jueves, 21 de mayo de 2015

Opciones ciudadanas de frente a la crisis del sistema electoral

¿Qué  opciones tenemos los ciudadanos que estamos conscientes de la crisis del sistema electoral en México, una crisis que incluye  a los árbitros de las contiendas y a los partidos que participan en ellas? ¿Qué podemos hacer: abstenernos, votar nulo, por candidatos independientes, optar por el voto útil o quizá votar diferenciado? En este comentario quisiera explorar, primero, las razones de nuestro desconcierto, y segundo, estudiar las alternativas que tenemos.
No hay duda de que nuestro sistema electoral atraviesa uno de sus peores momentos desde la apertura política que nos hizo salir de un México de partido hegemónico a un multipartidismo bastante limitado y una democracia gris. Este sistema lo hemos venido construyendo en un proceso continuo de reformas que no acaban de dejar conforme sobre todo a los perdedores, quienes ven en las insuficiencias de la normatividad las razones de sus derrotas y promueven nuevas condiciones que creen van a favorecerles. La situación es de una gravedad tal que desde ya en este 2015 se duda de la imparcialidad de los árbitros, y puede preverse que muchos procesos se judicializarán.
Sobre esto último, recuerden ustedes que la ley incluyó la nulidad de las elecciones por rebase de topes de campaña en condiciones muy competitivas y resultados cerrados, como serán por ejemplo los de las elecciones para gobernador en varios estados. En consecuencia, impugnaciones tendremos a pasto, muy probablemente. Por lo que se refiere a los árbitros han tenido que enfrentar múltiples presiones, y han dejado insatisfechos a diestra y siniestra. Para muchos tardíamente el INE ha multado al Partido Verde Ecologista, pero lo ha hecho con tibieza cuando bien podría quitarle el registro. Para otros no mide violaciones que ha cometido Morena con la misma vara, e incluso se ha llegado a acusar al Presidente de su Consejo General de conflicto de intereses con Andrés Manuel López Obrador. Para algunos el Tribunal no debió haberle bajado a Marcela Ebrard su candidatura plurinominal de Movimiento Ciudadano, aduciendo simultaneidad de su participación en un proceso de este partido con llevado a cabo en el PRD, para otros el INE se hizo cómplice del exjefe de gobierno del Distrito Federal aceptando el que pueda ser candidato suplente.
A decir verdad, la ley electoral vigente aprobada en 2014 en un contexto de intercambio político no resulta por un lado totalmente clara y se presta a discrecionalidad (de aquí por ejemplo las contradicciones entre árbitros que están haciendo escándalo esta semana en cuanto al financiamiento de las campañas de los candidatos independientes), y por otro lado, no se superó el que la composición de sus cuerpos tuviera carácter partidista y que en sus decisiones jugaran intereses diversos.
La crisis de los partidos no es menor. Es una crisis que puede ser vista desde dos perspectivas. La de no representar opciones políticas indiscutiblemente distintas, que encuadren a la ciudadanía en la idea de país que quieren de frente a sus problemas y la manera de enfrentarlos. Los chapulines que brincan de un partido a otro no son de gran ayuda a esta crisis de representación. Pero la crisis además es un derivado no sólo de su falta de mensaje, sino de que en el poder todos han sido bastante ineficientes, además de que han caído en vicios semejantes y han incurrido varios de sus gobernantes de forma generalizada en escándalos de corrupción y hasta complicidad con el crimen organizado.
De frente a esta situación no resulta extraño el que el abstencionismo pareciera que va a ser el gran ganador en la próxima jornada electoral, salvo quizá en las entidades en donde se llevarán a cabo elecciones para gobernador reñidas y que están motivando el interés social, elecciones donde parece que se va a jugar algo, cuando a pocos les interesa la composición que pueda tener la Cámara de Diputados en una legislatura que no tendrá la magnitud de tareas que ha tenido la saliente. El camino del abstencionismo es para muchos manifestación de desencanto, e incluso para algunos pretende ser un tache activo a la vida política de este país que poco les convence y desearían que cambie. Estos abstencionistas se sitúan en el extremo opuesto de quienes se quedan en su casa el día de las elecciones porque el tema del poder  les es ajeno, y quien lo detente poco les importa.
Sin embargo, desde el 2009 hemos visto crecer otra reacción a la crisis del sistema electoral en México que es el voto nulo, opción para la cual se ha venido armando como entonces una campaña, cuyo alcance actual es una incógnita. Al voto nulo se ha hecho llamado como un mensaje para los partidos que la ciudadanía está inconforme y que no está de acuerdo en aceptar el conformismo que significa votar por ellos, cuando ninguno se lo merece. Sus promotores creen que este movimiento deslegitima al sistema y puede hacer cambiar las reglas. Incluso hay quienes ya apuntan por donde deben ir esas modificaciones, y han avanzado varias ideas (algunas muy interesantes y otras de verdad criticables).
Mi opinión es que por ahora abstenerse por posición crítica como anular el voto no sirve, si bien desde luego la ciudadanía a mediano plazo tendría que luchar para que sirva, por ejemplo para restarle financiamiento a los partidos o anular incluso elecciones, igual para que haya más injerencia ciudadana en la vida de los partidos por ejemplo a través de listas de candidatos plurinominales abiertas. Pero, por Dios, no se puede asociar el voto nulo a futuras discusiones sobre el financiamiento de los partidos, la relación entre diputados uni y plurinominales, la cláusula de sobrerrepresentación o el umbral para que un partido mantenga el registro. El sistema de partidos no va a ser más representativo si es menos amplio, o si se dificulta la creación de mayorías, ni las elecciones más legítimas si son más baratas. Es más complejo.

Queda entonces con todo y descontento el pensar más el voto, el votar más inteligente entre lo que tenemos midiendo el impacto  de nuestra decisión, según el voto que emitamos. Son varios. Conviene distinguir las elecciones de suma cero con un solo ganador, las de gobernador, las delegacionales en el DF hoy por hoy, pero no así las de las presidencias municipales con cabildos con representación proporcional o las legislativas. En las circunstancias actuales, el voto útil por una asegunda opción puede ser interesante, como lo puede ser el voto por los candidatos independientes cuando verdaderamente lo son (que no siempre es el caso) o el voto diferenciado, en la perspectiva no de  constituirse en voto duro de ningún partido, sino de crear contrapesos para el ejercicio del poder. Por eso estoy de acuerdo con quienes sostienen que distribuir el poder es otra forma de decir que las cosas no están bien, una forma digo yo que no debilita nuestras instituciones, reconoce que los partidos no tienen puro de malo, y que por ahora no podemos prescindir de ellos.

Elecciones y violencia

Las campañas electorales que culminarán el próximo 7 de junio se está dando en un ambiente muy difícil que tiene como uno de sus ejes fundamentales  la situación de violencia que impera en el país. Esta situación hizo crisis el pasado viernes 1° de mayo en Jalisco en donde el cartel de la entidad denominado Nueva Generación sembró el terror: hubo toma de carreteras, incendios de gasolineras y negocios, hasta un helicóptero del Ejército derribado que causó varias muertes. Los  acontecimientos señalados ocurridos a los pocos días de un enfrentamiento con las fuerzas federales ponen de manifiesto varios puntos.

Uno, la fragilidad de procesos que tienen como objetivo la resolución pacífica de las diferencias y de los conflictos sociales, a través de una competencia equitativa  garantizada por las instituciones estatales. El hecho es que la democracia moderna es un producto histórico nacido de la concentración de la fuerza en el Estado, una fuerza legítima cuyo uso es delimitado por las normas, pero que se procura evitar a través de la práctica política. Sin embargo la violencia pone en jaque a la política. Por eso aleja a los ciudadanos de las urnas, a través de las cuales no se puede pensar vayan a resolverse  los problemas que más nos afectan, como puede ser la seguridad. En este sentido no parece casual la proximidad de los eventos con las próximas elecciones, y más parecen tanto un reto abierto a las autoridades, como un mensaje a la sociedad: “Aquí estamos, somos más fuertes y no pueden contra nosotros, sean quienes sean los que se nos pongan enfrente”.

Los hechos ocurridos demuestran en efecto la incapacidad del gobierno de mantener las condiciones básicas de paz que estas contiendas requieren, en particular su incapacidad de enfrentar el crimen organizado que lo amenaza y le disputa su terreno. Los priistas en el poder pudieron haber cambiado de estrategia en la materia en relación a los panistas, la cual muchos pensaron que fue tan sólo mediática pero yo sostengo que si bien se detuvo en controlar su difusión, ha venido siendo menos frontal, más integral, más coordinada entre las distintas instancias y basada en un cuerpo de inteligencia mayor. Sin embargo al parecer no ha tenido los resultados esperados, porque los  golpes han sido sobre todo contra los principales cabezas de los delincuentes, quienes recomponiendo sus liderazgos y desmanteladas sus estructuras han sabido redificarlas incluso con mayor fuerza, como es el caso de este Cartel Jalisco Nueva Generación que se hizo poderoso en cinco años a través de virar al tráfico de metanfetaminas.

La pregunta que surge de inmediato es el cómo pudo suceder esto. Originalmente vinieron de Michoacán desplazados por La Familia, la cual fue arrasada más adelante por Los Caballeros Templarios hoy en vías de extinción. En Jalisco con Nemesio Oseguera a la cabeza sobrevivieron en alianza al principio con el cartel de Sinaloa dirigido por el Chapo Guzmán. A partir de ello tuvieron un crecimiento explosivo, por lo que no sólo han llegado a varios estados más, sino tienen presencia en Europa y Asia. Dicho crecimiento se ha caracterizado por estar basado en una organización de tipo militar, con miembros bien adiestrados y altamente calificados como demuestra el derribo del helicóptero del viernes.

De frente a las próximas elecciones no hay partido que pueda quedar bien parado, porque todos cuando han tenido responsabilidad en este terreno han sido incapaces y además salta a la vista la complicidad que debe de haberse requerido de parte de  varias autoridades para que el crimen organizado haya estado operando y creciendo a tal velocidad, a pesar de  a las políticas implementadas para combatirlo.


Qué puede sentir el ciudadano frente a noticias de esta índole. Miedo sin duda a pesar de no haber sido directamente afectado. La reacción inmediata puede ser como ya lo apuntaba el abstencionismo, o el voto nulo. Creo que es la reacción que esperan los delincuentes, porque es darle la espalda al sistema, debilitarlo más. No obstante, como nunca se requiere de una participación interesada e informada.

martes, 21 de abril de 2015

Hacia la consolidación democrática

La semana pasada se dieron dos avances históricos en las reformas que algunos han llamado de segunda generación para la consolidación de nuestra democracia, en el sentido de la creación de algunas bases para que sea de mayor calidad es decir con mayor rendición de cuentas, a la par de que esté sustentada en un verdadero estado de derecho. El primer avance se refiere a la reglamentación en materia de acceso a información gubernamental a través de la recién aprobada Ley General de Transparencia en la Cámara de Diputados. Habiendo tenido su origen en la Cámara de Senadores, le dieron el visto bueno y sólo falta su promulgación por el ejecutivo federal. En el segundo caso,  se trata de la reforma que dará origen al Sistema Nacional Anticorrupción que el día de hoy 21 de abril pasará al pleno del Senado. Su dictamen fue aprobado por las comisiones unidas de Gobernación, Anticorrupción, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, tal como lo remitieron los diputados.

Con la primera ley, el Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de Datos se transformará en el Instituto Nacional de Transparencia. La conquista principal es que se homologarán las leyes necesarias para que se puedan hacer solicitudes a los tres órdenes de poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). De igual manera, se tendrá acceso a información de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos. El nuevo instituto tendrá, además, la facultad de sancionar a los servidores públicos que no entreguen la información solicitada. De tal suerte, se ganó que toda la información en posesión de sujetos obligados sea accesible, aunque puede ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional, pero no más de 12 años.

Después de la publicación de la ley mencionada, el nuevo órgano tendrá un plazo de 60 días para convocar a un Sistema Nacional de Transparencia del cual será la cabeza, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, el INE y el Archivo General de la Nación, quedando a cargo de evaluar las acciones relativas a la política pública sobre su materia.

El Sistema Nacional de Transparencia es junto al Sistema Nacional Anticorrupción un gran logro ciudadano. El Sistema Nacional Anticorrupción a su vez transforma y fortalece varias dependencias y crea nuevas. Lo coordinará la Secretaría de la Función Pública cuyo titular deberá ser ratificado por parte del Senado, junto con la Auditoría Superior de la Federación (que podrá hacer auditorías del ejercicio de recursos públicos en tiempo real), el Instituto Federal de Acceso a la Información, la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Este sistema, que se replicará también a nivel regional, aportará independencia e imparcialidad en la materia. De tal forma dejará de ser el gobierno quien investigue y sancione, en su caso, sus propias conductas. A la vez se lograron la prescripción de responsabilidad hasta por quince años, la extinción del dominio por enriquecimiento ilícito, la obligatoriedad de la declaración de intereses por todos los funcionarios públicos, y la sanción de particulares que incurran en actos de corrupción.

Es evidente que estos logros legislativos se dan en el contexto electoral actual, en el que jugaron varios elementos. Por el lado del PAN su gran interés por impulsar este avance, a través de la presentación de una propuesta que en efecto resultó la más completa y sobre la cual se trabajó esencialmente, de frente a los escándalos que salieron a la luz pública recientemente revelando enriquecimientos escandalosos, varios de ellos ligados a la penetración del crimen organizado en las altas esferas de poder, o a privilegios recibidos por funcionarios públicos (incluido el Presidente de la República) en la adquisición de bienes de parte de empresarios contratados por el Estado. Por lo mismo, hoy este partido se otorga el crédito de lo alcanzado.

Por el lado del PRI, que representa la posición de la administración de Enrique Peña Nieto, cabe reconocer que demostró flexibilidad en aceptar ser rebasado en su posición original y justo antes de las elecciones, en un cálculo seguramente de que era menor el costo de verse afectado por una imagen de debilidad que el de oponerse a tales medidas tras los escándalos de que era objeto. Así las cosas incluso fue al parecer, a través de sus negociadores en las figuras del Secretario de Hacienda Luis Videgaray  y del Consejero Jurídico de la Presidencia Humberto Castillejos, que se logró convencer a los senadores de izquierda como Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas de pasar la discusión del documento al pleno del Senado (como se va a hacer hoy) sin aumentarle nada, mediante la curiosa estrategia de incluir en la exposición de motivos la obligatoriedad a futuro, luego de que la Reforma sea aprobada por 16 legislaturas locales y pueda ser declarada constitucional, de discutir una docena de temas ausentes cuando pasen sus leyes reglamentarias, temas entre los cuales están la eliminación del fuero, el fortalecimiento del sistema de participación ciudadana, el incluir al SAT en la unidad de inteligencia financiera, el concluir el régimen de responsabilidades de los servidores públicos y la publicidad de las declaraciones patrimoniales.

De esta forma es que tanto el PRD como la izquierda esperan, si no beneficiarse también de los acuerdos parlamentarios, al menos no dejar que el PAN se lleve todo el mérito. No creo, sin embargo, que lo vayan a lograr. Priistas y perredistas parecen estar sufriendo, según las encuestas prelectorales, toda la golpiza de la crisis política de los últimos siete meses, de la cual los panistas parecen a la vez estarse  beneficiando.


¿Usted, qué opina?

martes, 7 de abril de 2015

A propósito del inicio de las campañas electorales 2015

Leía yo un comentario ayer en el periódico en torno a la inevitable próxima muerte por un cáncer de hígado del famoso neurólogo Oliver Saks quien, pese a sus más de 80 años, entre otros puntos declara que vive con gran claridad sus últimos días, por lo que no está dispuesto a perder el tiempo viendo noticieros y discutiendo política. Inmediatamente pensé en tantos mexicanos que también están hartos de políticos, partidos y elecciones y que, a pesar de tratar de evitar dicha temática, están siendo bombardeados por la publicidad y las encuestas sobre popularidades y preferencias en estos tiempos electorales, y seguramente se han sorprendido al saber que a penas el domingo pasado empezaron de facto las campañas (incluso no todas, sino más bien las federales para renovar la Cámara de Diputados).

Sin embargo, miren qué necedad la mía, que voy a hablarles del voto y las próximas contiendas, porque no sólo está en juego en primer lugar el contrapeso que tendrá en el legislativo el gobierno de Enrique Peña Nieto,  visto del otro lado el nivel de dificultad con que éste tendrá que negociar. El hecho es que con una ingeniería nuestra proclive a gobiernos divididos, a pesar de que ya pasó sus más importantes reformas, requiere de cualquier forma de apoyo para que la segunda parte de su sexenio sea fructífera; piensen ustedes al menos en el reto que será la aprobación del próximo presupuesto el cual, según las declaraciones de su equipo, se restructurará totalmente; piensen ustedes que querrá tener la fuerza suficiente para controlar la nominación del candidato de su partido a sucederle, y que el PRI se conserve en los Pinos. En esta primera consideración están en juego las consecuencias de estas elecciones legislativas intermedias que nuestra normatividad dispone, elecciones que se han convertido en un especie de referéndum a los gobiernos en turno, prueba que desde la apertura política en México no han pasado ni Ernesto Zedillo, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón.

En segundo lugar, el 7 de junio próximo está igualmente en juego la recomposición del sistema de partidos en el país, debido al desencanto de varios simpatizantes que hace tres años le apostaron a que el PRI retomara el poder federal, en tanto su administración no ha demostrado en concreto la eficiencia prometida  -en particular a nivel de lo económico y del control de la violencia-; debido a la fragmentación de la izquierda o sea al debilitamiento del PRD por fugas de líderes en especial hacia el nuevo partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena; debido a la coyuntura adversa tanto a priistas como a perredistas desde hace poco más de  seis meses, a partir de los acontecimientos de Tlatlaya e Iguala y las evidencias de corrupción e impunidad; debido a la oportunidad que ello ha significado para el PAN partido que ha visto subir el porcentaje de aquellos que declaran que votarían por el blanquiazul; debido a un PVEM que maniobró de suerte que se vislumbra puede erigirse al igual que  PRD y Morena en un futuro partido mediano; y debido por último a la incógnita de cuáles partidos chicos conservarán su registro. En este sentido está en juego si le diremos adiós, como parece, al sistema de tres partidos grandes a nivel federal, dos o dos y medio a lo sumo a nivel regional, a los que se sumaron con la pluralidad política unos cuantos partidos chicos cuyo peso contó en las coaliciones que a menudo conformaron por la competitividad de muchos procesos. En suma, está en juego qué tanto nuestro multipartidismo dejará de ser moderado, sobre todo si recordamos que a nivel subnacional comenzaba a decrecer el número de partidos y los distintos partidos parecían haber logrado mantener un voto más estable.

Estos puntos me obligan a abordar algunas ideas sobre lo que nos conviene a todos. Nos conviene un sistema de partidos sólido, representativo de nuestra ciudadanía y su diversidad. Ciertamente un sistema fundamentalmente tripartidista como al que habíamos llegado no era  suficiente. No estoy diciendo nada nuevo: ¿quién no lo ha dicho? Sin embargo muchos creen, y aquí yo disiento, que PRI, PAN y PRD se convirtieron en partidos muy similares, con políticos con los mismos vicios, y programas y políticas no diferenciadas. Yo parto de creer que, si bien los escándalos que nos indignan no han tenido color, estos partidos ni son lo mismo, ni hacen lo mismo; no representan a los mismos, ni hacen política de la misma manera; sus ideologías de fondo difieren, como difieren y son predecibles sus distintos posicionamientos.

Me interesa a partir de este reconocimiento llevarlos  a la consideración de que a pesar de que la política pueda disgustar, es una riqueza la mayor gama de opciones que en esta ocasión tenemos. Me opongo por tanto a aquellos que abogan por el abstencionismo, o el voto nulo. Este recurso es un voto por aquellos que llevan ventaja, y en México no tiene la suficiente trascendencia, porque por ejemplo el voto nulo a conciencia no se diferencia del voto anulado por error, ni siquiera se puede medir, y menos ser contabilizado como en otros países para restarles financiamiento público a los partidos políticos, lo que ya tiene sentido pero en México es una opción que no existe.

Entonces, me parece más interesante con base en las consecuencias que puede tener la próxima jornada electoral, sugerirles que consideren mejor su derecho en función de qué apoyos o contrapesos quieren para quienes gobiernan o han de gobernar en nuestro Congreso nacional y congresos estatales si es el caso, de quienes quieren de gobernadores o en sus presidencias municipales, si quieren que los partidos en el poder sigan gobernando o consideran conveniente una alternancia. Su decisión puede ser en virtud de los partidos, su desempeño real y el que consideren pueden obtener, en función también de los propios candidatos, y si quieren emitir un voto razonado entiendo que ni siquiera tienen que seguir las campañas que empiezan. Además de lo dicho, caben otras precisiones.

En las elecciones legislativas conviene el voto por su primera opción, aún lleve ésta las de perder, porque contará para los asientos plurinaminales. Recuerden que el voto por las coaliciones, es decir por más de un partido, en caso de no existir tal coalición se anulará, mientras si existe contará sólo para el candidato y no para el reparto de curules de representación proporcional. Otro caso es el de las elecciones donde hay un solo ganador, en las cuales puede serles convincente el votar por una segunda opción de su preferencia, en el caso de que su candidato parezca a todas luces que va a perder, pueda ganar otro que ven muy mal, y la distancia entre su primera opción y la segunda no sea de tanto peso. Este voto es el que se llama útil, y puede dar pie a votos suyos diferenciados, hacia los que también pueden inclinarse en la consideración que van a haber elecciones para cargos muy diferentes, y nuestras consideraciones para cada una de ellas debiera ser independiente, y nuestros votos no dejarse arrastrar por alguno de ellos.


¿Les parece interesante? ¿Lo pensarían aunque estuvieran por morirse si les aseguro que las próximas elecciones son históricas, porque no sólo se estrenará el INE y se elegirán más cargos que nunca, sino que además los resultados habrán de definir una nueva etapa de nuestra realidad política en un momento especialmente difícil?  ¿Los convenzo que resulta muy importante decidir sobre la mejor distribución del poder entre los menos peores de nuestros políticos, de los que infaliblemente vamos a depender?

martes, 24 de marzo de 2015

Carmen Aristegui vs MVS

El conflicto desarrollado desde hace dos semanas entre Carmen Aristegui, conductora afamada de la primera emisión de noticias de MVS,  y la empresa para la que había venido trabajando ha ocupado mucho espacio en los medios y las redes sociales dividiendo la opinión de comentaristas e interesados, de suerte que genera confusión. No es para menos. Las opiniones encontradas se han basado más que en hechos en supuestos, de los que se extraen conclusiones sin fundamento, y lo que es más grave los eventos no están recibiendo un análisis adecuado para captar el momento político que estamos viviendo a partir de interpretar lo que puede haber detrás, uno, de los despidos de dos reporteros de Aristegui y luego de ella misma tras demandar su reinstalación y, dos, de las reacciones que provocaron.
Los hechos, no menos pero no más, son los siguientes. El 9 de marzo la conductora señala que su equipo de MVS, lo precisa, se sumaba al proyecto Mexicoleaks; inmediatamente la empresa se deslinda de la plataforma referida. El 12 de marzo MVS despide a Daniel Lizárraga e Irving Huerta. Al día siguiente Carmen pide el regreso de ambos, como condición para permanecer en la empresa, y el 15 de marzo ésta reacciona dando por terminada su relación con ella. De nada sirve la intermediación del defensor de las audiencias de MVS, figura que existe a raíz del anterior conflicto de la reportera con sus empleadores. En síntesis, éste declara que Aristegui cometió en este caso un error, pero que la respuesta de la empresa fue excesiva y malintencionada.
De tal suerte es que las opiniones se dividen. Por un lado están aquellos que defienden a la reportera y ven en los acontecimientos un atentado a la libertad de expresión, por haber generado ella un espacio de apertura informativa y privilegiado el periodismo de investigación. Se le reconoce en este sentido, entre otros factores, su rol en la difusión de asuntos turbios en el manejo del dirigente del PRI en el DF, y en particular del conflicto de intereses en la compra de casas del actual Presidente Enrique Peña Nieto, su mujer y su Secretario de Hacienda. En esta línea están varias interpretaciones de los hechos por medios extranjeros, que al igual suponen que esta posición periodística crítica seguramente molestó al gobierno o era molesta para el gobierno, por lo que o bien el mismo gobierno presionó para que MVS la despidiera tan pronto fuera posible, más cuando llega su exabogado a los Pinos, o bien la empresa misma consideró que el gobierno vería con buenos ojos su despido lo que era conveniente para sus intereses y por eso rescindió su contrato.
Este análisis basado en supuestos llega al extremo, en varios casos, de afirmar que la libertad de expresión en México sufre con ello un retroceso. Sin proporcionar pruebas aseguran que los espacios críticos se están cerrando en el país e incluso relacionan, sin lógica a mi manera de ver, esta historia con los riesgos que enfrentan los periodistas para ejercer su oficio, y aquí sí mencionan cifras ciertas de amenazas, desapariciones y asesinatos de miembros del gremio víctimas de la violencia.
¿Que creo yo? El actual gobierno ha puesto un especial cuidado en el control de su información. Es posible, aunque no lo podemos probar, que haya tratado de cooptar más  a los medios y controlar lo que difunden, pero definitivamente la opinión crítica sigue teniendo un espacio importante, incluso en los medios oficiales (como en este momento). Basta ver televisión, escuchar la radio, leer la prensa y sobre todo seguir las redes sociales para saber que por todos lados la administración federal es cuestionada y su legitimidad ha venido en picada. Lo valiente hoy en día no es criticar al Presidente, sino sería defenderlo. Los últimos seis meses han sido catastróficos para su administración, y lo que tampoco se puede probar, pero es muy posible, es que fuertes intereses parecen también haberse puesto en marcha para echar abajo, de cara a las elecciones de este año, la imagen de mandatario modernizador y eficaz que se había forjado Enrique Peña Nieto con la aprobación de sus reformas estructurales. Y lo han logrado, no sin la ayuda de muchos errores que éste y su gente han cometido.
Pregúntense ustedes: ¿Qué podría haber ganado el Presidente con el despido de Carmen Aristegui y sus reporteros? Era obvio que se le vendría el tiro por la culata, y pronto  encontraría ésta –victimizada- otro micrófono, lo que por ejemplo ha demostrado la petición que los senadores del PAN, PRD y PT hicieron este fin de semana de que se le contrate en el Canal del Congreso para no negarle voz. En eso estoy totalmente de acuerdo. Aristegui cumple una función, y el propio Peña hubiera hecho bien de llamarla a un canal oficial para callar a quienes lo quieren hacer culpable en última instancia de lo que pasó, y de transmitir el mensaje de que este tipo de periodismo no se tolerará. Ello a pesar de que suenan totalmente incongruentes las declaraciones de la reportera, de estos últimos días, de que MVS la había convidado a no reportar el asunto de la casa blanca, fíjense ustedes hace más de cien días, cuestión que hasta ahora se da a conocer y ha sido negada por la otra parte. 
Entonces, si de suposiciones de trata, también cabe suponer que los despidos referidos tuvieron como finalidad abonar en el desprestigio creciente del Presidente, y tienen como origen una guerra en su contra, armada por diversos intereses afectados por sus políticas y alianzas.
Indagar esto con seriedad me parece más importante que salir simplemente al ataque de la reportera, lo cual representa la otra posición; reportera cuya reacción pudiera ser, porque no, si nos ponemos de creativos, parte de un plan maestro desprestigiante. Sin embargo, además de dejar un enorme hueco, cabe reconocer que ha sido vulnerada en sus derechos laborales porque los lineamientos obligatorios dados a conocer por MVS después de los hechos, aplicables entre la empresa y los conductores de sus emisiones informativas,  son contrarios al contrato que Carmen Aristegui había firmado. A saber que ahora se señala que la empresa tiene derecho a insertar secciones y cápsulas en las distintas emisiones, las cuales estarán a cargo de especialistas, como a promover otros compañeros y/o incluir contenidos de otras emisiones. Igualmente los lineamientos otorgan poderes al director de noticias de MVS para coordinar las investigaciones especiales y establecer la agenda informativa de los noticiarios, nombrar colaboradores, y modificar participaciones, secciones  y mesas de debate sin acuerdo de los conductores. Además, lo más grave, obliga a los periodistas a informar sobre sus pertenencias sociales y políticas, sus intereses económicos e ingresos por otras vías.

Así las cosas, la lucha de Carmen Aristegui por lo que considera la libertad de expresión, a pesar de ser polémica, ni ha terminado ni carece de todo sentido. Los concesionarios de bienes públicos no pueden actuar a espaldas del interés colectivo.

martes, 10 de marzo de 2015

Las mujeres y el poder. Sobre las cuotas de género.

Los eventos, mesas redondas, seminarios, foros y otros donde los analistas políticos comentamos los pormenores de las próximas elecciones se han naturalmente multiplicado con su proximidad. Destacan las visiones pesimistas sobre la legitimidad que logren los comicios, si ya empiezan mal con la crisis que el INE acaba de atravesar. Todos hemos destacado varios elementos en los que coincidimos; sin embargo, me ha llamado la atención un punto que algunas colegas señalan al menos de positivo sobre la nueva normatividad, que es el relativo a las cuotas de género, a través de las cuales al fin se generalizó la obligación para los partidos de que la mitad de sus postulaciones sean de candidatas. Me mostraba yo escéptica cuando las oía, sin entrar en más reflexión, por lo que hoy quiero profundizar el tema con ustedes, como pretexto además de que el domingo pasado fue el día de la mujer, y curiosamente me topé entre las colaboraciones sobre el mismo con un rechazo explícito precisamente en el sentido contrario de las famosas cuotas, por un distinguido articulista. ¿Qué se puede decir al respecto?

Si partimos de reconocer la desigualdad social entre hombres y mujeres y la obligación del Estado de construir y desarrollar políticas públicas para contratacarla, y para proteger a las mujeres de suerte a darles las mismas oportunidades de desarrollo e impedir que sean objeto de maltrato, abuso y discriminación, su entrada en el mundo del poder por un lado sienta un precedente de igualdad, y por otro lado favorece  la implementación de tales políticas. Sin embargo esta entrada ha venido siendo lenta. No podía ser de otro modo, si recordamos que apenas se autorizó el voto femenino a nivel local en algunas entidades del país en los años veinte del siglo pasado, y a nivel federal en 1953. Tuvimos la primera gobernadora en época del Presidente Luis Echeverría y la primera ministra con José López Portillo.

La lucha de las mujeres por su representación política empezó así a conquistar la normatividad electoral, de forma tal que se impusieron también gradualmente las cuotas de género que para 2010, fíjense eran de 50/50 a nivel local en tan sólo ocho entidades, cinco de los cuales las imponían para diputados tanto de mayoría absoluta como de representación proporcional, y tres sólo para los de representación proporcional. En nueve estados más, las cuotas eran de 60/40, y todavía en once de 70/30.

En este sentido no se puede negar el avance logrado, el cual comprende además el que con el tiempo se ha ido evitando las trampas en las que incurrían los partidos para cumplir sus cuotas de género y salvarse de sanciones, de presentar fórmulas de candidatas propietarias mujeres con suplentes hombres, a quienes de ganar les entregaban a menudo su curul. El fenómeno, recuerdan, se conoció como el de las Juanitas y se prohibió. Igualmente se avanzó en lo referente a los lugares poco favorecedores de las mujeres en las listas de candidatos plurinominales, y se dio solución a los casos de candidaturas producto de elecciones primarias en los partidos, las cuales afectaban las cuotas de género.

Este avance muy probablemente lleve a más mujeres a la Cámara de Diputados, en tanto la política de cuotas ya ha elevado por ahora a más de 35% el número de legisladoras, que de 2006 a 2009 eran poco más del 20% (que es el porcentaje medio actual de mujeres en congresos estatales; mientras hay únicamente 7% de presidentas municipales, cuando eran menos del 4% en 2005). Cabe señalar sin embargo que la diferencia de sus porcentajes, con las cuotas entonces vigentes, radica en que las candidatas mujeres, según  estudios que se han realizado, han venido sido designadas en distritos perdedores por partidos como el PAN y el PRI, mas no por el PRD, y como ya se indicó en posiciones menos importantes en las listas plurinominales. Ahora bien, el primer punto no lo ha podido controlar la normatividad vigente, como no ha podido controlar el buen uso del presupuesto destinado a los partidos para el empoderamiento de la mujer, como no ha podido controlar que en el Congreso las legisladoras tengan posiciones tan importantes como las de los hombres en sus cuerpos y comisiones. Tampoco ha podido controlar, dicho sea de paso, la incorporación que se ha pretendido de las mujeres en todos los niveles de gobierno. En los municipios, por ejemplo, diversas ONG velan por una representación femenina, la cual supuestamente se acepta; no obstante, las mujeres son relegadas a funciones propias de su sexo, según una posición de hecho conservadora.

Es por ello que veo  con escepticismo la política de cuotas de género. Recuerdo que una investigación de Costa Rica (aclaro) que presentó un profesor en algún congreso, hacía referencia en el mismo tenor que planteo a que las legisladoras mujeres no defendían precisamente políticas de género, y aún podían posicionarse en contra de los intereses de las mujeres si estos chocaban con aquellos que las habían colocado en ese lugar. Esto me hace pensar varias cosas, las cuales presento con reservas.

Así, llamo a considerar el carácter discriminatorio que tiene para los hombres el vérseles negada por ejemplo una postulación en ciertos casos en que con mayores méritos y perfil se les niega para dejar entrar a mujeres con el objetivo de cubrir una cuota. Lo mismo sucede en la administración pública, si bien cabe indicar que las mujeres no escalan en general hasta puestos elevados. Menos del 20% de las secretarías de estado son ocupadas por ellas, e igualmente cubren menos del 15% de las subsecretarías.

A pesar de ello me ofende como mujer, y quizás confieso porque soy una tercera generación de mujeres en el mercado de trabajo, el que tanto mujer pueda tener privilegios para obtener un puesto. La discriminación positiva quizás es necesaria para el avance de grupos en exclusión, pero puede resultar también dañina. Un ejemplo de otro tipo, pero quizás ilustrativo, son las ventajas para entrar en una universidad norteamericana que puede tener una mujer, de una minoría, digamos latinoamericana, con alguna discapacidad. Esta política desde luego no redunda en el nivel académico de la institución, como tampoco redunda en los organismos internacionales, por mencionar otro ejemplo, la  composición diferenciada y obligatoria de sus integrantes.

La solución, en el tema que nos concierne, se encuentra posiblemente en defender las cuotas de género, e incluso su cabal y mejor cumplimiento, pero con la mirada puesta en una duración limitada en el tiempo de tal política.

viernes, 27 de febrero de 2015

Sobre la normatividad electoral

Los estudios de política comparada demuestran que no existe procedimiento o institución electoral que no tenga efectos políticos, ya sea en las formas de representación o en el sistema de partidos, y por tanto no existe un procedimiento electoral políticamente neutral, sino que todos ellos contienen una concepción sobre el régimen electoral que un país desea construir, el cual a su vez es impulsado por los actores con capacidad política para hacerlo.

Existen diferentes formas de organizar y gobernar una democracia, y  la opción por un sistema electoral u otro depende de intereses y condiciones sociales, más que de la simple implantación de un modelo probado como correcto y universalmente aceptado.

De aquí dos observaciones muy importantes: uno, las instituciones y procedimientos electorales tienen historicidad e intencionalidad política; dos, la normatividad electoral tiene efecto en los resultados de los comicios.

Sin embargo, en México, el debate que orientó las diferentes reformas electorales que se fueron aprobando en el país desde 1977 supuso, en la mayoría de aquellos que intervinieron en ellas, que existían referentes firmes de carácter general, teóricos y justos sobre el tipo de instituciones que debían ser construidas, cuando en realidad se trataba de una cuestión de ingeniería, de creación de instituciones democráticas que para ser estables y aceptadas debían reflejar lo mejor posible los intereses y la correlación de fuerzas entre los partidos políticos.

Esto explica el hecho de que cada reforma electoral fuera vista y defendida en su tiempo como el arreglo óptimo; sin embargo, una vez modificadas las condiciones políticas anteriores, se volvía inevitable revisarla, lo que dio por resultado un proceso continuo de reformas que inició en 1977, siguió en 1986, 1989, 1993, 1994, 1996, 2003, llegó a  2007, luego a 2012 y finalmente a 2014. De hecho esta reformitis electoral es una de las características actuales de nuestro sistema político.

En efecto no podía ser de otra forma; siendo en principio tan inestables las fuerzas partidistas en México en términos de votos, y por lo tanto tan inestable la correlación de fuerzas (ello se podría matizar pero en principio así es), es claro que aún la reforma electoral de 1996, calificada de manera pretenciosa en su época como definitiva, tendría tal carácter mientras persistiera la misma correlación que le dio origen.

Así la experiencia del 2006 demostró la urgencia por revisar nuevamente las instituciones electorales, ya que muchos temas que se sabían importantes desde tiempo atrás y no habían podido ser abordados se volvieron los principales problemas de la democracia mexicana. En particular las instituciones no estaban preparadas para una contienda tan polarizada, ni para resultados tan cerrados. El IFE no estaba armado para ello y demostró inexperiencia. El problema principal fue la campaña sucia por ambas partes, PAN y PRD, además de la injerencia del Presidente Fox en ella, lo que reflejó un problema de inequidad al que se sumó la intervención de las agrupaciones empresariales que compraron tiempo en los medios para afectar a López Obrador. En este contexto, apaciguar al país requirió la aprobación de la reforma del 2007, la cual tuvo tres ejes:

1.           La eficacia del funcionamiento interno del IFE.
2.           El fortalecimiento del IFE y de los partidos frente a los poderes informales (particularmente los medios de comunicación).
3.           La gobernabilidad del proceso electoral fundada en partidos políticos fuertes.

La reforma de 2012, largamente discutida enfrentó a su vez nuevos problemas relativos a poder evitar parálisis en el gobierno (en ello había una peligrosa laguna), a la necesidad de fortalecer la soberanía ciudadana dado el desencanto social con los partidos políticos (así se aprobaron la consulta popular, los proyectos de ley ciudadanos, y las candidaturas independientes, si bien no pasaron todavía entonces ni la relección inmediata de legisladores federales, ni la de presidentes municipales) y de mejorar la gobernabilidad democrática (pasaron de este modo las iniciativas preferentes del ejecutivo y la ratificación por el legislativo de las designaciones de los comisionados que el presidente nombrara entonces en la Comisión Federal de Competencia, en la Comisión Federal de Telecomunicaciones y en la Comisión Reguladora de Energía; mas se atoró la reconducción presupuestal y además se eliminó la sanción relativa a que si los legisladores no atendieran y votaran una iniciativa que el ejecutivo mandara con carácter prioritario, se convirtiera en ley).

El regreso del PRI al poder federal produjo, poco tiempo después, nuevos desencantos que desembocaron en la nacionalización de las elecciones, dada el decir de la nueva oposición que los gobernadores (la mayoría de ellos de origen priista) manipulaban los procesos electorales a través del control de los institutos electorales estatales. Así surgieron las OPLES  y el INE con la capacidad regulada de atraer elecciones y de llevar a cabo la fiscalización en tiempo real de las campañas con estrictas reglas de prorrateo de los gastos. La nueva reglamentación hizo posible el surgimiento de nuevos partidos, especificó la logística necesaria para las consultas populares y las candidaturas independientes, y esta vez  sí hizo posible la relección que había abortado en 2012. Además estableció una nueva manera de asignar los votos por coaliciones electorales.

Después de haber sustentado el que todas las reformas han sido producto de sus contextos políticos y a su vez producen consecuencias, podré en futuras emociones estudiar los efectos de la reglamentación actualmente vigente para las próximas elecciones, lo cual voy a hacer a través de las siguientes preguntas:
1. ¿Quiénes votan?
2. ¿Quienes pueden ser votados?
3. ¿Cómo se cuentan los votos?
4. ¿Qué se vota?