critico la incomprensible prisa que se sostiene y el desconocimiento absoluto de aprobar una nueva normatividad electoral y nuevos árbitros sin el consenso de un partido hoy todavía tan importante como es el PRD. Algunos analistas ya se han expresado en este sentido, incluso recordándonos la triste experiencia de la conformación del Consejo General del casi difunto Instituto Federal Electoral en 2003 con la Presidencia de Luis Carlos Ugalde que llevó a la crisis postelectoral de 2006. Entonces también fue aprobado este consejo sin el PRD, y por un asunto similar de cuotas de repartición de los supuestos consejeros ciudadanos.

La cuestión es que en los próximos días tendremos al parecer otra Reforma Política trunca, pese a que impactará unos 60 artículos de la Constitución.  Ayer precisamente se aprobó en las comisiones de Puntos Constitucionales, Reforma del Estado, Gobernación, y Estudios Legislativos del Senado.  Esta Reforma avalará la creación de un Sistema Nacional Electoral que comprenderá el INE y los correspondientes órganos electorales de los estados. Sus bondades están por verse y más parece ser una demanda que no se pudo del todo echar atrás, pese a la oposición que generó en expertos. Al parecer los priistas tampoco están pudiendo detener la relección legislativa en tanto al retiro de los perredistas que estaban con ellos en contra de la misma, los panistas a favor quedaron fortalecidos. Sin embargo otra devenir fue el de la segunda vuelta electoral que supuestamente salió de las discusiones.

La reforma también incluirá al parecer la creación de una Ley de Partidos y modificaciones a los procedimientos electorales de los que destaco bases para la fiscalización en tiempo real, nuevas restricciones en materia de propaganda y el paso del umbral electoral de 2 a 3%.

Son varios detalles que habremos de analizar con tiempo, como los son algunos cambios que implican mayor injerencia del Congreso en los nombramientos de ciertos miembros del gabinete y la autonomía del Presidente de algunos órganos.

Esta misma semana se pretende que todo quede aprobado, aún en la Cámara de Diputados, para iniciar con la discusión de la Reforma Energética. Y todo ello sin el PRD que cómodamente cosecha la inconformidad de quienes ven en ello una locura de fin de año. ¿Qué opinan ustedes?

A un año de gobierno de Peña Nieto

La rapidez con la que pasa el tiempo puede ser cruel en varios terrenos. Con el pretexto de su primer año de gobierno, al Presidente Enrique Peña Nieto le están lloviendo balances de su gestión muchos de los cuales contienen críticas de parte de los comunicólogos y analistas que contrastan con el espíritu esperanzador de sus comentarios cuando éste llegó al poder con la promesa de que los priistas sí sabían gobernar y con un programa de acción transformador el cual, no habiendo obtenido su partido la fuerte posición que esperaba en el Congreso, estuvo de entrada dispuesto a echar a andar a través de una política negociadora con la oposición que le propuso un acuerdo al que le entró.

Hoy quisiera ordenar lo mejor posible estas críticas, sin posicionarme realmente frente de ellas salvo señalarles que la que me parece fuera de lugar es aquella que sugiere que el Presidente no tiene rumbo en su gobierno, porque se puede disentir si así se quiere con su espíritu reformista, a la derecha y a la izquierda se puede disentir con el sentido de las medidas que ha tomado, de la visión del país que tiene, de la velocidad con la que ha optado se saquen adelante los cambios legislativos necesarios, del contenido preciso de determinadas propuestas suyas que ha procesado a través del Pacto por México o lanzado por cuenta propia, del orden en que las ha apuntalado, de su debilidad frente a que sus aliados le cambien ese orden, pero no decir que no tiene rumbo.

Para algunos analistas, tras el éxito que representaron la aprobación de las reformas educativa y de telecomunicaciones, todo parecía ir bien hasta las elecciones de julio y ahí fue cuando se le descompuso el tablero a Peña Nieto porque la oposición leal en torno a él cobró fuerza con los reclamos de uso clientelar de los priistas en la coyuntura electoral, abriendo pie a un tipo de acusación que persiste hasta hoy con la exhibición del otorgamiento por parte de Estado de prebendas a grupos disidentes o afectados por políticas suyas con el fin de comprar su silencio, una acusación de que los priistas no han cambiado y son los mismos corruptos de siempre.

Sin entrar en esta discusión porque considero que nuestra democracia tiene vicios lamentables que afectan a todos los partidos y gobiernos a varios niveles, creo que lo que desarregló los pronósticos que la actual administración pudieron haberse hecho fue más bien el descontento y manifestaciones de los maestros de la CNTE, aunado al descontento de la población en general con la violencia persistente en México al grado de armar en algunos rincones afectados por el narcotráfico grupos de autodefensa, y más con la falta de crecimiento y de generación de empleo en el país, situación que no se puede adjudicar como se ha querido a las malas condiciones de la economía norteamericana el primer semestre del año. Tienen que haber existido errores que produjeron sus graves repercusiones en México. Menciono dos puntos que señalan los especialistas: el que no se ejerció el gasto público a tiempo y el que se dañó con grandes efectos la industria de la construcción.

Lo cierto es que, pasadas las elecciones que golpearon un tanto al PRI a nivel municipal pero que fueron un triunfo suyo en la recomposición de los congresos locales, Peña Nieto tuvo que enfrentar por el lado del  PAN a su dirigente Gustavo Madero más apuntalado para su posible reelección, con mejor control de sus legisladores incluso en el Senado del que recobró el liderazgo de su bancada, y a un PRD si bien venido a menos en los comicios con una dirigencia que no se vio aplastada por la amenaza lopezobradurista. En este contexto las reformas que venían, a saber la hacendaria y la energética, no podían ser fruto de ningún consenso lo que implicó por lo que toca a la reforma hacendaria un giro a la izquierda del gobierno, porque al no poder subir el IVA para hacerse de recursos, se tocaron intereses empresariales aunque a tientas diría yo como es por ejemplo (por no mencionar el impuesto sobre la renta) la prohibición de hacer declaraciones fiscales consolidadas, pero al fin y al cabo cambiando de paradigma que no es otra cosa el proponer un cierto nivel de endeudamiento. Esta reforma hacendaria con este carácter y además su contenido social, que a otros pudo parecer insuficiente, enojó a la derecha y al PAN que hoy Enrique Peña Nieto necesita para la aprobación de su reforma energética.

En efecto el PRD representa un electorado que está casado ideológicamente con la firme oposición a hacer cambios constitucionales a través de los cuales el Estado pierda el mínimo control del petróleo. López Obrador recogería los restos de los perredistas en pedazos, si van con Peña Nieto en ello. En este terreno a los críticos de derecha al Presidente, se les suman los de izquierda. Los más al centro, como Cuauhtémoc Cárdenas, reconocen la encrucijada de la producción de petróleo en México que tecnológicamente requiere de grandes inversiones, pero pretenden que a PEMEX tiene que limpiársele su sindicato y dársele autonomía para que tome como empresa sus propios riesgos. Frente a ellos, está la derecha que no le asusta cierta privatización del sector  a través de concesiones o contratos de producción compartida, y el gobierno que plantea la posibilidad de establecer algunos contratos únicamente de utilidad compartida.

Así las cosas para la reforma energética el gobierno necesita al PAN, que lastimado y dividido por el proceso próximo de cambio de su dirigencia, está dispuesto a vender su apoyo a cambio de la reforma política. De ahí que Peña Nieto no esté pudiendo zafarse de la presión por cambios como serían la reelección legislativa, la segunda vuelta electoral o más importante aún la creación del Instituto Nacional Electoral proyecto, que aunque muchos expertos rechazan y yo comparto su opinión, avanza para supuestamente frenar  la injerencia de los gobernadores en las contiendas políticas.

A saber qué pasará con este culebrón. El Presidente ha demostrado proyecto y flexibilidad. Definitivamente no se ha limitado a ser una imagen mediática como algunos suponían. También ha demostrado liderazgo, pero su forma de gestión ya es acusada de concentrar las decisiones en un demasiado pequeño comité que ignora a varios miembros de su gabinete, y de proponer mecanismos centralizadores del poder. Veremos cómo estas características van a desenredar esta madeja y si lo van a lograr. Algunos ya pronostican reveses para el PRI en 2015. De verdad es muy pronto para hablar de ello. Lo cierto es que si logra sus reformas, tendrá que cuidar que lo más pronto se recuperen las cifras macroeconómicas y lleguen al bolsillo de los electores.

Más sobre la Reforma Política

En la coyuntura de la discusión en el Congreso de reformas tan importantes como la energética y la  hacendaria, los dirigentes y legisladores del PAN y del PRD están presionando al gobierno de Enrique Peña Nieto y al PRI a aprobar una reforma política en los términos que han hecho públicos. Es decir, quieren la reforma política como moneda de cambio de las reformas estructurales. Yo diría incluso más: quieren su reforma política, a cambio de la discusión de las reformas estructurales, no de su aprobación inmediata. A tal punto parecen estar atrapados el Presidente y su equipo, de tal tamaño es su debilidad. Como especialista, quiero destacar lo anterior y sobre todo oponerme a una reforma política construida sobre falacias y con propuestas cuestionables. En ocasiones anteriores les he presentado mis reservas sobre la creación de un Instituto Nacional Electoral y abordado ciertos puntos sobre la implementación del mecanismo electoral de la segunda vuelta, llamado también balotaje. Continúo hoy con mis comentarios al respecto, y también abordo el asunto relativo a la reelección legislativa y de presidentes municipales.

Hace unas semanas les decía que la segunda vuelta se propone como remedio a la falta de legitimidad presidencial y a la ingobernabilidad que producen los gobiernos divididos. Les comentaba que no es infalible que la segunda vuelta genere legitimidad. Ahora, quiero señalarles que además que los gobiernos divididos no tienen por qué llevar invariablemente a parálisis gubernamental, existen otros mecanismos alternativos o complementarios que deben considerarse para conseguir mayorías parlamentarias. Menciono tres: la reestructuración de la composición del Congreso  (de su composición, no del número de sus miembros como falsamente se cree), la redefinición de los límites de sobrerrepresentación y los calendarios electorales.

Cabe considerar que nuestra composición mixta del poder legislativo con diputados y senadores  uni y plurinominales (lo que es un sinsentido que exista en el Senado) es poco usual. Los legisladores pluris potenciaron la democratización del país; hoy nuestra democracia en progreso hace pensar a algunos que podrían desaparecer o al menos disminuir. Otros, por el contrario, se inclinan por una representación exclusivamente plurinominal. Por obvias razones las distintas posiciones son adoptadas en función de la proyección que se hace de los resultados que se obtendrían por las distintas vías, y los partidos se posicionan según sus intereses en relación a su fuerza y penetración territorial más o menos concentrada. La ingeniería que se decida debe medir sus consecuencias y lograr el mejor equilibrio posible.

Por lo que concierne los mínimos de sobrerrepresentación que han generado largas discusiones en los últimos años, aquí también se generan opiniones politizadas. Desde luego que extender los mínimos de sobrerrepresentación sería una fórmula fácil de construir mayorías que beneficiaría sin duda alguna al PRI. Por eso en algún momento lo propuso. La idea debe reconsiderarse también, pero a la luz de cómo distorsionaría la conversión de votos en escaños.

Por último el tema de los calendarios no ha sido bien analizado, pues de hecho si se pensara que la elección presidencial no tiene por qué coincidir con las legislativas, sino éstas últimas ser posteriores a la primera, el ajedrez de la política podría llevar a que el candidato presidencial ganador tuviera más margen de maniobra para conseguir mayoría en el Congreso. Sin embargo, es difícil considerar en México una solución de este tipo cuando se ha venido a mi manera de ver equivocadamente caminando hacia la organización de elecciones simultáneas a varias niveles de poder, con el pretexto de desahogar el trabajo de los partidos y de las instituciones electorales cuando la tendencia mundial es la opuesta, en tanto se ha medido a que por efecto del arrastre del voto producen menos ganadores y generan menor representatividad. El tema es controvertido pues se ha también demostrado que las elecciones separadas pueden estar asociadas a mayor diversidad política, pero no producir mayorías parlamentarias estables, mientras con las elecciones coincidentes sucede al revés. En todo caso, el punto debe estudiarse con cuidado para examinar sus implicaciones en el caso mexicano.

Pasando al segundo tema sobre la reelección de legisladores y presidentes municipales se ha venido proponiendo como mecanismo de profesionalización y rendición de cuentas, sobre la base que la mayoría de los países la consideran. Veamos. Para la profesionalización es innecesaria, porque en los hechos existen carreras parlamentarias que salen a relucir con el paso de los políticos de una cámara a la otra. Para la rendición de cuentas sí cabe reconocer que, según se ha probado, la motivación de poder repetir en un cargo induce a un mejor desempeño pero sólo en caso de un contexto de división de poderes efectiva que se debe evaluar si cubrimos en México. Además, aplicaría exclusivamente al caso de la reelección de presidentes municipales y no a la de los legisladores porque qué tanto los ciudadanos podemos saber del desempeño de nuestros representantes. Para los presidentes municipales habría además que considerar qué tan oportuna sería su reelección en la posibilidad permanente y desgraciadamente real de ser cooptados por el crimen organizado en ciertas zonas del país.

En todo caso para entender la oposición de muchos priistas (que no de todos) a esta cuestión, cabe recordar que la Revolución Mexicana mantuvo como uno de sus principios básicos la no reelección, siendo que para legisladores se logró eliminar en 1933. Entonces el PNR quería reducir el poder de los caciques locales que amenazaban con mantenerse en las posiciones del Congreso y manejarlas como cuotas de poder regionales. La reforma pretendía fortalecer la institución partidista como institución de decisión central. Con esta medida se concentró más el poder en los presidentes, que a partir de Lázaro Cárdenas eran quienes conformaban las listas de candidatos del partido hegemónico generando lealtades.

Hacer memoria es oportuno para valorar las razones que tienen los priistas para priorizar mayor disciplina partidista y mayor circulación de élites sobre las ventajas que sin duda tiene la reelección.

La Reforma Hacendaria, una visión política

La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos, la cual deberá pasar todavía por el Senado. Este hecho puede permitir reflexionar sobre la actual administración, las características del gobierno actual, el qué tanto está pudiendo éste superar ciertos obstáculos que habían venido deteniendo el ejercicio de la política en México, y también los límites de su capacidad de maniobra.

El triunfo de Enrique Peña Nieto se dio en buena medida como resultado del desgaste del PAN en el poder y una oferta de experiencia y eficacia muy bien promocionada, pero en el contexto de una competencia mayor a la esperada por parte de otra oferta de  cambio de rumbo representada por Andrés Manuel López Obrador. El disgusto legítimo de muchos por el regreso del PRI a los Pinos, llevó al Presidente a promover en el menor tiempo posible reformas de gran calado bajo la forma de un acuerdo inusual con las fuerzas más importantes del país. El paso de la Reforma Hacendaria por el Congreso puede ser visto en esta perspectiva.

De entrada, cabe reconocer que el Presidente por un lado ni siquiera pudo mandar la propuesta que quería porque todos sabemos que su objetivo inicial era el imponer el IVA en alimentos y medicinas, para lo que ya había logrado los cambios estatutarios necesarios en su partido. Las condiciones económicas adversas le hicieron dar marcha atrás, con lo que tuvo por otro lado que incumplir con su objetivo de promover un crecimiento económico sostenido con cero déficit para mantener finanzas sanas.

Dicho lo anterior hay quienes dudan de que la reforma fiscal promovida sea más que una miscelánea fiscal. Sin embargo yo creo que sí lo es porque con la idea de promover un mayor gasto social, que no se puede dudar que se quiere, se atreve a gravar más a los empresarios aunque uno la clase media (a pesar de que se haya eliminado el IVA en colegiaturas y rentas) sigue pagando un costo proporcionalmente más elevado de la restructuración alcanzada, y dos la mayor captación de contribuyentes que pueda lograr está por verse. Creo que sí lo es porque aunque haya sido de último momento la propuesta oficial se atrevió dejar atrás el paradigma monetarista, en cuanto a lo que se refiere al financiamiento del gasto público, generando un riesgo que puede a mi juicio controlar. Así se autorizó al gobierno a endeudarse aproximadamente 1.8% sin contar Pemex, 3.5 en total, para 2014.  Pese a ello, al aumento del precio del crudo y a los temidos gasolinazos que se aplicaron, los ingresos gubernamentales no serán los esperados.

En suma por sus características la Reforma Hacendaria podrá ser, una vez que haya pasado por la Cámara de Senadores, suficiente sólo a secas, o sea  bastante menos exitosa de lo que inicialmente hubiera querido Peña Nieto. Ello quiere decir que ha decrecido la capacidad que demostró durante los primeros meses de gobierno y aún antes de asumir su puesto, al impulsar y alcanzar reformas estructurales como la laboral, la educativa y la de telecomunicaciones. Pero también pasó otra cosa. Cambió su capacidad de lograr acuerdos casi totales, pues esta reforma no la consiguió desde fuera del Congreso y en el seno del Pacto por México como otras, sino a través de intensas negociaciones parlamentarias en las que contó con los legisladores del Partido Verde y de Nueva Alianza, además de los priistas, y también con los perredistas de Nueva Izquierda y aliados, o sea “los chuchos” quienes hoy controlan la dirigencia de ese partido y han mantenido esa postura cercana al Presidente.

Lo explico más, dado que quizás es difícil entenderlo, porque las votaciones se dieron por partes y pueden confundir a la opinión pública. En términos generales, todos los partidos aprobaron los cambios en el código fiscal pero los panistas no aprobaron ni lo relativo a aduanas ni a impuestos. Los impuestos pasaron sin el apoyo de los panistas ni el apoyo de parte de otros perredistas de Izquierda Democrática más cercanos a López Obrador, ni de los legisladores de Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, al término, algunos panistas votaron a favor del digamos resumen de la Ley de Ingresos.

¿Cómo analizar lo ocurrido? Si bien está por verse la capacidad de cambio estructural que pueda lograr el Presidente con lo ya acordado más lo que pueda venir, su manera política de operar sí demuestra ser más negociadora y estar desempantanando el trabajo del Congreso a diferencia de lo ocurrido en los años de gobiernos divididos que hemos tenido en México desde 1997. En efecto, durante años nuestra ingeniería institucional conformó congresos que, si bien trabajaron, bloquearon en aspectos fundamentales a los gobiernos en turno. De aquí que se haya debatido por años y todavía se debatan posibles cambios a esta ingeniería. En el inter, Peña Nieto ha tenido que convivir con lo que tiene. Lo ha conseguido hacer, lo cual no es un mérito menor, con una política que se demuestra flexible, que procura jalar a todos y sabe dejar atrás lo que la atora y a quienes lo atoran. Así dejó atrás en esta ocasión a los panistas como se puede prever que dejará atrás a los perredistas en la Reforma Energética.

Sin embargo, es una política que logra aliados a mucho costo y que todavía pierde mucho en el camino. Además es una política cuyo éxito como ya se dijo no está asegurado, de frente a los grandes problemas del país y la inconformidad e inseguridad crecientes, con lo que resulta un importante inconveniente el que pese a tener todavía una muy buena publicidad, no consiga ofrecer todas las explicaciones y todos los  argumentos necesarios a su favor, para defenderse de sus críticos cada vez más fortalecidos. A mi juicio esto se debe en parte a que es una política demasiado centralizada, que no permite la autonomía necesaria a los miembros del equipo para desenvolverse.

Segunda vuelta electoral

En medio de un debate público que ha abierto distintos, y a mi parecer demasiados frentes, como son las discusiones en torno a la respuesta gubernamental a movimientos sociales (tal es el caso del que protagoniza la CNTE) o a las emergencias climatológicas recientes, o bien en torno a las propuestas de reformas energética y hacendaria, destacan las controversias que genera la reforma política que supuestamente se discute en el seno del Pacto por México (pero ha rebasado este espacio), donde se han expuesto demandas como es la creación de un Instituto Nacional Electoral y regresado a la luz discusiones que abortaron en la reforma de 2011 como son la reelección de legisladores o la instauración de la segunda vuelta electoral. Sobre este último tema, haremos nuestro comentario la mañana de hoy.

La segunda vuelta es una demanda del PAN desde 2009. Actualmente aquellos senadores encabezados por Ernesto Cordero de este partido son los que han presionado para que de nueva cuenta entre en la mesa de negociaciones. De hecho ha obtenido un apoyo irregular por parte del PRD, mientras el PRI se sigue oponiendo a ella. Igualmente cabe reconocer que es bien vista por la mayoría de los especialistas y en particular por el Presidente del IFE, Leonardo Valdés, quien ha declarado que podría ayudar a evitar conflictos poselectorales derivados de elecciones cada vez más cerradas. En la misma línea, de cincuenta países donde el Jefe de Estado es electo por sufragio universal como el nuestro, cuarenta contemplan el mecanismo contra diez que no lo hacen.

La pregunta ineludible es si en México debemos inclinarnos inevitablemente por las fórmulas más populares y más frecuentes de ingeniería institucional, y yo responde con un rotundo no. No debemos tomar una decisión precipitada sobre este punto, es decir instaurar la segunda vuelta  con falsas razones y por intereses políticos que pueden no medir sus consecuencias, llevar a un debilitamiento de nuestro sistema de partidos de por sí endeble y a complicados enfrentamientos. Aceptar la segunda vuelta sin una discusión de fondo, no puede ser parte del precio a pagar por la actual administración por ninguna otra  reforma por urgente que parezca.

Veamos en detalle. Quienes justifican la segunda vuelta lo hacen por dos razones: legitimidad y gobernabilidad. En lo que se refiere al primer punto, sostengo que no es seguro que la receta le genere más legitimidad a la figura del Presidente de la República en la medida en la que los arreglos cupulares entre los partidos políticos para producir las coaliciones, que para tal efecto se conformen, pueden en los hechos distorsionar la primera voluntad de los electores. ¿Cómo definir el porcentaje mínimo de votos que debe tener un candidato para ser legítimo, qué diferencia de puntos debe mantener con el segundo lugar? Es indudable que depende del número de partidos, elemento que hasta ahora no se está tomando en cuenta, como tampoco se está tomando en cuenta el nivel de dispersión y de polarización de nuestro sistema de partidos.

La legitimidad de origen de un mandatario, que por cierto puede revertirse en el ejercicio de gobierno, depende de varios factores adicionales a un resultado electoral que refleje suficiente margen de ganancia. En efecto depende también de la transparencia misma de los procesos. Sobre este punto en el país tenemos instituciones que a lo largo de los últimos años organizan bien los procesos electorales y cuentan bien los votos, mas éstos no logran obtener plena credibilidad siendo el déficit de las elecciones estatales mayor que el de las elecciones federales. Sin embargo las elecciones presidenciales tanto de 2006 y 2012 siendo federales produjeron impugnaciones por su importancia. Así, no se logrará una credibilidad total en los procesos electorales mientras se siga sospechando de un involucramiento de las autoridades en ellos, mientras no haya control pleno de los recursos y de su uso en las campañas, ni mientras los perdedores no se acepten como tales y obtengan ventajas políticas al señalar que las elecciones fueron fraudulentas aún si no pueden probar que lo hayan sido.

¿Quien puede garantizar que los resultados de una segunda vuelta electoral no sean también cerrados? ¿Quien puede garantizar que la segunda vuelta evite impugnaciones?                

La segunda vuelta me parece oportuna para sistemas de partidos más fragmentados y dispersos que el nuestro. El nuestro es un sistema de partidos que está teniendo a crecer, dado el peso en aumento de los llamados partidos chicos y  dado también la perspectiva de que entren en escena en un futuro próximo nuevos partidos, pero que sigue siendo de tres partidos grandes PRI, PAN y PRD que son los que cuentan a nivel del diseño de las políticas públicas nacionales de forma tal que se han cartelizado. Dada la intensa competitividad entre ellos, estos partidos tienden a hacer a nivel subnacional coaliciones pragmáticas y frágiles con los partidos chicos e incluso entre ellos. En este contexto PAN y PRD, sobre todo, sufren una gran tensión la cual sumada a su origen produce partidos poco unificados. En consecuencia podrían verse afectados por las decisiones que tomen sus líderes respecto a su inclusión en determinadas coaliciones en vistas a segundas vueltas presidenciales; asimismo podrían perder aún más representatividad. De todo ello podría resultar mayor debilitamiento del sistema de partidos.

De hecho, en el entendido que las ingenierías institucionales deben siempre reconsiderarse me abro a la discusión de la segunda vuelta, pero mi posición es poner en duda en estos momentos las bondades de tal fórmula en México, a la luz de una mayor reflexión sobre el punto que señale también a sus inconvenientes. Cuestiono el que nuestra democracia y nuestro sistema de partidos estén suficientemente maduros para la misma y no como algunos dicen porque sea mejor transitar hacia gobiernos de coalición y ambos mecanismos sean excluyentes. De hecho no lo son como también es cuestionable que tanto gobiernos de coaliciones como  segundas vueltas sean los únicos mecanismos que puedan producir más gobernabilidad en el país.

De ello podemos hablar en otra ocasión.

Polémica Asamblea del PAN

El sábado pasado se llevó a cabo la XVII Asamblea Extraordinaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el que se continuó con el trabajo interrumpido el pasado 16 de abril por falta de quorum, y se aprobaron nuevos estatutos para el partido. Su dirigente Gustavo Madero apuró una sesión de por sí rápida en la que apenas se había logrado el quorum indispensable con 4,934 delegados, la cual terminó en una votación a mano alzada (se requerían dos terceras partes de votos) a favor de sus intereses, en la que no se pudo controlar el enojo de sus opositores (hubieron gritos e insultos); en consecuencia algunos de ellos afirman que buscarán llegar  hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular lo aprobado. ¿Qué se aprobó? ¿Por qué se buscaban estos nuevos estatutos? ¿Qué se espera? ¿Qué consecuencias tiene ello para el gobierno actual? ¿Qué tan profunda y grave es la crisis del PAN? Éstas son algunas de las preguntas que quiero intentar responder en este comentario.

Entre lo aprobado existen puntos que según entiendo no provocaron críticas como son la eliminación de la figura de militantes adherentes paralela a las nuevas facilidades que se ofrecen para la afiliación de ciudadanos, con facultades pero obligaciones como son el refrendo permanente y la imposición de cuotas, si bien se da paso a expulsiones expeditas a militantes que incurran en faltas. Otros aspectos relativos a una mayor federalización del instituto político tampoco generaron mayor controversia. Así la polémica radica  en lo que la dirigencia destaca como un paso histórico para la democratización interna del partido, a saber el rompimiento con la estructura de cuadros del PAN a través de la elección directa por la militancia de su Presidente Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Nacional el cual amplía su tamaño, así como el compromiso de que las designaciones de candidaturas a puestos de elección popular sean sólo excepcionales.

Madero debe creer que en esta supuesta democratización radica su posibilidad de relegirse a final de año en la dirigencia panista, mientras que sus adversarios que buscan retomar las riendas del PAN se oponen a ello con una posición que al menos yo apoyo, que es que las elecciones directas no son forzosamente más democráticas que las representativas y pueden producir problemas internos que debiliten a los partidos. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) nos ha dado varios ejemplos de ello. Sobre este punto, destacan además dos asuntos.

Madero no las tiene todas con él, porque según la encuesta publicada el domingo por el periódico Reforma en una muestra de más de 500 delegados a la Asamblea del domingo Josefina Vázquez Mota con 34% supera con 20 puntos las preferencias que tiene Madero como líder ideal, y también lo superan Margarita Zavala y Ernesto Cordero. Juntos, ambos calderonistas suman 37% de las preferencias contra 14% de Madero.

Por otra parte puede dudarse de la sinceridad de la supuesta voluntad democratizadora del PAN si se observa que, a la par de los cambios que ya mencionamos, se aprobó también la integración de una Comisión Permanente compuesta por 60 personas: el presidente nacional, el secretario general, 40 militantes, 27 propuestos por el presidente y 13 electos por el Consejo Nacional, los coordinadores parlamentarios, expresidentes nacionales, cinco jefes estatales, los gobernadores panistas y en su caso el Presidente de la República si fuera del blanquiazul, comisión a la que se piensan trasladar funciones importantes tales como la definición de la línea política, la agenda legislativa y la aprobación de alianzas electorales. A la vez, carteras claves se reservan a ser designadas por el líder del partido. De continuar en el PAN, es obvio que Madero no querría estar atado de manos por la supuesta democratización recién aprobada.

En todo caso, golpeado pero aparentemente airoso sale Madero de este round con sus oponentes, victoria que le fue en buena parte posible por haber podido sacar en las pasadas elecciones locales resultados que tienen una lectura positiva para los intereses panistas, pero tendrá que pasar por la aprobación final (interna y por las autoridades competentes) de los nuevos estatutos y por los recursos de apelación si es que son interpuestos.

Al parecer les viene ganando la partida a los calderonistas con los resultados electorales mencionados, el desplazamiento de Ernesto Cordero como cabeza de la bancada en el Senado y estos acuerdos, si bien haya sometido a su partido a graves tensiones internas y más que vienen por estas disposiciones y sobre todo por su política de oposición leal al gobierno de Enrique Peña Nieto. De Peña Nieto ha recibido el apoyo de ser su interlocutor y de tenderle la mano en lo posible para que siga siéndolo. A pesar de que en materia electoral el discurso de Madero fue y sigue siendo el que el PRI se aferra a procesos poco transparentes, los resultados de julio pasado hablan de una pluralidad que llegó para quedarse y benefició a todos en mayor o menor medida. Es obvio que en respuesta, el gobierno espera la aprobación de reformas bastante más difíciles que las que ya se resolvieron, en especial la energética y la hacendaria, aprobación por la que seguramente contempla pagar un costo que puede ser la reforma política. En esta nueva etapa, Peña Nieto debe saber que quizás tenga sólo al PAN de su lado, en tanto se espera una negociación con el PRD muy delicada y quizás imposible.                     

El panorama para los distintos actores de la política nacional resulta incierto. El gobierno es el que más cartas tiene en la mano y puede hacer varias jugadas. Las dirigencias de los partidos de oposición están jugando  a su lado para lograr su fortalecimiento y sobrevivencia; con ello le están ganando con tropiezos a sus compañeros de otros grupos, a pesar de poner en riesgo a sus propios partidos. Así veo al menos yo lo que sucedió el pasado fin de semana en la Asamblea del PAN la cual reveló tensiones desbordadas, que con el tiempo pueden escindirlo gravemente y afectar sus clientelas.

La popularidad de Peña Nieto

Hace poco más de dos semanas se dio a conocer la encuesta trimestral de GEA-ISA sobre la popularidad del Presidente de México con resultados bastante encontrados en relación a aquellos que sobre el mismo tema publicó ayer el periódico Reforma, asunto que merece nuestra atención.

Según GEA-ISA, la imagen de Enrique Peña Nieto cayó 10 puntos de abril a julio. Las cifras para la actual administración resultan malas al grado que únicamente son dos puntos superiores a la aprobación que tenía Felipe Calderón al finalizar su sexenio, o sea 45% de los mexicanos aprueban su labor frente a 43% que aprobaban al expresidente en noviembre pasado. Además otros datos hablan de que no se percibe cambio alguno en la manera de gobernar: sólo 18% cree que el nuevo gobierno es diferente y más de la mitad piensa que su papel respecto a la pobreza, la seguridad o la corrupción es igual. En concreto casi 50% también considera que la situación económica es peor que la del año pasado.

Otras mediciones interesantes presentadas por esa casa encuestadora traducen: uno, poco conocimiento de las medidas implementadas por Peña Nieto pese a su nivel de exposición en los medios, ya sean éstas la Cruzada contra el Hambre e incluso el Pacto por México del que sabe 40% de la población; dos, aún menos aprobación del trabajo del gabinete e identificación de acciones de gobierno concretas; y tres, una disposición de alrededor de 50% por participar en acciones de protesta sobre los temas que más preocupan o sea el económico y la inseguridad, seguidos de la corrupción.

La información anterior se interpreta como que el crédito ciudadano con el que el Presidente llegó a los Pinos empieza a terminarse. Los analistas de la encuestadora dicen que los mexicanos tenían muchas expectativas en la alternancia y no han visto resultados que lleguen a sus bolsillos, a pesar que el tiempo corre. Por el contario persisten los problemas de empleo y los precios de los alimentos han aumentado deteriorando a los grupos más vulnerables, mientras el estancamiento de las clases medias se acentúa. Por otra parte se mantiene la violencia en el país por lo que se han fortalecido los grupos de defensa comunitarios. Todo ello explica que las acciones de gobierno estén siendo poco valoradas en términos de beneficios concretos e inmediatos.

En contraste con estos resultados la publicación de ayer refleja una calificación del trabajo del Presidente por parte de la ciudadanía que del primero de abril al 29 de julio sigue siendo de 6.3. Por lo que toca a la aprobación de su labor, ésta es del 52% de la población, incluso dos puntos superior que en la medición anterior. Ahora bien, las cifras se presentan por rubros e incluyen los porcentajes de desaprobación que en términos generales sí ha crecido de 30 a 38 puntos porcentuales.

Así los rubros mejor calificados cuya aprobación mejoró 5% o más  y que incluso disminuyeron en desaprobación fueron narcotráfico, política exterior, seguridad pública y salud. En orden decreciente salieron bien librados también: educación, combate a la pobreza y política interna. En suma, en todos los rubros aumenta la opinión favorable pero en algunos crecen también las críticas como en materia económica y en lucha contra la corrupción.

¿Qué hay entonces detrás de la disparidad de los resultados que se percibe en los dos estudios aludidos? Creo que el asunto radica en el hecho que el periódico Reforma presenta los resultados obtenidos en las encuestas a ciudadanos, separados de aquellas opiniones que emiten los que ellos llaman líderes. Éstos parecen tener un juicio muy distinto en tanto su calificación del trabajo del Presidente Peña bajó en el mismo período de 7.1 a 6.5. En julio un porcentaje de 67% bastante mayor que el de la población en su conjunto aprueba la forma en que está haciendo su trabajo, pero ello significa sin embargo un descenso de once puntos porcentuales, mientras 32% contra 20% en abril desaprobaba su gestión.

Entrando en detalle, cabe señalar que no se presentan datos de evaluación del combate al narcotráfico, pero para los líderes sólo en el rubro de seguridad subieron 7% las opiniones favorables y casi igualmente disminuyeron aquellas desfavorables. Ni siquiera la política interna, el combate a la pobreza, la salud o la política exterior son rubros que no sean castigados, pero son los renglones del manejo de la economía del país y de educación en los que más se resienten la pérdida de confianza y el desacuerdo con las políticas del actual gobierno.

Para mi, a diferencia de lo que expresen los analistas de GEA-ISA, lo que está sucediendo es que la política de Enrique Peña Nieto sí está teniendo una buena difusión mediática que se traduce en un apoyo sostenido de la ciudadanía en general, mas empieza seriamente a recibir las críticas de los especialistas luego de un comienzo de sexenio bastante espectacular que pudo haber deslumbrado sobre todo  por el Pacto que no se esperaba, y de los primeros consensos legales que produjo, si bien hoy pese a elecciones con resultados plurales las dificultades políticas del futuro inmediato se hacen sentir en un contexto que complica una economía que no mejora.

La agenda legislativa es enorme. El Senado, que se ha convertido en un cuerpo muy complicado más por las pugnas interpartidistas del PAN, no ayudó con su negativa de trabajar de forma extraordinaria este verano, y en la Cámara de Diputados este mes ya se evidenció que no se puede avanzar en temas polémicos, si no se negocian en conjunto. Por ejemplo ni siquiera el PRI prefirió imponer al consejero faltante del IFE si no podía venderle a mi juicio a los otros partidos un acuerdo favorable para otros nombramientos, en un reparto una vez más por cuotas como seguramente desearía hacerlo en octubre cuando postergando esta selección podrían nombrarse cuatro miembros  del Consejo General.

Así las cosas, si está sintiéndose una lentitud en el avance de la agenda gubernamental, no debería ella esclavizarse al trabajo parlamentario como parece que se está haciendo.

Elecciones locales 2013, resultados

Las elecciones del pasado 7 de julio en 14 entidades del país, más aquella extraordinaria celebrada en un distrito de Sonora, primeras de este sexenio en el cual el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha regresado al poder, demostraron los alcances y deficiencias de nuestra joven democracia. Fue evidente el clima de violencia y denuncias en las que fueron envueltas, el desinterés también que despertaron en donde gobiernos y partidos se jugaban más que la ciudadanía. Sin embargo pese al abstencionismo que reflejaron, soy de las que creen que debe éste ponerse en perspectiva, que es de constatarse que los electores demostraron más capacidad democrática que los propios políticos y que el panorama que dejaron las contiendas rebasa la capacidad de análisis de los especialistas.

Las cifras electorales aún no oficiales ponen de manifiesto una pluralidad política irreversible en el país. La proporción de quienes acudieron a las urnas fue mayor en aquellas entidades en las que el voto se dividió más, y demuestra más interés y conocimiento de la vida pública de la que generalmente se reconoce. No valió así que los priistas ocuparan los Pinos y gobernaran diez de los catorce estados para que el PRI fuera por ejemplo cuestionado en Coahuila en donde se sintió el efecto Moreira, mientras en otros estados con la misma presencia tricolor hegemónica como Chihuahua e Hidalgo la oposición casi no pintara, o pintara menos como en Durango. A mi parecer hay igualmente pruebas de un voto inteligente en  el comportamiento diferenciado de los electores en donde recién el PRI ha regresado a los gobiernos estatales, y ello habla de menor apoyo a los mandatarios de Aguascalientes o Tlaxcala que al de Zacatecas. En la lógica de que la distribución del voto me ha parecido en buena medida una evaluación de las administraciones regionales, me explico también la mayor capacidad del PRI de competir de frente al gobierno de coalición de Oaxaca que opera en un contexto político complicado, a diferencia de lo que sucede en Puebla en donde los priistas se borraron.

Finalmente quienes insisten en hacer parecer que la democracia mexicana es menos madura de lo que lo es, son sobre todo los dirigentes partidistas particularmente del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Si el PRI envuelto en contradicciones se  jugaba en estas elecciones un predominio que no le fuera contraproducente a su líder de facto Enrique Peña Nieto, las cabezas de esos dos partidos enfrentaban a sus oposiciones internas con un serio peligro sobre todo en el PAN de sucumbir si no levantaban a su partido del tercer lugar en el que cayó en 2012, o demostraban en el caso del PRD que podían vivir sin Andrés Manuel López Obrador. Así se explica su política de acusación sin pruebas convincentes de que se habían reciclado los peores vicios del pasado autoritario de México, política que se desplegó por adelantado a resultados que pudieran serles adversos los cuales como pudimos constatar no lo fueron. Lo hicieron según entiendo para protegerse, pese a que con ello dañaban la legitimidad de nuestras instituciones. Lo que no entiendo es que ahora que salieron airosos, más los panistas que los perredistas desde luego, insistan todavía el fin de semana pasado en sus decires y exijan sic al Presidente investigar y castigar a los delincuentes electorales para permanecer en el Pacto. Su poder de amenaza puede estar fortaleciéndolos, pero debilita nuestra democracia de la que no se pueden decir los únicos garantes.

En este contexto los analistas poco ayudan cuando sostienen falacias como la de un ambiente de violencia que inhibe la participación, cuando se ha demostrado que no hay correlación entre el aumento del crimen organizado y el abstencionismo (un ejemplo sería el mismo caso de Tamaulipas), o bien cuando sobredimensionan la capacidad de los gobernadores de controlar las elecciones en sus entidades. Si así fuera: ¿Cómo explicar las derrotas de sus partidos? ¿Como incapacidad, quizás?  ¿De verdad tenemos que creer por ejemplo que en Quintana Roo  y Veracruz fueron más hábiles, más manipuladores Roberto Borge y Javier Duarte que algunos otros colegas del mismo partido? ¿Debemos creer en mayor despliegue en dichas entidades de recursos clientelistas? Los gobernadores tienen capacidad pero limitada de operar a su favor y a veces, como en Sinaloa lo hizo Malova, no operan exclusivamente para quienes los llevaron al poder.

Los analistas caemos en ocasiones en explicaciones demasiado simplistas, como decir que Baja California fue una concesión del gobierno federal a Gustavo Madero, que reflejan un desconocimiento de los complicados mecanismos que construyen las preferencias electorales y su expresión. Sí es cierto que a Peña Nieto le convino que los priistas perdieran en la entidad, sí es cierto que el candidato del PRI Fernando Castro Trenti ni era suyo sino del grupo de Manlio Fabio Beltrones,  sí es cierto que a los priistas norcalifornianos los dejaron solos, pero el hecho es que los priistas también llegaron divididos a la campaña, que menos desgastados que los panistas en el gobierno estatal desde 1989 habían reconquistado gobiernos municipales que no convencieron, que el estado es fuertemente bipartidista, que resultados similares se vieron hace seis años y que la campaña de Francisco (Kiko) Vega fue de más a menos, fue más efectiva y su triunfo confirmó la tendencia en el país de que los resultados se definan por mínimas diferencias de donde las coaliciones cuentan, como en este caso le favoreció al ganador el que el PAN fuera con el PRD e incluso Nueva Alianza, mientras representó un serio peligro la división de la izquierda o sea el que el Partido del Trabajo (PT) se aliara al PRI e incluso Movimiento Ciudadano fuera independiente.

El hecho es que el estudio de las pasadas elecciones se vuelve muy complicado por la interrelación de demasiados factores y de lógicas encontradas, como las de los partidos mal llamados chicos que se convierten en protagonistas que definen victorias y derrotas. Al menos no caigamos en errores como seguir defendiendo la centralización de la organización electoral a través de propuestas tales como la necesidad urgente de crear un Instituto Nacional Electoral bajo pretextos que estas elecciones dada la pluralidad que reflejaron echan abajo, como es atacar de parcialidad a los institutos electorales estatales los cuales si bien tienen que mejorar sus tecnologías como es la de los PREPs no son menos controlados por los partidos que el mismo IFE, como  vimos en la  larga discusión que culminó ayer en el Consejo General de las multas por rebase de topes de campañas en el 2012.

Elecciones locales 2013

El clima persistente de corrupción y violencia en el país ha contaminado no sólo los procesos electorales locales que culminarán el domingo próximo sino también la capacidad de análisis de los mismos, de suerte que no han generado la atención debida en cuanto a la distribución de las preferencias que posiblemente arrojen y su significado.

El domingo próximo habrá elecciones en catorce entidades del país. En Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas de diputados locales y alcaldes, como en Baja California Norte en donde además se elegirá gobernador. Mientras en Coahuila sólo están en juego las presidencias municipales, y en Hidalgo la recomposición del Congreso.

Más allá del escándalo que estos procesos generaron en cuanto al reclamo por sospechas de uso clientelar de los programas sociales que destapó el Partido Acción Nacional (PAN) y secundó el de la Revolución Democrática (PRD) poniendo en peligro la supervivencia del Pacto por México hasta que Enrique Peña Nieto ideó el firmar un adendum a este compromiso para que todos los gobiernos sacaron las manos de los mismos, y de los lamentables sucesos de atentados contra ciertos aspirantes algunos de los cuales cobraron vidas, poco se ha escrito sobre estos procesos que siguen guardando una lógica muy particular si bien este año a mi parecer se ven más impactados que en otras ocasiones en elecciones de este tipo por la coyuntura de los partidos políticos a nivel nacional y por el proyecto de gobierno y las prioridades que la actual administración federal persigue.

Las elecciones locales que vienen nos están revelando un panorama político plagado de contradicciones. Al parecer el Presidente puede incluso con honestidad pedir una elección limpia, pero a decir de las acusaciones que persisten algunas autoridades priistas mantienen oídos sordos, mientras panistas y perredistas desarrollan un comportamiento que no resulta mucho más trasparente. Así nos están revelando un México en donde los acuerdos y la ley se violan con bastante impunidad, un México en donde el estado de derecho está en crisis, si bien este clima no puede achacarse exclusivamente al crimen organizado.

En los últimos días en Coahuila y Tamaulipas varios candidatos recibieron amenazas para retirarse de las contiendas. En Veracruz tanto hubo un ataque con bombas molotov contra la comitiva del equipo de campaña de un aspirante a presidente municipal del PAN, como otro a balazos contra un candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En Quintana Roo fueron incendiados vehículos del PRD en un municipio, en Chihuahua murió un aspirante del PRI a alcalde y en Oaxaca un dirigente del PRD, a la vez que se llevó a cabo un atentado contra una candidata priista a diputada a raíz del cual fallecieron su esposo y una sobrina. Finalmente en Sinaloa fue asesinado un candidato suplente a regidor de la alianza PAN-PRD-Partido del Trabajo (PT) y el hijo de un coordinador de la campaña del PRI de la misma presidencia municipal.

Este panorama es una pena, pero no nos debe opacar otra parte de lo que está detrás de estas elecciones. Para resaltar su relevancia, cabe indicar el que están en juego 2,181 cargos públicos y poco más de la mitad de los gobiernos municipales del país. Su resultado nos va a hablar mucho de las características del sistema político que se ha venido construyendo en México y el punto en que lo ha impactado el regreso del PRI a los Pinos. En principio hemos sido de aquellos que han sostenido que este tipo de elecciones están insertas en una dimensión subnacional del poder que interactúa sólo parcialmente con la dinámica federal de la política, lo cual nos ha llevado a advertir que a ese nivel regional el PRI se mantuvo implantado durante los gobiernos panistas, a comprender su buen desempeño en elecciones locales y que cuando pudo resolver una candidatura presidencial sin dividirse sobrevino la segunda alternancia que lo regresó al poder. En este sentido es de esperarse que a las próximas contiendas llegue con una gran ventaja, aunque paradójicamente del propio gobierno de Peña Nieto puede estar emanando el apostar por resultados plurales que le mantengan tanto al PAN como al PRD como partidos aliados en la persecución de las reformas estratégicas que busca.

Algo más: la diferencia de los juegos subnacionales con los nacionales la expresan especialmente los llamados partidos chicos y da como resultado un escenario complejo. El Partido Verde Ecologista de México va con el PRI en casi todos los estados; en pocos de ellos su alianza es parcial como en Tamaulipas o Tlaxcala y en Zacatecas juega solo. El PT se presenta  independiente en casi todas las entidades mas va con el PRI en Baja California Norte y Chihuahua, y con la alianza PAN-PRD en Oaxaca y Puebla pero no en Puebla. El Partido Nueva Alianza se presenta en coalición con los mismos partidos en Baja California Norte y Puebla, y con el PRI en Chihuahua y Sinaloa y parcialmente en Tamaulipas y Veracruz. Por último Movimiento Ciudadano es el partido que mas le apostó a crecer en una vía autónoma y puede como el año pasado lo hizo en Jalisco dar algunas sorpresas en algunas capitales como Aguascalientes o Oaxaca.

En este escenario me atrevo a pronosticar que las cifras que arrojen las contiendas en cada entidad dependerán de qué partido detenta ahí el poder estatal, siendo que lo detenta en la mayoría salvo en Baja California Norte (donde gobierna el PAN desde 1989 y donde en la renovación del ejecutivo sufrirá de su desgaste si bien enfrenta a un PRI que desde hace unos años gobierna algunos municipios con resultados cuestionados), y en los emblemáticos estados donde en 2010 coaliciones del PAN y el PRD fueron triunfadoras  a saber Oaxaca, Puebla y Sinaloa donde hoy estos partidos repiten con buenos augurios la experiencia, y la extienden a otras entidades como Baja precisamente.  

Los resultados dependerán también de que tan predominante es en cada estado el PRI que lo es en Chihuahua y en Coahuila (en donde la coalición antipri poco parece estar afectándolo), como lo es poco menos en Tamaulipas o Hidalgo. Así los resultados a mi parecer serán para el PRI menos buenos en aquellas entidades recién recuperadas como Aguascalientes, Tlaxcala y Zacatecas, o donde la oposición ha venido ganando terreno como Durango, Veracruz y Quintana Roo. En ellas las coaliciones antisistema representan una amenaza para los priistas y las hay formales y totales en Aguascalientes, Durango y Zacatecas, como informales y parciales en Veracruz y Quintana Roo. Por lo que toca a Tlaxcala la competencia apunta a ser intensa.

En suma el fenómeno de las coaliciones antipri, como hace tres años, se avecina de mucha relevancia en la interpretación de las contiendas del 7 de julio. El priismo regional no tiene todo en sus manos. Pese a sus disputas internas, los panistas con base en un electorado fiel están dispuestos a consolidarse como segunda fuerza, y los perredistas a seguir abanderando a la  izquierda en una posición moderada de frente a la escisión radical expresada en la emergencia de Morena.

La Reforma Política II

La aprobación de la reforma política, promulgada a mediados del año pasado, tomó una discusión que llevó poco más de dos años. En contraste se ha vuelto a poner en la mesa de debates, tanto en el seno del Pacto por México como en el Senado, una nueva reforma en la materia que forma parte del trabajo que se ha anunciado para los periodos extraordinarios de sesiones del Congreso de este verano. Los distintos actores políticos que intervendrán en estas discusiones ya se han expresado públicamente, sacando a la luz una diferencia de opiniones de la que no se espera un panorama de negociación fácil. Ello ha llevado a algunos comentaristas a expresar, con justa razón, que una discusión de fondo debe ser pospuesta y que en esta ocasión sólo deben abordarse los aspectos relativos a la legislación secundaria de la pasada reforma constitucional a saber la regulación de las candidaturas independientes, la consulta popular y las iniciativas ciudadanas y preferentes.

Me uno a ellos e incluso me pronuncio porque no se toquen por ahora como algunos quieren ni siquiera los temas de financiamiento electoral y fiscalización, pues a este paquete se le ha añadido la voluntad equivocada como ya lo expresé en este espacio de conformar un Instituto Nacional Electoral. Todos estos son asuntos demasiado serios para abordarse con premura, como lo son aún más los temas relativos al régimen de gobierno.

No se trata, como algunos han dicho, de que la reforma política sea un tema menos importante, que tenga menos potencial transformador por ejemplo que la reforma financiera o que la de las aportaciones al IMSS. Tiene la misma o más importancia aún que las reformas estructurales, porque de ella podrían derivarse cambios posibles en la distribución del poder en el país. Por eso los ciudadanos sí se interesan en ella, en tanto le ven efectos más inmediatos que a las reformas estructurales. Sin embargo, la discusión de la reforma política a fondo debe ser pospuesta para que haya la oportunidad de una discusión más transparente e inclusiva de ella, en la que puedan expresarse al menos ampliamente los especialistas del área.

Considero que la discusión sobre la reforma política ha caído presa de varias falacias y de intereses partidistas y de gobierno que vician el debate. Desde el poder federal parece que se privilegia a tal punto la supervivencia del Pacto, que se ha prometido abordar temas en contra de los cuales Enrique Peña Nieto se pronunciaba hace poco tiempo como es el de la relección legislativa y de alcaldes, si bien no se deja de advertir sobre desventajas en tal disposición. Igualmente se da entrada a cuestiones como la del Instituto Nacional Electoral en una posición muy confusa, cuando se reconoce que no se debe caer en un centralismo que poco ayuda a la democracia. De esta manera parece avalarse el que existe de forma generalizada menos equidad en las elecciones estatales y locales y que el viejo régimen se esconde a nivel subnacional, cuando es discutible. Además, se desestima el pronunciamiento que ya se ha hecho sobre la dificultad de conformar un instituto de esa envergadura sin homogeneidad en legislación electoral y con distintas distritaciones. Al menos ya han quedado claras la oposición gubernamental a la segunda vuelta y su inclinación al régimen presidencialista, aunque se puedan aceptar algunos elementos de los gobiernos de coalición.

Por su parte las dirigencias del PAN y del PRD, hoy oposiciones colaboradoras del gobierno priista, exageran maliciosamente las insuficiencias en transparencia y equidad electoral, a mi parecer para justificar derrotas en las contiendas del mes próximo. No niego que debe repensarse el financiamiento a los partidos y su fiscalización, pero el problema que genera el clientelismo en nuestro sistema es de orden político no legal. No tendremos elecciones totalmente creíbles hasta que todos los partidos, los ganadores y los perdedores también, dejen de beneficiarse de que así sea.

La posición del grupo de senadores panistas y perredistas en el Senado que han presentado su iniciativa de reforma política me parece la más engañosa de todas. Así lo considero si bien concuerdo con ellos en que existe un peligro real en que la estrategia del Pacto por México contiene elementos antidemocráticos. Ahora bien, su pronunciamiento parte de  posiciones equivocadas tales como el que en ingeniería institucional el arreglo presidencialista es en principio malo, menos democrático que el arreglo parlamentarista, y de que se debe acotar el poder presidencial cuando precisamente el Pacto fue ideado para responder a una condición de debilidad del ejecutivo que marcó nuestro pasado inmediato, y no el autoritarismo como se pretende.

La necesidad de una reforma política de fondo en México es principalmente lograr sí equilibrio de poderes y gobernabilidad. Las fórmulas posibles son varias, como múltiples sus efectos para todos los involucrados. Por ello es mucho lo que hay que discutir sin engaños y sin apostar por los mecanismos que dañen más al adversario como la iniciativa aludida pretende al PRI. Por eso debe ser pospuesta una discusión de tal trascendencia.

La Reforma Política

Qué increíble resulta, a mi parecer, el que a poco más de un año de la aprobación de la reforma política durante el sexenio pasado como resultado de la larga discusión que generó la propuesta del entonces Presidente Felipe Calderón en diciembre de 2009 vuelvan a formularse iniciativas que todas, en la medida que reflejan los intereses muy particulares de quienes las proponen en el nuevo marco de la coyuntura actual, tienen como característica común un contenido inconexo e incompleto que llega incluso a ser contradictorio. Hasta ahora curiosamente la polémica la protagonizan la dirigencia del PAN que se adelanta a la ya adelantada discusión que se acordó como resultado de la reciente polémica de posible fraude electoral lanzada por ese partido y que puso en peligro el trabajo del Pacto por México, y el grupo de senadores panistas y perredistas que quieren evitar el ser madrugados por acuerdos construidos en su seno precisamente.

¿Qué trae a colación esta polémica? Uno, el que pese a reiterados esfuerzos subsisten muchos pendientes por legislar, llámense por ejemplo asuntos puntuales sobre las candidaturas independientes o la consulta popular. Y dos, el que pese a que la construcción democrática no es asunto exclusivo de la actualización de nuestra ingeniería institucional, el mismo mecanismo del Pacto por México demuestra que la pluralidad política y la competencia electoral en ascenso en el país  durante los últimos años produjo el paso del hiperpresidencialismo a un presidencialismo debilitado de tal forma que las viejas articulaciones de intereses no habían podido ser sustituidas por mecanismos que hicieran posible gobernar con eficiencia y legitimidad, mientras hoy con el correctivo ideado resurge el fantasma de la regresión autoritaria de tal suerte que más que nunca es impostergable una revisión de fondo de nuestras instituciones y de ser el caso incluso del régimen.

Ahora bien, de los asuntos a debate que conviene abordar hoy quiero referirme  a uno de suma importancia a saber la organización en sí de las elecciones, asunto que hubiera parecido ya estaba resuelto más vuelve a renacer a raíz de la reiterada impugnación en elecciones presidenciales de los resultados de las contiendas. Les confieso que mientras yo hubiera creído que la discusión al respecto iba a girar en torno al serio diagnóstico presentado por el Instituto Federal Electoral en su libro blanco o bien en torno al asunto relativo a que, de frente a la próxima renovación de parte del Consejo General en particular la presidencia, todo indica el que pareciera que ha llegado a su fin la forma en la que se han venido nombrando a los consejeros electorales por cuotas partidistas más o menos transparente en el falso entendido que la suma de las subjetividades genera equidad, hoy sale a la luz la posibilidad no de su reorganización revisando su vida interna o acotando los marcos que han sido de su competencia, sino de su sustitución por un Instituto Nacional Electoral (INE) que lo absorbería así como a los institutos electorales estatales.

Mi lectura de ello es que quienes han hecho tal propuesta o sea la dirigencia del Partido Acción Nacional se emplean en ese juego malabárico que se han propuesto de colaborar en el diseño de las políticas públicas a nivel federal, más competir con el Partido Revolucionario Institucional a través de seguir bordando la idea de que dicho partido es fraudulento y su fraude se sustenta entre otros mecanismos en el control regional de la organización de las elecciones. Quienes lo apoyan dudan de la autonomía de los consejeros estatales en buena medida con justa razón, mas no matizan su juicio  suficientemente a mi parecer. En efecto parecen desconocer el que el grado de control de los mismos por parte de los gobernadores es generalizado y no propio de las entidades en manos del PRI, y no aquilatan asimismo el que los consejos electorales estatales han organizado decenas de elecciones municipales y estatales que han producido alternancias.

Así, para normar un criterio sobre la conveniencia de nacionalizar totalmente la organización de las elecciones a todos los niveles y desaparecer entonces los institutos electorales estatales, hay que considerar que las elecciones para gobernador produjeron alternancias que estos organismos procesaron en el sexenio de Salinas en tres entidades aunque en Guanajuato empezó a gobernar el PAN desde entonces, en el sexenio de Zedillo en 11, en el de Fox en siete y en el de Calderón en 16. Por esta vía 13 estados han tenido dos alternancias y uno, Tlaxcala, tres. Por esta vía también, el PRI ha regresado al gobierno de 11 estados  de lo que sería ingenuo culpar a dichos institutos. Es más si bien es cierto que la fuerza priista radica en buena medida en su poder regional (la cual lo regresó a los Pinos), no es cierto que los subsistemas estatales sean remanentes del México de ayer. Es cierto que el PRI no ha dejado de gobernar en nueve estados: Campeche, Coahuila, Colima, Durango, el Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, pero en todos ellos han habido importantes movimientos del voto y en algunos el tricolor ha sido fuertemente competido por ejemplo en Campeche, Colima o en Veracruz, mientras que en otros como en Durango, en el Estado de México, Quintana Roo o en el mismo Veracruz es una oposición dividida lo que lo ha mantenido en el poder.

El asunto de la creación o no del INE debe reflexionarse sin falsos mitos y tomando en cuenta los elementos correctos. Uno que sí se ha mencionado es el asunto presupuestal porque debemos caminar hacia que las elecciones no sólo sean plenamente creíbles, sino también que nos cuesten a todos los mexicanos menos. La compactación de los calendarios electorales en nuestro país, de la cual espero poder hablar otro día porque como han demostrado ciertos analistas va contracorriente con la idea de fomentar pluralidad al reducir el número de partidos ganadores en las contiendas, debería permitir a través de un único órgano al menos un ahorro en la organización de las elecciones el cual sin embargo se podría lograr mediante mayor coordinación. Dos debe considerarse y servir de lección el que el sistema político de presidencialismo exacerbado y un partido hegemónico, se consolidó al amparo de la nacionalización de la organización de los procesos electorales mientras durante el siglo XIX el proceso se encontraba descentralizado no obstante que Porfirio Díaz había logrado que marchara en su beneficio. Además corre más el riesgo la autonomía de un único organismo que la de varios.

Mi postura es la siguiente: más que un asunto de uno o de varios institutos electorales en miras a que la administración electoral sea equitativa, debe pensarse que su verdadera autonomía depende de la conformación de sus cuerpos en concreto de la participación no de uno (como hasta ahora es el caso) sino de distintos poderes en ello y del equilibrio que se mantenga entre los mismos. Ahora bien, este equilibrio  no lo ha conseguido nunca nuestra ingeniería institucional. Por ello  es un asunto medular que debería atacar una reforma política en una perspectiva de visión de conjunto, que desgraciadamente no se tiene por intereses de orden político. Éstos son elementos a tomar en cuenta en su discusión paralela en el seno del Pacto y en el Senado