jueves, 17 de julio de 2014

Más allá de la aprobación de las leyes reglamentarias

La vida política se aceleró hace año y medio con el regreso del PRI al poder, en tanto las fuerzas políticas se reacomodaron y el Presidente actual puso en marcha un programa ambicioso que implicó la aprobación de las reformas estructurales y la negociación de sus leyes reglamentarias. Este período, como notan la mayoría de los analistas, está pronto a concluir.

Como las leyes reglamentarias en materia de telecomunicación, las energéticas se sacarán seguramente adelante a través de la misma política de conciliación que ha mantenido el gobierno de permitir lo más posible el que sus propuestas sean intervenidas por la oposición panista y perredista. Ni así los panistas han logrado acuerdos totales en sus propias bancadas mientras los perredistas, temerosos de ser rebasados por la izquierda, han preferido no responsabilizarse de los resultados que han contribuido a generar.

En estos términos no puede dudarse de la eficiencia de un gobierno que ha sabido enfrentar los límites de un sistema pluripartidista y de representación mixta, a la vez que presidencialista, que no permite la conformación fácil de mayorías parlamentarias y que hasta ahora no le otorgaba a los partidos no gobernantes incentivos para cooperar en el Congreso. La capacidad política del equipo de  Peña Nieto no ha sido puesto en duda y más bien se ha analizado la buen jugada que han hecho los panistas sobre todo Gustavo Madero quien pudo relegirse y desplazar a los calderonistas, en contraste con las dificultades que enfrentan los perredistas cuyos usuales conflictos internos han sido potenciados por la escisión de Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué viene ahora? Algunos señalan que el esfuerzo del Presidente no parece estarle rindiendo frutos. Se basan en la baja popularidad que mantiene en las encuestas y en que al parecer la ciudadanía no está interesada en las reformas porque no las entienden, ni pueden demostrar beneficios inmediatos a pesar de que se pueda creer que lleguen a generarlos. Y a saber porque la reforma laboral, en cuya aprobación a finales de 2012 ya intervino el gobierno electo, no atrajo los empleos que prometió y la reforma fiscal a decir de muchos especialistas fue un error como lo fueron otros malos manejos  en el empleo del gasto público. En este sentido es que se alega que el gobierno no ha sabido explicarse lo suficiente, cuando la sociedad enfrenta una situación económica que deja que desear si bien hay algunos signos de recuperación. En consecuencia estos analistas sostienen que la suerte de los priistas estará en cómo sepan mover sus fichas en el nuevo contexto prelectoral y que el 2015 los pude llevar a un retroceso. Yo no lo creo así.

En primer lugar no creo que Peña Nieto haya puesto todas sus cartas en las reformas, ni que haya sacrificado de más en su aprobación. El análisis prospectivo sobre el 2015 no debe limitarse a la popularidad del Presidente sino mantener como eje la fuerza de los priistas, que ha sido mucho menos golpeada de lo que se cree. La fuerza de los priistas desde hace más de veinte años radica en su capacidad territorial de sumar votos y no en sus aliados sindicales que las reformas estructurales golpean. Esta capacidad es mucho mayor que la que suponen aquellos legisladores que promovieron la reforma político electoral para frenar la posible manipulación electoral de ciertos gobernadores. Esta capacidad contrasta con una oposición poco disciplina, fragmentada y débil en la mayoría de los estados.

Tomemos como ejemplo las elecciones locales en Coahuila, Nayarit y Puebla del domingo 6 de julio pasado. Mientras que en 2012 en Coahuila el panismo se había mantenido más unido que el año anterior en que los priistas pudieron conservar la gubernatura con una ventaja de más de veinte puntos, y por lo mismo pudo disputar de cerca el primer lugar en la elección presidencial, o mientras que en 2013 en las elecciones municipales ganó Torreón, ahora en las elecciones para diputados locales (con una participación muy baja eso sí) el PRI le sacó doce puntos de ventaja y se llevó carro completo y la mayoría absoluta en el congreso estatal. ¿Qué consecuencias tuvo entonces el escándalo provocado por el endeudamiento de Humberto Moreira? El actual gobernador, hermano suyo, logró darle la vuelta.

En Nayarit la coalición  PAN-PRD de facto, pese a que no incluyó a toda la izquierda en tanto el PRD nayarita es de ala moderada y el PT y Movimiento Ciudadano se fueron por su cuenta, resultó más competitiva por lo que hay dos lecturas. La primera es constatar que los priistas no rindieron malas cuentas al ganar en seis de los ocho distritos, más 16 de 20 ayuntamientos. Otra lectura sin embargo es reconocer que el proceso estuvo plagado de acusaciones de intervencionismo del gobernador Roberto Sandoval y concretamente se llegó incluso a quitarle el puesto a una funcionaria de Sedesol. Además también se debe señalar que el PRI perdió Tepic y otros dos municipios Ahuacatlán y Xalisco en manos de la coalición, más San Blas en donde ganó un candidato independiente, municipios que concentran cerca del 60% de la población. Pero aquí cuidado: los candidatos ganadores son de extracción panista, como los son los dos candidatos que ganaron curules uninominales. El PRD no fue rival para el PRI, lo fue el PAN. No obstante debe también verse que este partido, que ahora tiene un buen precandidato a la gubernatura en la figura del edil de la capital Polo Domínguez, tiene contradicciones internas y sufre fugas como fue la del propio candidato independiente de San Blas, Hilario Ramírez a quien habrá que ver si no se le perseguirá de oficio por su confesión de haber robado al erario público.

En suma, el poder de las coaliciones contra el PRI es limitado y amplía es todavía su capacidad de maniobra, a excepción de las entidades gobernadas por una oposición hábil como es la del gobernador Rafael Moreno Valle de Puebla. Eso comprobaron las elecciones extraordinarias de hace unos días en dicha entidad.

Con esta fortaleza del PRI, el gobierno federal enfrenta este nuevo periodo político. Su alianza casi total con el Partido Verde es buena, como lo es su posibilidad de ir con el PANAL en la mayoría de los estados. Además veo algo, que no ha sido señalado por nadie que yo sepa, en el registro de los tres nuevos partidos avalado recientemente por el INE. Todos los comentarios han caído sobre MORENA, con la justa razón de la expectativa de golpe a la izquierda que este partido representa. Los otros dos partidos, a saber el Partido Encuentro Social y el Partido Humanista, son partidos que pueden hacerle el juego a los priistas. El PES ya se ha aliado con él en Baja California donde se creó como partido local, y el Partido Humanista lo preside Ignacio Yris Salomón, un ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina.


Peña Nieto no le apostó todo a las reformas estructurales: es un político de más alcance que ha trabajado en varios frentes. Un ejemplo último, también en materia político electoral, es la manera en que parece querer aprovechar el posible debilitamiento del PRD fortaleciendo a un PRI olvidado y desprestigiado desde donde ahora quiere hacer crecer a su equipo.

miércoles, 2 de julio de 2014

Leyes reglamentarias en telelecomunicaciones

Martes, 1° de julio
En 2013 se aprobó la Reforma de las Telecomunicaciones que parecía demostrar que Enrique Peña Nieto, pese al papel tan importante que jugaron en su lucha por la presidencia los medios particularmente Televisa, estaba dispuesto a inyectar competitividad e inversión al sector que para entonces ya había logrado insertar 18 legisladores en el Congreso entre priistas y ecologistas. Su decisión de enfrentarse a tamaños poderes fácticos contrastaba con lo que había pasado durante los gobiernos panistas. Con Vicente Fox se aprobó “La Ley Televisa” que inclinó las licitaciones a la capacidad económica de los solicitantes y se marginaron a los medios de carácter estatal o social. A cambio el entonces presidente obtuvo apoyo contra Andrés Manuel López Obrador, primero en la pretensión de desaforarlo y luego como candidato en el 2006. Felipe Calderón no representó menos derrota en términos de ampliar la competencia en televisión y radio. Permitió la asociación entre Televisa y Iusacell, y arremetió contra los medios y los periodistas que no le eran afines como fueron MVS y Carmen Aristegui.
La Reforma de 2013 se caracterizó principalmente por dos contenidos. En primer lugar contempló la desincorporación de activos, derechos y partes de las empresas que concentran más del 50% de la prestación de servicios en telecomunicación y radiodifusión, además de la posibilidad de revocar concesiones a quienes no cumplan las resoluciones antimonopólicas. En segundo lugar, consideró la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como entidad rectora dotada de  autonomía y patrimonio encargada del otorgamiento de concesiones.
La Reforma generó esperanzas a pesar de que no se preveía resolver el problema de la concentración a corto plazo y que había que ver como se traduciría su intención en las leyes reglamentarias correspondientes. Se dudaba de la capacidad de regulación que tendría el IFT, de la ejemplaridad que pudieran tener sus sanciones y decisiones, siendo que podrían litigarse y ampararse aunque acatarse durante el proceso.
En este contexto, el 6 de marzo pasado el IFT probó del alcance de sus decisiones cuando resolvió que Televisa y sus subsidiarias eran agentes preponderantes en materia de radiodifusión y que el Grupo Carso que comprende, entre otras empresas, a Telmex y a Telcel lo era también en materia de telecomunicaciones. Por tanto tomó varias resoluciones que los afectaban, como por ejemplo en el caso de Televisa le prohibió adquirir en exclusiva derechos de transmisión relevantes, prohibición que alcanzó (contrariamente a lo que algunos creen) a sus filiales de televisión restringida.
Sin embargo menos de quince días después ya se había filtrado la iniciativa de leyes secundarias en la materia que en efecto presentaría el gobierno al Senado el día 24, las cuales fueron  consideradas inmediatamente como una contrarreforma por la oposición. Las negociaciones se habían empantanado hasta ahora, ya que fueron atrapadas en un juego muy complicado.
Por el lado panista primero relativo a la sucesión de la dirigencia del PAN, luego a los divisionismos de los legisladores de este partido que formaron dos grupos a saber uno el del senador Javier Lozano, Presidente de la Comisión de Comunicaciones, quien ha venido defendiendo intereses que algunos califican de cercanos a las grandes empresas afectadas por la nueva legislación y dos el de Javier Corral quien ha sido el más crítico a la propuesta gubernamental.
Su posición con la que coincidió el senador Ernesto Ruffo curiosamente encontró el apoyo de cierta izquierda, a saber el apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas quien con ellos se integró en el “Frente por la Comunicación Democrática”. Dieron a conocer 27 puntos rojos en los que se ha centrado la polémica:
Que no se de marcha atrás a la naturaleza autónoma del IFT, en particular que no haya injerencias indebidas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación en el sector, y que la facultad de vigilancia y sanción sea facultad exclusiva del Instituto.
Que se generen medidas efectivas para fomentar la libre competencia en el sector, como son mayores sanciones y la imposición de medidas especiales y asimétricas a las empresas preponderantes.
Que se replantee la definición de preponderancia de tal suerte que se determine por servicios y no por sectores.
Que no se flexibilicen las reglas de contacto entre comisionados y regulados.
Con la posición dividida que presentó el PAN frente a la iniciativa del gobierno, en particular el que Javier Lozano ha venido defendiendo el que la preponderancia sí se determine por sectores, Peña Nieto ha podido jugar en una negociación muy secreta donde por parte del gobierno han entrado el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el Jefe de la Oficina de la Presidencia Aurelio Nuño y el Consejero Jurídico de los Pinos Humberto Castillejos, así como el Subsecretario de Comunicaciones y Transportes Ignacio Peralta. Por el PAN han acudido Gustavo Madero y Santiago Creel quienes fortalecidos han seguido con su política de chantaje, de condicionar su participación a la aprobación de las leyes reglamentarias político electorales, a que no se reacomode la Ley de Partidos a favor de los partidos chicos en coaliciones que puedan beneficiarlos en prerrogativas y número de legisladores plurinominales, disponiendo la agenda y manejando diestramente su apoyo a las leyes reglamentarias de la reforma energética. Por último, por el lado del PRD, Jesús Zambrano y Jesús Ortega.
Peña Nieto ha sacrificado a ciertos priistas particularmente a ciertos gobernadores de su partido y a algunos de sus grupos subnacionales o líderes; igualmente ha tenido que ceder al chantaje de los panistas pero parece ser que le han sido de utilidad las posturas múltiples, como también acallar el ala perredista más crítica representada por Purificación Carpinteyro aplicándole la receta de difundir una grabación que la involucra en tráfico de información en beneficio propio, receta que ella misma le aplicó en 2009 a Luis Téllez entonces Secretario de Comunicaciones siendo ella subsecretaria, lo que la llevó a renunciar y luego ganar una diputación por el PRD.
Pero sobre todo parece ser que le ha servido la táctica de distracción que fue la inclusión en la iniciativa de funciones gubernamentales en el sector que pueden cederse para evitar cualquier amenaza de censura, o la inclusión de medidas antimonopólicas insuficientes. Claro que el gobierno puede limitarse a sancionar tiempos de Estado, encadenamientos, concursos, o el Himno y la Hora Nacional. Claro que puede aceptar el aumento de  sanciones. Pero de frente a la posición de ciertos panistas y también de los perredistas quienes curiosamente han sostenido ellos sí un bajo perfil a favor de definir la preponderancia en el sector por servicio, creo que le es suficientemente conveniente  dejar en manos del IFT la facultad de determinar si tal preponderancia debe considerarse por sector como fue su propuesta o por servicio, porque en otro terreno a través  del Instituto quizás sí logre fortalecer a Azcárraga frente a Slim como parece haber sido su intención inicial.
De tal forma, puede que ya se desempantane la aprobación de estas reformas secundarias y ya no se tenga que posponer más como se hizo el 13 de junio la licitación de las nuevas cadenas de televisión, por la incertidumbre derivada de su inexistencia. Definiendo su posición los panistas, mañana podría discutirse el dictamen en comisiones, citar a un periodo extraordinario de sesiones, votarse en el Senado el viernes y en una semana en la Cámara de Diputados.
El trabajo de los legisladores en julio podría compensarnos de la derrota futbolística del pasado fin de semana. ¿No lo creen estimados radioescuchas?

martes, 17 de junio de 2014

Transformación del sistema político mexicano

Con el regreso del Partido Revolucionario Institucional a los Pinos se movió el escenario en el que participan los actores principales del sistema político mexicano, produciendo algunas modificaciones del mismo que quisiera evaluar.

La Presidencia de la República ganó poder en la medida de las expectativas que generó la segunda alternancia, siendo que el PRI  reconquistó el poder federal en condiciones muy diferentes a aquellas de carácter semiautoritario que lo habían anteriormente mantenido hegemónico. Lo hizo porque nunca perdió fuerza a nivel regional, porque supo mantenerse unido en torno a la atinada candidatura de Enrique Peña Nieto, porque el Partido Acción Nacional se había desgastado en dos sexenios de gobierno y porque a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no le alcanzó para derrotarlo.

Sin embargo a la vez la Presidencia de la República perdió legitimidad porque  a pesar de que el partido tricolor obtuvo la mayoría de votos en las elecciones de 2012, muchísimos mexicanos desconfiaban de su eminente retorno frente al cual no encontraron alternativa. Ellos, más los críticos de oposición, más todos aquellos que han ido perdiendo los priistas por la falta de resultados del actual sexenio son quienes mantienen baja la popularidad de Peña Nieto, comparada con la que para este tiempo tenían los mandatarios panistas.

A mi manera de ver, a dicha realidad respondió de entrada de forma bastante acertada este gobierno el cual echó a andar un proyecto modernizador, a través de las reformas estructurales que se aprobaron el año pasado por la vía de una política de negociación que le permitió hacer un mínimo de sacrificios, es decir pocas modificaciones a sus proyectos iniciales.

Por el contario, durante este año la situación política se le ha complicado: prueba de ello es la lentitud para la aprobación de las leyes secundarias correspondientes a las mismas reformas. Ahora se hace sentir más la fragilidad que genera el haber aceptado el chantaje del PAN de la aprobación de la reforma energética, a cambio de la política. Así los panistas, con mayor capacidad de resolver sus conflictos internos una vez resuelto el cambio de su dirigencia, repiten dicho chantaje posponiendo la aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma energética hasta que los congresos locales necesarios aprueben las nuevas reglamentaciones políticas y electorales que deberán regir para los comicios del 2015.

Ahora también hace más crisis el terror, diría yo, que con justa razón sienten los perredistas de ser rebasados por la izquierda por los críticos a la reforma energética resultando en más pérdida de electorado que la prevista de frente al surgimiento de Morena, el partido de AMLO. Por ello es que se han negado a seguir discutiendo sus leyes reglamentarias.

La Presidencia de la República ha ganado pues en este contexto poder frente al legislativo, cuyas inciertas mayorías desde que se inauguraron los gobiernos divididos en México ya no tenían incentivos para colaborar en el desarrollo de las políticas gubernamentales. En efecto, todos saben que las negociaciones de las reformas estructurales se llevaron a cabo con las dirigencias del PAN y del PRD desde los Pinos, primero en el Pacto por México y luego sin el Pacto. Lo mismo da.

La Presidencia de la República ha ganado poder en medio de la desconfianza que producen sus políticas centralizadoras, la justificación insuficiente con la que se han emprendido, la falta de transparencia en su negociación y la innecesaria velocidad con la que se quieren llevar a cabo cambios tan profundos para México. No obstante tal poder es frágil en la medida en la economía no va bien, que los cambios propuestos no producen efectos rápidos, que muy pronto vendrán las elecciones intermedias que en nuestro sistema son un especie de referéndum al gobierno, que los propios priistas en los estados están a la expectativa de los costos que para ellos vayan a tener las concesiones que Peña Nieto ha aceptado para el desarrollo de su programa, mientras su Comité Ejecutivo Nacional se ha desdibujado cuando más bien se fortalecen los negociadores de Peña Nieto.

En este sentido sorprende el protagonismo del Jefe de la Oficina de los Pinos, Aurelio Nuño, en la entrevista que dio hace algunos días en el que reluce como pieza central de la actual administración; mi interpretación es que representa, además, un puente entre los dos grandes hombres de Peña Nieto a saber por un lado el secretario de Hacienda Luis Videgaray quien sigue firme en el gabinete pese a los descalabros que ha dado la economía y fue precisamente quien lo acercó al entonces gobernador del Estado de México, y por el otro lado el supersecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong con quien incluso parece estar tramando la restructuración del PRI del DF luego del escándalo provocado por las corrupciones de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. En efecto todo indica que hacia allá se moverá el jefe de asesores de Chong, Mauricio López.

El Presidente es de aquellos políticos que sí comparte el poder pero con muy pocos hombres; son precisamente ellos, pero ellos también ya están jugando hacia el 2018 pudiendo mermar al propio poder presidencial. Lo mismo sucede con los dirigentes y los legisladores claves de los principales partidos de oposición, PAN y PRD, al grado de que hasta han podido chantajearlo tal como vimos. Finalmente todos están haciendo su juego en las nuevas condiciones.

Por el lado de los panistas el poder a futuro de Gustavo Madero dependerá de su capacidad de control de los legisladores de su partido que no le son afines, de seguirle siendo útil a Peña Nieto y que todo ello repercuta en buenos resultados electorales el año que entra para ubicarlo bien para el 2018. Los perredistas la tienen más difícil. Incluso ha sucede algo bastante insólito. Sus conflictos internos inmersos en el riesgo de la posible fragmentación de la izquierda han revivido a Cuauhtémoc Cárdenas, como símbolo de unidad. ¿A saber si se impondrá sobre la actual dirigencia del PRD de nueva izquierda en su renovación, a saber qué tanto lo afectará Morena?


El regreso del PRI al poder federal ha fortalecido a la Presidencia pero de forma endeble, ha afectado la relación ejecutivo-legislativo, ha cambiado la vida interna del Congreso, ha hecho más tersa la relación del ejecutivo con los gobernadores de todos los colores si bien se ha ido limitando su poder en menor o mayor escala, y sobre todo le ha dado más lugar a los principales partidos de oposición. Sin embargo ni la suma de estos elementos, ni la reforma político electoral, implican una transformación de fondo de nuestro sistema ni la superación de sus contradicciones básicas, como algunos analistas han sostenido de forma equivocada.

jueves, 5 de junio de 2014

Otra vez Michoacán

La seguridad no es mi tema, ni el combate al narcotráfico. Sin embargo, curiosamente en varias ocasiones me han interrogado al respecto. Hasta hoy había mantenido ciertas ideas firmes con base, reconozco, en  una información algo deficiente proveniente de pocas lecturas y el estudio de cifras que me habían parecido contradictorias. Me expresaba por lo mismo como una ciudadana cualquiera, con sentido común.  Aseguraba que la política del actual gobierno en el discurso al menos, en el planteamiento, parecía diferente a la desplegada durante el sexenio anterior la cual se había desarrollado de forma precipitada en el contexto del conflicto poselectoral de 2006, una política que prácticamente todos ya habían criticado en varios sentidos. Destaco algunos.

Primero no consideró al enemigo. Segundo se limitó casi exclusivamente al combate frontal con los carteles, priorizando la aprehensión de sus grandes líderes. Tercero careció de un cuerpo eficiente de “inteligencia”. Cuarto  produjo miles y miles de muertes, algunas de las cuales fueron daños colaterales. Quinto manejó un estilo de comunicación que perjudicó la imagen del país.

Si bien algunos analistas no vieron en la estrategia de Enrique Peña Nieto nada más allá de un manejo mediático distinto del problema que suavizaba su dimensión, en varias ocasiones insistí que el planteamiento era otro (no nuevo  porque de alguna manera lo había probado con éxito Felipe Calderón en Ciudad Juárez a finales de sexenio pasado), pero sí que veía el auge del narcotráfico en su origen económico y social como producto de la falta de oportunidades y la descomposición del tejido de la sociedad, por lo cual consideraba indispensable atender las causas de tal auge. El planteamiento era otro porque se decidieron emprender acciones menos atropelladas que golpearan esta vez a los narcotraficantes en sus bases de apoyo, en sus mandos medios y sobre todo les destruyeran sus fuentes de recursos, desarticularan sus cadenas financieras y el lavado de dinero. El planteamiento era otro porque se iba a buscar una mayor coordinación en los distintos niveles de gobierno, lo que un gobierno priista podía lograr por su mayor control del poder estatal y municipal. El planteamiento era otro porque estas acciones estarían más apegadas al respeto de los derechos humanos y se armarían expedientes más fuertes contra los detenidos sin declararlos culpables antes de ser juzgados. El planteamiento era otro porque todo ello evitaría la pulverización de los carteles, las luchas en su interior y entre ellos por su control y las plazas perdidas a la caída de cabecillas.

Hasta aquí el discurso que avala las diferencias en las concepciones de la política de seguridad de este gobierno y del anterior mas sin embargo, decía yo, debíamos estar al pendiente de lo que tal política produjera, de sus logros, en particular en el entendido que las fuerzas armadas no iban a ser retiradas en corto plazo de tareas que no les corresponden.

Más adelante con la falta de resultados contundentes me preocupó que se priorizaran los golpes maestros como la detención del Chapo Guzmán líder del cartel de Sinaloa, y más la decisión que se tomó en el caso de  Michoacán de remplazar en este combate al gobernador del estado, Fausto Vallejo, por el comisionado Alfredo Castillo, si bien me parecieron muy oportunas las inversiones planeadas para la entidad y me pareció interesante aunque controvertida y riesgosa la política de alianza con las autodefensas. Así se avanzó con rapidez en la recuperación de municipios controlados en este caso por Los Caballeros Templarios y casi todos sus dirigentes fueron muertos o apresados. Sin embargo el desarme de dichos grupos y su conversión en policías rurales no ha sido tan fácil, a la vez que quedó señalada su penetración por los mismos narcos. Pensé que el gobierno de forma realista buscaba desintegrar primero a todo cartel que tuviera una fuerza tal que representara pérdida en su monopolio del poder, es decir que hiciera narcopolítica. Por eso y de frente a las elecciones estatales de 2015, en una entidad recién reconquistada por el PRI, se había decidido a perseguir la penetración criminal en las altas esferas, tal fue el caso de la aprehensión del exgobernador Jesús Reyna.    

Esperaba yo paciente frente a esta magnitud de problemas que los lugareños me dijeran, porque voy seguido a Michoacán, que veían un cambio en la situación pero no ha sido así. Por el contrario fueron ellos quienes primero me alertaron de la reorganización que se preparaba tras la desmembración de Los Templarios. Luego ya se supo del surgimiento de la Tercera Hermandad o Los H3 que significa de hecho una cuarta generación de delincuentes, que empezaron sus operaciones en los años noventas con La Empresa, luego La Familia y más tarde Los Caballeros Templarios. Según un documento oficial del que no hay pruebas, este nuevo cartel está integrado en parte, en efecto, por algunos miembros de autodefensas. De vuelta están en el negocio del tráfico de droga, del secuestro, la extorsión y la corrupción de políticos y cuerpos que los combaten. Precisamente acaban ya de sucederse enfrentamientos con ellos, por ejemplo en el municipio de Jiquilpan cercano a Jalisco. Nuevamente la violencia se ha recrudecido.

¿Qué ha cambiado entonces? ¿Qué es lo que no está comprendiendo el gobierno, como afirma un investigador francés por cierto -Romain Le Cour del Centro de Análisis de Políticas Públicas- entrevistado hace unos días? Según este último, el gobierno está más preocupado por dar la imagen de control que por atender la problemática profunda. Sigue más preocupado en lo espectacular y no es cierto que haya atacado de forma certera a los grupos criminales en sus bolsillos. Por ejemplo, ha dado golpes contra la fuente de sus recursos que es el mineral de hierro, pero no los ha atacado directamente en la explotación de las minas. Las minas no han sido, según él, localizadas. Además, el enfoque ha estado demasiado centralizado.

Por lo mismo, asegura que la estrategia ha sido superficial y  que el gobierno se ha limitado a administrar y gestionar el conflicto, con miras al 2015. Dividir para controlar, asegura, resulta poco responsable. En suma, recomienda que se lance un programa serio y contundente de desarme, se establezca un diálogo con los actores políticos locales no armados, se emprenda un proceso gradual para el retorno del poder político al gobernador (pero ahora parece que va a volver a pedir licencia) y de los poderes públicos a los municipios, y se diseñe por último un plan de reducción por etapas de la presencia de las fuerzas armadas y su remplazo por elementos capacitados para el mantenimiento del orden.


Supongo que nuestro Presidente debe de estar preocupado por esta situación emblemática, que se suma a la falta de resultados para el país durante su administración en materia de crecimiento. En efecto el éxito de su partido en las elecciones del año que entra, sin resultados en los puntos más álgidos para los votantes que son la economía y la seguridad, sólo sería viable por la debilidad de los partidos de oposición.

miércoles, 21 de mayo de 2014

Elecciones internas del PAN

La relección de Gustavo Madero en la dirigencia del Partido Acción Nacional, tras el proceso interno que culminó el domingo pasado, no le sorprendió a nadie pese a que en los últimos tiempos del cuarto de guerra de su competidor, el senador Ernesto Cordero, se presumieron encuestas que aseguraban una pelea más cerrada entre ambos candidatos, o que de plano le daban el triunfo a Cordero. No fue así: Madero ganó por más de trece puntos, dos puntos más de lo que estimaban casas encuestadoras serias como la del periódico Reforma.

Esta relección no le sorprende hoy a nadie pero pocos podíamos sin embargo imaginarla a principios del actual sexenio, luego de que el expresidente Felipe Calderón ante la fuerza abrumadora del PRI para su regreso al poder presidencial uno dejó sola a Josefina Vásquez Mota en su campaña  del 2012, dos se dedicó a colocar a su gente de candidatos al Congreso para de ganar su fuerza quedara asegurada, y tres le facilitó a Enrique Peña Nieto la transición política que implicó la segunda alternancia al país. Los analistas casi todos pensábamos entonces que los calderonistas serían los interlocutores del nuevo Presidente, particularmente Ernesto Cordero que había quedado de líder de su fracción en la Cámara de Senadores, más no fue así. La política de Peña Nieto se encaminó a negociar fuertemente en miras a desarrollar una gestión transformadora del país, más para ello optó con pactar con las dirigencias de los partidos de oposición, o sea en el caso del PAN con Gustavo Madero quien precisamente había llegado al frente del partido sin el apoyo de Calderón cuyo candidato había sido Roberto Gil.

De entonces a la fecha Gustavo Madero cosechó el haber hecho avanzar, gracias a su capacidad negociadora, la agenda panista más de lo que avanzó durante los dos sexenios en que el PAN ocupó la presidencia de México. Cosechó más que las críticas que atrajo por haberse vendido, como algunos sostuvieron, al gobierno actual. Ernesto Cordero no pudo con esto como no pudo conservar su papel de líder de los senadores panistas. Tampoco pudo con el hecho que Madero logró imponer un tipo de elección directa en la que su posición en el partido le favorecía, ni con el apoyo que recibió de gobernadores panistas como Moreno Valle de Puebla y Guillermo Padrés de Sonora y de las estructuras claves del PAN como son las del Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco (pese a las escisiones que ahí se sucedieron), Nuevo León y Veracruz.

En vano Ernesto Cordero pretendió ubicarse como doctrinario para descalificar de pragmático a Madero y su gente. Este truco le había servido a Felipe Calderón cuando le impuso su candidatura a la Presidencia a Vicente Fox, pero no le sirvió a Cordero. ¿Cómo creerle al protegido político de quien impulsara como Calderón las coaliciones PAN-PRD que era doctrinario, cómo creérselo al más perredista de los panistas? Como en 2012 su imagen probó no funcionar, no convencer. Así no pudo quitarse de encima las críticas a los fracasos del sexenio de Calderón, que se acentuaron con información privilegiada que seguramente soltó el gobierno de Peña Nieto como es el escándalo de Oceanografía que implica a calderonistas destacados en tráfico de influencias y negocios turbios, en la medida en la que la relección de Madero le es conveniente. La negociación con él ha probado ser posible, cara pero posible y provechosa. A tal grado quedó atrapado Cordero en estas críticas (flaco favor le hizo por cierto el apoyo tardío de Margarita Zavala) que evidencias tan serias de corrupción, como son el asunto de los moches a los legisladores para bajarle recursos a los municipios y los otorgamientos obscuros de permisos para casinos y centros de apuestas de cercanos de Madero, no afectaron los resultados de la elección.

Quedaron de manifiesto varias cosas. El PAN se parece cada día más al PRI, partido que tanto criticó. La elección directa desató una guerra sucia que muchos creen que puede afectarlo, pero que se resolverá bien pronto. Fue esta una disputa entre camarillas bien parecidas. El voto panista seguirá estando ahí; se seguirá sintiendo ahí donde el partido está enraizado y crecerá donde juegue bien. Con la derrota de Cordero queda sepultada el poder de Felipe Caderón en su partido, el cual sí había controlado varios años: piénsese en las dirigencias de Germán Martínez y César Nava. Quedó sepultado un  grupo político que tuvo su oportunidad histórica y que le hizo perder al PAN el poder presidencial. No era perdonable para la mayoría de los panistas. Con el triunfo de Madero gana él y su equipo, gana Peña Nieto, mas no es tampoco seguro que ganen los panistas quienes en todo caso para recuperar lo que perdieron tendrán que encontrar algún liderazgo más convincente, y hacer del PAN una alternativa de oposición interesante para el electorado pues con su voto no le alcanza.


Lo que sucedió el domingo fue una victoria anunciada, evidente desde hace varios meses, pero no así en enero del año pasado. Confieso que en mi cálculo, al menos, falló dimensionar la pérdida de poder en este caso de Calderón al dejar los Pinos. Su capital se agotó, a la vez que su rival, Madero, resultó ser más hábil de lo que esperaba y de lo que los analistas veíamos. Lo reconozco, así como les comento, que también fallé en creer que Ernesto Cordero cuestionaría el proceso y declararía que había habido fraude. No fue así.

martes, 8 de abril de 2014

La lucha contra el narcotráfico: el arraigo de José Jesus Reyna

Los hechos ocurridos los dos últimos fines de semana, en el tema del combate al narcotráfico, encajan mal con los argumentos de quienes aún no creen que la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto en este terreno sea esencialmente diferente a la que se desarrolló durante el sexenio anterior. En líneas globales señalan dos puntos ciertos, en el sentido primero que no se ha retirado ni a las fuerzas armadas ni a la Marina de las acciones que se emprenden y que dichos cuerpos vienen desempeñando con consecuencias cuestionables acciones que no les competen, y segundo que las cifras de inseguridad y violencia no  han ido a la baja de forma radical. No obstante, de ello desprenden la conclusión a mi parecer equivocada que la supuesta nueva política se limita al despliegue de una nueva política mediática que esconde el problema, excepto cuando hace alarde de golpes espectaculares.

Sobre el penúltimo fin de semana, como seguramente recuerdan, el domingo 30 de abril el líder templario Enrique Kike Plancarte fue supuestamente ubicado por las fuerzas federales como espectador, imagínense, en un partido de futbol en la comunidad El Lindero del municipio de Colón en Querétaro en donde estaba refugiado. Huyó, se perdió en las calles, fue perseguido y finalmente abatido tras varias horas. Considero ingenuo pensar que la inteligencia de la que se presume ahora, con razón porque es muy superior al pasado, acababa de localizarlo pero lo que sí debe ser cierto es que se habían generado las condiciones y había llegado el momento de ir por él después de que ya había caído muerto Nazario Moreno, el líder fundador del cartel de los Caballeros Templarios.

Además de que la nueva administración efectivamente puso en marcha una forma de comunicación radicalmente distinta a la que desplegó el expresidente Felipe Calderón, quien no perdía ocasión para exhibir sus acciones en la materia de combate contra el crimen organizado, ha venido elaborando una política de mayor dimensión del enemigo que no quedara atrapada en el combate frontal, sino desplegara una respuesta global con un fuerte contenido de recuperación del tejido social, como dicho sea de paso los panistas probaron con éxito sólo en ciudad Juárez, una respuesta que no se fuera exclusivamente hacia la captura de grandes capos, sino también de líderes intermedios de suerte que se desmantelaran los grupos y sus redes de infiltración en la política. Igualmente se ha apoyado la conformación si posible de mandos policiacos únicos  lo cual entra en la línea de una mayor coordinación de las acciones en los distintos niveles de gobierno, que en Michoacán  se llevó al extremo del nombramiento del comisionado especial Alfredo Castillo.

Lo que sucedió en el caso aludido es importante porque Plancarte era líder operativo y sobre todo financiero de Los Templarios. Su muerte le da un golpe fuerte a la estructura del grupo. Es decir lo que se ha venido haciendo es estrangular a este cartel, a través de desarticular sus posibilidades de operación. En efecto se rompió su enorme negocio que era la exportación de mineral de hierro a Asia, por el Puerto de Lázaro Cárdenas el cual se recuperó a finales del año pasado. Igualmente se pudo llegar a sus laboratorios de drogas sintéticas, como igualmente fueron cayendo otras fuentes suyas de aprovisionamiento e impidiéndoles en lo posible otras actividades paralelas generadoras de recursos, como la extorsión. Con ello los líderes se han ido debilitando, quedando aislados y vulnerables.

Así fue posible la persecución de Kike Plancarte en la que pudieron haber intervenido las denuncias de los grupos de autodefensas con los que de forma discutible se alió el gobierno y que hoy por cierto quiere desarmar lo que ha producido, ahora este último fin de semana y ayer mismo que varios de ellos se enfrenten a las autoridades, por lo menos en quince poblaciones, como lo afirmó José Manuel Mireles Valverde quien fue designado como único vocero del Consejo General de Autodefensas del estado y declaró que el trabajo todavía no concluye y que están de por medio sus vidas.

El propio Mireles ya había inculpado desde el año pasado como lo hizo Luisa María Calderón excandidata del PAN al gobierno del estado a José Jesús Reyna García, secretario de Gobierno de Michoacán y gobernador interino durante la licenciada de Fausto Vallejo debido a serios problemas de salud, de vínculos con organizaciones delictivas. Sin embargo no fue hasta ahora, supuestamente a raíz de la última llamada telefónica hecha a él precisamente por Plancarte durante su persecución, que un juez ordenó su arraigo por 40 días, según informó el sábado la Procuraduría General de la República con el anuncio que se profundizaría la investigación para sentar responsabilidades. A raíz de tal situación el gobernador Vallejo lo destituyó del cargo para garantizar la aplicación de la ley, y ayer mismo nombró en sustitución a Marco Vinicio Aguilera Garibay. Ayer mismo, también, se dio a conocer el recurso de amparo que interpuso Reyna por presuntas violaciones a sus derechos humanos y garantías individuales. El juez que lo otorgó ordenó al titular de la PGR justificar con pruebas los motivos legales que sustentan el arraigo y la investigación aludidos.

Lo que sucedió en este caso es también importante porque demuestra que el gobierno va de lleno contra la narcopolítica, sea del color político que sea. Incluso lo legitima acusar a priistas de estar comprados. Con ello pareciera que no está dispuesto ya ni a que se le dispute el monopolio de la fuerza, ni a perder el control de su aparato, es decir no está dispuesto a seguir mal funcionando como Estado débil.

Espero haberlos convencido que es otro modelo el aplicado hoy contra el crimen organizado. No me consideren sin embargo demasiado optimista. Los resultados medidos en pacificación tardarán mucho, mucho en llegar. Además mi escepticismo me lleva a formular varias preguntas. ¿Qué tanto con este nuevo modelo se apegará el gobierno a derecho, qué tanto hará una aplicación selectiva de la ley, que tanto estará remplazando viejos acuerdos con el narco, por nuevos acuerdos? Presiento que de hecho estará dispuesto a  coexistir con el tráfico de la droga, a través de tolerar redes menos violentas quizás, más en lo suyo, redes que no le disputen el poder. ¿Será este nuestro mejor futuro posible? ¿Qué otras soluciones habría?

jueves, 13 de marzo de 2014

Corrupción y escándalo en la política mexicana

Qué bueno que hace diez años se destaparon algunos actos de corrupción entre Carlos Ahumada y funcionarios perredistas, por ejemplo en aquel episodio en el que pudimos ver en televisión el azoro de René Bejarano extrañamente grabado por el empresario argentino a petición de Diego Fernández de Cevallos, según se dijo en ese entonces como se expandió el rumor de que detrás de los videos estaba también Carlos Salinas de Gortari en acuerdo con los panistas para lograr ellos el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y él la liberación de su hermano. Supuestamente Bejarano le había pedido a Ahumada 50,000 pesos para la operación de comités ciudadanos a cambio de muy buenos contratos en el gobierno del Distrito Federal, dinero que recibía en fajos que se le caían de las manos.

Qué bueno que Bejarano, entonces secretario de AMLO, le tuviera que dar cuentas a la justicia e incluso estuviera preso un año a diferencia de Carlos Imaz, delegado de Tlalpan, quien no pisó la cárcel. Que bueno que por esta vía se tenía pruebas de que la corrupción que se le achacaba al PRI contagiaba a administraciones de otros partidos, lo que demostraba que era añeja y propia de nuestro sistema político.

Qué malo sin embargo que como en el pasado y como sucede todavía hoy, la administración de justicia haya sido entonces más que un acto de transparencia, un acto de administración de justicia selectiva en el marco de una coyuntura política en que algunos jugadores desatan escándalos en busca del descrédito de sus adversarios, y que los procesos legales hayan recaído en la obscuridad.

Qué malo que estos eventos hoy se hayan recordado no para señalar la forma en que la élite política ha cambiado y la vigencia de una normatividad adecuada para castigar a los servidores públicos corruptos, sino para ensuciar la imagen de Cuauhtemoc Cárdenas con la pretensión de que en ese tiempo lideraba una campaña contra López Obrador, y de paso para exhibir nuevamente al grupo de Izquierda democrática que junto a otras tribus ha venido promoviendo el regreso de Cárdenas como dirigente del PRD, una vez que el IFE dispuso que era legalmente posible, contra la candidatura que parecía hasta hace unos días invencible de Carlos Navarrete, del poderoso grupo de Nueva Izquierda que lleva dos períodos al frente del partido con Jesús Ortega y Jesús Zambrano.

Y es que no puedo dejar de pensar que a menudo y en todo caso en el presente, hay mano sucia en algunas declaraciones que se han hecho so pretexto del aniversario del incidente de las ligas, como lo hay en la difusión del caso de Oceanografía, compañía dedicada a ofrecer servicios integrales de ingeniería, buceo, instalación y mantenimiento de estructuras marinas y apoyo a la perforación, caso que implica actos de corrupción con cifras exorbitantes. Con decir que la empresa, que tiene como cuarenta años, estaba prácticamente quebrada cuando Vicente Fox llega al poder. Mucho se ha hablado de la relación de sus accionistas principales los hermanos Yáñez Osuna, hijos de su fundador Amado Yáñez Correa, con los hijos de Martha Sahagún Manuel y Jorge Alberto Bribiesca. La cuestión es que estos últimos al parecer fungieron como intermediarios para gestionar para ellos contratos millonarios por parte de Pemex. De tal forma, de 2000 a 2006 Oceanografía obtuvo 10 mil 530 millones de pesos pero no se puede olvidar que esta cifra se triplicó en el sexenio de Felipe Calderón, cuando la empresa ganó 35 mil 456 millones de pesos. En total durante el panismo le fueron aprobados 22 contratos, la gran mayoría vigentes,  de los cuales en 17 hubo concurso de por medio, lo que hace pensar en tráfico de influencias.

Aparentemente el escándalo estalló en dos frentes. Por un lado Citigroup la acusó  de defraudar a su filial mexicana Banamex por 360 millones de dólares, en tanto obtuvo de ese banco (que por este hecho está siendo investigado por la Comisión Nacional Bancaria para ver si se siguieron  o no los procedimientos adecuadamente y buscar responsables) una línea de crédito para financiar cuentas por cobrar en mayor cantidad de las que en los hechos contaba. Así se supo que Oceanografía ha tenido internacionalmente una conducta recurrente de incumplimientos y fraudes.

Con una sincronía sospechosa, iniciaron por otro lado las pesquisas de la Procuraduría General de la República. Oceanografía está acusada de causar una afectación a Petróleos Mexicanos por casi 3 mil 400 millones de pesos por incumplimiento de los montos de las fianzas a pagar por los contratos asignados, con algunos convenios modificados que elevaron los costos originalmente pactados. Jesús Murillo Karam, titular de la dependencia, calificó el caso de lavado de dinero y explicó así el aseguramiento de la empresa.

Qué bueno que todo esto salga a la luz. Que malo sin embargo que investigaciones complejas que supuestamente pueden llegar a involucrar no sólo a los hijos de la esposa del expresidente Fox sino también a gente muy cercana del expresidente Calderón como es la familia Mouriño y César Nava quien fuera su secretario particular  y dirigente del PAN, mas antes abogado general de Pemex desde donde se dice creó una red de control de la empresa, se den a conocer cuando los calderonistas a través de Ernesto Cordero Oliva le disputarán próximamente a Gustavo Madero el liderazgo del partido.


La corrupción en México no parece tener color. Pese a que gracias al avance democrático hoy en día contamos con una sociedad más alerta, no lograremos atacarla sin una cultura de transparencia y rendición de cuentas plasmada en instituciones que funcionen bien, instituciones que persigan y castiguen a los políticos que violen la ley. Luchemos por ellas sin caer en los juegos del poder de quienes pueden estar usando la aplicación de la justicia para afectar y desplazar rivales, así como favorecer aliados probados en estos casos en las figuras de Navarrete y Madero, frente a Cárdenas y Cordero que para el gobierno federal actual pueden ser menos controlables.