martes, 7 de abril de 2015

A propósito del inicio de las campañas electorales 2015

Leía yo un comentario ayer en el periódico en torno a la inevitable próxima muerte por un cáncer de hígado del famoso neurólogo Oliver Saks quien, pese a sus más de 80 años, entre otros puntos declara que vive con gran claridad sus últimos días, por lo que no está dispuesto a perder el tiempo viendo noticieros y discutiendo política. Inmediatamente pensé en tantos mexicanos que también están hartos de políticos, partidos y elecciones y que, a pesar de tratar de evitar dicha temática, están siendo bombardeados por la publicidad y las encuestas sobre popularidades y preferencias en estos tiempos electorales, y seguramente se han sorprendido al saber que a penas el domingo pasado empezaron de facto las campañas (incluso no todas, sino más bien las federales para renovar la Cámara de Diputados).

Sin embargo, miren qué necedad la mía, que voy a hablarles del voto y las próximas contiendas, porque no sólo está en juego en primer lugar el contrapeso que tendrá en el legislativo el gobierno de Enrique Peña Nieto,  visto del otro lado el nivel de dificultad con que éste tendrá que negociar. El hecho es que con una ingeniería nuestra proclive a gobiernos divididos, a pesar de que ya pasó sus más importantes reformas, requiere de cualquier forma de apoyo para que la segunda parte de su sexenio sea fructífera; piensen ustedes al menos en el reto que será la aprobación del próximo presupuesto el cual, según las declaraciones de su equipo, se restructurará totalmente; piensen ustedes que querrá tener la fuerza suficiente para controlar la nominación del candidato de su partido a sucederle, y que el PRI se conserve en los Pinos. En esta primera consideración están en juego las consecuencias de estas elecciones legislativas intermedias que nuestra normatividad dispone, elecciones que se han convertido en un especie de referéndum a los gobiernos en turno, prueba que desde la apertura política en México no han pasado ni Ernesto Zedillo, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón.

En segundo lugar, el 7 de junio próximo está igualmente en juego la recomposición del sistema de partidos en el país, debido al desencanto de varios simpatizantes que hace tres años le apostaron a que el PRI retomara el poder federal, en tanto su administración no ha demostrado en concreto la eficiencia prometida  -en particular a nivel de lo económico y del control de la violencia-; debido a la fragmentación de la izquierda o sea al debilitamiento del PRD por fugas de líderes en especial hacia el nuevo partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena; debido a la coyuntura adversa tanto a priistas como a perredistas desde hace poco más de  seis meses, a partir de los acontecimientos de Tlatlaya e Iguala y las evidencias de corrupción e impunidad; debido a la oportunidad que ello ha significado para el PAN partido que ha visto subir el porcentaje de aquellos que declaran que votarían por el blanquiazul; debido a un PVEM que maniobró de suerte que se vislumbra puede erigirse al igual que  PRD y Morena en un futuro partido mediano; y debido por último a la incógnita de cuáles partidos chicos conservarán su registro. En este sentido está en juego si le diremos adiós, como parece, al sistema de tres partidos grandes a nivel federal, dos o dos y medio a lo sumo a nivel regional, a los que se sumaron con la pluralidad política unos cuantos partidos chicos cuyo peso contó en las coaliciones que a menudo conformaron por la competitividad de muchos procesos. En suma, está en juego qué tanto nuestro multipartidismo dejará de ser moderado, sobre todo si recordamos que a nivel subnacional comenzaba a decrecer el número de partidos y los distintos partidos parecían haber logrado mantener un voto más estable.

Estos puntos me obligan a abordar algunas ideas sobre lo que nos conviene a todos. Nos conviene un sistema de partidos sólido, representativo de nuestra ciudadanía y su diversidad. Ciertamente un sistema fundamentalmente tripartidista como al que habíamos llegado no era  suficiente. No estoy diciendo nada nuevo: ¿quién no lo ha dicho? Sin embargo muchos creen, y aquí yo disiento, que PRI, PAN y PRD se convirtieron en partidos muy similares, con políticos con los mismos vicios, y programas y políticas no diferenciadas. Yo parto de creer que, si bien los escándalos que nos indignan no han tenido color, estos partidos ni son lo mismo, ni hacen lo mismo; no representan a los mismos, ni hacen política de la misma manera; sus ideologías de fondo difieren, como difieren y son predecibles sus distintos posicionamientos.

Me interesa a partir de este reconocimiento llevarlos  a la consideración de que a pesar de que la política pueda disgustar, es una riqueza la mayor gama de opciones que en esta ocasión tenemos. Me opongo por tanto a aquellos que abogan por el abstencionismo, o el voto nulo. Este recurso es un voto por aquellos que llevan ventaja, y en México no tiene la suficiente trascendencia, porque por ejemplo el voto nulo a conciencia no se diferencia del voto anulado por error, ni siquiera se puede medir, y menos ser contabilizado como en otros países para restarles financiamiento público a los partidos políticos, lo que ya tiene sentido pero en México es una opción que no existe.

Entonces, me parece más interesante con base en las consecuencias que puede tener la próxima jornada electoral, sugerirles que consideren mejor su derecho en función de qué apoyos o contrapesos quieren para quienes gobiernan o han de gobernar en nuestro Congreso nacional y congresos estatales si es el caso, de quienes quieren de gobernadores o en sus presidencias municipales, si quieren que los partidos en el poder sigan gobernando o consideran conveniente una alternancia. Su decisión puede ser en virtud de los partidos, su desempeño real y el que consideren pueden obtener, en función también de los propios candidatos, y si quieren emitir un voto razonado entiendo que ni siquiera tienen que seguir las campañas que empiezan. Además de lo dicho, caben otras precisiones.

En las elecciones legislativas conviene el voto por su primera opción, aún lleve ésta las de perder, porque contará para los asientos plurinaminales. Recuerden que el voto por las coaliciones, es decir por más de un partido, en caso de no existir tal coalición se anulará, mientras si existe contará sólo para el candidato y no para el reparto de curules de representación proporcional. Otro caso es el de las elecciones donde hay un solo ganador, en las cuales puede serles convincente el votar por una segunda opción de su preferencia, en el caso de que su candidato parezca a todas luces que va a perder, pueda ganar otro que ven muy mal, y la distancia entre su primera opción y la segunda no sea de tanto peso. Este voto es el que se llama útil, y puede dar pie a votos suyos diferenciados, hacia los que también pueden inclinarse en la consideración que van a haber elecciones para cargos muy diferentes, y nuestras consideraciones para cada una de ellas debiera ser independiente, y nuestros votos no dejarse arrastrar por alguno de ellos.


¿Les parece interesante? ¿Lo pensarían aunque estuvieran por morirse si les aseguro que las próximas elecciones son históricas, porque no sólo se estrenará el INE y se elegirán más cargos que nunca, sino que además los resultados habrán de definir una nueva etapa de nuestra realidad política en un momento especialmente difícil?  ¿Los convenzo que resulta muy importante decidir sobre la mejor distribución del poder entre los menos peores de nuestros políticos, de los que infaliblemente vamos a depender?

martes, 24 de marzo de 2015

Carmen Aristegui vs MVS

El conflicto desarrollado desde hace dos semanas entre Carmen Aristegui, conductora afamada de la primera emisión de noticias de MVS,  y la empresa para la que había venido trabajando ha ocupado mucho espacio en los medios y las redes sociales dividiendo la opinión de comentaristas e interesados, de suerte que genera confusión. No es para menos. Las opiniones encontradas se han basado más que en hechos en supuestos, de los que se extraen conclusiones sin fundamento, y lo que es más grave los eventos no están recibiendo un análisis adecuado para captar el momento político que estamos viviendo a partir de interpretar lo que puede haber detrás, uno, de los despidos de dos reporteros de Aristegui y luego de ella misma tras demandar su reinstalación y, dos, de las reacciones que provocaron.
Los hechos, no menos pero no más, son los siguientes. El 9 de marzo la conductora señala que su equipo de MVS, lo precisa, se sumaba al proyecto Mexicoleaks; inmediatamente la empresa se deslinda de la plataforma referida. El 12 de marzo MVS despide a Daniel Lizárraga e Irving Huerta. Al día siguiente Carmen pide el regreso de ambos, como condición para permanecer en la empresa, y el 15 de marzo ésta reacciona dando por terminada su relación con ella. De nada sirve la intermediación del defensor de las audiencias de MVS, figura que existe a raíz del anterior conflicto de la reportera con sus empleadores. En síntesis, éste declara que Aristegui cometió en este caso un error, pero que la respuesta de la empresa fue excesiva y malintencionada.
De tal suerte es que las opiniones se dividen. Por un lado están aquellos que defienden a la reportera y ven en los acontecimientos un atentado a la libertad de expresión, por haber generado ella un espacio de apertura informativa y privilegiado el periodismo de investigación. Se le reconoce en este sentido, entre otros factores, su rol en la difusión de asuntos turbios en el manejo del dirigente del PRI en el DF, y en particular del conflicto de intereses en la compra de casas del actual Presidente Enrique Peña Nieto, su mujer y su Secretario de Hacienda. En esta línea están varias interpretaciones de los hechos por medios extranjeros, que al igual suponen que esta posición periodística crítica seguramente molestó al gobierno o era molesta para el gobierno, por lo que o bien el mismo gobierno presionó para que MVS la despidiera tan pronto fuera posible, más cuando llega su exabogado a los Pinos, o bien la empresa misma consideró que el gobierno vería con buenos ojos su despido lo que era conveniente para sus intereses y por eso rescindió su contrato.
Este análisis basado en supuestos llega al extremo, en varios casos, de afirmar que la libertad de expresión en México sufre con ello un retroceso. Sin proporcionar pruebas aseguran que los espacios críticos se están cerrando en el país e incluso relacionan, sin lógica a mi manera de ver, esta historia con los riesgos que enfrentan los periodistas para ejercer su oficio, y aquí sí mencionan cifras ciertas de amenazas, desapariciones y asesinatos de miembros del gremio víctimas de la violencia.
¿Que creo yo? El actual gobierno ha puesto un especial cuidado en el control de su información. Es posible, aunque no lo podemos probar, que haya tratado de cooptar más  a los medios y controlar lo que difunden, pero definitivamente la opinión crítica sigue teniendo un espacio importante, incluso en los medios oficiales (como en este momento). Basta ver televisión, escuchar la radio, leer la prensa y sobre todo seguir las redes sociales para saber que por todos lados la administración federal es cuestionada y su legitimidad ha venido en picada. Lo valiente hoy en día no es criticar al Presidente, sino sería defenderlo. Los últimos seis meses han sido catastróficos para su administración, y lo que tampoco se puede probar, pero es muy posible, es que fuertes intereses parecen también haberse puesto en marcha para echar abajo, de cara a las elecciones de este año, la imagen de mandatario modernizador y eficaz que se había forjado Enrique Peña Nieto con la aprobación de sus reformas estructurales. Y lo han logrado, no sin la ayuda de muchos errores que éste y su gente han cometido.
Pregúntense ustedes: ¿Qué podría haber ganado el Presidente con el despido de Carmen Aristegui y sus reporteros? Era obvio que se le vendría el tiro por la culata, y pronto  encontraría ésta –victimizada- otro micrófono, lo que por ejemplo ha demostrado la petición que los senadores del PAN, PRD y PT hicieron este fin de semana de que se le contrate en el Canal del Congreso para no negarle voz. En eso estoy totalmente de acuerdo. Aristegui cumple una función, y el propio Peña hubiera hecho bien de llamarla a un canal oficial para callar a quienes lo quieren hacer culpable en última instancia de lo que pasó, y de transmitir el mensaje de que este tipo de periodismo no se tolerará. Ello a pesar de que suenan totalmente incongruentes las declaraciones de la reportera, de estos últimos días, de que MVS la había convidado a no reportar el asunto de la casa blanca, fíjense ustedes hace más de cien días, cuestión que hasta ahora se da a conocer y ha sido negada por la otra parte. 
Entonces, si de suposiciones de trata, también cabe suponer que los despidos referidos tuvieron como finalidad abonar en el desprestigio creciente del Presidente, y tienen como origen una guerra en su contra, armada por diversos intereses afectados por sus políticas y alianzas.
Indagar esto con seriedad me parece más importante que salir simplemente al ataque de la reportera, lo cual representa la otra posición; reportera cuya reacción pudiera ser, porque no, si nos ponemos de creativos, parte de un plan maestro desprestigiante. Sin embargo, además de dejar un enorme hueco, cabe reconocer que ha sido vulnerada en sus derechos laborales porque los lineamientos obligatorios dados a conocer por MVS después de los hechos, aplicables entre la empresa y los conductores de sus emisiones informativas,  son contrarios al contrato que Carmen Aristegui había firmado. A saber que ahora se señala que la empresa tiene derecho a insertar secciones y cápsulas en las distintas emisiones, las cuales estarán a cargo de especialistas, como a promover otros compañeros y/o incluir contenidos de otras emisiones. Igualmente los lineamientos otorgan poderes al director de noticias de MVS para coordinar las investigaciones especiales y establecer la agenda informativa de los noticiarios, nombrar colaboradores, y modificar participaciones, secciones  y mesas de debate sin acuerdo de los conductores. Además, lo más grave, obliga a los periodistas a informar sobre sus pertenencias sociales y políticas, sus intereses económicos e ingresos por otras vías.

Así las cosas, la lucha de Carmen Aristegui por lo que considera la libertad de expresión, a pesar de ser polémica, ni ha terminado ni carece de todo sentido. Los concesionarios de bienes públicos no pueden actuar a espaldas del interés colectivo.

martes, 10 de marzo de 2015

Las mujeres y el poder. Sobre las cuotas de género.

Los eventos, mesas redondas, seminarios, foros y otros donde los analistas políticos comentamos los pormenores de las próximas elecciones se han naturalmente multiplicado con su proximidad. Destacan las visiones pesimistas sobre la legitimidad que logren los comicios, si ya empiezan mal con la crisis que el INE acaba de atravesar. Todos hemos destacado varios elementos en los que coincidimos; sin embargo, me ha llamado la atención un punto que algunas colegas señalan al menos de positivo sobre la nueva normatividad, que es el relativo a las cuotas de género, a través de las cuales al fin se generalizó la obligación para los partidos de que la mitad de sus postulaciones sean de candidatas. Me mostraba yo escéptica cuando las oía, sin entrar en más reflexión, por lo que hoy quiero profundizar el tema con ustedes, como pretexto además de que el domingo pasado fue el día de la mujer, y curiosamente me topé entre las colaboraciones sobre el mismo con un rechazo explícito precisamente en el sentido contrario de las famosas cuotas, por un distinguido articulista. ¿Qué se puede decir al respecto?

Si partimos de reconocer la desigualdad social entre hombres y mujeres y la obligación del Estado de construir y desarrollar políticas públicas para contratacarla, y para proteger a las mujeres de suerte a darles las mismas oportunidades de desarrollo e impedir que sean objeto de maltrato, abuso y discriminación, su entrada en el mundo del poder por un lado sienta un precedente de igualdad, y por otro lado favorece  la implementación de tales políticas. Sin embargo esta entrada ha venido siendo lenta. No podía ser de otro modo, si recordamos que apenas se autorizó el voto femenino a nivel local en algunas entidades del país en los años veinte del siglo pasado, y a nivel federal en 1953. Tuvimos la primera gobernadora en época del Presidente Luis Echeverría y la primera ministra con José López Portillo.

La lucha de las mujeres por su representación política empezó así a conquistar la normatividad electoral, de forma tal que se impusieron también gradualmente las cuotas de género que para 2010, fíjense eran de 50/50 a nivel local en tan sólo ocho entidades, cinco de los cuales las imponían para diputados tanto de mayoría absoluta como de representación proporcional, y tres sólo para los de representación proporcional. En nueve estados más, las cuotas eran de 60/40, y todavía en once de 70/30.

En este sentido no se puede negar el avance logrado, el cual comprende además el que con el tiempo se ha ido evitando las trampas en las que incurrían los partidos para cumplir sus cuotas de género y salvarse de sanciones, de presentar fórmulas de candidatas propietarias mujeres con suplentes hombres, a quienes de ganar les entregaban a menudo su curul. El fenómeno, recuerdan, se conoció como el de las Juanitas y se prohibió. Igualmente se avanzó en lo referente a los lugares poco favorecedores de las mujeres en las listas de candidatos plurinominales, y se dio solución a los casos de candidaturas producto de elecciones primarias en los partidos, las cuales afectaban las cuotas de género.

Este avance muy probablemente lleve a más mujeres a la Cámara de Diputados, en tanto la política de cuotas ya ha elevado por ahora a más de 35% el número de legisladoras, que de 2006 a 2009 eran poco más del 20% (que es el porcentaje medio actual de mujeres en congresos estatales; mientras hay únicamente 7% de presidentas municipales, cuando eran menos del 4% en 2005). Cabe señalar sin embargo que la diferencia de sus porcentajes, con las cuotas entonces vigentes, radica en que las candidatas mujeres, según  estudios que se han realizado, han venido sido designadas en distritos perdedores por partidos como el PAN y el PRI, mas no por el PRD, y como ya se indicó en posiciones menos importantes en las listas plurinominales. Ahora bien, el primer punto no lo ha podido controlar la normatividad vigente, como no ha podido controlar el buen uso del presupuesto destinado a los partidos para el empoderamiento de la mujer, como no ha podido controlar que en el Congreso las legisladoras tengan posiciones tan importantes como las de los hombres en sus cuerpos y comisiones. Tampoco ha podido controlar, dicho sea de paso, la incorporación que se ha pretendido de las mujeres en todos los niveles de gobierno. En los municipios, por ejemplo, diversas ONG velan por una representación femenina, la cual supuestamente se acepta; no obstante, las mujeres son relegadas a funciones propias de su sexo, según una posición de hecho conservadora.

Es por ello que veo  con escepticismo la política de cuotas de género. Recuerdo que una investigación de Costa Rica (aclaro) que presentó un profesor en algún congreso, hacía referencia en el mismo tenor que planteo a que las legisladoras mujeres no defendían precisamente políticas de género, y aún podían posicionarse en contra de los intereses de las mujeres si estos chocaban con aquellos que las habían colocado en ese lugar. Esto me hace pensar varias cosas, las cuales presento con reservas.

Así, llamo a considerar el carácter discriminatorio que tiene para los hombres el vérseles negada por ejemplo una postulación en ciertos casos en que con mayores méritos y perfil se les niega para dejar entrar a mujeres con el objetivo de cubrir una cuota. Lo mismo sucede en la administración pública, si bien cabe indicar que las mujeres no escalan en general hasta puestos elevados. Menos del 20% de las secretarías de estado son ocupadas por ellas, e igualmente cubren menos del 15% de las subsecretarías.

A pesar de ello me ofende como mujer, y quizás confieso porque soy una tercera generación de mujeres en el mercado de trabajo, el que tanto mujer pueda tener privilegios para obtener un puesto. La discriminación positiva quizás es necesaria para el avance de grupos en exclusión, pero puede resultar también dañina. Un ejemplo de otro tipo, pero quizás ilustrativo, son las ventajas para entrar en una universidad norteamericana que puede tener una mujer, de una minoría, digamos latinoamericana, con alguna discapacidad. Esta política desde luego no redunda en el nivel académico de la institución, como tampoco redunda en los organismos internacionales, por mencionar otro ejemplo, la  composición diferenciada y obligatoria de sus integrantes.

La solución, en el tema que nos concierne, se encuentra posiblemente en defender las cuotas de género, e incluso su cabal y mejor cumplimiento, pero con la mirada puesta en una duración limitada en el tiempo de tal política.

viernes, 27 de febrero de 2015

Sobre la normatividad electoral

Los estudios de política comparada demuestran que no existe procedimiento o institución electoral que no tenga efectos políticos, ya sea en las formas de representación o en el sistema de partidos, y por tanto no existe un procedimiento electoral políticamente neutral, sino que todos ellos contienen una concepción sobre el régimen electoral que un país desea construir, el cual a su vez es impulsado por los actores con capacidad política para hacerlo.

Existen diferentes formas de organizar y gobernar una democracia, y  la opción por un sistema electoral u otro depende de intereses y condiciones sociales, más que de la simple implantación de un modelo probado como correcto y universalmente aceptado.

De aquí dos observaciones muy importantes: uno, las instituciones y procedimientos electorales tienen historicidad e intencionalidad política; dos, la normatividad electoral tiene efecto en los resultados de los comicios.

Sin embargo, en México, el debate que orientó las diferentes reformas electorales que se fueron aprobando en el país desde 1977 supuso, en la mayoría de aquellos que intervinieron en ellas, que existían referentes firmes de carácter general, teóricos y justos sobre el tipo de instituciones que debían ser construidas, cuando en realidad se trataba de una cuestión de ingeniería, de creación de instituciones democráticas que para ser estables y aceptadas debían reflejar lo mejor posible los intereses y la correlación de fuerzas entre los partidos políticos.

Esto explica el hecho de que cada reforma electoral fuera vista y defendida en su tiempo como el arreglo óptimo; sin embargo, una vez modificadas las condiciones políticas anteriores, se volvía inevitable revisarla, lo que dio por resultado un proceso continuo de reformas que inició en 1977, siguió en 1986, 1989, 1993, 1994, 1996, 2003, llegó a  2007, luego a 2012 y finalmente a 2014. De hecho esta reformitis electoral es una de las características actuales de nuestro sistema político.

En efecto no podía ser de otra forma; siendo en principio tan inestables las fuerzas partidistas en México en términos de votos, y por lo tanto tan inestable la correlación de fuerzas (ello se podría matizar pero en principio así es), es claro que aún la reforma electoral de 1996, calificada de manera pretenciosa en su época como definitiva, tendría tal carácter mientras persistiera la misma correlación que le dio origen.

Así la experiencia del 2006 demostró la urgencia por revisar nuevamente las instituciones electorales, ya que muchos temas que se sabían importantes desde tiempo atrás y no habían podido ser abordados se volvieron los principales problemas de la democracia mexicana. En particular las instituciones no estaban preparadas para una contienda tan polarizada, ni para resultados tan cerrados. El IFE no estaba armado para ello y demostró inexperiencia. El problema principal fue la campaña sucia por ambas partes, PAN y PRD, además de la injerencia del Presidente Fox en ella, lo que reflejó un problema de inequidad al que se sumó la intervención de las agrupaciones empresariales que compraron tiempo en los medios para afectar a López Obrador. En este contexto, apaciguar al país requirió la aprobación de la reforma del 2007, la cual tuvo tres ejes:

1.           La eficacia del funcionamiento interno del IFE.
2.           El fortalecimiento del IFE y de los partidos frente a los poderes informales (particularmente los medios de comunicación).
3.           La gobernabilidad del proceso electoral fundada en partidos políticos fuertes.

La reforma de 2012, largamente discutida enfrentó a su vez nuevos problemas relativos a poder evitar parálisis en el gobierno (en ello había una peligrosa laguna), a la necesidad de fortalecer la soberanía ciudadana dado el desencanto social con los partidos políticos (así se aprobaron la consulta popular, los proyectos de ley ciudadanos, y las candidaturas independientes, si bien no pasaron todavía entonces ni la relección inmediata de legisladores federales, ni la de presidentes municipales) y de mejorar la gobernabilidad democrática (pasaron de este modo las iniciativas preferentes del ejecutivo y la ratificación por el legislativo de las designaciones de los comisionados que el presidente nombrara entonces en la Comisión Federal de Competencia, en la Comisión Federal de Telecomunicaciones y en la Comisión Reguladora de Energía; mas se atoró la reconducción presupuestal y además se eliminó la sanción relativa a que si los legisladores no atendieran y votaran una iniciativa que el ejecutivo mandara con carácter prioritario, se convirtiera en ley).

El regreso del PRI al poder federal produjo, poco tiempo después, nuevos desencantos que desembocaron en la nacionalización de las elecciones, dada el decir de la nueva oposición que los gobernadores (la mayoría de ellos de origen priista) manipulaban los procesos electorales a través del control de los institutos electorales estatales. Así surgieron las OPLES  y el INE con la capacidad regulada de atraer elecciones y de llevar a cabo la fiscalización en tiempo real de las campañas con estrictas reglas de prorrateo de los gastos. La nueva reglamentación hizo posible el surgimiento de nuevos partidos, especificó la logística necesaria para las consultas populares y las candidaturas independientes, y esta vez  sí hizo posible la relección que había abortado en 2012. Además estableció una nueva manera de asignar los votos por coaliciones electorales.

Después de haber sustentado el que todas las reformas han sido producto de sus contextos políticos y a su vez producen consecuencias, podré en futuras emociones estudiar los efectos de la reglamentación actualmente vigente para las próximas elecciones, lo cual voy a hacer a través de las siguientes preguntas:
1. ¿Quiénes votan?
2. ¿Quienes pueden ser votados?
3. ¿Cómo se cuentan los votos?
4. ¿Qué se vota?

Denuncia y combate a la corrupción en tiempos electorales

Una revisión informal a los periódicos que me vine haciendo ayer en un vuelo aéreo, me dejó ver la proliferación de notas escandalosas que difunden asuntos de presunta corrupción de políticos de partidos de todos los colores, o expresan proyectos para combatirlos o políticas gubernamentales que se echan en marcha con este fin.

No están únicamente las secuelas de las casas de nuestro señor Presidente o su mujer, y de su secretario de Hacienda, adquiridas de forma dudosa y beneficiosa de manos de empresarios con jugosos contratos oficiales. No sería cosa nueva. Apenas el sábado pasado, el New York Times precisamente atribuyó a José Murat,  exgobernador de Oaxaca de 1998 a 2004, la propiedad de seis inmueles de lujo que hacen palidecer a la casa blanca de la Gaviota. Murat lo ha desmentido, pero  el periódico apenas ha empezado a publicar el material (lo hará a detalle a lo largo de la semana), el cual proviene de una investigación seria de Louise Story y Stephanie Saul, que les llevó más de un año sobre el poder mexicano más allá de la frontera, encubierto desde luego en empresas fantasma.

Por otro lado, el ya también viejo asunto de Oceanografía se ha revivido al darse a conocer que Mario Alberto Ávila Lizárraga, exsubdirector de mantenimiento y logística en Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción, además de ser investigado por favorecer a la compañía cuyo socio mayoritario es Amado Yáñez Osuna, ahora por indagaciones que hace la PGR se presume que pudo ser apoyado por éste en su campaña en 2009 como candidato del PAN al gobierno de Campeche. De hecho, se han investigado a varios empresarios para conocer si financiaron también dicha campaña, su relación con Amado Yáñez  y si pagaron correctamente sus cuotas al IMSS, a Infonavit y  sus impuestos. Por ejemplo se sabe que Mario Alberto, como otros funcionarios que le concedían contratos millonarios, frecuentemente viajaba en el avión de Yañez.

Ayer mismo, 9 d efebrero, también se daban más datos sobre la obscuridad detrás del diseño de la línea 12 del metro. No sólo se trata, ahora por ejemplo, de si los trenes eran los adecuados para el proyecto, si esto se sabía, sino que el tipo de cambio que el gobierno de Marcelo Ebrard estableció para el pago para su mantenimiento se fijó en 16.75 pesos por dólar, cotización que se mantuvo en 2013, 2014 y hasta el 13 de enero pasado, cuando ni con la devaluación reciente hemos alcanzado tal paridad. Total, que parece que los costos se inflaron.

¿Qué les parece? La corrupción supuestamente se da en políticos de todos los colores partidistas, sin excepción, y en estos tiempos electorales parece ser que su denuncia es muy atractiva como estrategia. Así, no me parece una casualidad el aumento de su reproducción en los medios. No me parece una casualidad que aquellas que dañan la imagen de los priistas estén proviniendo del exterior, particularmente de los diarios norteamericanos y puedan esconder el descontento de varios sectores de empresarios que la llegada de Enrique Peña Nieto a los Pinos desplazó, siendo que estrechaba lazos con los chinos por ejemplo. Denunciarlo a él y a sus aliados como es Murat (piensen ustedes que su hijo su joven hijo Alejandro fue colocado nada menos que en Infonavit y hoy es un fuerte candidato para ser candidato del PRI en Oaxaca en 2016), hacer esta denuncia era impostergable y oportuno antes de las elecciones.

Miren, yo veo que con esta campaña que tiene como tema el evidenciar que el PRI no ha cambiado y que sus gobernantes son los mismos ladrones de antaño, junto con el desbordamiento de lamentables incidentes como el de Tlataya e Iguala en el marco de la plaga de la narcopolítica y un Ejército sin formas para combatir el crimen organizado, ha beneficiado sobre todo a los panistas, a decir por el aumento de las preferencias electorales a favor del PAN, de tal suerte que una buena hipótesis es que ese partido haya orquestado una buena difusión de lo que venía sucediendo y de la ineficacia federal.

Es por ello, a mi parecer, que el gobierno federal se ha puesto en varios sentidos las pilas para contraatacar en varios sentidos, uno de los cuales puede ser la exposición de la corrupción panista. En este mismo sentido veo el muy comentado nombramiento, que todavía ocupa las planas de los diarios, de un Secretario de la Función Pública cuando a comienzos del sexenio no se hizo el nombramiento en espera de reestructurar los organismos de combate a la corrupción. La discusión se empantanó en el Congreso, pasó por la conquista en la Reforma Política de una Fiscalía en la materia, cuyo titular sin embargo no ha podido ser nombrado por las diferencias de posturas del gobierno y de la oposición en este reglón, centradas en la composición de los órganos correspondientes, de la cual se derivaría su potencial autonomía del ejecutivo, no la investigación sino la calificación de los delitos y la suerte de los inculpados para que las faltas graves no queden en meros desahibilitamientos.

El PAN en particular había diseñado un proyecto de sistema  de gran calado, a cuya discusión pretendía darle prioridad durante el presente período de sesiones, que de llegar a acuerdos como parecía posible, lo vestiría en la jornada electoral. Entonces, semicongelar tal discusión, revivir la secretaría de la Función Pública y tomar una serie de medidas que una administración puede de ya tomar (algunas son muy buenas), fue de parte del equipo de Peña Nieto un despertar tras los sucesos posteriores al último informe que había llenado al Presidente de gloria. En esto estoy de acuerdo con otros comentaristas; fue una reconducción de su política, como lo fue pretender cerrar el caso de los normalistas de Ayotzinapa, o fueron los recortes presupuestales. Pero no ha sido, al menos ésta, una política de repliegue como algunos señalan, sino de ataque a sus adversarios más cercanos en las próximas elecciones. Ello a pesar de lo ridículas que hayan parecido las decisiones tomadas,

En suma, no van a estar los priistas sentaditos en espera que la economía de milagro crezca. Van a inmovilizar sólo la vida parlamentaria; no les convienen los reflectores puestos en el Congreso donde comparten el espacio con sus opositores. Pero fueras de éste. van a actuar con todas las armas que tienen en sus manos; en particular van a hacer uso de su influencia en los medios, y van a aceitar su maquinaria experta en conseguir votos. Así leía yo el periódico ayer en el avión.


¿Están de acuerdo conmigo?                           

Elecciones 2015. El caso de Guerrero

Ayer, 25 de enero, hicieron cuatro meses de los acontecimientos de Iguala que cambiaron el panorama político del país. Quizás desde las altas esferas se confiaba que las fiestas decembrinas acallarían la protesta social, generada por los normalistas desaparecidos en el marco del auge del narcotráfico en Guerrero, de las pugnas entre carteles de la droga y de  la complicidad de las autoridades. No ha sido así; prueba de ello fue el caos vial que tuvimos en la ciudad por las marchas.

Hoy México no se reconoce porque, se puso en evidencia la fragilidad política del PRI y de su Presidente, quien hace bien poco todavía se veía orgulloso de la habilidad negociadora de su equipo a favor de su política reformista. Su popularidad se ha visto afectada, y arrastra las intenciones de voto debido a estos incidentes, los cuales se sumaron a las consecuencias de su mal manejo, y los agravaron tanto los testimonios de la persistencia de la corrupción en el país, como una economía que no despega, un dólar que se aprecia y precios del petróleo que se desploman. La nueva coyuntura ha cambiado por completo el panorama que se veía venir para las próximas elecciones, en las que antes se creía que los priistas arrasarían. ¿Qué se espera ahora, a nivel general, y en particular a nivel de Guerrero especialmente afectado por la crisis.

En primer lugar, las próximas contiendas mediante las cuales se renovará la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas y poderes locales en 18 entidades, a saber congresos locales y autoridades municipales, van a evaluar la pertinencia de la reforma político electoral del año pasado, cuyo eje más relevante fue la nacionalización de las elecciones a través del nuevo INE. Amén de que habremos de preguntarnos si habrá valido la pena aumentar el costo de los procesos, estará por verse la difícil fiscalización en tiempo real de las campañas que ya ha enfrentado al instituto a una primera compañía la cual había contratado para tal fin. Igualmente está en el aire su monitoreo que tendrá una cobertura inédita y deberá realizarse con más recursos, pero quizás insuficientes para el reto.

Son ejemplos, pero lo que más interesará será apreciar las consecuencias que habrá de tener la nueva normatividad sobre el conteo de los votos, en las circunstancias que enfrentan los hasta ahora partidos grandes, así como los que se pensaban pequeños, además de  los nuevos partidos. Con la aparición de Morena sobrevendrá una fragmentación tal del PRD que ambos partidos resulten medianos, como puede llegar a serlo el PVEM. Partidos grandes sólo parece que seguirán siendo el PRI y el PAN, mientras se duda que los otros partidos nuevos y el PT sobrevivan, mientras NA y MC sí lo logren y quizás.

Ahora bien, en las próximas elecciones se jugará por ser elecciones intermedias el futuro político de EPN: su presencia en el Congreso que afectará la gobernabilidad, y su presencia regional sin la cual no podrá amarrar el 2018. La debilidad de la oposición  le favorece, así como la falta de interés ciudadano por la jornada. Somos testigos del deseo de participación de una sociedad que, paradójicamente, se encuentra a la vez harta de sus políticos y por eso se desinteresa de votar. Se espera por lo mismo más abstencionismo y un voto nulo creciente, al que ya llaman líderes de opinión. Al PRI le puede venir bien, mas en tal caso estará en riesgo su legitimidad.

¿Cómo aterriza todo esto en Guerrero? En el estado, la movilización de los grupos radicales parece incontenible. So pretexto de no estar conformes con las investigaciones, las aprehensiones y las explicaciones, en el caos que ha producido la caída del gobernador Ángel Aguirre, lo que se quiere es boicotear la realización de los comicios. La violencia está desatada y se ha bloqueado las actividades de las juntas distritales del INE, al grado de que Lorenzo Córdoba ha manifestado que se hará lo que sea posible sin correr riesgos. La situación es delicada por ese lado.

Por el lado del proceso de selección de los candidatos a gobernador, la atención está puesta en el PRD y en el PRI. El PRD supuestamente tomará su decisión a finales de mes en un proceso interno cerrado. Armando Ríos Piter, el Jaguar, el precandidato mejor posicionado frente a la ciudadanía se salió de la competencia, acusando al exgobernador de influir en ella. Siguen Beatriz Mójica, exsecretaria del gobierno aguirrista y el senador Sofío Ramírez. Por el lado del PRI, se esperaba una postulación de unidad como ha sucedido en las otras entidades; los aspirantes eran Manuel Añorve y Hector Astudillo, excandidatos perdedores en 2011 y 2005 respectivamente, el primero conocido por su cercanía con Manlio Fabio Beltrones líder de los diputados del tricolor y el segundo sin corriente definida, y también Mario Moreno, alcalde de Chilpancingo debilitado por la pérdida del estado de derecho en la capital; la decisión debían tomarla el pasado sábado la dirigencia del partido, así como senadores como Emilio Gamboa o el exgobernador René Juárez; sin embargo, no ha sido tan sorpresivo el anuncio de posposición del registro de interesados hasta el 4 de febrero y el que se analiza la posibilidad de abanderar un candidato externo. Corre el rumor que éste pueda ser el propio Ríos Piter, o el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero quien, en otros medios, también se ha mencionado como posible candidato de unidad antipri precisamente.

Si así fueran las cosas, sí el candidato de Peña fuera el Jaguar, quien de por sí parecía tener su apoyo  antes de la crisis de Ayotzinapa cuando el PRI parecía que jugaría con bajo perfil, si hay elecciones y las gana, habrá quien piense que no habría cambiado nada. Según yo, sería un error de percepción, porque de tal forma regresaría el PRI al poder estatal y habría sido consecuencia de la narcopolítica y las pugnas entre grupos del crimen organizado. Curioso, no lo creen: no sería descabellado pensar en que pudieran haber sido incidentes montados para que el PRI se pusiera las pilas en la entidad, cuando todo indicaba que no era su intención hacerlo. A saber: puede que ni elecciones haya, o que Rios Piter sepa que la CETEG no le va a dejar poner un pie en Guerrero, o que el PRD postule a quien sea y (si bien haya sido responsable de seleccionar candidatos ligados al mundo de las drogas y de avalar su gobiernos) conserve el poder en la entidad, o que por qué no el candidato de Movimiento Ciudadano por ejemplo Luis Walton (quien ha sido su dirigente) goce del apoyo de facto de Morena y, pese a los problemas del puerto con los que no pudo como su presidente municipal, crezca como Alfaro en 2012 en Jalisco quien estuvo cerca de ganar la gubernatura.

Nos podrán disgustar los políticos, pero no son lo mismo aunque sean los mismos. Me explico: pesa en ellos los intereses que los llevan al poder y a los que tienen que responder. Pesan quienes están detrás de ellos. ¿Qué opinan ustedes?

martes, 13 de enero de 2015

De corrupción e impunidad

Dos grupos de noticias, venidas del exterior en la última semana, me hacen reflexionar sobre la distancia entre los países con democracias más consolidadas y México.

La primera hizo poco revuelo, pero es importante. Concierne a la sentencia que recibió el exgobernador republicano de Virginia en Estados Unidos -Bob McDonnell- de dos años de prisión, que deberá empezar a cumplir a partir del 9 de febrero próximo por once cargos de corrupción de los que se encontró culpable, siendo que su mujer también se le ha culpado de ocho cargos y deberá ser sentenciada el 20 de febrero. Los abogados del exgobernador, quien aceptó y lamentó profundamente los hechos que llevaron a su condena, consistentes en haber aceptado regalos y favores por US $177,000 de parte de un empresario de Richmond de apellido Williams a cambio de tratos preferenciales, habían intentado demostrar que la corrupción implicó un menor monto y fallaron en que fuera condenado a 6000 horas de servicio comunitario. Este asunto conlleva un mensaje clarísimo que advierte a los políticos de aquel país que la justicia no es selectiva, mensaje que lejos están de recibir nuestros políticos muchos de los cuales han podido enriquecerse fuera de la ley con singular alegría por medio de sus cargos.

El otro asunto bien conocido es el lamentable atentado en París por parte de fundamentalistas musulmanes contra el semanal Charlie, en el que los venían satirizando con inteligencia mordaz por lo que ya había recibido amenazas. En el evento murieron varios caricaturistas, responsables y allegados a la publicación, además de un policía. No se hizo esperar la reprobación de los hechos, que el domingo dio lugar a las más grandes manifestaciones que hayan tenido lugar en Francia: un millón y medio de personas en la capital, en total cuatro millones salieron a la calle en defensa de la libertad de expresión acompañadas de mandatarios de varias naciones y políticos de diversos partidos. Sin duda el terrorismo compite en nivel de violencia con el narcotráfico en el país, pero la respuesta de las autoridades, la defensa cabal de los miembros del gremio de los medios de comunicación y la celeridad de las pesquisas contrastan con la impunidad con la que en México han desaparecido y sido asesinados varios reporteros.

Nuestro país tiene un largo camino por andar para atacar estructuralmente nuestros principales problemas, que son la pobreza y la inseguridad que en gran medida es resultado de la pobreza. El crimen organizado pudo crecer porque se topó con un ejército de gente sin alternativas que pudo emplear, y el negocio floreció por la debilidad de las instituciones y la capacidad de corromper a quien fuera necesario, para que el tráfico de la droga fuera viable y su combate fracasara en tanto los delitos podían no tener consecuencias. Por eso, al explotar con el asunto de Iguala el nivel de penetración de carteles en México, es válido en varios sentidos reconocer la culpabilidad estatal al haber postergado como metas el combate a la corrupción y el mejoramiento de la procuración de justicia.

Lo cierto es que Enrique Peña Nieto aún antes de tomar posesión como Presidente, luego de haber sido electo,  consideró al combate a la corrupción como una de sus tres iniciativas principales y al inició de su gobierno planteó la restructuración de la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, frente a la importancia de la aprobación de las reformas estructurales, se dejó caer tal discusión que enfrentaba al gobierno con una posición más moderada, a una oposición a favor de organismos más vigilantes e independientes que persiguieran delitos que se castigaran. Así las cosas, se aprobó la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mas no hubo acuerdo ni para sacar adelante su ley reglamentaria, ni respecto al nombramiento de su responsable, porque no se logró el consenso necesario entre ambas posturas, acelerándose la politización de las discusiones en el marco uno de un conflicto político creciente por el desbordamiento de la inconformidad ciudadana frente a la inseguridad y la ineficiencia gubernamental para detenerla, y dos del ambiente prelectoral.

A finales del año pasado, sobre todo el PAN que había presentado una iniciativa para poner en marcha un Sistema Nacional Anticorrupción, acusó al PRI de reventar la negociación por oponerse a un combate frontal a este cáncer, en tanto su diseño de los órganos para atacarlo era tan tibio que se podía prever que resultarían simuladores.

Así las cosas, ayer mismo Manlio Fabio Beltrones -líder tricolor en la Cámara de Diputados- declaró que precisamente en el próximo período de sesiones la aprobación del Sistema Nacional de Integridad Pública será prioridad para la agenda parlamentaria, como lo será el Sistema Nacional de Transparencia que también se ha atorado. La diferencia de su postura, con la propuesta panista, no es sólo de nombre aunque ello ya indica miradas diferentes. Recuerden: el PAN había propuesto un Sistema Nacional Anticorrupción y el PRI propone uno de Integridad Pública. El PAN reconoce en el nombre del sistema una realidad, la existencia de la corrupción; el PRI maneja en el mismo un anhelo, la integridad. Pero hay más, el PRI pretende que su propuesta es integral porque interrelaciona dos sistemas. El PAN por el contrario considera la suya de gran envergadura, pues plantea la constitución de un Comité Ciudadano para la Ética Pública a la par del Consejo Nacional, que a diferencia del pensado por el PRI -al menos hasta diciembre- no es presidido por el Presidente y los gobernadores,  sino que en él son representados varios órganos, algunos de control interno y otros externos: una Secretaría de la Función Pública con más atribuciones y un titular ratificado por el Senado, además de un órgano de control de todos los organismos constitucionales autónomos; los órganos externos, absolutamente independientes del Ejecutivo, serían la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía. El PRI no pareciera pensar diferente estos órganos externos, pero su Auditoría tiene por una parte menos peso y por otra parte funciones de sanción, como las puede tener su Tribunal Fiscal y Administrativo, que en la propuesta panista es un verdadero Tribunal Federal de Cuentas, mas además estarían las atribuciones de los jueces en materia penal a los que se les remitirían los casos pertinentes. Vemos que las diferencias no son menores. Lo que está en juego es el grado de salto que demos en esta materia, con la nueva legislación.


En este sentido no cabe sostener una postura escéptica sobre lo que se logre, so pretexto que en México la ley nunca se respeta, y que la participación social es intrascendente porque no es vinculante. La corrupción y la impunidad que padecemos no son herencias culturales que no puedan vencer leyes adecuadas, instituciones que funcionen y las respeten, y ciudadanos que confíen en ellas y actúen en correspondencia.