Corrupción y escándalo en la política mexicana

Qué bueno que hace diez años se destaparon algunos actos de corrupción entre Carlos Ahumada y funcionarios perredistas, por ejemplo en aquel episodio en el que pudimos ver en televisión el azoro de René Bejarano extrañamente grabado por el empresario argentino a petición de Diego Fernández de Cevallos, según se dijo en ese entonces como se expandió el rumor de que detrás de los videos estaba también Carlos Salinas de Gortari en acuerdo con los panistas para lograr ellos el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y él la liberación de su hermano. Supuestamente Bejarano le había pedido a Ahumada 50,000 pesos para la operación de comités ciudadanos a cambio de muy buenos contratos en el gobierno del Distrito Federal, dinero que recibía en fajos que se le caían de las manos.

Qué bueno que Bejarano, entonces secretario de AMLO, le tuviera que dar cuentas a la justicia e incluso estuviera preso un año a diferencia de Carlos Imaz, delegado de Tlalpan, quien no pisó la cárcel. Que bueno que por esta vía se tenía pruebas de que la corrupción que se le achacaba al PRI contagiaba a administraciones de otros partidos, lo que demostraba que era añeja y propia de nuestro sistema político.

Qué malo sin embargo que como en el pasado y como sucede todavía hoy, la administración de justicia haya sido entonces más que un acto de transparencia, un acto de administración de justicia selectiva en el marco de una coyuntura política en que algunos jugadores desatan escándalos en busca del descrédito de sus adversarios, y que los procesos legales hayan recaído en la obscuridad.

Qué malo que estos eventos hoy se hayan recordado no para señalar la forma en que la élite política ha cambiado y la vigencia de una normatividad adecuada para castigar a los servidores públicos corruptos, sino para ensuciar la imagen de Cuauhtemoc Cárdenas con la pretensión de que en ese tiempo lideraba una campaña contra López Obrador, y de paso para exhibir nuevamente al grupo de Izquierda democrática que junto a otras tribus ha venido promoviendo el regreso de Cárdenas como dirigente del PRD, una vez que el IFE dispuso que era legalmente posible, contra la candidatura que parecía hasta hace unos días invencible de Carlos Navarrete, del poderoso grupo de Nueva Izquierda que lleva dos períodos al frente del partido con Jesús Ortega y Jesús Zambrano.

Y es que no puedo dejar de pensar que a menudo y en todo caso en el presente, hay mano sucia en algunas declaraciones que se han hecho so pretexto del aniversario del incidente de las ligas, como lo hay en la difusión del caso de Oceanografía, compañía dedicada a ofrecer servicios integrales de ingeniería, buceo, instalación y mantenimiento de estructuras marinas y apoyo a la perforación, caso que implica actos de corrupción con cifras exorbitantes. Con decir que la empresa, que tiene como cuarenta años, estaba prácticamente quebrada cuando Vicente Fox llega al poder. Mucho se ha hablado de la relación de sus accionistas principales los hermanos Yáñez Osuna, hijos de su fundador Amado Yáñez Correa, con los hijos de Martha Sahagún Manuel y Jorge Alberto Bribiesca. La cuestión es que estos últimos al parecer fungieron como intermediarios para gestionar para ellos contratos millonarios por parte de Pemex. De tal forma, de 2000 a 2006 Oceanografía obtuvo 10 mil 530 millones de pesos pero no se puede olvidar que esta cifra se triplicó en el sexenio de Felipe Calderón, cuando la empresa ganó 35 mil 456 millones de pesos. En total durante el panismo le fueron aprobados 22 contratos, la gran mayoría vigentes,  de los cuales en 17 hubo concurso de por medio, lo que hace pensar en tráfico de influencias.

Aparentemente el escándalo estalló en dos frentes. Por un lado Citigroup la acusó  de defraudar a su filial mexicana Banamex por 360 millones de dólares, en tanto obtuvo de ese banco (que por este hecho está siendo investigado por la Comisión Nacional Bancaria para ver si se siguieron  o no los procedimientos adecuadamente y buscar responsables) una línea de crédito para financiar cuentas por cobrar en mayor cantidad de las que en los hechos contaba. Así se supo que Oceanografía ha tenido internacionalmente una conducta recurrente de incumplimientos y fraudes.

Con una sincronía sospechosa, iniciaron por otro lado las pesquisas de la Procuraduría General de la República. Oceanografía está acusada de causar una afectación a Petróleos Mexicanos por casi 3 mil 400 millones de pesos por incumplimiento de los montos de las fianzas a pagar por los contratos asignados, con algunos convenios modificados que elevaron los costos originalmente pactados. Jesús Murillo Karam, titular de la dependencia, calificó el caso de lavado de dinero y explicó así el aseguramiento de la empresa.

Qué bueno que todo esto salga a la luz. Que malo sin embargo que investigaciones complejas que supuestamente pueden llegar a involucrar no sólo a los hijos de la esposa del expresidente Fox sino también a gente muy cercana del expresidente Calderón como es la familia Mouriño y César Nava quien fuera su secretario particular  y dirigente del PAN, mas antes abogado general de Pemex desde donde se dice creó una red de control de la empresa, se den a conocer cuando los calderonistas a través de Ernesto Cordero Oliva le disputarán próximamente a Gustavo Madero el liderazgo del partido.

La corrupción en México no parece tener color. Pese a que gracias al avance democrático hoy en día contamos con una sociedad más alerta, no lograremos atacarla sin una cultura de transparencia y rendición de cuentas plasmada en instituciones que funcionen bien, instituciones que persigan y castiguen a los políticos que violen la ley. Luchemos por ellas sin caer en los juegos del poder de quienes pueden estar usando la aplicación de la justicia para afectar y desplazar rivales, así como favorecer aliados probados en estos casos en las figuras de Navarrete y Madero, frente a Cárdenas y Cordero que para el gobierno federal actual pueden ser menos controlables.

La detención del Chapo

25 de febrero

Me ha resultado imposible evitar el comentario de la aprehensión del Chapo Guzmán a pesar de que el tema de seguridad no es de mi especialidad y que hace quince días me referí a Michoacán. Este arresto refleja una conducción política que reconoce atinadamente que la reconstrucción del Estado de derecho y de la efectividad del Estado son requisitos indispensables para desempantanar al país. En este sentido produce una esperanza que sin embargo fácilmente ahoga la incredulidad y la falta de confianza típicas de nuestra cultura, de tal suerte que injustamente se le restan por principio méritos al gobierno. La verdad de las cosas es que, si bien entiendo este escepticismo, no quiero dejar de señalar que el golpe del equipo de Enrique Peña Nieto no ha sido sólo al narcotráfico sino también a sus críticos, particularmente a los partidos de oposición a los que deja en difícil situación.

Antes de tal aprehensión a casi dos meses  de este 2014 era fácil de señalar que había una lentitud en la política presidencial, comparada con la hiperactividad que se mantuvo en 2013 para la aprobación de las reformas energéticas. La reformulación de la estrategia en Michoacán se vio más bien como respuesta al reclamo de dirigentes extranjeros sobre la situación persistente de violencia en México. Todavía el viernes se discutía también la decisión de relevar la policía estatal y municipal asignada en Chilpancingo y de que, mientras sus miembros eran sometidos a un proceso de evaluación y capacitación, la Policía Federal asumiría el mando con el proyecto de hacer próximamente lo mismo en Acapulco. Igualmente, en el tema de las autodefensas, seguía latente la valoración de la alianza con estos grupos y de su penetración por el crimen.

Por otra parte, la cumbre de mandatarios del Norte en el marco del vigésimo aniversario del TLC realizada la semana pasada en Toluca le pareció a la mayoría de los comentaristas, y al público en general, chiquita y pobre en resultados. Pero lo que sin duda fue más pobre fue la capacidad gubernamental de difundir arreglos que tienen su relevancia como son entre otros el pacto de crear un Plan Norteamericano de Transporte, el que se convino simplificar requisitos aduaneros, la extensión del programa Viajero Seguro, y ojo porque tiene que ver con nuestro tema central, el que se destacó la importancia de la coordinación entre dependencias y del intercambio de información en la lucha contra el narcotráfico y el trafico de armas y personas.

En este contexto crítico, los panistas encontraban la posibilidad de ahuyentar la atención sobre las pruebas de corrupción de sus legisladores y del presupuesto faltante en la administración pasada de su partido, y sobre sus divisionismos internos de frente al cambio de su dirigencia. De igual forma los perredistas, en el mismo proceso, disimulaban el que incluso el ala moderada de los chuchos no termina de ponerse de acuerdo si apoyar a Carlos Navarrete o a Cuauhtemoc Cárdenas y el que Marcelo Ebrard coquetea con Movimiento Ciudadano.

Así las cosas todos nos quedamos mudos el sábado con el arresto limpio del Chapo, sin disparo alguno, que no se puede negar es producto del cambio de política que privilegia la estrategia sobre el enfrentamiento, la coordinación no sólo horizontal y con Estados Unidos (en un mayor respeto de nuestra soberanía que sólo obscureció el que desde  allá se haya filtrado la noticia), sino también vertical con las distintos niveles de poder. Así, me parece simplista creer que al Chapo lo hubieran podido atrapar en cualquier momento y que hasta ahora quisieron hacerlo. Me parece sí que esta vez se buscó su aprehensión cuando hubieron las condiciones, cuando las instituciones están funcionando mejor y que se han dado otros pasos, en otros frentes, en la lucha contra el crimen organizado, cuando pueden controlarse mejor las posibles consecuencias negativas de la aprehensión del líder del cartel de Sinaloa, ya que puede haberlas como vimos en el sexenio pasado con la detención de ciertos capos que desmembraron para mal a las organizaciones con efectos como el de Michoacán.

De paso, a pesar de haber criticado con vehemencia en su momento la lucha incesante de Felipe Calderón en este terreno, quiero reconocer que sentó las bases de la inteligencia que hoy ha mejorado Peña Nieto y que el que entonces la mayoría de los gobiernos estatales estuvieran fuera de su control impedía cualquier coordinación que se buscara.

En suma, se ha informado que detenciones recientes llevaron a un celular del que rastrearon llamadas, lo que junto a la información de los detenidos y la tecnología de los norteamericanos permitieron en las últimas semanas acorralar al Chapo, perderlo y finalmente localizarlo. Algo había cambiado: el personaje que hace trece años compró a quien tuvo que comprar para escapar de la cárcel, en esta ocasión no fue alertado por nadie. La cadena de corrupción que lo salvó esa y quizás muchas veces más, cadena que hoy tiene que estudiarse para castigar a los culpables y llegar a los responsables de su protección, ya no operó.

Sobre la base de los límites con los que la política de seguridad pudo implementarse en el pasado, hoy se tiene que esclarecer lo que haya sucedido cuando el PAN estuvo en el poder federal, como debe esclarecerse lo que pasó durante los dos últimos sexenios priistas en los que también hay pistas de un combate selectivo al narco.

Haría mal el gobierno actual de dormirse sobre los laureles del golpe del sábado. Han tenido la suerte, que algunos no pueden ver como casualidad, de que desvíe la atención sobre la importante discusión que se va a librar en el Senado hoy sobre la ley reglamentaria de la consulta popular si bien todo parece indicar que viene planchada para quitarle carácter vinculatorio y contener el derecho ciudadano de modificar la constitución, asunto complicado y de gran relevancia que desgraciadamente se está discutiendo a través de posiciones partidistas en función de la reforma energética.

A saber si la detención del Chapo y los pasos firmes de la nueva política de seguridad den resultados y tengamos en un plazo razonable un México que haya dejado atrás la violencia generalizada. A saber si las reformas de Peña Nieto nos lleven por buen camino y la situación económica mejore la calidad de vida de la mayoría de la población. En la posición más optimista el futuro sólo puede parecer promisorio. En una posición pesimista, la eficiencia de un mandatario en la persecución de su proyecto puede resultar fatal.