Qué bueno que hace diez años se destaparon algunos
actos de corrupción entre Carlos Ahumada y funcionarios perredistas, por
ejemplo en aquel episodio en el que pudimos ver en televisión el azoro de René Bejarano
extrañamente grabado por el empresario argentino a petición de Diego Fernández
de Cevallos, según se dijo en ese entonces como se expandió el rumor de que
detrás de los videos estaba también Carlos Salinas de Gortari en acuerdo con
los panistas para lograr ellos el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y él
la liberación de su hermano. Supuestamente Bejarano le había pedido a Ahumada 50,000
pesos para la operación de comités ciudadanos a cambio de muy buenos contratos
en el gobierno del Distrito Federal, dinero que recibía en fajos que se le
caían de las manos.
Qué bueno que Bejarano, entonces secretario
de AMLO, le tuviera que dar cuentas a la justicia e incluso estuviera preso un
año a diferencia de Carlos Imaz, delegado de Tlalpan, quien no pisó la cárcel. Que
bueno que por esta vía se tenía pruebas de que la corrupción que se le achacaba
al PRI contagiaba a administraciones de otros partidos, lo que demostraba que
era añeja y propia de nuestro sistema político.
Qué malo sin embargo que como en el pasado
y como sucede todavía hoy, la administración de justicia haya sido entonces más
que un acto de transparencia, un acto de administración de justicia selectiva
en el marco de una coyuntura política en que algunos jugadores desatan
escándalos en busca del descrédito de sus adversarios, y que los procesos
legales hayan recaído en la obscuridad.
Qué malo que estos eventos hoy se hayan
recordado no para señalar la forma en que la élite política ha cambiado y la
vigencia de una normatividad adecuada para castigar a los servidores públicos
corruptos, sino para ensuciar la imagen de Cuauhtemoc Cárdenas con la
pretensión de que en ese tiempo lideraba una campaña contra López Obrador, y de
paso para exhibir nuevamente al grupo de Izquierda democrática que junto a otras
tribus ha venido promoviendo el regreso de Cárdenas como dirigente del PRD, una
vez que el IFE dispuso que era legalmente posible, contra la candidatura que
parecía hasta hace unos días invencible de Carlos Navarrete, del poderoso grupo
de Nueva Izquierda que lleva dos períodos al frente del partido con Jesús
Ortega y Jesús Zambrano.
Y es que no puedo dejar de pensar que a
menudo y en todo caso en el presente, hay mano sucia en algunas declaraciones
que se han hecho so pretexto del aniversario del incidente de las ligas, como
lo hay en la difusión del caso de Oceanografía, compañía dedicada a ofrecer
servicios integrales de ingeniería, buceo, instalación y mantenimiento de
estructuras marinas y apoyo a la perforación, caso que implica actos de
corrupción con cifras exorbitantes. Con decir que la empresa, que tiene como
cuarenta años, estaba prácticamente quebrada cuando Vicente Fox llega al poder.
Mucho se ha hablado de la relación de sus accionistas principales los hermanos
Yáñez Osuna, hijos de su fundador Amado Yáñez Correa, con los hijos de Martha
Sahagún Manuel y Jorge Alberto Bribiesca. La cuestión es que estos últimos al
parecer fungieron como intermediarios para gestionar para ellos contratos
millonarios por parte de Pemex. De tal forma, de 2000 a 2006 Oceanografía
obtuvo 10 mil 530 millones de pesos pero no se puede olvidar que esta cifra se
triplicó en el sexenio de Felipe Calderón, cuando la empresa ganó 35 mil 456
millones de pesos. En total durante el panismo le fueron aprobados 22
contratos, la gran mayoría vigentes, de
los cuales en 17 hubo concurso de por medio, lo que hace pensar en tráfico de influencias.
Aparentemente el escándalo estalló en dos
frentes. Por un lado Citigroup la acusó
de defraudar a su filial mexicana Banamex por 360 millones de dólares,
en tanto obtuvo de ese banco (que por este hecho está siendo investigado por la
Comisión Nacional Bancaria para ver si se siguieron o no los procedimientos adecuadamente y
buscar responsables) una línea de crédito para financiar cuentas por cobrar en
mayor cantidad de las que en los hechos contaba. Así se supo que Oceanografía
ha tenido internacionalmente una conducta recurrente de incumplimientos y
fraudes.
Con una sincronía sospechosa, iniciaron por
otro lado las pesquisas de la Procuraduría General de la República.
Oceanografía está acusada de causar una afectación a Petróleos Mexicanos por casi
3 mil 400 millones de pesos por incumplimiento de los montos de las fianzas a
pagar por los contratos asignados, con algunos convenios modificados que
elevaron los costos originalmente pactados. Jesús Murillo Karam, titular de la
dependencia, calificó el caso de lavado de dinero y explicó así el
aseguramiento de la empresa.
Qué bueno que todo esto salga a la luz. Que
malo sin embargo que investigaciones complejas que supuestamente pueden llegar
a involucrar no sólo a los hijos de la esposa del expresidente Fox sino también
a gente muy cercana del expresidente Calderón como es la familia Mouriño y
César Nava quien fuera su secretario particular
y dirigente del PAN, mas antes abogado general de Pemex desde donde se
dice creó una red de control de la empresa, se den a conocer cuando los
calderonistas a través de Ernesto Cordero Oliva le disputarán próximamente a
Gustavo Madero el liderazgo del partido.
La corrupción en México no parece tener
color. Pese a que gracias al avance democrático hoy en día contamos con una
sociedad más alerta, no lograremos atacarla sin una cultura de transparencia y
rendición de cuentas plasmada en instituciones que funcionen bien, instituciones
que persigan y castiguen a los políticos que violen la ley. Luchemos por ellas
sin caer en los juegos del poder de quienes pueden estar usando la aplicación
de la justicia para afectar y desplazar rivales, así como favorecer aliados probados
en estos casos en las figuras de Navarrete y Madero, frente a Cárdenas y
Cordero que para el gobierno federal actual pueden ser menos controlables.
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