viernes, 27 de febrero de 2015

Sobre la normatividad electoral

Los estudios de política comparada demuestran que no existe procedimiento o institución electoral que no tenga efectos políticos, ya sea en las formas de representación o en el sistema de partidos, y por tanto no existe un procedimiento electoral políticamente neutral, sino que todos ellos contienen una concepción sobre el régimen electoral que un país desea construir, el cual a su vez es impulsado por los actores con capacidad política para hacerlo.

Existen diferentes formas de organizar y gobernar una democracia, y  la opción por un sistema electoral u otro depende de intereses y condiciones sociales, más que de la simple implantación de un modelo probado como correcto y universalmente aceptado.

De aquí dos observaciones muy importantes: uno, las instituciones y procedimientos electorales tienen historicidad e intencionalidad política; dos, la normatividad electoral tiene efecto en los resultados de los comicios.

Sin embargo, en México, el debate que orientó las diferentes reformas electorales que se fueron aprobando en el país desde 1977 supuso, en la mayoría de aquellos que intervinieron en ellas, que existían referentes firmes de carácter general, teóricos y justos sobre el tipo de instituciones que debían ser construidas, cuando en realidad se trataba de una cuestión de ingeniería, de creación de instituciones democráticas que para ser estables y aceptadas debían reflejar lo mejor posible los intereses y la correlación de fuerzas entre los partidos políticos.

Esto explica el hecho de que cada reforma electoral fuera vista y defendida en su tiempo como el arreglo óptimo; sin embargo, una vez modificadas las condiciones políticas anteriores, se volvía inevitable revisarla, lo que dio por resultado un proceso continuo de reformas que inició en 1977, siguió en 1986, 1989, 1993, 1994, 1996, 2003, llegó a  2007, luego a 2012 y finalmente a 2014. De hecho esta reformitis electoral es una de las características actuales de nuestro sistema político.

En efecto no podía ser de otra forma; siendo en principio tan inestables las fuerzas partidistas en México en términos de votos, y por lo tanto tan inestable la correlación de fuerzas (ello se podría matizar pero en principio así es), es claro que aún la reforma electoral de 1996, calificada de manera pretenciosa en su época como definitiva, tendría tal carácter mientras persistiera la misma correlación que le dio origen.

Así la experiencia del 2006 demostró la urgencia por revisar nuevamente las instituciones electorales, ya que muchos temas que se sabían importantes desde tiempo atrás y no habían podido ser abordados se volvieron los principales problemas de la democracia mexicana. En particular las instituciones no estaban preparadas para una contienda tan polarizada, ni para resultados tan cerrados. El IFE no estaba armado para ello y demostró inexperiencia. El problema principal fue la campaña sucia por ambas partes, PAN y PRD, además de la injerencia del Presidente Fox en ella, lo que reflejó un problema de inequidad al que se sumó la intervención de las agrupaciones empresariales que compraron tiempo en los medios para afectar a López Obrador. En este contexto, apaciguar al país requirió la aprobación de la reforma del 2007, la cual tuvo tres ejes:

1.           La eficacia del funcionamiento interno del IFE.
2.           El fortalecimiento del IFE y de los partidos frente a los poderes informales (particularmente los medios de comunicación).
3.           La gobernabilidad del proceso electoral fundada en partidos políticos fuertes.

La reforma de 2012, largamente discutida enfrentó a su vez nuevos problemas relativos a poder evitar parálisis en el gobierno (en ello había una peligrosa laguna), a la necesidad de fortalecer la soberanía ciudadana dado el desencanto social con los partidos políticos (así se aprobaron la consulta popular, los proyectos de ley ciudadanos, y las candidaturas independientes, si bien no pasaron todavía entonces ni la relección inmediata de legisladores federales, ni la de presidentes municipales) y de mejorar la gobernabilidad democrática (pasaron de este modo las iniciativas preferentes del ejecutivo y la ratificación por el legislativo de las designaciones de los comisionados que el presidente nombrara entonces en la Comisión Federal de Competencia, en la Comisión Federal de Telecomunicaciones y en la Comisión Reguladora de Energía; mas se atoró la reconducción presupuestal y además se eliminó la sanción relativa a que si los legisladores no atendieran y votaran una iniciativa que el ejecutivo mandara con carácter prioritario, se convirtiera en ley).

El regreso del PRI al poder federal produjo, poco tiempo después, nuevos desencantos que desembocaron en la nacionalización de las elecciones, dada el decir de la nueva oposición que los gobernadores (la mayoría de ellos de origen priista) manipulaban los procesos electorales a través del control de los institutos electorales estatales. Así surgieron las OPLES  y el INE con la capacidad regulada de atraer elecciones y de llevar a cabo la fiscalización en tiempo real de las campañas con estrictas reglas de prorrateo de los gastos. La nueva reglamentación hizo posible el surgimiento de nuevos partidos, especificó la logística necesaria para las consultas populares y las candidaturas independientes, y esta vez  sí hizo posible la relección que había abortado en 2012. Además estableció una nueva manera de asignar los votos por coaliciones electorales.

Después de haber sustentado el que todas las reformas han sido producto de sus contextos políticos y a su vez producen consecuencias, podré en futuras emociones estudiar los efectos de la reglamentación actualmente vigente para las próximas elecciones, lo cual voy a hacer a través de las siguientes preguntas:
1. ¿Quiénes votan?
2. ¿Quienes pueden ser votados?
3. ¿Cómo se cuentan los votos?
4. ¿Qué se vota?

Denuncia y combate a la corrupción en tiempos electorales

Una revisión informal a los periódicos que me vine haciendo ayer en un vuelo aéreo, me dejó ver la proliferación de notas escandalosas que difunden asuntos de presunta corrupción de políticos de partidos de todos los colores, o expresan proyectos para combatirlos o políticas gubernamentales que se echan en marcha con este fin.

No están únicamente las secuelas de las casas de nuestro señor Presidente o su mujer, y de su secretario de Hacienda, adquiridas de forma dudosa y beneficiosa de manos de empresarios con jugosos contratos oficiales. No sería cosa nueva. Apenas el sábado pasado, el New York Times precisamente atribuyó a José Murat,  exgobernador de Oaxaca de 1998 a 2004, la propiedad de seis inmueles de lujo que hacen palidecer a la casa blanca de la Gaviota. Murat lo ha desmentido, pero  el periódico apenas ha empezado a publicar el material (lo hará a detalle a lo largo de la semana), el cual proviene de una investigación seria de Louise Story y Stephanie Saul, que les llevó más de un año sobre el poder mexicano más allá de la frontera, encubierto desde luego en empresas fantasma.

Por otro lado, el ya también viejo asunto de Oceanografía se ha revivido al darse a conocer que Mario Alberto Ávila Lizárraga, exsubdirector de mantenimiento y logística en Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción, además de ser investigado por favorecer a la compañía cuyo socio mayoritario es Amado Yáñez Osuna, ahora por indagaciones que hace la PGR se presume que pudo ser apoyado por éste en su campaña en 2009 como candidato del PAN al gobierno de Campeche. De hecho, se han investigado a varios empresarios para conocer si financiaron también dicha campaña, su relación con Amado Yáñez  y si pagaron correctamente sus cuotas al IMSS, a Infonavit y  sus impuestos. Por ejemplo se sabe que Mario Alberto, como otros funcionarios que le concedían contratos millonarios, frecuentemente viajaba en el avión de Yañez.

Ayer mismo, 9 d efebrero, también se daban más datos sobre la obscuridad detrás del diseño de la línea 12 del metro. No sólo se trata, ahora por ejemplo, de si los trenes eran los adecuados para el proyecto, si esto se sabía, sino que el tipo de cambio que el gobierno de Marcelo Ebrard estableció para el pago para su mantenimiento se fijó en 16.75 pesos por dólar, cotización que se mantuvo en 2013, 2014 y hasta el 13 de enero pasado, cuando ni con la devaluación reciente hemos alcanzado tal paridad. Total, que parece que los costos se inflaron.

¿Qué les parece? La corrupción supuestamente se da en políticos de todos los colores partidistas, sin excepción, y en estos tiempos electorales parece ser que su denuncia es muy atractiva como estrategia. Así, no me parece una casualidad el aumento de su reproducción en los medios. No me parece una casualidad que aquellas que dañan la imagen de los priistas estén proviniendo del exterior, particularmente de los diarios norteamericanos y puedan esconder el descontento de varios sectores de empresarios que la llegada de Enrique Peña Nieto a los Pinos desplazó, siendo que estrechaba lazos con los chinos por ejemplo. Denunciarlo a él y a sus aliados como es Murat (piensen ustedes que su hijo su joven hijo Alejandro fue colocado nada menos que en Infonavit y hoy es un fuerte candidato para ser candidato del PRI en Oaxaca en 2016), hacer esta denuncia era impostergable y oportuno antes de las elecciones.

Miren, yo veo que con esta campaña que tiene como tema el evidenciar que el PRI no ha cambiado y que sus gobernantes son los mismos ladrones de antaño, junto con el desbordamiento de lamentables incidentes como el de Tlataya e Iguala en el marco de la plaga de la narcopolítica y un Ejército sin formas para combatir el crimen organizado, ha beneficiado sobre todo a los panistas, a decir por el aumento de las preferencias electorales a favor del PAN, de tal suerte que una buena hipótesis es que ese partido haya orquestado una buena difusión de lo que venía sucediendo y de la ineficacia federal.

Es por ello, a mi parecer, que el gobierno federal se ha puesto en varios sentidos las pilas para contraatacar en varios sentidos, uno de los cuales puede ser la exposición de la corrupción panista. En este mismo sentido veo el muy comentado nombramiento, que todavía ocupa las planas de los diarios, de un Secretario de la Función Pública cuando a comienzos del sexenio no se hizo el nombramiento en espera de reestructurar los organismos de combate a la corrupción. La discusión se empantanó en el Congreso, pasó por la conquista en la Reforma Política de una Fiscalía en la materia, cuyo titular sin embargo no ha podido ser nombrado por las diferencias de posturas del gobierno y de la oposición en este reglón, centradas en la composición de los órganos correspondientes, de la cual se derivaría su potencial autonomía del ejecutivo, no la investigación sino la calificación de los delitos y la suerte de los inculpados para que las faltas graves no queden en meros desahibilitamientos.

El PAN en particular había diseñado un proyecto de sistema  de gran calado, a cuya discusión pretendía darle prioridad durante el presente período de sesiones, que de llegar a acuerdos como parecía posible, lo vestiría en la jornada electoral. Entonces, semicongelar tal discusión, revivir la secretaría de la Función Pública y tomar una serie de medidas que una administración puede de ya tomar (algunas son muy buenas), fue de parte del equipo de Peña Nieto un despertar tras los sucesos posteriores al último informe que había llenado al Presidente de gloria. En esto estoy de acuerdo con otros comentaristas; fue una reconducción de su política, como lo fue pretender cerrar el caso de los normalistas de Ayotzinapa, o fueron los recortes presupuestales. Pero no ha sido, al menos ésta, una política de repliegue como algunos señalan, sino de ataque a sus adversarios más cercanos en las próximas elecciones. Ello a pesar de lo ridículas que hayan parecido las decisiones tomadas,

En suma, no van a estar los priistas sentaditos en espera que la economía de milagro crezca. Van a inmovilizar sólo la vida parlamentaria; no les convienen los reflectores puestos en el Congreso donde comparten el espacio con sus opositores. Pero fueras de éste. van a actuar con todas las armas que tienen en sus manos; en particular van a hacer uso de su influencia en los medios, y van a aceitar su maquinaria experta en conseguir votos. Así leía yo el periódico ayer en el avión.


¿Están de acuerdo conmigo?                           

Elecciones 2015. El caso de Guerrero

Ayer, 25 de enero, hicieron cuatro meses de los acontecimientos de Iguala que cambiaron el panorama político del país. Quizás desde las altas esferas se confiaba que las fiestas decembrinas acallarían la protesta social, generada por los normalistas desaparecidos en el marco del auge del narcotráfico en Guerrero, de las pugnas entre carteles de la droga y de  la complicidad de las autoridades. No ha sido así; prueba de ello fue el caos vial que tuvimos en la ciudad por las marchas.

Hoy México no se reconoce porque, se puso en evidencia la fragilidad política del PRI y de su Presidente, quien hace bien poco todavía se veía orgulloso de la habilidad negociadora de su equipo a favor de su política reformista. Su popularidad se ha visto afectada, y arrastra las intenciones de voto debido a estos incidentes, los cuales se sumaron a las consecuencias de su mal manejo, y los agravaron tanto los testimonios de la persistencia de la corrupción en el país, como una economía que no despega, un dólar que se aprecia y precios del petróleo que se desploman. La nueva coyuntura ha cambiado por completo el panorama que se veía venir para las próximas elecciones, en las que antes se creía que los priistas arrasarían. ¿Qué se espera ahora, a nivel general, y en particular a nivel de Guerrero especialmente afectado por la crisis.

En primer lugar, las próximas contiendas mediante las cuales se renovará la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas y poderes locales en 18 entidades, a saber congresos locales y autoridades municipales, van a evaluar la pertinencia de la reforma político electoral del año pasado, cuyo eje más relevante fue la nacionalización de las elecciones a través del nuevo INE. Amén de que habremos de preguntarnos si habrá valido la pena aumentar el costo de los procesos, estará por verse la difícil fiscalización en tiempo real de las campañas que ya ha enfrentado al instituto a una primera compañía la cual había contratado para tal fin. Igualmente está en el aire su monitoreo que tendrá una cobertura inédita y deberá realizarse con más recursos, pero quizás insuficientes para el reto.

Son ejemplos, pero lo que más interesará será apreciar las consecuencias que habrá de tener la nueva normatividad sobre el conteo de los votos, en las circunstancias que enfrentan los hasta ahora partidos grandes, así como los que se pensaban pequeños, además de  los nuevos partidos. Con la aparición de Morena sobrevendrá una fragmentación tal del PRD que ambos partidos resulten medianos, como puede llegar a serlo el PVEM. Partidos grandes sólo parece que seguirán siendo el PRI y el PAN, mientras se duda que los otros partidos nuevos y el PT sobrevivan, mientras NA y MC sí lo logren y quizás.

Ahora bien, en las próximas elecciones se jugará por ser elecciones intermedias el futuro político de EPN: su presencia en el Congreso que afectará la gobernabilidad, y su presencia regional sin la cual no podrá amarrar el 2018. La debilidad de la oposición  le favorece, así como la falta de interés ciudadano por la jornada. Somos testigos del deseo de participación de una sociedad que, paradójicamente, se encuentra a la vez harta de sus políticos y por eso se desinteresa de votar. Se espera por lo mismo más abstencionismo y un voto nulo creciente, al que ya llaman líderes de opinión. Al PRI le puede venir bien, mas en tal caso estará en riesgo su legitimidad.

¿Cómo aterriza todo esto en Guerrero? En el estado, la movilización de los grupos radicales parece incontenible. So pretexto de no estar conformes con las investigaciones, las aprehensiones y las explicaciones, en el caos que ha producido la caída del gobernador Ángel Aguirre, lo que se quiere es boicotear la realización de los comicios. La violencia está desatada y se ha bloqueado las actividades de las juntas distritales del INE, al grado de que Lorenzo Córdoba ha manifestado que se hará lo que sea posible sin correr riesgos. La situación es delicada por ese lado.

Por el lado del proceso de selección de los candidatos a gobernador, la atención está puesta en el PRD y en el PRI. El PRD supuestamente tomará su decisión a finales de mes en un proceso interno cerrado. Armando Ríos Piter, el Jaguar, el precandidato mejor posicionado frente a la ciudadanía se salió de la competencia, acusando al exgobernador de influir en ella. Siguen Beatriz Mójica, exsecretaria del gobierno aguirrista y el senador Sofío Ramírez. Por el lado del PRI, se esperaba una postulación de unidad como ha sucedido en las otras entidades; los aspirantes eran Manuel Añorve y Hector Astudillo, excandidatos perdedores en 2011 y 2005 respectivamente, el primero conocido por su cercanía con Manlio Fabio Beltrones líder de los diputados del tricolor y el segundo sin corriente definida, y también Mario Moreno, alcalde de Chilpancingo debilitado por la pérdida del estado de derecho en la capital; la decisión debían tomarla el pasado sábado la dirigencia del partido, así como senadores como Emilio Gamboa o el exgobernador René Juárez; sin embargo, no ha sido tan sorpresivo el anuncio de posposición del registro de interesados hasta el 4 de febrero y el que se analiza la posibilidad de abanderar un candidato externo. Corre el rumor que éste pueda ser el propio Ríos Piter, o el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero quien, en otros medios, también se ha mencionado como posible candidato de unidad antipri precisamente.

Si así fueran las cosas, sí el candidato de Peña fuera el Jaguar, quien de por sí parecía tener su apoyo  antes de la crisis de Ayotzinapa cuando el PRI parecía que jugaría con bajo perfil, si hay elecciones y las gana, habrá quien piense que no habría cambiado nada. Según yo, sería un error de percepción, porque de tal forma regresaría el PRI al poder estatal y habría sido consecuencia de la narcopolítica y las pugnas entre grupos del crimen organizado. Curioso, no lo creen: no sería descabellado pensar en que pudieran haber sido incidentes montados para que el PRI se pusiera las pilas en la entidad, cuando todo indicaba que no era su intención hacerlo. A saber: puede que ni elecciones haya, o que Rios Piter sepa que la CETEG no le va a dejar poner un pie en Guerrero, o que el PRD postule a quien sea y (si bien haya sido responsable de seleccionar candidatos ligados al mundo de las drogas y de avalar su gobiernos) conserve el poder en la entidad, o que por qué no el candidato de Movimiento Ciudadano por ejemplo Luis Walton (quien ha sido su dirigente) goce del apoyo de facto de Morena y, pese a los problemas del puerto con los que no pudo como su presidente municipal, crezca como Alfaro en 2012 en Jalisco quien estuvo cerca de ganar la gubernatura.

Nos podrán disgustar los políticos, pero no son lo mismo aunque sean los mismos. Me explico: pesa en ellos los intereses que los llevan al poder y a los que tienen que responder. Pesan quienes están detrás de ellos. ¿Qué opinan ustedes?

martes, 13 de enero de 2015

De corrupción e impunidad

Dos grupos de noticias, venidas del exterior en la última semana, me hacen reflexionar sobre la distancia entre los países con democracias más consolidadas y México.

La primera hizo poco revuelo, pero es importante. Concierne a la sentencia que recibió el exgobernador republicano de Virginia en Estados Unidos -Bob McDonnell- de dos años de prisión, que deberá empezar a cumplir a partir del 9 de febrero próximo por once cargos de corrupción de los que se encontró culpable, siendo que su mujer también se le ha culpado de ocho cargos y deberá ser sentenciada el 20 de febrero. Los abogados del exgobernador, quien aceptó y lamentó profundamente los hechos que llevaron a su condena, consistentes en haber aceptado regalos y favores por US $177,000 de parte de un empresario de Richmond de apellido Williams a cambio de tratos preferenciales, habían intentado demostrar que la corrupción implicó un menor monto y fallaron en que fuera condenado a 6000 horas de servicio comunitario. Este asunto conlleva un mensaje clarísimo que advierte a los políticos de aquel país que la justicia no es selectiva, mensaje que lejos están de recibir nuestros políticos muchos de los cuales han podido enriquecerse fuera de la ley con singular alegría por medio de sus cargos.

El otro asunto bien conocido es el lamentable atentado en París por parte de fundamentalistas musulmanes contra el semanal Charlie, en el que los venían satirizando con inteligencia mordaz por lo que ya había recibido amenazas. En el evento murieron varios caricaturistas, responsables y allegados a la publicación, además de un policía. No se hizo esperar la reprobación de los hechos, que el domingo dio lugar a las más grandes manifestaciones que hayan tenido lugar en Francia: un millón y medio de personas en la capital, en total cuatro millones salieron a la calle en defensa de la libertad de expresión acompañadas de mandatarios de varias naciones y políticos de diversos partidos. Sin duda el terrorismo compite en nivel de violencia con el narcotráfico en el país, pero la respuesta de las autoridades, la defensa cabal de los miembros del gremio de los medios de comunicación y la celeridad de las pesquisas contrastan con la impunidad con la que en México han desaparecido y sido asesinados varios reporteros.

Nuestro país tiene un largo camino por andar para atacar estructuralmente nuestros principales problemas, que son la pobreza y la inseguridad que en gran medida es resultado de la pobreza. El crimen organizado pudo crecer porque se topó con un ejército de gente sin alternativas que pudo emplear, y el negocio floreció por la debilidad de las instituciones y la capacidad de corromper a quien fuera necesario, para que el tráfico de la droga fuera viable y su combate fracasara en tanto los delitos podían no tener consecuencias. Por eso, al explotar con el asunto de Iguala el nivel de penetración de carteles en México, es válido en varios sentidos reconocer la culpabilidad estatal al haber postergado como metas el combate a la corrupción y el mejoramiento de la procuración de justicia.

Lo cierto es que Enrique Peña Nieto aún antes de tomar posesión como Presidente, luego de haber sido electo,  consideró al combate a la corrupción como una de sus tres iniciativas principales y al inició de su gobierno planteó la restructuración de la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, frente a la importancia de la aprobación de las reformas estructurales, se dejó caer tal discusión que enfrentaba al gobierno con una posición más moderada, a una oposición a favor de organismos más vigilantes e independientes que persiguieran delitos que se castigaran. Así las cosas, se aprobó la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mas no hubo acuerdo ni para sacar adelante su ley reglamentaria, ni respecto al nombramiento de su responsable, porque no se logró el consenso necesario entre ambas posturas, acelerándose la politización de las discusiones en el marco uno de un conflicto político creciente por el desbordamiento de la inconformidad ciudadana frente a la inseguridad y la ineficiencia gubernamental para detenerla, y dos del ambiente prelectoral.

A finales del año pasado, sobre todo el PAN que había presentado una iniciativa para poner en marcha un Sistema Nacional Anticorrupción, acusó al PRI de reventar la negociación por oponerse a un combate frontal a este cáncer, en tanto su diseño de los órganos para atacarlo era tan tibio que se podía prever que resultarían simuladores.

Así las cosas, ayer mismo Manlio Fabio Beltrones -líder tricolor en la Cámara de Diputados- declaró que precisamente en el próximo período de sesiones la aprobación del Sistema Nacional de Integridad Pública será prioridad para la agenda parlamentaria, como lo será el Sistema Nacional de Transparencia que también se ha atorado. La diferencia de su postura, con la propuesta panista, no es sólo de nombre aunque ello ya indica miradas diferentes. Recuerden: el PAN había propuesto un Sistema Nacional Anticorrupción y el PRI propone uno de Integridad Pública. El PAN reconoce en el nombre del sistema una realidad, la existencia de la corrupción; el PRI maneja en el mismo un anhelo, la integridad. Pero hay más, el PRI pretende que su propuesta es integral porque interrelaciona dos sistemas. El PAN por el contrario considera la suya de gran envergadura, pues plantea la constitución de un Comité Ciudadano para la Ética Pública a la par del Consejo Nacional, que a diferencia del pensado por el PRI -al menos hasta diciembre- no es presidido por el Presidente y los gobernadores,  sino que en él son representados varios órganos, algunos de control interno y otros externos: una Secretaría de la Función Pública con más atribuciones y un titular ratificado por el Senado, además de un órgano de control de todos los organismos constitucionales autónomos; los órganos externos, absolutamente independientes del Ejecutivo, serían la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía. El PRI no pareciera pensar diferente estos órganos externos, pero su Auditoría tiene por una parte menos peso y por otra parte funciones de sanción, como las puede tener su Tribunal Fiscal y Administrativo, que en la propuesta panista es un verdadero Tribunal Federal de Cuentas, mas además estarían las atribuciones de los jueces en materia penal a los que se les remitirían los casos pertinentes. Vemos que las diferencias no son menores. Lo que está en juego es el grado de salto que demos en esta materia, con la nueva legislación.


En este sentido no cabe sostener una postura escéptica sobre lo que se logre, so pretexto que en México la ley nunca se respeta, y que la participación social es intrascendente porque no es vinculante. La corrupción y la impunidad que padecemos no son herencias culturales que no puedan vencer leyes adecuadas, instituciones que funcionen y las respeten, y ciudadanos que confíen en ellas y actúen en correspondencia.

martes, 16 de diciembre de 2014

Evaluando una gestión. A dos años de gobierno de EPN

El ejercicio del poder tiende a ser complejo y sus resultados inciertos. Asimismo resulta cruel, porque la aceptación del político no depende exactamente de su quehacer, ni de la eficacia ni de la eficiencia de las políticas públicas. Por ello, aún el mejor desempeño puede venirse abajo en una crisis inesperada. Bajo esta perspectiva, voy a hacer un balance del gobierno de  Enrique Peña Nieto, quien cuando rendía su segundo informe estaba lejos de pensar cómo terminaría el año, y de predecir la baja de diez puntos que sufriría su popularidad, la cual no se mantenía alta pero no había llegado a afectar el porcentaje de ciudadanos que se declaran dispuestos a votar por el PRI. Por el contrario, ahora, la crisis de su administración ha arrastrado las simpatías por su partido. ¿Pero qué podemos analizar que vaya más allá de esta descalificación, patente en encuestas y sondeos?

Primero, podemos preguntarnos si el Primer Mandatario se posicionó de forma pertinente al diseñar su programa de acción hace dos años, es decir debemos juzgar su agenda, en el sentido de si consideró atinadamente sus circunstancias, sus oportunidades pero también las restricciones que el contexto en que ejercería el poder marcaba. Es decir, si dimensionó bien sus retos. En este sentido podemos saber si fue o no demasiado ambicioso, o si se expuso a riesgos, y también deducir si su agenda era alcanzable. En este plano a mi parecer no consideró de forma adecuada la crisis del Estado en México, la cual iba más allá de la incapacidad de generar acuerdos desde un régimen presidencialista con un Congreso plural y sin incentivos para cooperar con el ejecutivo. Puso así la capacidad política de su equipo al servicio de lograr casi en paquete (sin gradualismo alguno) las reformas estructurales que él consideró convenientes para el país. Lo hizo bajo un esquema que por una parte subestimó los costos que implicaron los acuerdos, y afectó intereses de peso que luego se le revertirían, y por otro parte menospreció la pobre aplicación de la ley en México y el control creciente de nuestro territorio por el crimen organizado.

El Presidente no quiso desperdiciar lo que consideró era la gran oportunidad del regreso del PRI a los Pinos, luego de dos sexenios de un panismo que señaló como inexperto. Pecó de ambición y diseñó un programa que parecía inalcanzable, pero que alcanzó sin que claro parezca vaya a poder sacarle el jugo que quería, porque su torre de naipes se derrumbó con una economía que no creció como se esperaba, en parte como producto sí de un entorno internacional poco propicio pero también de errores durante 2013 como fue su política de vivienda, el subejercicio presupuestal y la reforma fiscal, y cuando este año empezaba a hacerlo se topó con la caída del precio del petróleo y ahora con la caída de la bolsa de valores, como vimos ayer. Pero la crisis como todos saben no ha sido sólo económica: tampoco pudo contener el que escalara el conflicto que se generó en Iguala hace dos meses y medio, el cual se ha convertido en un reclamo social que alimenta además el señalamiento de favoritismos hacia determinados grupos empresariales del que parece derivar un enriquecimiento familiar suyo, y también al parecer de su gente, situación que no acaba de quedar explicada.

Veamos a continuación cual fue su juego político. En primer lugar no fue suficientemente inclusivo. ¿A qué me refiero? Al hecho que Peña Nieto consideró que con quienes tenía que negociar era con los principales partidos de oposición, a saber el PAN y el PRD, cuyas bancadas legislativas necesitaba para aprobar sus reformas. Lo hizo así con sus dirigencias, dejando atrás en primer lugar a los grupos calderonistas que le habían facilitado su transición, y a la izquierda radical que mantuvo relativamente callada al darle paso a la creación de Morena, pero en segundo lugar a los líderes estatales y locales panistas y perredistas, igual que al priismo regional que también se vio afectado por su política centralizadora (por la cual en plena crisis pretende ahora arremeter contra el municipio).

En suma, su juego político no fue suficientemente inclusivo y su estrategia equivocada, porque creyó que obtener apoyo significaba haber aumentado su fuerza y contar con más recursos. Por eso, corre el peligro de quedarse solo e incluso de ser abandonado por ciertas capas de priistas descontentos porque la forma en la que amalgamó a todo el priismo a su alrededor para llegar al poder puede caersele, si no es que ya se le ha caído.

Otro punto, además, es que su juego político no fue transparente pues decidió negociar a través del famoso Pacto por México, o si no de cualquier manera fuera del Congreso, con lo que no sólo lastimó la división de poderes, sino se expuso al descontento de una sociedad que pareció olvidar sin considerar que su acceso al poder fue polémico para una parte importante de la población, que aún veía con desconfianza al PRI. Esta parte de la población se mantuvo alerta, a través de medios que hoy hacen más fácil el acceso a la información y pueden fermentar un conflicto si se dan las condiciones. Y las condiciones se dieron porque se han sumado intereses y han coincidido con la voz de los descontentos, porque se han despertado, o porque ya no pueden esperar resultados que no llegan, o porque les indigna la incapacidad del gobierno de asumir que las condiciones han cambiado, que tiene que rectificar, que no puede limitarse a ajustar estrategias, sino debe cambiar de metas, porque es inaudita la lentitud y sentido de sus respuestas y su incapacidad de mover la agenda.


En esta situación de crisis, desgraciadamente está siendo poco útil para Enrique Peña Nieto su estilo decisorio, que si bien ha expresado carácter, firmeza y ecuanimidad, no ha demostrado hasta ahora -quizás por lo mismo- la capacidad de autocrítica, ni la modestia necesarias para al menos remplazar a los miembros de su equipo que no han funcionado, y así conducir nuevos tiempos. Pareciera que no está decidido a hacerlo y sólo se ha limitado buscar otros culpables, y a lanzar tardíamente medidas precipitadas frente a los hechos. Sin embargo, debiera saber que las agendas no pueden ser estáticas, que su tablero es otro y que requiere de nuevos instrumentos. Si quiere recobrar liderazgo, necesita buen juicio, y no caer en la necedad y la arrogancia.

jueves, 4 de diciembre de 2014

Crisis y responsabilidad universitaria. A dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Hace veintisiete años, si partimos de la reforma política promovida por Jesús Reyes Heroles en 1977, inició la transformación lenta de un sistema semiautoritario que se había reproducido con éxito en México desde un partido hegemónico luego de la Revolución, modelo que desde casi dos décadas atrás se había empezado a cuestionar y que resultó insostenible cuando la economía dejó de poder alimentar a las  bases clientelares del Estado interventor que lo sostenía. El cambio fue promovido desde los grupos que habían sido más favorecidos por el sistema, desde la clase media que forjó, desde los grupos poblacionales con mayor educación, así entonces desde las universidades que se habían convertido en el centro de discusión y debate de los problemas nacionales. La UNAM en particular fue promotora del cambio en el país, con una posición crítica que nos enorgullece recordar. Su papel se reconoce como semillero de análisis e ideas para esta evolución gradual, y como centro de formación de políticos de las nuevas generaciones de un México más plural. Más adelante, de su seno salieron el grueso de los primeros árbitros de las también nuevas elecciones.

Quiero recordar lo anterior para señalar que este papel contrasta con la paulatina pérdida que al menos la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (donde trabajo) ha sufrido de ser foro importante de discusión de esta misma transformación que México experimentó, con sus alcances y limitaciones. ¿Qué sucedió? La propia pluralidad política alcanzada desplazó la crítica a los partidos políticos y a los medios de comunicación, que se beneficiaron de la liberalización del sistema. En ellos encontraron cabida algunos académicos, mientras el trabajo de la mayoría perdió contacto con la realidad o la capacidad de influir en la vida política que era su objeto de estudio. Sin dejar de reconocer que esta situación ha sido responsabilidad de los mismos profesores e investigadores, también lo ha sido de las autoridades universitarias las cuales han ido fomentando un papel cada vez más conformista en sus cuerpos académicos, para que los movimientos estudiantiles radicales que vienen reproduciéndose en su seno permanezcan quizás aislados.

La contradicción señalada cobra hoy en día una nueva dimensión frente a la más importante crisis política que nuestro país ha atravesado en décadas, una crisis que ha despertado a miles de consciencias desencantadas con razón de lo que les trajo la supuesta democracia, lo que les cuesta un sistema de partidos insuficiente en tanto no encuentran en él representación, en tanto los sienten atrapados por el legado de nuestro pasado, en tanto seguimos siendo un país en donde las leyes nos se cumplen, en donde la corrupción atrapa a políticos de todos los colores, un país además al que el cambio de modelo de desarrollo no le trajo frutos en erradicación de la pobreza o crecimiento, sino sólo parece haberlo hecho un país más desigual, grotescamente injusto por lo que el crimen organizado pudo penetrarlo como lo ha hecho.

La contradicción cobra una nueva dimensión porque desde la Universidad esta toma de conciencia producto de la crisis y esta incipiente organización social del reclamo la debemos permitir, pero no tan sólo señalando como se ha hecho que se debe respetar sin que entorpezca el buen funcionamiento de la institución, sino que debemos abanderarla y orientarla. No podemos privilegiar el juicio moderado frente a los acontecimientos que han desencadenado las protestas, símbolo de lo que había venido sucediendo en México sin que pareciera ya importarnos,  frente a la lentitud y errores de quienes tenían y tienen que hacerse responsables de ellos, frente a la violencia innecesaria contra manifestantes desplegada por las fuerzas encargadas de mantener el orden, frente a la arbitrariedad e ilegalidad de arrestos cuando lo son. De aquí que no avale yo la moderación de los pronunciamientos de las autoridades de mi casa de estudios por afinidades políticas, de suerte que se hacen un tanto cómplices del amedrentamiento de las voces críticas y  de la criminalización de la protesta social.

Por el contrario, pienso que la Universidad debe darle cara a estos tiempos, debe promover la discusión de lo que está sucediendo en este país, debe fomentar el estudio objetivo de los hechos, de si existe la posibilidad de intereses detrás de ellos o que estén alimentando las reacciones de la sociedad a ellos, de cómo y por qué se ha podido extender esta crisis, de sus verdaderas causas, de sus riesgos sí, pero también de las oportunidades que podría abrir si se encauzara bien, si despertara por parte del gobierno federal como no lo ha hecho respuestas más rápidas y acertadas, más autocríticas, más humildes, más abiertas a cambiar de rumbo. Las propuestas del Presidente de la República que dio a conocer la semana pasada, desgraciadamente no van por ese lado, ni auguran buen futuro. Pareciera que se está apostando al desmantelamiento de lo que erróneamente se ve todavía como tropiezo coyuntural de una gestión que se había trazado objetivos que no quiere cambiar. Esta necedad la entiendo, lo que no alcanzo a entender es la cantidad de errores que el equipo de Peña Nieto ha cometido, en su discurso, en la toma de medidas, en no contar totalmente con el ejército, en el actuar fuera de las normas de los cuerpos policiacos, en no haber dimensionado quizás los intereses que ha afectado, en la cola que tiene que le pisen, en hacer política como en el pasado o peor que en el pasado cuando las nuevas tecnologías producen afortunadamente mayor velocidad en la información y mayor capacidad de respuesta. De eficiente y ejemplar ha tenido poco.


Así termina su segundo año de gobierno nuestro Presidente, con la interrogante de si superará esta crisis, lo que a mi parecer con todo es deseable, como lo es el refortalecimiento de nuestras instituciones, incluyendo los partidos políticos, a la par que es deseable el mantenimiento de una sociedad participativa y exigente.

El hastío de la política

18-XI-2014
Que en poco menos de dos meses México nos resultara desconocido, en cuanto a ambiente político, que un clima de descontrol se adueñara del equipo de un presidente que hizo campaña contra la ineficiencia de sus antecesores, de la forma en que lo ha hecho Enrique Peña Nieto frente a las protestas en escala derivadas de un incidente como el de Iguala que por más indignante que nos parezca había sido precedido por miles y miles de muertes producto del crimen organizado y de su combate en el contexto del fenómeno de la narcopolítica en ascenso, que estos sucesos quieran ser aprovechados por los mismos políticos de todos los colores contra los cuales se manifiesta una sociedad cada vez más inconforme, que las manifestaciones fueran rebasadas por movimientos más radicales proclives a la violencia, todo ello no debería sorprendernos.

En efecto, el narcotráfico pudo fácilmente penetrar en un país como el nuestro con condiciones de pobreza no superadas, el segundo más desigual a nivel mundial; el narcotráfico pudo corromper las instancias de gobierno que requirió porque sus responsables no tenían que rendir cuentas a nadie, ni éste se enfrentó a instituciones sólidas; porque la crisis desatada no estaba contemplada por un gobierno que si bien demostró en varias ocasiones capacidad de respuesta a imprevistos, más había ajustado sus estrategias que reconsiderado sus metas, y hoy no entiende que el cambio de proyecto, hombres y discurso es imponente porque aquellos con los que negoció, sus opositores más importantes, gozan del mismo descrédito suyo; no entiende que PRI PAN y PRD son también un cartel a sus ojos, con sus propias contradicciones internas, más patentes en el perredismo, un cartel que en vez de droga mueve ambiciones de poder a través de acuerdos lejanos a los intereses sociales que debieran representar.

Por eso ha salido la gente a la calle a protestar. Qué pena en este sentido que tal descontento sea desvirtuado por actos violentos y vandálicos que no parecen ser perseguidos por la autoridad, la cual por lo mismo se aprecia débil, cuando quizás lo que busca es precisamente que las manifestaciones generen inconformidad, de forma que las reacciones a la desaparición de los estudiantes de Guerrero se vayan desinflando y las aguas retornen a su cauce. En este sentido, puede ser que la marcha menos concurrida en la Ciudad de México de este fin de semana esté demostrando que lo están para mal logrando, cuando lo que debieran hacer sus líderes es orientar mejor a los inconformes para realizar sus diagnósticos, presentar acusaciones debidas y plantearse objetivos viables, de suerte a no hacerle el juego a determinados intereses que pueden estar precipitando una desestabilización que los beneficie, ya sean éstos ciertos grupos de narcotraficantes, ciertos empresarios, ciertos políticos o ciertos luchadores sociales radicales.

Así queda la duda de quiénes están detrás de las también violaciones del estado de derecho, producto de los crímenes cometidos en Guerrero, como queda la duda de por qué los toleran las instancias responsables de mantener el orden, cuando son capaces de entrar a la UNAM para perseguir un robo de celulares. Así lo hicieron el sábado pasado. Es extraño (¿no lo creen ustedes?), como es extraño que se vayan disparos, que se deje abandonado horas un vehículo que después es incendiado por estudiantes, y ahí están los policías rápido para contenerlos violando la autonomía universitaria.  

El ambiente está más que enrarecido, y se presta claro a la desmovilización de quienes sí protestan pacíficamente. Sin embargo estas manifestaciones son las que pueden lograr los cambios profundos que México no ha conseguido, así, desde fuera de los partidos políticos que han sido atrapados en la inercia del sistema que los alimenta y sus partidarios comprados a novel local, ahí donde los traficantes de estupefacientes y diversos criminales organizados han querido.

De esta forma, los ciudadanos deben crear canales para exigir concretamente explicaciones a sus gobernantes y una mejor conducción del país. Deben exigir también una participación adecuada en la toma de decisiones. En esta vía podrían asimismo, por ejemplo, promover la despolitización de la forma en la que se nombran los encargados de los múltiples organismos autónomos que se han creado, y que supuestamente debieran ser ciudadanos. Lo pensaba yo ahora que se negoció, porque así fue, la designación del nuevo responsable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, designación posiblemente adecuada pero que no dejó de procesarse en lo obscurito, siendo además que el Senado no quiere dejar de tener vela en el injerencia en este terreno y ahora, fíjense ustedes, quiere crear una comisión de seguimiento de las recomendaciones del organismo.


Si los ciudadanos que en las circunstancias actuales han salido a la conquista del espacio público se apagan, podemos permanecer todos presos de la apatía que hoy por hoy, no sin razón, produce pensar en el gobierno y el poder.  Les confieso que es mi deseo poner mi granito de arena para que mis colegas y yo no nos quedemos sin objeto de estudio, ahora que dedicarse a las preferencias partidistas parece perder sentido, cuando los partidos todos se parecen tanto y ninguno tiene una oferta ni características radicalmente diferentes. Estudiarlos de repente, en el clima de violencia que vivimos, puede sonar irrelevante. Sin embargo, es muy importante hacerlo en estos tiempos de hastío de la política, en tanto justo enfrentamos el reto de reedificar al Estado.