martes, 8 de abril de 2014

La lucha contra el narcotráfico: el arraigo de José Jesus Reyna

Los hechos ocurridos los dos últimos fines de semana, en el tema del combate al narcotráfico, encajan mal con los argumentos de quienes aún no creen que la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto en este terreno sea esencialmente diferente a la que se desarrolló durante el sexenio anterior. En líneas globales señalan dos puntos ciertos, en el sentido primero que no se ha retirado ni a las fuerzas armadas ni a la Marina de las acciones que se emprenden y que dichos cuerpos vienen desempeñando con consecuencias cuestionables acciones que no les competen, y segundo que las cifras de inseguridad y violencia no  han ido a la baja de forma radical. No obstante, de ello desprenden la conclusión a mi parecer equivocada que la supuesta nueva política se limita al despliegue de una nueva política mediática que esconde el problema, excepto cuando hace alarde de golpes espectaculares.

Sobre el penúltimo fin de semana, como seguramente recuerdan, el domingo 30 de abril el líder templario Enrique Kike Plancarte fue supuestamente ubicado por las fuerzas federales como espectador, imagínense, en un partido de futbol en la comunidad El Lindero del municipio de Colón en Querétaro en donde estaba refugiado. Huyó, se perdió en las calles, fue perseguido y finalmente abatido tras varias horas. Considero ingenuo pensar que la inteligencia de la que se presume ahora, con razón porque es muy superior al pasado, acababa de localizarlo pero lo que sí debe ser cierto es que se habían generado las condiciones y había llegado el momento de ir por él después de que ya había caído muerto Nazario Moreno, el líder fundador del cartel de los Caballeros Templarios.

Además de que la nueva administración efectivamente puso en marcha una forma de comunicación radicalmente distinta a la que desplegó el expresidente Felipe Calderón, quien no perdía ocasión para exhibir sus acciones en la materia de combate contra el crimen organizado, ha venido elaborando una política de mayor dimensión del enemigo que no quedara atrapada en el combate frontal, sino desplegara una respuesta global con un fuerte contenido de recuperación del tejido social, como dicho sea de paso los panistas probaron con éxito sólo en ciudad Juárez, una respuesta que no se fuera exclusivamente hacia la captura de grandes capos, sino también de líderes intermedios de suerte que se desmantelaran los grupos y sus redes de infiltración en la política. Igualmente se ha apoyado la conformación si posible de mandos policiacos únicos  lo cual entra en la línea de una mayor coordinación de las acciones en los distintos niveles de gobierno, que en Michoacán  se llevó al extremo del nombramiento del comisionado especial Alfredo Castillo.

Lo que sucedió en el caso aludido es importante porque Plancarte era líder operativo y sobre todo financiero de Los Templarios. Su muerte le da un golpe fuerte a la estructura del grupo. Es decir lo que se ha venido haciendo es estrangular a este cartel, a través de desarticular sus posibilidades de operación. En efecto se rompió su enorme negocio que era la exportación de mineral de hierro a Asia, por el Puerto de Lázaro Cárdenas el cual se recuperó a finales del año pasado. Igualmente se pudo llegar a sus laboratorios de drogas sintéticas, como igualmente fueron cayendo otras fuentes suyas de aprovisionamiento e impidiéndoles en lo posible otras actividades paralelas generadoras de recursos, como la extorsión. Con ello los líderes se han ido debilitando, quedando aislados y vulnerables.

Así fue posible la persecución de Kike Plancarte en la que pudieron haber intervenido las denuncias de los grupos de autodefensas con los que de forma discutible se alió el gobierno y que hoy por cierto quiere desarmar lo que ha producido, ahora este último fin de semana y ayer mismo que varios de ellos se enfrenten a las autoridades, por lo menos en quince poblaciones, como lo afirmó José Manuel Mireles Valverde quien fue designado como único vocero del Consejo General de Autodefensas del estado y declaró que el trabajo todavía no concluye y que están de por medio sus vidas.

El propio Mireles ya había inculpado desde el año pasado como lo hizo Luisa María Calderón excandidata del PAN al gobierno del estado a José Jesús Reyna García, secretario de Gobierno de Michoacán y gobernador interino durante la licenciada de Fausto Vallejo debido a serios problemas de salud, de vínculos con organizaciones delictivas. Sin embargo no fue hasta ahora, supuestamente a raíz de la última llamada telefónica hecha a él precisamente por Plancarte durante su persecución, que un juez ordenó su arraigo por 40 días, según informó el sábado la Procuraduría General de la República con el anuncio que se profundizaría la investigación para sentar responsabilidades. A raíz de tal situación el gobernador Vallejo lo destituyó del cargo para garantizar la aplicación de la ley, y ayer mismo nombró en sustitución a Marco Vinicio Aguilera Garibay. Ayer mismo, también, se dio a conocer el recurso de amparo que interpuso Reyna por presuntas violaciones a sus derechos humanos y garantías individuales. El juez que lo otorgó ordenó al titular de la PGR justificar con pruebas los motivos legales que sustentan el arraigo y la investigación aludidos.

Lo que sucedió en este caso es también importante porque demuestra que el gobierno va de lleno contra la narcopolítica, sea del color político que sea. Incluso lo legitima acusar a priistas de estar comprados. Con ello pareciera que no está dispuesto ya ni a que se le dispute el monopolio de la fuerza, ni a perder el control de su aparato, es decir no está dispuesto a seguir mal funcionando como Estado débil.

Espero haberlos convencido que es otro modelo el aplicado hoy contra el crimen organizado. No me consideren sin embargo demasiado optimista. Los resultados medidos en pacificación tardarán mucho, mucho en llegar. Además mi escepticismo me lleva a formular varias preguntas. ¿Qué tanto con este nuevo modelo se apegará el gobierno a derecho, qué tanto hará una aplicación selectiva de la ley, que tanto estará remplazando viejos acuerdos con el narco, por nuevos acuerdos? Presiento que de hecho estará dispuesto a  coexistir con el tráfico de la droga, a través de tolerar redes menos violentas quizás, más en lo suyo, redes que no le disputen el poder. ¿Será este nuestro mejor futuro posible? ¿Qué otras soluciones habría?

jueves, 13 de marzo de 2014

Corrupción y escándalo en la política mexicana

Qué bueno que hace diez años se destaparon algunos actos de corrupción entre Carlos Ahumada y funcionarios perredistas, por ejemplo en aquel episodio en el que pudimos ver en televisión el azoro de René Bejarano extrañamente grabado por el empresario argentino a petición de Diego Fernández de Cevallos, según se dijo en ese entonces como se expandió el rumor de que detrás de los videos estaba también Carlos Salinas de Gortari en acuerdo con los panistas para lograr ellos el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y él la liberación de su hermano. Supuestamente Bejarano le había pedido a Ahumada 50,000 pesos para la operación de comités ciudadanos a cambio de muy buenos contratos en el gobierno del Distrito Federal, dinero que recibía en fajos que se le caían de las manos.

Qué bueno que Bejarano, entonces secretario de AMLO, le tuviera que dar cuentas a la justicia e incluso estuviera preso un año a diferencia de Carlos Imaz, delegado de Tlalpan, quien no pisó la cárcel. Que bueno que por esta vía se tenía pruebas de que la corrupción que se le achacaba al PRI contagiaba a administraciones de otros partidos, lo que demostraba que era añeja y propia de nuestro sistema político.

Qué malo sin embargo que como en el pasado y como sucede todavía hoy, la administración de justicia haya sido entonces más que un acto de transparencia, un acto de administración de justicia selectiva en el marco de una coyuntura política en que algunos jugadores desatan escándalos en busca del descrédito de sus adversarios, y que los procesos legales hayan recaído en la obscuridad.

Qué malo que estos eventos hoy se hayan recordado no para señalar la forma en que la élite política ha cambiado y la vigencia de una normatividad adecuada para castigar a los servidores públicos corruptos, sino para ensuciar la imagen de Cuauhtemoc Cárdenas con la pretensión de que en ese tiempo lideraba una campaña contra López Obrador, y de paso para exhibir nuevamente al grupo de Izquierda democrática que junto a otras tribus ha venido promoviendo el regreso de Cárdenas como dirigente del PRD, una vez que el IFE dispuso que era legalmente posible, contra la candidatura que parecía hasta hace unos días invencible de Carlos Navarrete, del poderoso grupo de Nueva Izquierda que lleva dos períodos al frente del partido con Jesús Ortega y Jesús Zambrano.

Y es que no puedo dejar de pensar que a menudo y en todo caso en el presente, hay mano sucia en algunas declaraciones que se han hecho so pretexto del aniversario del incidente de las ligas, como lo hay en la difusión del caso de Oceanografía, compañía dedicada a ofrecer servicios integrales de ingeniería, buceo, instalación y mantenimiento de estructuras marinas y apoyo a la perforación, caso que implica actos de corrupción con cifras exorbitantes. Con decir que la empresa, que tiene como cuarenta años, estaba prácticamente quebrada cuando Vicente Fox llega al poder. Mucho se ha hablado de la relación de sus accionistas principales los hermanos Yáñez Osuna, hijos de su fundador Amado Yáñez Correa, con los hijos de Martha Sahagún Manuel y Jorge Alberto Bribiesca. La cuestión es que estos últimos al parecer fungieron como intermediarios para gestionar para ellos contratos millonarios por parte de Pemex. De tal forma, de 2000 a 2006 Oceanografía obtuvo 10 mil 530 millones de pesos pero no se puede olvidar que esta cifra se triplicó en el sexenio de Felipe Calderón, cuando la empresa ganó 35 mil 456 millones de pesos. En total durante el panismo le fueron aprobados 22 contratos, la gran mayoría vigentes,  de los cuales en 17 hubo concurso de por medio, lo que hace pensar en tráfico de influencias.

Aparentemente el escándalo estalló en dos frentes. Por un lado Citigroup la acusó  de defraudar a su filial mexicana Banamex por 360 millones de dólares, en tanto obtuvo de ese banco (que por este hecho está siendo investigado por la Comisión Nacional Bancaria para ver si se siguieron  o no los procedimientos adecuadamente y buscar responsables) una línea de crédito para financiar cuentas por cobrar en mayor cantidad de las que en los hechos contaba. Así se supo que Oceanografía ha tenido internacionalmente una conducta recurrente de incumplimientos y fraudes.

Con una sincronía sospechosa, iniciaron por otro lado las pesquisas de la Procuraduría General de la República. Oceanografía está acusada de causar una afectación a Petróleos Mexicanos por casi 3 mil 400 millones de pesos por incumplimiento de los montos de las fianzas a pagar por los contratos asignados, con algunos convenios modificados que elevaron los costos originalmente pactados. Jesús Murillo Karam, titular de la dependencia, calificó el caso de lavado de dinero y explicó así el aseguramiento de la empresa.

Qué bueno que todo esto salga a la luz. Que malo sin embargo que investigaciones complejas que supuestamente pueden llegar a involucrar no sólo a los hijos de la esposa del expresidente Fox sino también a gente muy cercana del expresidente Calderón como es la familia Mouriño y César Nava quien fuera su secretario particular  y dirigente del PAN, mas antes abogado general de Pemex desde donde se dice creó una red de control de la empresa, se den a conocer cuando los calderonistas a través de Ernesto Cordero Oliva le disputarán próximamente a Gustavo Madero el liderazgo del partido.


La corrupción en México no parece tener color. Pese a que gracias al avance democrático hoy en día contamos con una sociedad más alerta, no lograremos atacarla sin una cultura de transparencia y rendición de cuentas plasmada en instituciones que funcionen bien, instituciones que persigan y castiguen a los políticos que violen la ley. Luchemos por ellas sin caer en los juegos del poder de quienes pueden estar usando la aplicación de la justicia para afectar y desplazar rivales, así como favorecer aliados probados en estos casos en las figuras de Navarrete y Madero, frente a Cárdenas y Cordero que para el gobierno federal actual pueden ser menos controlables.

martes, 4 de marzo de 2014

La detención del Chapo

25 de febrero

Me ha resultado imposible evitar el comentario de la aprehensión del Chapo Guzmán a pesar de que el tema de seguridad no es de mi especialidad y que hace quince días me referí a Michoacán. Este arresto refleja una conducción política que reconoce atinadamente que la reconstrucción del Estado de derecho y de la efectividad del Estado son requisitos indispensables para desempantanar al país. En este sentido produce una esperanza que sin embargo fácilmente ahoga la incredulidad y la falta de confianza típicas de nuestra cultura, de tal suerte que injustamente se le restan por principio méritos al gobierno. La verdad de las cosas es que, si bien entiendo este escepticismo, no quiero dejar de señalar que el golpe del equipo de Enrique Peña Nieto no ha sido sólo al narcotráfico sino también a sus críticos, particularmente a los partidos de oposición a los que deja en difícil situación.

Antes de tal aprehensión a casi dos meses  de este 2014 era fácil de señalar que había una lentitud en la política presidencial, comparada con la hiperactividad que se mantuvo en 2013 para la aprobación de las reformas energéticas. La reformulación de la estrategia en Michoacán se vio más bien como respuesta al reclamo de dirigentes extranjeros sobre la situación persistente de violencia en México. Todavía el viernes se discutía también la decisión de relevar la policía estatal y municipal asignada en Chilpancingo y de que, mientras sus miembros eran sometidos a un proceso de evaluación y capacitación, la Policía Federal asumiría el mando con el proyecto de hacer próximamente lo mismo en Acapulco. Igualmente, en el tema de las autodefensas, seguía latente la valoración de la alianza con estos grupos y de su penetración por el crimen.

Por otra parte, la cumbre de mandatarios del Norte en el marco del vigésimo aniversario del TLC realizada la semana pasada en Toluca le pareció a la mayoría de los comentaristas, y al público en general, chiquita y pobre en resultados. Pero lo que sin duda fue más pobre fue la capacidad gubernamental de difundir arreglos que tienen su relevancia como son entre otros el pacto de crear un Plan Norteamericano de Transporte, el que se convino simplificar requisitos aduaneros, la extensión del programa Viajero Seguro, y ojo porque tiene que ver con nuestro tema central, el que se destacó la importancia de la coordinación entre dependencias y del intercambio de información en la lucha contra el narcotráfico y el trafico de armas y personas.

En este contexto crítico, los panistas encontraban la posibilidad de ahuyentar la atención sobre las pruebas de corrupción de sus legisladores y del presupuesto faltante en la administración pasada de su partido, y sobre sus divisionismos internos de frente al cambio de su dirigencia. De igual forma los perredistas, en el mismo proceso, disimulaban el que incluso el ala moderada de los chuchos no termina de ponerse de acuerdo si apoyar a Carlos Navarrete o a Cuauhtemoc Cárdenas y el que Marcelo Ebrard coquetea con Movimiento Ciudadano.
Así las cosas todos nos quedamos mudos el sábado con el arresto limpio del Chapo, sin disparo alguno, que no se puede negar es producto del cambio de política que privilegia la estrategia sobre el enfrentamiento, la coordinación no sólo horizontal y con Estados Unidos (en un mayor respeto de nuestra soberanía que sólo obscureció el que desde  allá se haya filtrado la noticia), sino también vertical con las distintos niveles de poder. Así, me parece simplista creer que al Chapo lo hubieran podido atrapar en cualquier momento y que hasta ahora quisieron hacerlo. Me parece sí que esta vez se buscó su aprehensión cuando hubieron las condiciones, cuando las instituciones están funcionando mejor y que se han dado otros pasos, en otros frentes, en la lucha contra el crimen organizado, cuando pueden controlarse mejor las posibles consecuencias negativas de la aprehensión del líder del cartel de Sinaloa, ya que puede haberlas como vimos en el sexenio pasado con la detención de ciertos capos que desmembraron para mal a las organizaciones con efectos como el de Michoacán.

De paso, a pesar de haber criticado con vehemencia en su momento la lucha incesante de Felipe Calderón en este terreno, quiero reconocer que sentó las bases de la inteligencia que hoy ha mejorado Peña Nieto y que el que entonces la mayoría de los gobiernos estatales estuvieran fuera de su control impedía cualquier coordinación que se buscara.

En suma, se ha informado que detenciones recientes llevaron a un celular del que rastrearon llamadas, lo que junto a la información de los detenidos y la tecnología de los norteamericanos permitieron en las últimas semanas acorralar al Chapo, perderlo y finalmente localizarlo. Algo había cambiado: el personaje que hace trece años compró a quien tuvo que comprar para escapar de la cárcel, en esta ocasión no fue alertado por nadie. La cadena de corrupción que lo salvó esa y quizás muchas veces más, cadena que hoy tiene que estudiarse para castigar a los culpables y llegar a los responsables de su protección, ya no operó.

Sobre la base de los límites con los que la política de seguridad pudo implementarse en el pasado, hoy se tiene que esclarecer lo que haya sucedido cuando el PAN estuvo en el poder federal, como debe esclarecerse lo que pasó durante los dos últimos sexenios priistas en los que también hay pistas de un combate selectivo al narco.

Haría mal el gobierno actual de dormirse sobre los laureles del golpe del sábado. Han tenido la suerte, que algunos no pueden ver como casualidad, de que desvíe la atención sobre la importante discusión que se va a librar en el Senado hoy sobre la ley reglamentaria de la consulta popular si bien todo parece indicar que viene planchada para quitarle carácter vinculatorio y contener el derecho ciudadano de modificar la constitución, asunto complicado y de gran relevancia que desgraciadamente se está discutiendo a través de posiciones partidistas en función de la reforma energética.


A saber si la detención del Chapo y los pasos firmes de la nueva política de seguridad den resultados y tengamos en un plazo razonable un México que haya dejado atrás la violencia generalizada. A saber si las reformas de Peña Nieto nos lleven por buen camino y la situación económica mejore la calidad de vida de la mayoría de la población. En la posición más optimista el futuro sólo puede parecer promisorio. En una posición pesimista, la eficiencia de un mandatario en la persecución de su proyecto puede resultar fatal.

miércoles, 12 de febrero de 2014

Michoacán, juntos lo vamos a lograr

Dos grupos de noticias aparecieron los últimos días en los medios que ejemplifican la mirada alerta  y escéptica de ciudadanos y políticos de oposición al gobierno federal de frente a su política de seguridad, en particular en Michoacán en donde el esquema ha sido renovado, y la urgencia de los responsables por ventilar lo más pronto posible resultados. En efecto, como pudimos ver en Davos, incluso en el exterior el discurso optimista de Enrique Peña Nieto es enfrentado a los hechos que revelan un México en que la violencia no disminuye.

Por un lado nos enteramos que algunos senadores del PAN y del PRD pidieron una explicación de la reunión que sostuvo Alfredo Castillo, Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en la entidad con un líder de Los Valencia, reunión que ha sido confirmada por el funcionario excusándose de no haber sabido de la relación de su interlocutor con el grupo delictivo. Dicha respuesta no lo salvó de la sospecha de estar posiblemente estableciendo acuerdos selectivos con determinados sectores del crimen organizado.

Frente a ello las autoridades presumen, en paralelo con la disminución de las cifras de ejecutados ligados al narco, la detención de capos, la recuperación de varios municipios de Tierra Caliente, el repliegue de los Templarios de Cristo, la reapertura del comercio, el regreso de los niños a clase, el diseño de proyectos sociales y estimuladores de la economía de la región, y sobre todo la propuesta de legalizar a través de varias vías la acción de los grupos de autodefensa conformados en el estado por la agudización de la inseguridad.

Michoacán será una prueba de fuego para el Presidente quien parece haberlo entendido al punto que rediseñó su estrategia, cabe decir que sin cambiarla. En efecto hasta mediados de enero había venido desplegándose la política que se puso en marcha al inicio del sexenio, diferente de la del expresidente Felipe Calderón en tanto la directriz de su difusión ha venido siendo el desinflar el problema, por ejemplo el dejar de hablar de una guerra contra los carteles, diferente porque se intensificaron los esfuerzos de inteligencia detrás de las acciones cuidando en especial la legalidad de su proceso, porque se fueron no sólo contra los altos mandos de la delincuencia sino también contra los mandos intermedios, y porque se procuró desde el principio coordinar mejor las medidas que se fueron tomando. De tal forma se sintieron avances en algunas otras entidades, como en Coahuila o Nuevo León, no así en Michoacán.

Aquí las cosas fueron de mal en peor, pese a que primero en agosto del año pasado se firmó el Acuerdo por Michoacán en el que partidos políticos, empresarios y organizaciones sociales se comprometieron a reimpulsar el desarrollo de la entidad, pese a que segundo se pusieron en marcha varios planes como el operativo Corredor Franco para recuperar las carreteras, pese a que tercero llegaron al estado más efectivos de la SEDENA y de la SEMAR y se hicieron varias detenciones, y pese finalmente a que en noviembre se retomó el control del Puerto de Lázaro Cárdenas.

De tal suerte a mediados de enero, dos días después de que se tuvo una reunión con el gobernador Fausto Vallejo, de repente tras la divulgación de un video con declaraciones del Dr. Mireles líder de un grupo de autodefensa en las que se aludía a la posibilidad de deponer las armas (más adelante el Dr. aclararía que en tal video se deformaba lo que él había querido decir), frente a la ineficiencia estatal y la pérdida del Estado de derecho, una situación que algunos califican de Estado fallido, pero a mi parecer de frente sobre todo al peligro que representan ciertos grupos de civiles armados con la sospecha fundada de recibir apoyo del mismo narco contra el Ejército y los grupos de autodefensa, fue que se creó la comisión presidida por Alfredo Castillo, hombre cuya trayectoria política demuestra la confianza que le tiene Peña Nieto y el que le gustan las tareas difíciles.

Esta comisión mantiene la idea de la operación en los ámbitos políticos, económicos y sociales además del de la seguridad. Su función principal es de enlace entre las acciones de apoyo y auxilio y entre los niveles de gobierno y sus dependencias, pero su jerarquía de creación por decreto presidencial como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación la provee incluso de la posibilidad de solicitar el auxilio de las fuerzas armadas.

En suma esta comisión responde a la conciencia del actual Presidente de la necesidad de atraer el caso como prioritario, si bien implique desplazar a su representante en Michoacán Jorge Carlos Ramírez Marín, y lo ha llevado a retraerse de su política de no hacer declaraciones en la materia. Es más, tan pronto lo permitió su agenda hace una semana precisamente, fue personalmente al estado a poner en marcha el programa “Michoacán, juntos lo vamos a lograr” en el que se condensan todos los proyectos y acciones propuestas (suman 250) que comprenden una inversión de 45 mil 500 millones de pesos.

Cabe reconocer que la idea subyacente en todo ello, de que no basta con el uso legítimo de la fuerza para recobrar el orden, no es nueva. Calderón la aplicó en Ciudad Juárez en 2010 a través del programa “Todos somos Juárez” que inyectó en principio 700 millones destinados al rescate de espacios públicos, viviendas, pavimentación de calles, dotación de agua potable, alumbrado, drenaje, incorporación de miles de familias a Oportunidades, estancias infantiles, becas escolares, atención psicológica a víctimas y apoyo a organizaciones civiles. Y viene lo mejor. En este punto pareciera que incluso ese programa, el cual de hecho dio resultados medibles, fue superior en tanto permitió que el presupuesto destinado fuera fundamentalmente administrado por grupos ciudadanos.


Por ello, el caso de la violencia en Michoacán amerita una estrategia de la magnitud de la que se propone, pero bajo la estricta vigilancia de la sociedad y con una rendición de cuentas sin cifras deformadas y optimismo sin fundamentos. Así quisiera al menos entender el que en el nombre del programa se haya incluido el término de juntos. Porque no debe verse exclusivamente como una justificación (necesaria por cierto) del gobierno federal de su intervención con base en la gravedad provocada por la inseguridad en la entidad, en un contexto en el que se ha venido generalizando una crítica a las reformas peñistas de golpear nuestra herencia federalista, crítica que puede ser objeto de un comentario personal futuro.     

martes, 28 de enero de 2014

El PAN, disputas y riesgos

Empezando este año decidí dedicar algunos comentarios a analizar la coyuntura de los distintos partidos políticos de frente a los retos  que significan para algunos de ellos el próximo cambio de su dirigencia, el arduo trabajo que se avecina para sus fracciones parlamentarias y el preparar el terreno para su mejor desempeño en las elecciones intermedias del 2015. Particularmente en el PRD y en el PAN se ha desatado una importante lucha abierta entre sus grupos internos en la que destacaron en un principio  posicionamientos diferenciados sobre el rol de oposición leal al proyecto de gobierno del actual Presidente, que a fin de cuentas jugaron durante 2013 ambos partidos. Con el desacuerdo de toda la izquierda a la reforma energética, la crítica en el partido del sol azteca al apoyo a Peña Nieto ha menguado, si bien persisten unas visiones más moderadas y otras más radicales del camino a seguir para no verse afectados por una fragmentación. Con ello curiosamente es en el PAN en donde los líderes se están dando con todo, creando una situación de la que hoy doy cuenta.
No es la primera vez que las disputas entre panistas se complican. Recordemos que en 1976 incluso fueron incapaces de ponerse de acuerdo para nombrar un candidato para la contienda presidencial. Entonces fue José López Portillo quien no tuvo contrincantes exacerbando la crisis de legitimidad que el sistema político venía expresando, lo que abrió paso a la liberalización cristalizada en la reforma electoral de 1977. Sin embargo en aquel entonces, como en otras ocasiones, se enfrentaban a diferencia de ahora líneas ideológicas distintas. Corderistas y maderistas hoy sólo representan dos camarillas igual de pragmáticas.
En efecto suponiendo que el interlocutor panista del gobierno hubiera sido Ernesto Cordero, en vez de Gustavo Madero, igual le hubiera entrado al Pacto por México y de haber tenido el control de la maquinaria del partido igual hubiera manipulado las asambleas del blanquiazul  para cambiar a su conveniencia sus estatutos o quizás en su caso no cambiarlos, e igual hubiera manejado el Consejo Nacional del fin de semana antepasado para conformar una Comisión Nacional Organizadora de la elección muy probablemente  en mayo de la nueva dirigencia, aunque de haber sido el caso ni tal Consejo ni tal elección se hubieran tenido que posponer.
Hay, por otra parte, otras diferencias en los pleitos actuales en el seno del PAN en comparación con los que se han dado en el pasado. Hoy sus líderes saben que si bien perdieron el poder federal, en la nueva realidad política la oposición que representan tiene un gran precio que se traduce no sólo en una capacidad considerable de influir en el desarrollo de la política y en el destino de la nación (en estos meses los panistas han logrado sacar con más eficiencia su agenda, que durante los dos sexenios en los que estuvieron en los Pinos). Además de ello se traduce en el control de los grandes recursos del partido y de sus gobiernos estatales y municipales, por lo que el control de la selección de candidatos a esos puestos es vital.
Por lo mismo, quizás otro punto más a señalar en cuanto a las novedades de las disputas actuales entre sus líderes es el que han llegado a criticarse al punto de afectar seriamente la imagen del partido, de por sí ya deteriorada por el desgaste de sus años en el gobierno. Las acusaciones han ido de un lado a otro sin tregua y hacia la opinión pública; lo más trascendente ha sido la corrupción que ello transparentó,  la cual permeó a un partido que durante años criticó por lo mismo al PRI. El poder al parecer los hizo caer en los mismos vicios, que resultan luego entonces inherentes al sistema. Aquí, cabe señalar que el señalamiento del uso discrecional por parte de Cordero del dinero destinado a la bancada del PAN en el Senado es infinitamente menos grave que las comisiones que diputados panistas aparentemente han pedido para bajarles recursos a sus alcaldes. Tal acusación se hizo contra Luis Alberto Villarreal al frente de los diputados del partido quien es conocidamente cercano a Madero, por lo que este último trató de bajarle al escándalo, a la par que se hizo de lado.
En suma, en su lucha por la dirigencia del partido Cordero ha disparado todos los cartuchos en su mano y ha tenido que enfrentar asimismo el desprestigio de haber sido grabado urdiendo su plan. Como el acceso a tales grabaciones requiere de una complicidad gubernamental, todo demuestra que la permanencia de Madero es mejor vista en todo caso por el equipo cercano del Presidente, porque su lealtad en miras a la aprobación de las leyes reglamentarias pendientes de las reformas estructurales es asunto probado.
Basada en ello y en el hecho que Madero tiene de su parte a los gobernadores panistas de Sonora y Puebla (las malas lenguas dicen que cambiaron de bando de Cordero a Madero, porque los peñistas los amenazan con expedientes que les han armado), y de su parte también a los dirigentes del partido en otras entidades donde se concentran los votos que van a definir la renovación de su Comité Ejecutivo Nacional como son el Distrito Federal, el Estado de México y Veracruz, algunos especialistas dicen que será la crónica de una relección anunciada. No obstante, aún están aquellos que quieren creer lo contrario con base a encuestas que se han realizado que miden que Josefina Vásquez Mota que aún no se ha descartado de la contienda tiene más popularidad que Madero, como la tiene Cordero. Igualmente creen que a este último ha regresado a México a apoyarlo Felipe Calderón.
A saber qué pasará, pero Calderón también puede haber ya pactado con Madero, sobre la base de obtener a cambio apoyo para una futura candidatura a la presidencia de su mujer Margarita Zavala quien de siempre ha sido distante de Cordero.
En fin es un pleito de camarillas que a mi parecer despierta las críticas de los antipanistas, pero que a diferencia de lo que sucede en el PRD no corre el riesgo de minar al electorado del PAN. Me baso en sus resultados de las elecciones del año pasado, que no se vieron determinadas por este lavadero. Querámoslo o no, seguirá siendo el partido del electorado conservador en México que es persistente y fiel, aunque en ocasiones no salga a votar. O sea, goza de buena salud y enriquece al espectro político del país.

martes, 14 de enero de 2014

PRD, circunstancias, oportunidades y riesgos

Un sistema político democrático requiere de partidos fuertes que representen suficientes opciones por las cuales los electores puedan inclinarse en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. En este sentido a nadie beneficia una izquierda fragmentada cuyo principal partido el PRD corra los riesgos que actualmente atraviesa de frente a un gobierno federal que en su primer año de gestión logró, pese a la falta de resultados, una eficiencia indiscutible en la aprobación de las grandes reformas que se propuso y que considera son la clave para la transformación del país y el desarrollo de su economía. En este camino la política de Enrique Peña Nieto en un afán negociador admirado más en el extranjero que en México le permitió a la dirigencia perredista participar en su proyecto, e incluso determinar en buena medida la reforma hacendaria, no sin las críticas de los grupos internos del partido que la acusaron de entreguista por su pertenencia al Pacto por México, hasta que la reforma energética la sacó de esta jugada y le empezó a hacer pagar sus costos.

Sin embargo hoy también la oposición a la privatización del petroleo le da la oportunidad al partido del sol azteca de reconciliar intereses entre sus tribus en miras a la renovación de sus órganos centrales incluida la presidencia, además del acercamiento con el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano y particularmente con Morena, el partido que Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto registrar y que de conseguirlo puede arrebatarle una parte de su electorado. Al respecto cabe considerar que el contexto político de 2014 se encuentra definido principalmente por un gobierno que se propone aterrizar las leyes secundarias y reglamentos operativos de las reformas alcanzadas en 2013 y dar el salto que prepare al PRI para enfrentar las elecciones de 2015, en las que una izquierda dividida puede beneficiarlo como lo benefician los pleitos entre camarillas panistas.

Ahora bien, la unidad de la izquierda si bien es un objetivo deseable no es fácil porque pasa por los intereses encontrados en el propio PRD, partido en el que diferentes protagonistas se arrebatan el abanderamiento de tal cruzada y buscan asegurar sus espacios. Las principales cabezas son hoy los chuchos que se aprestan a retener la dirigencia en manos de Nueva Izquierda lo que se traduce en que Jesus Zambrano le entregue la estafeta a Carlos Navarrete. A decir de los conocedores esto parece algo inevitable, mas sigue haciendo su lucha Marcelo Ebrard exjefe de gobierno del Distrito Federal del Movimiento Progresista, por quien declara Manuel Camacho cuyo discurso inició en los medios el llamado al frente común que comento con ustedes, e incluso indirectamente se ha apuntado Cuauhtémoc Cárdenas como líder moral del partido y defensor del petróleo mexicano. Sobre éste se llegó a filtrar, a saber si sea cierto, la cuota que solicitaba de cinco candidaturas a diputados federales y dos secretarías del Comité Ejecutivo Nacional. Por último, otro candidato a la presidencia del PRD es Carlos Sotelo del Movimiento Nacional Patria Digna.

Respecto a la renovación de los órganos directivos que se llevará a cabo a mediados de año, el jueves pasado quedó instalada en el PRD la comisión de reglamentos para las elecciones internas que será el marco legal no solo para la votación por el presidente nacional, sino por cada una de las dirigencias en los estados. Igualmente se hicieron las precisiones necesarias sobre el proceso de afiliación al partido para facilitar la adhesión al mismo, tal como lo acordaron los integrantes de la Comisión Política. Por último, con miras a la realización de su próximo Consejo Nacional a celebrarse tentativamente el próximo 5 de febrero, se conformó otro grupo de trabajo que procesará los distintos reglamentos derivados de las reformas al Estatuto del instituto político que se acordaron en el Congreso Nacional de noviembre pasado.

En esta coyuntura entran en juego otras importantes voces como la del líder perredista en el Senado Miguel Barbosa quien de vuelta a la vida pública, tras trastornos en su salud por la diabetes que expusieron su vida y lo sometieron a una amputación, aprovecha  su situación para con el apoyo incluso de los senadores de corte radical como Alejandro Encinas expresar su distanciamiento con la posición entreguista a Peña Nieto que llevó al partido a apoyar causas impopulares como es el aumento de impuestos. En sus declaraciones sobresale el papel central que tendrá su grupo en la discusión de la  ley que regula la consulta popular que han enviado los diputados, a través de la cual pudiera sustentarse la imposibilidad de echar atrás la reforma energética por esta vía en las elecciones de 2015 como pretende la izquierda completa.

Hoy por hoy, todas estas voces claman a favor de las causas comunes de la izquierda y advierten del debilitamiento que su fragmentación conllevaría. Le han hecho por lo mismo un llamado a López Obrador de vuelta también en política, tras una hospitalización de origen cardiaco, quien los desatiende convencido quizás que morirán devorados por ellos mismos (en especial rechaza a los chuchos), y más ocupado en que al parecer aún requiere 113,000 afiliados más para finales de mes, si bien ya realizó 20 de las 23 asambleas necesarias para el registro de Morena. Como algunos señalan puede ser que Morena esté haciendo una apuesta arriesgada: desfondar al PRD y desaparecer o fusionar bajo sus siglas al PT y Movimiento Ciudadano, cuyos representantes en el Congreso se han alineado al lopezobradorismo.        

Así las cosas, los problemas del PRD no son sólo producto de las luchas entre los personajes que acuna, sino en que no encuentra rumbo de diferenciación ideológica con otros partidos, por lo que su oposición a la reforma energética es una oportunidad. Esta oportunidad lo vuelve sin embargo monotemático y lo aísla de la definición del destino del país. De hecho lo regresa a una posición anacrónica, porque ni siquiera ofrece razones de fondo a su política energética más allá del anuncio de que la nueva normatividad afectará a Pemex y propiciará corrupción, cuando tales peligros los pueden alejar las leyes secundarias de la reforma. Al menos los perredistas han afirmado que participarán en su formulación, aunque resulte contradictorio.


Para bien de la democracia, la izquierda de México requiere de una buena sacudida que no únicamente la reunifique, sino que la lleve a la definición de su proyecto alternativo de nación en el terreno económico, político y social. Porque podrá estar eventualmente equivocado en su política el gobierno actual, pero tiene un proyecto. La izquierda no puede apostar su sobrevivencia al fracaso del mismo, sino a la altura de su propio proyecto que ejecute en los gobiernos en su poder y promuevan políticos de una altura que no tienen siempre los suyos.

miércoles, 18 de diciembre de 2013

La Reforma Energética y sus costos

Con una determinación rayando en lo febril Enrique Peña Nieto ha logrado la aprobación de las reformas estructurales que se había propuesto sacar, si bien una parte de ellas carezca aún de leyes reglamentarias y tenga que enfrentar la crítica de especialistas en las distintas materias, pero sobre todo la crítica de una población creciente que duda que el gobierno vaya por buen camino. Empezaremos nuestro análisis resumiendo brevemente esta postura de la opinión pública, para centrarnos en la última de las reformas o sea la energética.

En los últimos tres meses Peña Nieto según Consulta Mitofsky  perdió siete puntos porcentuales en aprobación y de los últimos cinco presidentes tiene el peor promedio en su primer año de gobierno después de Ernesto Zedillo; en concreto con 55.1% de aprobación tiene 6.5 puntos menos que Felipe Calderón y 8.3 que Vicente Fox. Sin embargo, cabe decir que al término de este año bajó menos su aprobación de la inicial en relación a la manera en que se desplomó la de Fox (poco más de 20 puntos). También cabe recordar que Carlos Salinas había logrado remontar 12.2 puntos en los mismos doce meses. La misma encuesta refleja que si bien la reforma educativa gustó, la aprobación de las reformas de la segunda mitad del año desconcertó mientras que lo más importante que se le reconoce al Presidente es la ayuda a los damnificados y el que haya aumentado el prestigio internacional del país. Asimismo se le achacan los problemas económicos, y el que no disminuya ni la corrupción, ni la inseguridad.

Con este importante costo se sacaron adelante las reformas fiscal y energética, la primera cargada a la izquierda y aprobada con el consenso del PRD y la segunda a la derecha y aprobada con el consenso del PAN partido que a su vez marcó la reforma político-electoral que pidió a cambio. En todos los casos se llegó más lejos que lo que las iniciativas presidenciales pretendían. Se puede creer que Peña Nieto demostró tolerancia con sus adversarios y capacidad de negociación, características propias de un mandatario democrático, mas el proceso reflejó también que las negociaciones fueron mucho más ocultas que los reclamos de quienes se quedaron en cada caso fuera, con el resultado de haber precipitado cambios trascendentales para México sin haber ofrecido argumentos suficientes para los mismos.

En suma la ciudadanía está a mi parecer muy poco enterada del contenido de lo que el Congreso ha aprobado y es bombardeada por la inconformidad vehemente de los analistas siendo que sólo la minoría señala algunos logros que las reformas contienen (que ciertamente están ahí), y los menos son positivos sobre este primer año de regreso del PRI al poder federal. Así particularmente importante es la desinformación sobre la reforma energética y cae como balde de agua a generaciones marcadas por la veneración a la expropiación petrolera y el orgullo por la propiedad de nuestros recursos.

Es decir pocos saben que la producción de petróleo en México se había venido seriamente a la baja en los últimos años en que se fueron acabando nuestros hidrocarburos de fácil obtención, y el que no tenemos el capital para invertir en extracción más profunda, incierta y por ende cara. Sin ser especialista en la materia, me pregunto de verdad si la política de la izquierda inclinada a no hacer cambios a la constitución, y a reorganizar PEMEX atacando en especial el problema de su sindicato, hubiera sido suficiente para reactivar nuestra producción y economía. Me parece una postura de una izquierda conservadora que se ata a un pasado para mantener su clientela electoral, más que buscar el bien del país. A mi modo de pensar, sí se requerían cambios de fondo pero veamos que se votó y cómo.

La Comisión Federal de Electricidad y Pemex se reconocen como empresas productivas del Estado, nueva figura jurídica. En los hechos mientras en el primer caso la planeación, control del sistema eléctrico nacional, servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica no se concesionan como tampoco la explotación de minerales radiactivos, en el segundo caso de la exploración y extracción del petróleo se establecen nuevas modalidades de contratación como lo son los contratos de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida y las concesiones o licencias. Estos contratos se pagarán respectivamente en efectivo, con un porcentaje de la utilidad, de la producción o una transmisión de hidrocarburos.

Por encima de Pemex, de cuyo consejo de administración sale su sindicato (estará presidido por el Secretario de Energía, con voto de calidad e incluirá la participación de cuatro consejeros más del gobierno  y cinco independientes), estará la Comisión Nacional de Hidrocarburos con otra dimensión de influencia que la que había venido teniendo, autónoma como la Comisión Reguladora de Energía, a la que como un contratista más Pemex tendrá que entregar toda su información geofísica, petrofísica y petroquímica. Sin embargo se prevé darle preferencia sobre los yacimientos rentables que escoja por explotar, en una primera ronda llamada cero.

La reformitis del Senado, cámara de origen de la reforma, ideó además varios órganos nuevos a saber la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, el Centro Nacional de Control de Energía y el Centro Nacional de Control de Gas Natural, además del Fondo Mexicano del Petroleo para la estabilización y el Desarrollo, encargado de administrar la riqueza petrolera que supuestamente se encargará de pagar la pensión universal y rescatar la economía nacional si cae en crisis.

Parece un mal chiste pero de frente a una necesidad real de cambio en el sector, en el Senado a través de cabildeos poco transparentes se logró la aprobación no de la privatización del mismo (afirmarlo es demagogia que busca confundir), pero sí de una gran apertura a la iniciativa privada sobre todo extranjera, que busca ser controlada a través de  una serie de dependencias de las que se puede prever más burocratización que control de la corrupción que se puede desencadenar. Inmediatamente en la Cámara de Diputados, la mano de  Manlio Fabio Beltrones aseguró el “fast track”.


En conclusión, entramos en un camino riesgoso en un supuesto que está por confirmarse: el que la reforma desencadenará desarrollo en México. Quizás mi espíritu navideño no me permite hacer una lectura anticipada demasiado pesimista. Quizás me detienen los comentarios de quienes se congratulan de no haberse quedado el proyecto de transformación en una posición intermedia, pero me digo también que la apertura gradual hubiera sido menos peligrosa. Entonces me pregunto qué tanto estará conforme nuestro Presidente con los logros alcanzados en este primer año de gobierno. ¿Habrá demostrado realmente capacidad de negociación, o más bien necedad, debilidad y negación del costo político que implican reformas cuyas bondades, de haberlas, tardarán en llegar?