Evaluando una gestión. A dos años de gobierno de EPN

El ejercicio del poder tiende a ser complejo y sus resultados inciertos. Asimismo resulta cruel, porque la aceptación del político no depende exactamente de su quehacer, ni de la eficacia ni de la eficiencia de las políticas públicas. Por ello, aún el mejor desempeño puede venirse abajo en una crisis inesperada. Bajo esta perspectiva, voy a hacer un balance del gobierno de  Enrique Peña Nieto, quien cuando rendía su segundo informe estaba lejos de pensar cómo terminaría el año, y de predecir la baja de diez puntos que sufriría su popularidad, la cual no se mantenía alta pero no había llegado a afectar el porcentaje de ciudadanos que se declaran dispuestos a votar por el PRI. Por el contrario, ahora, la crisis de su administración ha arrastrado las simpatías por su partido. ¿Pero qué podemos analizar que vaya más allá de esta descalificación, patente en encuestas y sondeos?

Primero, podemos preguntarnos si el Primer Mandatario se posicionó de forma pertinente al diseñar su programa de acción hace dos años, es decir debemos juzgar su agenda, en el sentido de si consideró atinadamente sus circunstancias, sus oportunidades pero también las restricciones que el contexto en que ejercería el poder marcaba. Es decir, si dimensionó bien sus retos. En este sentido podemos saber si fue o no demasiado ambicioso, o si se expuso a riesgos, y también deducir si su agenda era alcanzable. En este plano a mi parecer no consideró de forma adecuada la crisis del Estado en México, la cual iba más allá de la incapacidad de generar acuerdos desde un régimen presidencialista con un Congreso plural y sin incentivos para cooperar con el ejecutivo. Puso así la capacidad política de su equipo al servicio de lograr casi en paquete (sin gradualismo alguno) las reformas estructurales que él consideró convenientes para el país. Lo hizo bajo un esquema que por una parte subestimó los costos que implicaron los acuerdos, y afectó intereses de peso que luego se le revertirían, y por otro parte menospreció la pobre aplicación de la ley en México y el control creciente de nuestro territorio por el crimen organizado.

El Presidente no quiso desperdiciar lo que consideró era la gran oportunidad del regreso del PRI a los Pinos, luego de dos sexenios de un panismo que señaló como inexperto. Pecó de ambición y diseñó un programa que parecía inalcanzable, pero que alcanzó sin que claro parezca vaya a poder sacarle el jugo que quería, porque su torre de naipes se derrumbó con una economía que no creció como se esperaba, en parte como producto sí de un entorno internacional poco propicio pero también de errores durante 2013 como fue su política de vivienda, el subejercicio presupuestal y la reforma fiscal, y cuando este año empezaba a hacerlo se topó con la caída del precio del petróleo y ahora con la caída de la bolsa de valores, como vimos ayer. Pero la crisis como todos saben no ha sido sólo económica: tampoco pudo contener el que escalara el conflicto que se generó en Iguala hace dos meses y medio, el cual se ha convertido en un reclamo social que alimenta además el señalamiento de favoritismos hacia determinados grupos empresariales del que parece derivar un enriquecimiento familiar suyo, y también al parecer de su gente, situación que no acaba de quedar explicada.

Veamos a continuación cual fue su juego político. En primer lugar no fue suficientemente inclusivo. ¿A qué me refiero? Al hecho que Peña Nieto consideró que con quienes tenía que negociar era con los principales partidos de oposición, a saber el PAN y el PRD, cuyas bancadas legislativas necesitaba para aprobar sus reformas. Lo hizo así con sus dirigencias, dejando atrás en primer lugar a los grupos calderonistas que le habían facilitado su transición, y a la izquierda radical que mantuvo relativamente callada al darle paso a la creación de Morena, pero en segundo lugar a los líderes estatales y locales panistas y perredistas, igual que al priismo regional que también se vio afectado por su política centralizadora (por la cual en plena crisis pretende ahora arremeter contra el municipio).

En suma, su juego político no fue suficientemente inclusivo y su estrategia equivocada, porque creyó que obtener apoyo significaba haber aumentado su fuerza y contar con más recursos. Por eso, corre el peligro de quedarse solo e incluso de ser abandonado por ciertas capas de priistas descontentos porque la forma en la que amalgamó a todo el priismo a su alrededor para llegar al poder puede caersele, si no es que ya se le ha caído.

Otro punto, además, es que su juego político no fue transparente pues decidió negociar a través del famoso Pacto por México, o si no de cualquier manera fuera del Congreso, con lo que no sólo lastimó la división de poderes, sino se expuso al descontento de una sociedad que pareció olvidar sin considerar que su acceso al poder fue polémico para una parte importante de la población, que aún veía con desconfianza al PRI. Esta parte de la población se mantuvo alerta, a través de medios que hoy hacen más fácil el acceso a la información y pueden fermentar un conflicto si se dan las condiciones. Y las condiciones se dieron porque se han sumado intereses y han coincidido con la voz de los descontentos, porque se han despertado, o porque ya no pueden esperar resultados que no llegan, o porque les indigna la incapacidad del gobierno de asumir que las condiciones han cambiado, que tiene que rectificar, que no puede limitarse a ajustar estrategias, sino debe cambiar de metas, porque es inaudita la lentitud y sentido de sus respuestas y su incapacidad de mover la agenda.

En esta situación de crisis, desgraciadamente está siendo poco útil para Enrique Peña Nieto su estilo decisorio, que si bien ha expresado carácter, firmeza y ecuanimidad, no ha demostrado hasta ahora -quizás por lo mismo- la capacidad de autocrítica, ni la modestia necesarias para al menos remplazar a los miembros de su equipo que no han funcionado, y así conducir nuevos tiempos. Pareciera que no está decidido a hacerlo y sólo se ha limitado buscar otros culpables, y a lanzar tardíamente medidas precipitadas frente a los hechos. Sin embargo, debiera saber que las agendas no pueden ser estáticas, que su tablero es otro y que requiere de nuevos instrumentos. Si quiere recobrar liderazgo, necesita buen juicio, y no caer en la necedad y la arrogancia.

Crisis y responsabilidad universitaria. A dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Hace veintisiete años, si partimos de la reforma política promovida por Jesús Reyes Heroles en 1977, inició la transformación lenta de un sistema semiautoritario que se había reproducido con éxito en México desde un partido hegemónico luego de la Revolución, modelo que desde casi dos décadas atrás se había empezado a cuestionar y que resultó insostenible cuando la economía dejó de poder alimentar a las  bases clientelares del Estado interventor que lo sostenía. El cambio fue promovido desde los grupos que habían sido más favorecidos por el sistema, desde la clase media que forjó, desde los grupos poblacionales con mayor educación, así entonces desde las universidades que se habían convertido en el centro de discusión y debate de los problemas nacionales. La UNAM en particular fue promotora del cambio en el país, con una posición crítica que nos enorgullece recordar. Su papel se reconoce como semillero de análisis e ideas para esta evolución gradual, y como centro de formación de políticos de las nuevas generaciones de un México más plural. Más adelante, de su seno salieron el grueso de los primeros árbitros de las también nuevas elecciones.

Quiero recordar lo anterior para señalar que este papel contrasta con la paulatina pérdida que al menos la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (donde trabajo) ha sufrido de ser foro importante de discusión de esta misma transformación que México experimentó, con sus alcances y limitaciones. ¿Qué sucedió? La propia pluralidad política alcanzada desplazó la crítica a los partidos políticos y a los medios de comunicación, que se beneficiaron de la liberalización del sistema. En ellos encontraron cabida algunos académicos, mientras el trabajo de la mayoría perdió contacto con la realidad o la capacidad de influir en la vida política que era su objeto de estudio. Sin dejar de reconocer que esta situación ha sido responsabilidad de los mismos profesores e investigadores, también lo ha sido de las autoridades universitarias las cuales han ido fomentando un papel cada vez más conformista en sus cuerpos académicos, para que los movimientos estudiantiles radicales que vienen reproduciéndose en su seno permanezcan quizás aislados.

La contradicción señalada cobra hoy en día una nueva dimensión frente a la más importante crisis política que nuestro país ha atravesado en décadas, una crisis que ha despertado a miles de consciencias desencantadas con razón de lo que les trajo la supuesta democracia, lo que les cuesta un sistema de partidos insuficiente en tanto no encuentran en él representación, en tanto los sienten atrapados por el legado de nuestro pasado, en tanto seguimos siendo un país en donde las leyes nos se cumplen, en donde la corrupción atrapa a políticos de todos los colores, un país además al que el cambio de modelo de desarrollo no le trajo frutos en erradicación de la pobreza o crecimiento, sino sólo parece haberlo hecho un país más desigual, grotescamente injusto por lo que el crimen organizado pudo penetrarlo como lo ha hecho.

La contradicción cobra una nueva dimensión porque desde la Universidad esta toma de conciencia producto de la crisis y esta incipiente organización social del reclamo la debemos permitir, pero no tan sólo señalando como se ha hecho que se debe respetar sin que entorpezca el buen funcionamiento de la institución, sino que debemos abanderarla y orientarla. No podemos privilegiar el juicio moderado frente a los acontecimientos que han desencadenado las protestas, símbolo de lo que había venido sucediendo en México sin que pareciera ya importarnos,  frente a la lentitud y errores de quienes tenían y tienen que hacerse responsables de ellos, frente a la violencia innecesaria contra manifestantes desplegada por las fuerzas encargadas de mantener el orden, frente a la arbitrariedad e ilegalidad de arrestos cuando lo son. De aquí que no avale yo la moderación de los pronunciamientos de las autoridades de mi casa de estudios por afinidades políticas, de suerte que se hacen un tanto cómplices del amedrentamiento de las voces críticas y  de la criminalización de la protesta social.

Por el contrario, pienso que la Universidad debe darle cara a estos tiempos, debe promover la discusión de lo que está sucediendo en este país, debe fomentar el estudio objetivo de los hechos, de si existe la posibilidad de intereses detrás de ellos o que estén alimentando las reacciones de la sociedad a ellos, de cómo y por qué se ha podido extender esta crisis, de sus verdaderas causas, de sus riesgos sí, pero también de las oportunidades que podría abrir si se encauzara bien, si despertara por parte del gobierno federal como no lo ha hecho respuestas más rápidas y acertadas, más autocríticas, más humildes, más abiertas a cambiar de rumbo. Las propuestas del Presidente de la República que dio a conocer la semana pasada, desgraciadamente no van por ese lado, ni auguran buen futuro. Pareciera que se está apostando al desmantelamiento de lo que erróneamente se ve todavía como tropiezo coyuntural de una gestión que se había trazado objetivos que no quiere cambiar. Esta necedad la entiendo, lo que no alcanzo a entender es la cantidad de errores que el equipo de Peña Nieto ha cometido, en su discurso, en la toma de medidas, en no contar totalmente con el ejército, en el actuar fuera de las normas de los cuerpos policiacos, en no haber dimensionado quizás los intereses que ha afectado, en la cola que tiene que le pisen, en hacer política como en el pasado o peor que en el pasado cuando las nuevas tecnologías producen afortunadamente mayor velocidad en la información y mayor capacidad de respuesta. De eficiente y ejemplar ha tenido poco.

Así termina su segundo año de gobierno nuestro Presidente, con la interrogante de si superará esta crisis, lo que a mi parecer con todo es deseable, como lo es el refortalecimiento de nuestras instituciones, incluyendo los partidos políticos, a la par que es deseable el mantenimiento de una sociedad participativa y exigente.

El hastío de la política

18-XI-2014

Que en poco menos de dos meses México nos resultara desconocido, en cuanto a ambiente político, que un clima de descontrol se adueñara del equipo de un presidente que hizo campaña contra la ineficiencia de sus antecesores, de la forma en que lo ha hecho Enrique Peña Nieto frente a las protestas en escala derivadas de un incidente como el de Iguala que por más indignante que nos parezca había sido precedido por miles y miles de muertes producto del crimen organizado y de su combate en el contexto del fenómeno de la narcopolítica en ascenso, que estos sucesos quieran ser aprovechados por los mismos políticos de todos los colores contra los cuales se manifiesta una sociedad cada vez más inconforme, que las manifestaciones fueran rebasadas por movimientos más radicales proclives a la violencia, todo ello no debería sorprendernos.

En efecto, el narcotráfico pudo fácilmente penetrar en un país como el nuestro con condiciones de pobreza no superadas, el segundo más desigual a nivel mundial; el narcotráfico pudo corromper las instancias de gobierno que requirió porque sus responsables no tenían que rendir cuentas a nadie, ni éste se enfrentó a instituciones sólidas; porque la crisis desatada no estaba contemplada por un gobierno que si bien demostró en varias ocasiones capacidad de respuesta a imprevistos, más había ajustado sus estrategias que reconsiderado sus metas, y hoy no entiende que el cambio de proyecto, hombres y discurso es imponente porque aquellos con los que negoció, sus opositores más importantes, gozan del mismo descrédito suyo; no entiende que PRI PAN y PRD son también un cartel a sus ojos, con sus propias contradicciones internas, más patentes en el perredismo, un cartel que en vez de droga mueve ambiciones de poder a través de acuerdos lejanos a los intereses sociales que debieran representar.

Por eso ha salido la gente a la calle a protestar. Qué pena en este sentido que tal descontento sea desvirtuado por actos violentos y vandálicos que no parecen ser perseguidos por la autoridad, la cual por lo mismo se aprecia débil, cuando quizás lo que busca es precisamente que las manifestaciones generen inconformidad, de forma que las reacciones a la desaparición de los estudiantes de Guerrero se vayan desinflando y las aguas retornen a su cauce. En este sentido, puede ser que la marcha menos concurrida en la Ciudad de México de este fin de semana esté demostrando que lo están para mal logrando, cuando lo que debieran hacer sus líderes es orientar mejor a los inconformes para realizar sus diagnósticos, presentar acusaciones debidas y plantearse objetivos viables, de suerte a no hacerle el juego a determinados intereses que pueden estar precipitando una desestabilización que los beneficie, ya sean éstos ciertos grupos de narcotraficantes, ciertos empresarios, ciertos políticos o ciertos luchadores sociales radicales.

Así queda la duda de quiénes están detrás de las también violaciones del estado de derecho, producto de los crímenes cometidos en Guerrero, como queda la duda de por qué los toleran las instancias responsables de mantener el orden, cuando son capaces de entrar a la UNAM para perseguir un robo de celulares. Así lo hicieron el sábado pasado. Es extraño (¿no lo creen ustedes?), como es extraño que se vayan disparos, que se deje abandonado horas un vehículo que después es incendiado por estudiantes, y ahí están los policías rápido para contenerlos violando la autonomía universitaria.  

El ambiente está más que enrarecido, y se presta claro a la desmovilización de quienes sí protestan pacíficamente. Sin embargo estas manifestaciones son las que pueden lograr los cambios profundos que México no ha conseguido, así, desde fuera de los partidos políticos que han sido atrapados en la inercia del sistema que los alimenta y sus partidarios comprados a novel local, ahí donde los traficantes de estupefacientes y diversos criminales organizados han querido.

De esta forma, los ciudadanos deben crear canales para exigir concretamente explicaciones a sus gobernantes y una mejor conducción del país. Deben exigir también una participación adecuada en la toma de decisiones. En esta vía podrían asimismo, por ejemplo, promover la despolitización de la forma en la que se nombran los encargados de los múltiples organismos autónomos que se han creado, y que supuestamente debieran ser ciudadanos. Lo pensaba yo ahora que se negoció, porque así fue, la designación del nuevo responsable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, designación posiblemente adecuada pero que no dejó de procesarse en lo obscurito, siendo además que el Senado no quiere dejar de tener vela en el injerencia en este terreno y ahora, fíjense ustedes, quiere crear una comisión de seguimiento de las recomendaciones del organismo.

Si los ciudadanos que en las circunstancias actuales han salido a la conquista del espacio público se apagan, podemos permanecer todos presos de la apatía que hoy por hoy, no sin razón, produce pensar en el gobierno y el poder.  Les confieso que es mi deseo poner mi granito de arena para que mis colegas y yo no nos quedemos sin objeto de estudio, ahora que dedicarse a las preferencias partidistas parece perder sentido, cuando los partidos todos se parecen tanto y ninguno tiene una oferta ni características radicalmente diferentes. Estudiarlos de repente, en el clima de violencia que vivimos, puede sonar irrelevante. Sin embargo, es muy importante hacerlo en estos tiempos de hastío de la política, en tanto justo enfrentamos el reto de reedificar al Estado.

La crisis del Estado en México

4-XI-2014

Queridos radioescuchas, hace quince días un imponderable familiar me impidió hacer mi comentario usual en este noticiero. Lo menciono porque es interesante hacer notar que el tema que había elegido entonces es el mismo que aún hoy me parece el más importante del país desde hace más de cinco semanas, que es el relativo a los trágicos eventos sucedidos en Iguala el 26 de septiembre pasado, que con el tiempo están derivando en la mayor crisis no sólo de este gobierno como muchos han señalado, sino de décadas en este país, en el que pese a los esfuerzos de una generación, la mía, no se han concretado los cambios necesarios, ni producido el desarrollo político y económico que le den satisfacción a la mayoría de los mexicanos, sobre todo a los jóvenes los cuales hoy toman con razón las calles. Duele porque son hijos de mi generación, son aquellos a los que teníamos que haber respondido. Duele porque los desaparecidos podrían ser esta vez nuestros propios hijos. No es exagerado decir que la velocidad de las múltiples reacciones que se han sucedido atenta contra la estabilidad del sistema. Y no podemos decir que no hay un buen caldo de cultivo para una rebelión, ni desconocer que Ayotzinapa puede ser la chispa que la alumbre. Por eso mismo, nuestra indignación no debe bloquear la lógica con la que dimensionemos, expliquemos y analicemos los sucesos.

Sobre su dimensión, no creo estar equivocada en la opinión que acabo de expresarles. Lo ilustro con un ejemplo histórico. En 1910, sólo poco más de nueve meses después de la convención que formó al Partido Antirreeleccionista, las simpatías por Madero habían crecido de manera exponencial. Porfirio Díaz, ocupado en desmovilizar a la fuerza reyista que para él era la enemiga de su proyecto, no vio venir el movimiento. Para entonces su única salida fue la represión, con lo que el gobierno porfirista se desmoronó seis meses apenas después del llamamiento a las armas.

Regresando al presente, Enrique Peña Nieto también estuvo sobreocupado en la aprobación de sus reformas estructurales. Creyó que enfrentaba una crisis menor de lo que era, creyó que sus antecesores habían quedado en la práctica atrapados por los gobiernos divididos, producto de una pluralidad política sujeta a ingenierías que no evolucionaron; vio en ello la razón de su ineficiencia gubernamental; la entendió sólo como carencia de liderazgo político para generar acuerdos desde el ejecutivo, con legisladores que no tenían alicientes para cooperar; por ello se esforzó en generarlos, a partir de una política negociadora con las dirigencias de los principales partidos de oposición, aprovechando sus divisiones internas y su debilidad. Las reformas  se lograron y cuando, de frente a las elecciones del año entrante sus aliados devendrían sus adversarios, estalló este problema que demuestra que la crisis del Estado no se limitaba a ser una crisis del Estado democrático, sino que bien a bien era una crisis más compleja, a saber del Estado de derecho  e incluso del Estado en el sentido estricto de mantener el monopolio de la fuerza.            

Así las cosas, si no he estado segura de que las reformas estructurales y su reglamentación vayan a conducir al país hacia un mejor desempeño (menos ahora en las condiciones actuales que ciertamente las entorpecen), lo que sí aseguro es que el gobierno debiera haber considerado prioridad máxima de su política reformadora el recrudecimiento de la violencia en el país; no lo hizo así, aunque no dejó de atender el tema. Al respecto, en los hechos, me pareció que se planteó un acertado esquema de trabajo, más integral y coordinado que el del sexenio anterior, pero poco transparente y demasiado alejado de la sociedad civil; además de que resultó irrespetuosa la política mediática de subestimación del problema, y el manejo deformador de las cifras que arrojaba.

Además, no menos grave, hizo agua la voluntad inicial de crear los instrumentos para detener la corrupción política en el país, lo que en las circunstancias que vivimos era de lo más apremiante debido a la penetración del narco en las diferentes esferas del poder.

Se equivocó en suma Peña Nieto en la dimensión que hizo del reto de su administración. Por eso, aunque el gobierno federal no sea responsable directo de las muertes y desapariciones en Iguala, lo es por omisión, por haber privilegiado su relación con Nueva Izquierda en el PRD antes que atender las acusaciones que se hicieron contra algunos de sus representantes en Guerrero, y porque lo que en esa entidad se ha visto que sucede, sucede en buena parte del país, por lo que la solución no está ni en la renuncia de Ángel Aguirre, ni en la logística para atender la seguridad en ese estado en lo inmediato.

La solución para evitar la doble escalada, del crimen organizado y de las respuestas a la ingobernabilidad que rebasan la ley, pasa por el regreso a un pacto más trascendente que el que dio pie a las reformas estructurales. En este sentido apoyo el que ya se empiece a hablar de un pacto de tal magnitud y sentido, un pacto para salvar a México que blinde a las instituciones fundamentalmente de su penetración por el negocio de la droga y el crimen organizado, pero éste debe ser novedoso y concretarse a través de instancias en las que la sociedad se vea representada, las cuales vigilen sin impunidad el ejercicio gubernamental y la actuación de los cuerpos encargados de mantener el orden y la paz.

La seria crisis que enfrentamos, porque no la enfrenta sólo el PRD en Guerrero o el PRI a nivel nacional, sino todos nosotros, no puede ser resuelta como crisis coyuntural. Por el contrario, es una crisis total del Estado, como Estado democrático, como Estado de derecho y como Estado en el sentido más estricto. Es una crisis de dimensiones estructurales que nos coloca a todos en grave riesgo, pese a que algunos quieran y puedan sacar ganancia del río revuelto e incluso puedan resultar beneficiados. Es una crisis de la que debe de investigarse seriamente si no tiene en su detonante algún autor o autores intelectuales que hayan buscado la desestabilización del sistema, porque de tantos cabos pendientes de hilar, no puedo quitarme de la cabeza la pregunta de el por qué ahora, cuando al menos para algunos parecía que las cosas podían ir mejor. Frente a este misterio, o el misterio de lo que realmente sucedió (ahora que acaban de detener en el Distrito Federal al expresidente municipal José Luis Abarca y a su esposa quizás lo vamos a dilucidar), logro al menos entender mejor quienes salen perdiendo o ganado con todo esto, o logro explicarme los posicionamientos de distintos actores, pero sobre todo entiendo el por qué pudo ello ocurrir.

Si los acontecimientos de Iguala han desatado reacciones que se han salido de control es porque se quiere una vez por siempre que el país se transforme radicalmente, de forma que lo mismo no pueda más acontecer.              

Difícil contexto de inicio de las próximas elecciones

A principios de junio del año que entra habrá elecciones en todo el país. Este día inicia el proceso federal que habrá de culminar en la renovación de la Cámara de Diputados, así como los  procesos locales de 17 entidades de la República donde se van a elegir nueve gobernadores más  renovar congresos locales, presidencias municipales y cabildos. La política avanza a una velocidad tal que hace un mes varios analistas consideraban que el Partido Revolucionario Institucional se posicionaba con ventaja y sin problemas en este proceso, dado el  éxito que tuvo la aprobación de las reformas estructurales y su reglamentación, y las contradicciones internas de los partidos de oposición, aunado a los indicios de repunte de la economía. Incluso la apreciación del trabajo del Presidente empezaba a remontar. Pero los escenarios pueden cambiar.

 Hoy podemos apreciar que la fragilidad de nuestra democracia es mayúscula. Los riesgos vienen de parte de la insuperable falta de confianza en las instituciones electorales, de la rapidez con la que se desbordan los movimientos sociales que rebasan a los partidos políticos, y del recrudecimiento de la violencia en el país que relativizan la posibilidad de que los conflictos sociales se resuelvan a través de la competencia, la negociación y el acuerdo.

La reforma política y su reglamentación fueron exigidas a la administración federal actual como precondición para negociar otras reformas, particularmente la energética, de forma tal que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales (OPLES) remplazaron al Instituto Federal Electoral (IFE) y a los institutos electorales estatales. La nacionalización de los procesos electorales fue una demanda de la oposición al PRI que veía, en la estructura que se dejó atrás, la posibilidad para los gobernadores (dos terceras partes de los cuales emanan del tricolor) de intervenir en las contiendas. Pese a la oposición de muchos expertos, la presión por el cambio fue mayor y quedó en pie un sistema en el que el INE sobrerregula todavía más los procesos electorales que el IFE. Se dirá que el INE tendrá únicamente un papel rector de los procesos electorales locales, pero la verdad es que no sólo expedirá normas para la organización y  la vigilancia de las elecciones con miras a la homogeneización de su calidad, sino además se encargará  de la fiscalización del gasto de los partidos (tarea que hubiera podido delegar en los OPLES mas no ha querido), y podrá asumir parcial o totalmente ciertos comicios antes de comenzados, o atraerlos en cualquier momento, a juicio de dos terceras partes de su Consejo que además ha debido elegir la semana pasada a los siete consejeros electorales de 18 OPLES (en Oaxaca lo hizo también porque supongo habrá comicios por usos y costumbres). El margen de la discrecionalidad es bárbara; no nos engañemos. No nos extrañemos tampoco que los jugadores, los mismos que votaron a favor de este sistema, confiesen ahora no tener certeza de los primeros resultados que se producen.

Por lo pronto la selección de los consejeros electorales estatales está siendo cuestionada por perredistas y panistas, como por intelectuales. El PRD incluso inició una controversia frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ha defendido que la selección fue transparente y consistió en una convocatoria a la cual respondieron más de 1300 aspirantes. Después de la valoración de los requisitos, de un examen que preparó el CENEVAL con la ayuda de un grupo de académicos y de un ensayo presencial a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM quedaron aproximadamente 600, mismos que fueron calificados por cada uno de los consejeros quedando 267 postulantes que fueron entrevistados y de los cuales salieron los 126 que conocemos. Sin embargo no dice que a los académicos sólo se les encargó reactivos para contenidos que bien pudieron filtrarse, que los dos turnos del examen dieron pie a sospechas, que hubieron quejas y hasta impugnaciones de algunos participantes, con cambios en los dos sentidos de la lista de expedientes a revisar y, lo más grave, que un grupo de cinco consejeros calificó por igual a todos de forma que impuso su criterio sobre quienes deberían pasar a entrevista, o sea que pudieron vetar y facilitarles el camino a quienes quisieron.

La lista de consejeros, dicen quienes protestan, favorece a los priistas. Resulta ya no ridículo, sino de verdad triste. Se quejaban de que los congresos locales dominados por el PRI injerían en la conformación de los institutos electorales locales y los controlaban, ahora se quejan que los consejeros nacionales hicieron su selección con tinte partidista. La verdad es que antes, como ahora, han pesado las afinidades de los aspirantes; la diferencia es que ahora la afinidad que pesó fue con las dirigencias nacionales de los partidos a través de los consejeros nacionales que pudieron colar, y no como antes con los grupos partidistas estatales a través de los diputados locales. Por lo demás ha quedado probado el que ha llegado a su límite la formula de selección de los árbitros electorales bajo el falso supuesto de que la suma de las parcialidades produce imparcialidad. También ha quedado probado que los partidos políticos en pugna con el partido gobernante sacan gran provecho de declarar que los procesos no son creíbles. Las próximas elecciones tendrán este vicio de origen muy conveniente para ellos.

Por si no fuera poco las marchas y protestas de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y la actitud gubernamental reflejan un contexto político difícil. Los movimientos sociales pueden prender como cerillo y el gobierno no está dispuesto a exponerse. Cedió en todo, hasta hizo renunciar a la directora de la institución, mas no ha logrado desmantelar el problema. Por el contrario los maestros ya preparan su pliego de peticiones. El Secretario de Gobernación habrá querido colgarse una medalla, pero jugó con pólvora.

La violación del estado de derecho en México es el marco de nuestra democracia y la limita. El gobierno, como en el caso del Poli, tiene que responder rápido y a veces lo hace mal como en el caso de Tlatlaya en el Estado de México. Las correcciones llegan, pero tarde. Su euforia de estar controlando la inseguridad es desmentida rápidamente por el recrudecimiento de incidentes en Guerrero. Pudiera ser que sea este un mensaje del crimen organizado exclusivo para el gobierno perredista de Ángel Aguirre y de un PRD que estaba viendo con agrado la postulación por Morena del secretario estatal de Salud Lázaro Mazón, en vez del presidente municipal de Acapulco de Movimiento Ciudadano Luis Walton con más arrastre, una vez solucionada la postulación de Armando Ríos Piter como su candidato a la gubernatura y para alcalde de la joya del puerto del hijo del gobernador. Pues no: vino el lamentable desenlace de la manifestación de normalistas en Iguala, el ataque a un camión de jóvenes futbolistas, el recrudecimiento de la violencia que ha producido varias víctimas y hasta el asesinato del secretario general del PAN en el estado.

La infiltración del narcotráfico en política ha quedado una vez más comprobada. El gobierno federal no pudo, a su pesar, hacerse de lado. La Procuraduría tomó en manos la investigación de los hechos en Iguala, donde la gendarmería ha asumido ya la seguridad.

Ni hablar: este es el contexto en el que empiezan las próximas elecciones. Resulta desastroso.

Enrique Peña Nieto: entre aplausos y críticas

Con motivo del II Informe del Presidente Enrique Peña Nieto se multiplicaron los comentarios en los medios sobre lo que va de su gestión y la etapa política que se avecina. Si bien sobre este segundo tema las opiniones concordaron, en el primero no fue así. En efecto, todos los analistas coinciden en que una vez aprobadas las reformas estructurales y sus leyes reglamentarias se ha cerrado un período caracterizado por la construcción de acuerdos con las principales fuerzas opositoras; lo que viene ahora, dicen, es la confrontación abierta de frente a las elecciones de 2015. No había, digo yo, que esperar el informe para afirmarlo, pero esta idea simple no ha dejado de circular. Ahora bien, en lo que no concuerdan los comentaristas es en su evaluación de los veintiún meses que recién concluyeron. Veamos.

Por una parte están aquellos que se derriten en alabanzas al oficio político que ha demostrado el Presidente. Están asombrados de que haya logrado desparalizar al gobierno y construir incentivos para la cooperación en el Congreso, de suerte que fue posible llevar por buen camino una hazaña política casi impensable en gobiernos divididos como han sido los nuestros desde 1997. Es cierto, Peña Nieto supo negociar, intercambiar, ceder, es decir mantuvo sus prioridades a un precio que le pareció razonable visto el beneficio obtenido. En esta línea, no falta incluso quien califica su manejo como maquiavélico en un sentido positivo. Además en una actitud pasada de complaciente, ya sea explican la baja de popularidad de la figura presidencial que reflejan las encuestas con base en una supuesta táctica que mantuvo hasta hora el mandatario, consistente en mantener un perfil bajo que hiciera posible su política negociadora, ya sea la subestiman en función de la distribución de las preferencias partidistas que las mismas encuestas confirman, las cuales favorecen al PRI con más de diez puntos sobre el segundo lugar que resulta ser el PAN. El Presidente, dicen, ha demostrado que sabe gobernar; puede ser que no atraiga tantas simpatías pero sí votos.

Sin embargo, tampoco faltan quienes recuerdan que la estrategia del Pacto no fue suya sino del PRD y que Peña Nieto se quiere indilgar todo el mérito de los resultados logrados, sin reconocer el papel de las fuerzas políticas que se comprometieron en él, a saber el PAN y el PRD. Igualmente ven en la falta de crecimiento y de control de la seguridad las razones del descontento de los ciudadanos, quienes no pueden creer las cifras alegres que el documento refiere. El Presidente tiene un bono que le puede durar hasta las próximas elecciones, pero perderá a mediano plazo si no ofrece resultados. Finalmente recuerdan que en el renglón de las políticas públicas, las dificultades mayores no se afrontan en su diseño sino en su implementación. La visión del mandatario no debe ser cortoplacista y mirar tan sólo la contienda del año próximo, sino contemplar el 2018. Ese año la suerte de los priistas dependerá de que el Presidente se sepa rodear, desde ya, de quienes mejor puedan echar a andar las reformas alcanzadas y los programas de gobierno. Dependerá fundamentalmente de que haya habido crecimiento y se sienta en los bolsillos de la mayoría, y que en México se haya recuperado el estado de derecho.

Por todo lo señalado, en el otro extremo de los  optimistas están quienes no ven razones para que Peña Nieto se sienta tan satisfecho. En esta visión el informe fue tan triunfalista como siempre, esencialmente tan acartonado y falso como ha sido. En suma, en las condiciones que vive la economía y la sociedad no es creíble, no interesa, ni a los expertos que no encontraron por dónde emitir análisis de mayor interés. Eso pensaba yo, estimados radioescuchas, cuando me topé con la nota de que en corto en la oficina presidencial se había hecho un balance de la jornada que llevó no sólo a excusarse públicamente  por haber usado el zócalo de estacionamiento (muy modernamente lo hicieron por twitter), sino a querer repensar el instrumento mismo del informe.

Miren ustedes, yo no veo mal del mismo el que sea complaciente con el desempeño público. No entiendo a quienes pretenden que el mensaje presidencial podría haber contenido alguna autocrítica. Las autocríticas de un gobierno no pueden ir más allá de reconocer que se usó indebidamente al zócalo. ¿Cómo verían ustedes que Peña Nieto nos viniera a decir que subestimó a la CNTE o que en los años venideros habremos de evaluar si la cultura en un país como el nuestro, donde la corrupción es hábito y hasta producto de instituciones insuficientes, no hace peligrosa una apertura en el renglón energético como la que se logró?

El Presidente, sin embargo, debería dirigirse al público sobre el entendido que aquellos que lo escuchan conocen las críticas que ha recibido su gobierno, asimismo saben señalar a su entender riesgos en que se ha incurrido, y errores que se han cometido. En este sentido no quieren que evada a la oposición, sino que reconozca su voz, que demuestre al menos que entiende argumentos contrarios pero que su posición es otra y puede justificarla. Un informe construido de esta manera trataría al otro con respeto. Al entrar en una discusión seria, la cual le permitiría dicho sea de paso mayor aceptación, en un contexto excepcional probaría que es un político que entiende que la democracia va más allá de las urnas, que adquiere sentido no sólo en la transparencia y la rendición de cuentas de donde el reclamo por mayor injerencia ciudadana en el diseño de las políticas públicas y en el ejercicio presupuestal, sino mediante gobiernos que ofrecen razones a quienes los eligieron y a los que no lo hicieron.

Bueno, la nota a la que hice referencia señala que desde la Presidencia van a revisar el formato del informe. ¿Qué les parecen mis ideas?

Sobre consultas populares y partidos políticos frente al 2015

Las perspectivas de las elecciones del 2015 han cambiado el escenario y los posicionamientos de los actores políticos de nuestro sistema. Ningún partido político quiere quedarse atrás frente a alguna jugada relevante de algún rival, mientras todos aprovechan las nuevas herramientas que ellos mismos dispusieron aún a costa de que pierdan su sentido. Me refiero en particular a las consultas populares que ya anunciaron que quieren hacer algunos de ellos como el PRD y como Morena sobre la reforma energética, el PAN sobre el salario mínimo y el PRI sobre el tamaño del Congreso.

Con ello vemos a qué punto se está malentendiendo tanto las ventajas de la democracia representativa como las bondades de mecanismos de democracia directa que pueden implementarse de forma complementaria a ella. La democracia indirecta no sólo resuelve el gobierno de grandes poblaciones; además en principio pone la toma de decisiones en manos de profesionales y protege al poder público de su control por parte de intereses privados, en particular grupos de poder y medios de comunicación. Sin embargo los gobiernos democráticos sí tienen la obligación de justificar sus políticas, hacerlas transparentes y rendir cuentas de sus actos. La ciudadanía no debiera además sólo ser consultada para la elección de sus representantes, sino también en la medida de lo posible para orientar políticas concretas sobre las cuales pueden omitir opiniones, no cualquier tipo de políticas, sino políticas de orden muy puntual que influyan en su cotidianidad sobre las que sin duda su postura cuenta. Sólo en estos casos -que no debieran ser pocos- entiendo la consulta ciudadana, mas los temas que los partidos han señalado no me parecen ser de este orden. Son temas importantísimos cierto, pero que han sido presentados por los partidos de cara al beneficio electoral que calculan les pueden rendir.

Me da pena que la izquierda no haya sabido defenderse en las tribunas parlamentarias contra una apertura total en el ramo energético que muchos tememos, en el marco de los vicios de nuestra realidad política. No convenció su diagnóstico de las necesidades urgentes en el ramo, no supo presentar un proyecto alternativo, no supo contener el extremismo con el que se impuso la reforma y tiró la toalla cuando de crear los mecanismos de transparencia de tal apertura se trataba. Increíble que haya sido el PAN el que dio una batalla constructiva sobre este renglón. ¿Qué pretende la izquierda con su consulta? ¿Confundir a la ciudadanía? ¿Mentirle? Probablemente, con lo que demuestra que su intención es mantener a su electorado, no ser rebasada por posición alguna que se sustente en la cultura antimperialista cuyo conservadurismo puede exhibir una discusión seria sobre las condiciones actuales de la extracción petrolera y la producción energética en México.

El PAN no es menos tramposo cuando hace suya la inquietud por el salario mínimo, expresada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera. Mienten los panistas porque se sabe que el salario mínimo ha perdido creo que 70% de su valor en los últimos treinta años, los primeros de los cuales su contención fue un mecanismo de ajuste macroeconómico para después volverse muy difícil su recuperación, al haberse convertido en una medida para el cálculo de muchos precios, las multas por ejemplo. El PAN sabe que la urgencia principal es deslindar al salario mínimo de tal sobreutilización y que su aumento no puede ser más que acordado por todas las partes involucradas para contener los costos de tal incremento, ya que automáticamente los tendría. Pareciera sin embargo que el PAN ha visto en el tema un vehículo para obtener popularidad (quien puede dudar que la inmensa mayoría de los electores estaría en una consulta a favor de salarios mínimos más altos), y que los panistas no deben considerar ser mal vistos por el ala empresarial que los apoyan porque de hecho no están discutiendo la cuestión de fondo que es la permanencia de un modelo de desarrollo basado en una fuerza de trabajo barata, modelo que ha hecho más eficiente que antaño la inversión, facilitado el enriquecimiento y fomentado desigualdades inmorales.

Pero el PRI sí que demostró más colmillo en esta coyuntura al recuperar la vieja propuesta de Enrique Peña Nieto, cuando siendo todavía gobernador del Estado de México en 2010 se discutía la propuesta de reforma política de Felipe Calderón que incluía la segunda vuelta electoral como mecanismo para obtener mayorías en el Congreso. Peña Nieto reviró entonces con otro mecanismo de hecho posible que es el recorte de diputados plurinominales, siendo los priistas tan fuertes para ganar distritos uninominales aunque sea en elecciones cerradas, e incluso cuestionaba entonces -lo que ahora no- los límites acordados de sobrerrepresentación. Cabe decir sin embargo que ahora, además, el PRI añade la consulta sobre la eliminación de las senadurías por representación proporcional. Con tal consulta se apuntaría sin duda una chuza a favor de sus intereses. Me explico.

La consulta de los priistas no sólo sería distractora en buen momento, sería muy bienvenida por muchos mexicanos cansados de los políticos, de tantos políticos que aparentemente cuestan tan caro y hacen tan poco. Estos mexicanos no pueden medir que un sistema electoral mixto como el nuestro aseguró la apertura política en México, trajo mayor representación y permitió que el legislativo se convirtiera en un contrapoder a la voluntad presidencial antaño todopoderosa. No pueden saber que se pueden aprobar otros mecanismos para obtener mayorías, otras formas de diseñar las boletas electorales por ejemplo porque la segunda vuelta que reiteradamente se ha discutido sin convencer tampoco me convence, pero sí otras maneras de contar los votos o de disponer los calendarios electorales, con la finalidad de promover la construcción de mayorías -si así se quiere- porque además cabe discutir sus bondades, de las mayorías me refiero. Miren, Peña Nieto ni las necesitó para sus reformas, aunque ahora le facilitarían la segunda mitad de su sexenio. Claro.

En fin que tanto priistas como panistas y perredistas y López Obrador distorsionan el sentido de las consultas populares y las tratan de manipular en su beneficio partidista, cuando los mexicanos deberíamos exigirlas en beneficio nuestro.

Perspectivas 2015: los partidos chicos, el caso de Movimiento Ciudadano

El sistema de partidos construido en México como resultado de la apertura política que como muchos saben se produjo después de la reforma electoral de 1977, muy rápidamente quedó en tres partidos grandes: el PRI que vio menguado su poder hasta perder la presidencia, pero la recuperó en condiciones de una democracia limitada a través de elecciones competitivas aunque inequitativas y no del todo transparentes; el PAN partido que nació como reacción al semiautoritarismo del país y fue ganando espacios como oposición leal hasta que en el 2000 el voto estratégico antisistema le dio la diferencia que su electorado requería para llegar a los Pinos, donde se mantuvo por dos sexenios luego de los cuales sufrió el desgaste de gobernar; y el PRD que tras 1988 unificó a la oposición de izquierda en un partido de tribus que hasta ahora, con la escisión de Manuel López Obrador, venía resolviendo sus diferencias internas. A estos tres partidos grandes, que tienen a nivel estatal una presencia aún más diferente en el sentido de que en varias entidades ya sea el PAN o el PRD no tienen ningún rol relevante, se le sumaron a lo largo de los años varios partidos chicos algunos de los cuales desaparecieron para quedar cuatro a nivel federal, a saber el PVEM, el PNA, el PT y MC, hasta el registro este año de los tres partidos nuevos: el PES, el PH y desde luego Morena.

Estos son los partidos chicos de México que ya no lo son tanto, si se toma en cuenta por ejemplo que en 2013 en las elecciones locales aún sin los nuevos junto a los partidos locales casi alcanzaron la cuarta parte de la votación. Además, cabe considerar que en la medida en la que las elecciones se hicieron cerradas estos partidos se hicieron más importantes porque el fenómeno de las coaliciones les permitió definir cada vez más resultados, y vender su apoyo muy alto cuando la legislación les permitió hacer convenios con los partidos grandes muy favorecedores para ello, o bien que los votos se contaran de suerte que su fuerza quedara inflada. En suma, poco a poco los partidos chicos ganaron poder, un poder para algunos poco visible en tanto no han estado realmente en el juego nacional (no se sentaron por ejemplo en la mesa del Pacto por México), pero a nivel subnacional sus bancadas en los congresos crecieron (piénsese que NA es segunda fuerza en Hidalgo) y sus gobiernos municipales y aún estatales (por ejemplo el gobernador actual de Oaxaca Gabino Cue venía de Convergencia) se multiplicaron.  

Ahora bien, en tanto la nueva legislación electoral ya no va a contabilizar para el reparto de las curules plurinominales los votos emitidos por las coaliciones, lo cual se piensa puede desincentivarlas porque es más seguro el voto por el partido grande en coalición, y que el umbral de votación para que un partido conserve su registro se ha subido a 3%, y también en la medida en la que se cree con bastante razón que Morena va a golpear al PRD pero sobre todo su golpe va a repercutir más en el PT y en MC por tener la misma base electoral, hoy se cruzan apuestas sobre la capacidad que los partidos chicos tengan de sobrevivir y los nuevos que no Morena de conservar su registro.

De los partidos chicos que ya existían seguro PT y MC serán los más afectados por la nueva realidad, lo que no quiere decir que sea de la misma forma. Es cierto que por bastante tiempo parecía que el PT a pesar de ser tan patrimonialista como MC, es decir a pesar  de estar en las manos exclusivas de ciertos políticos como el PVEM o el PNA, y también a pesar  de tener ambos un original regional  y un desarrollo por enclaves que fueron ganando territorialidad, estaba mejor preparado que MC para enfrentar esta eventual situación. Hoy las primeras encuestas sobre preferencias electorales hacia el 2015, así como el análisis de sus circunstancias, sus ventajas y debilidades parecen indicar lo inverso, es decir que el PT resulta estar en una situación más vulnerable.

¿De qué preferencias hablo? Menciono por su seriedad la encuesta del periódico Reforma del 6 de agosto pasado que le otorga al PT 3% y a MC 4%  de la intención de voto. ¿Qué está sucediendo? A mi manera de ver Dante Delgado, exgobernador por el PRI de Veracruz,  fundador en 1999 de  Convergencia, hoy MC partido del que es líder, ha sabido adelantarse mejor al escenario que se le presentaría por tres motivos principales. Primero montó la reconversión de Convergencia sobre una demanda que fue penetrando en la sociedad  de frente al disgusto que generaron los pobres alcances de nuestra democracia y la crítica a sus partidos políticos a saber las candidaturas ciudadanas, las cuales antes de quedar plasmadas en la penúltima reforma electoral de 2009-2012 y reglamentadas por la más reciente, ya eran obligatorias en este partido en una proporción del 50% de sus postulaciones. Segundo, ha sabido atraer a su partido ciertas figuras políticas importantes como es en Guerrero el actual alcalde de Acapulco Luis Walton, o Alfaro en Jalisco que en 2012 estuvo a unos cinco puntos de ganarle al PRI la gubernatura del estado luego de tres administraciones panistas, o como va a poder ser también Marcelo Ebrard quien ya fue a su última convención. Tercero, ya pasó la prueba en 2013 siguiendo la estrategia de ir independiente, sin coaliciones, y le llegó al electorado con su nueva imagen.

De tal manera que al menos a mí no me extrañan los resultados de esas preferencias. Pareciera que Dante está sabiendo posicionarse mejor en esta extraña etapa que será el 2015 en la que Morena en un tablero totalmente modificado por su aparición también debe ir sin sus socios naturales, sin que quiera decir ello que a mediano plazo MC no vaya a acercarse a AMLO con mejores cartas que lo lleven a venderse mejor.  Incluso he llegado a considerar que en algunas contiendas del 2015 le hará a lo mejor el juego, como podría ser el que Luis Walton se presentara como candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero, poniendo al PRD en serios apuros como serán los que tenga en el DF, de suerte que creo que habrán grandes novedades en la política del país.

A saber, los politólogos somos a manudo muy malos predictores.

Leyes reglamentarias en materia energética y nuevo período político

Después de unas merecidas vacaciones de verano durante las cuales me mantuve lejos del acontecer nacional, regreso esta semana con la lectura pendiente de periódicos y notas en medios que me hace constatar que la gran noticia de México sigue siendo el proceso de aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma energética. Sin duda es la mayor transformación que se ha proyectado para el país en lo que va de mi vida, y miren que acabo de cumplir sesenta años. 

Es una transformación de la que se viene hablando hace doce años como muy necesaria para algunos, peligrosa y regresiva para otros. En esta semana se discuten los cuatro dictámenes en el pleno de la Cámara de Diputados. Incluyen trece nuevas leyes y la transformación de ocho más, que corresponden a un paquete de nueve iniciativas que envió el Presidente al Congreso a finales de abril, siendo que desde entonces con algunas interrupciones se discutieron en las comisiones correspondientes en el Senado que fue la cámara de origen de la mayoría de ellas y las cuales ya aprobó esta instancia.

Contrariamente a lo que dicen algunos comentaristas, no se trata de ninguna aprobación “fast track” y digo aprobación porque, pese a la magnitud del paquete y la trascendencia de su contenido, como la mayoría considero que las leyes serán promulgadas antes del informe presidencial del 1° de septiembre. Este proceso pondrá fin a una primera etapa del proyecto del actual gobierno que puso en esta específica materia todo su esfuerzo, es decir que subordinó todos sus movimientos -como las otras reformas y leyes que se han promulgado- a este logro.

Finalmente reviso el debate que ha generado dicha reforma y sus leyes reglamentarias en estas ultimas semanas y no veo nada nuevo, lo que en parte era de esperarse. ¿En qué sentido lo digo?

La reforma energética y sus leyes han pasado por un largo proceso de acuerdos y trueques bien jugados por parte de casi todos los actores involucrados.

Como vimos desde finales del año pasado, en relación a dicha reforma la izquierda no ha podido posicionarse mas que en contra por principios ideológicos inherentes a ella misma, los cuales se resumen en los puntos que expuso recientemente Jesús Zambrano presidente nacional del PRD: aniquila a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y vulnera a sus trabajadores, tolera negocios opacos y legaliza el despojo de tierras, protege al capital privado extranjero, perpetua su control sobre el petróleo, y propone un modelo energético sin un futuro sustentable. En especial de frente a los reportes de la situación de Pemex y a los testimonios sobre la disminución de su producción petrolera expresan que es resultado de su régimen fiscal y del mal manejo de la empresa, y no compran el argumento de que no contamos con el capital necesario para llevar a cabo exploraciones más profundas.

Ésta ha sido la crítica de las capas  moderadas de la izquierda, mientras en su momento el ala radical representada por Morena y Andrés Manuel López Obrador declaró que no permitiría que los mexicanos perdiéramos lo que es nuestro. Se mencionaron grandes manifestaciones que nunca llegaron, primero por un infarto dudoso de AMLO, luego porque pareciera que este último se encuentra más ocupado en preparar a su joven partido para la contienda electoral del año que entra. Al menos yo no me lo esperaba. Sin  embargo fue el primero que habló de una consulta popular para la que ha recolectado firmas, posición que también es sostenida por el PRD en voz de su dirigencia actual para no quedarse atrás a sabiendas que muy probablemente dicha consulta no se avalará legalmente. La controversia quedará así en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De tal manera, más que con la reforma de telecomunicaciones y sus leyes que pudo de alguna manera influir, la izquierda ha quedado marginada del proceso como en su momento quedó marginado el PAN de la reforma fiscal.

Por el contrario ¿qué le aportó el PAN? El PAN presionó por una liberalización de la industria energética más allá de los contratos de utilidad compartida y de servicios por lo que impulsó que se avalaran también los contratos de producción compartida y las licencias. El PAN presionó por un mayor rol y una mayor autonomía de los organismos reguladores de la producción y más injerencia del Congreso en su conformación. El PAN presionó por un sistema más transparente de concesiones, en contra de la figura de la expropiación para convertirla en ocupación temporal la cual dará derecho sobre la tierra donde se extraiga petróleo por un período fijo cuando no se llegue a algún acuerdo de venta con los propietarios, bajo el esquema de pago a los dueños de un porcentaje de ganancias y de una compensación por la afectación de tierras. El PAN presionó porque el estado se quede con los pasivos laborales de Pemex y la CFE.  

Así, casi inevitablemente tendremos  no una apertura gradual como algunos hubiéramos preferido temerosos de nuestras instituciones burocráticas y corruptas, postura que originalmente era la de Enrique Peña Nieto quien no dudó sin embargo en apostarle a una reforma de más calado, no por los beneficios que dicha reforma reporte porque si ha de producirlos  tardarán según los especialistas más de una década en llegar salvo en el terreno de la producción de gas, sino pudiera ser que por su posición de ventaja en esta liberalización o al menos por la  fuerza política que tal logro le aportará en el tanto su equipo sabe vender su eficiencia,  y  porque en adelante podrá distanciarse de una oposición con la que supo negociar cuando fue posible y con la que logró mayorías parlamentarias cuando fueron necesarias.

Para conseguirlo se dejó chantajear por los perredistas y no opuso aparente resistencia al registro de Morena, pero se dejó chantajear  sobre todo por los panistas  quienes avanzaron más en su agenda que durante los años que gobernaron. Sin embargo, finalmente llegó a precio razonable a su objetivo. 

Ahora vendrán otros tiempos políticos. El gobierno deberá prepararse  para administrar sus reformas, por lo que puede pensarse que habrá cambios en el gabinete, ya que algunas piezas dejan de ser útiles y se necesitan otras. Los priistas deberán preparase para el 2015 por lo que deben esperar uno que la oposición panista haya salido golpeada por su posición colaboracionista, dos que los perredistas estén en conflicto por sus eternas pugnas internas, más aún con Morena que los asedia, que estén en los hechos  suficientemente afectados por la posibilidad de ser rebasados por los críticos a lo que a todas luces dejaron pasar sin un proyecto alternativo, tres que los candados en contra de los partidos chicos funcionen y cuatro que las concesiones en materia político electoral, los pocos resultados que parece van a ofrecer y aún los errores de su reforma fiscal e insuficiencias de algunos de sus programas  no los afecten.

A saber qué aporte este nuevo periodo, a saber  qué tanto la sociedad acepte y confíe en este gran impulso transformador que trajeron de regreso los priistas, a saber qué tanto la oposición llegue a abanderar su inconformidad cuando la haya, a saber si la sociedad  no rebase a los jugadores políticos del momento en las condiciones de insatisfacción que se han acumulado.

Más allá de la aprobación de las leyes reglamentarias

La vida política se aceleró hace año y medio con el regreso del PRI al poder, en tanto las fuerzas políticas se reacomodaron y el Presidente actual puso en marcha un programa ambicioso que implicó la aprobación de las reformas estructurales y la negociación de sus leyes reglamentarias. Este período, como notan la mayoría de los analistas, está pronto a concluir.

Como las leyes reglamentarias en materia de telecomunicación, las energéticas se sacarán seguramente adelante a través de la misma política de conciliación que ha mantenido el gobierno de permitir lo más posible el que sus propuestas sean intervenidas por la oposición panista y perredista. Ni así los panistas han logrado acuerdos totales en sus propias bancadas mientras los perredistas, temerosos de ser rebasados por la izquierda, han preferido no responsabilizarse de los resultados que han contribuido a generar.

En estos términos no puede dudarse de la eficiencia de un gobierno que ha sabido enfrentar los límites de un sistema pluripartidista y de representación mixta, a la vez que presidencialista, que no permite la conformación fácil de mayorías parlamentarias y que hasta ahora no le otorgaba a los partidos no gobernantes incentivos para cooperar en el Congreso. La capacidad política del equipo de  Peña Nieto no ha sido puesto en duda y más bien se ha analizado la buen jugada que han hecho los panistas sobre todo Gustavo Madero quien pudo relegirse y desplazar a los calderonistas, en contraste con las dificultades que enfrentan los perredistas cuyos usuales conflictos internos han sido potenciados por la escisión de Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué viene ahora? Algunos señalan que el esfuerzo del Presidente no parece estarle rindiendo frutos. Se basan en la baja popularidad que mantiene en las encuestas y en que al parecer la ciudadanía no está interesada en las reformas porque no las entienden, ni pueden demostrar beneficios inmediatos a pesar de que se pueda creer que lleguen a generarlos. Y a saber porque la reforma laboral, en cuya aprobación a finales de 2012 ya intervino el gobierno electo, no atrajo los empleos que prometió y la reforma fiscal a decir de muchos especialistas fue un error como lo fueron otros malos manejos  en el empleo del gasto público. En este sentido es que se alega que el gobierno no ha sabido explicarse lo suficiente, cuando la sociedad enfrenta una situación económica que deja que desear si bien hay algunos signos de recuperación. En consecuencia estos analistas sostienen que la suerte de los priistas estará en cómo sepan mover sus fichas en el nuevo contexto prelectoral y que el 2015 los pude llevar a un retroceso. Yo no lo creo así.

En primer lugar no creo que Peña Nieto haya puesto todas sus cartas en las reformas, ni que haya sacrificado de más en su aprobación. El análisis prospectivo sobre el 2015 no debe limitarse a la popularidad del Presidente sino mantener como eje la fuerza de los priistas, que ha sido mucho menos golpeada de lo que se cree. La fuerza de los priistas desde hace más de veinte años radica en su capacidad territorial de sumar votos y no en sus aliados sindicales que las reformas estructurales golpean. Esta capacidad es mucho mayor que la que suponen aquellos legisladores que promovieron la reforma político electoral para frenar la posible manipulación electoral de ciertos gobernadores. Esta capacidad contrasta con una oposición poco disciplina, fragmentada y débil en la mayoría de los estados.

Tomemos como ejemplo las elecciones locales en Coahuila, Nayarit y Puebla del domingo 6 de julio pasado. Mientras que en 2012 en Coahuila el panismo se había mantenido más unido que el año anterior en que los priistas pudieron conservar la gubernatura con una ventaja de más de veinte puntos, y por lo mismo pudo disputar de cerca el primer lugar en la elección presidencial, o mientras que en 2013 en las elecciones municipales ganó Torreón, ahora en las elecciones para diputados locales (con una participación muy baja eso sí) el PRI le sacó doce puntos de ventaja y se llevó carro completo y la mayoría absoluta en el congreso estatal. ¿Qué consecuencias tuvo entonces el escándalo provocado por el endeudamiento de Humberto Moreira? El actual gobernador, hermano suyo, logró darle la vuelta.

En Nayarit la coalición  PAN-PRD de facto, pese a que no incluyó a toda la izquierda en tanto el PRD nayarita es de ala moderada y el PT y Movimiento Ciudadano se fueron por su cuenta, resultó más competitiva por lo que hay dos lecturas. La primera es constatar que los priistas no rindieron malas cuentas al ganar en seis de los ocho distritos, más 16 de 20 ayuntamientos. Otra lectura sin embargo es reconocer que el proceso estuvo plagado de acusaciones de intervencionismo del gobernador Roberto Sandoval y concretamente se llegó incluso a quitarle el puesto a una funcionaria de Sedesol. Además también se debe señalar que el PRI perdió Tepic y otros dos municipios Ahuacatlán y Xalisco en manos de la coalición, más San Blas en donde ganó un candidato independiente, municipios que concentran cerca del 60% de la población. Pero aquí cuidado: los candidatos ganadores son de extracción panista, como los son los dos candidatos que ganaron curules uninominales. El PRD no fue rival para el PRI, lo fue el PAN. No obstante debe también verse que este partido, que ahora tiene un buen precandidato a la gubernatura en la figura del edil de la capital Polo Domínguez, tiene contradicciones internas y sufre fugas como fue la del propio candidato independiente de San Blas, Hilario Ramírez a quien habrá que ver si no se le perseguirá de oficio por su confesión de haber robado al erario público.

En suma, el poder de las coaliciones contra el PRI es limitado y amplía es todavía su capacidad de maniobra, a excepción de las entidades gobernadas por una oposición hábil como es la del gobernador Rafael Moreno Valle de Puebla. Eso comprobaron las elecciones extraordinarias de hace unos días en dicha entidad.

Con esta fortaleza del PRI, el gobierno federal enfrenta este nuevo periodo político. Su alianza casi total con el Partido Verde es buena, como lo es su posibilidad de ir con el PANAL en la mayoría de los estados. Además veo algo, que no ha sido señalado por nadie que yo sepa, en el registro de los tres nuevos partidos avalado recientemente por el INE. Todos los comentarios han caído sobre MORENA, con la justa razón de la expectativa de golpe a la izquierda que este partido representa. Los otros dos partidos, a saber el Partido Encuentro Social y el Partido Humanista, son partidos que pueden hacerle el juego a los priistas. El PES ya se ha aliado con él en Baja California donde se creó como partido local, y el Partido Humanista lo preside Ignacio Yris Salomón, un ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina.

Peña Nieto no le apostó todo a las reformas estructurales: es un político de más alcance que ha trabajado en varios frentes. Un ejemplo último, también en materia político electoral, es la manera en que parece querer aprovechar el posible debilitamiento del PRD fortaleciendo a un PRI olvidado y desprestigiado desde donde ahora quiere hacer crecer a su equipo.

Leyes reglamentarias en telelecomunicaciones

Martes, 1° de julio

En 2013 se aprobó la Reforma de las Telecomunicaciones que parecía demostrar que Enrique Peña Nieto, pese al papel tan importante que jugaron en su lucha por la presidencia los medios particularmente Televisa, estaba dispuesto a inyectar competitividad e inversión al sector que para entonces ya había logrado insertar 18 legisladores en el Congreso entre priistas y ecologistas. Su decisión de enfrentarse a tamaños poderes fácticos contrastaba con lo que había pasado durante los gobiernos panistas. Con Vicente Fox se aprobó “La Ley Televisa” que inclinó las licitaciones a la capacidad económica de los solicitantes y se marginaron a los medios de carácter estatal o social. A cambio el entonces presidente obtuvo apoyo contra Andrés Manuel López Obrador, primero en la pretensión de desaforarlo y luego como candidato en el 2006. Felipe Calderón no representó menos derrota en términos de ampliar la competencia en televisión y radio. Permitió la asociación entre Televisa y Iusacell, y arremetió contra los medios y los periodistas que no le eran afines como fueron MVS y Carmen Aristegui.

La Reforma de 2013 se caracterizó principalmente por dos contenidos. En primer lugar contempló la desincorporación de activos, derechos y partes de las empresas que concentran más del 50% de la prestación de servicios en telecomunicación y radiodifusión, además de la posibilidad de revocar concesiones a quienes no cumplan las resoluciones antimonopólicas. En segundo lugar, consideró la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como entidad rectora dotada de  autonomía y patrimonio encargada del otorgamiento de concesiones.

La Reforma generó esperanzas a pesar de que no se preveía resolver el problema de la concentración a corto plazo y que había que ver como se traduciría su intención en las leyes reglamentarias correspondientes. Se dudaba de la capacidad de regulación que tendría el IFT, de la ejemplaridad que pudieran tener sus sanciones y decisiones, siendo que podrían litigarse y ampararse aunque acatarse durante el proceso.

En este contexto, el 6 de marzo pasado el IFT probó del alcance de sus decisiones cuando resolvió que Televisa y sus subsidiarias eran agentes preponderantes en materia de radiodifusión y que el Grupo Carso que comprende, entre otras empresas, a Telmex y a Telcel lo era también en materia de telecomunicaciones. Por tanto tomó varias resoluciones que los afectaban, como por ejemplo en el caso de Televisa le prohibió adquirir en exclusiva derechos de transmisión relevantes, prohibición que alcanzó (contrariamente a lo que algunos creen) a sus filiales de televisión restringida.

Sin embargo menos de quince días después ya se había filtrado la iniciativa de leyes secundarias en la materia que en efecto presentaría el gobierno al Senado el día 24, las cuales fueron  consideradas inmediatamente como una contrarreforma por la oposición. Las negociaciones se habían empantanado hasta ahora, ya que fueron atrapadas en un juego muy complicado.

Por el lado panista primero relativo a la sucesión de la dirigencia del PAN, luego a los divisionismos de los legisladores de este partido que formaron dos grupos a saber uno el del senador Javier Lozano, Presidente de la Comisión de Comunicaciones, quien ha venido defendiendo intereses que algunos califican de cercanos a las grandes empresas afectadas por la nueva legislación y dos el de Javier Corral quien ha sido el más crítico a la propuesta gubernamental.

Su posición con la que coincidió el senador Ernesto Ruffo curiosamente encontró el apoyo de cierta izquierda, a saber el apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas quien con ellos se integró en el “Frente por la Comunicación Democrática”. Dieron a conocer 27 puntos rojos en los que se ha centrado la polémica:

Que no se de marcha atrás a la naturaleza autónoma del IFT, en particular que no haya injerencias indebidas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación en el sector, y que la facultad de vigilancia y sanción sea facultad exclusiva del Instituto.

Que se generen medidas efectivas para fomentar la libre competencia en el sector, como son mayores sanciones y la imposición de medidas especiales y asimétricas a las empresas preponderantes.

Que se replantee la definición de preponderancia de tal suerte que se determine por servicios y no por sectores.

Que no se flexibilicen las reglas de contacto entre comisionados y regulados.

Con la posición dividida que presentó el PAN frente a la iniciativa del gobierno, en particular el que Javier Lozano ha venido defendiendo el que la preponderancia sí se determine por sectores, Peña Nieto ha podido jugar en una negociación muy secreta donde por parte del gobierno han entrado el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el Jefe de la Oficina de la Presidencia Aurelio Nuño y el Consejero Jurídico de los Pinos Humberto Castillejos, así como el Subsecretario de Comunicaciones y Transportes Ignacio Peralta. Por el PAN han acudido Gustavo Madero y Santiago Creel quienes fortalecidos han seguido con su política de chantaje, de condicionar su participación a la aprobación de las leyes reglamentarias político electorales, a que no se reacomode la Ley de Partidos a favor de los partidos chicos en coaliciones que puedan beneficiarlos en prerrogativas y número de legisladores plurinominales, disponiendo la agenda y manejando diestramente su apoyo a las leyes reglamentarias de la reforma energética. Por último, por el lado del PRD, Jesús Zambrano y Jesús Ortega.

Peña Nieto ha sacrificado a ciertos priistas particularmente a ciertos gobernadores de su partido y a algunos de sus grupos subnacionales o líderes; igualmente ha tenido que ceder al chantaje de los panistas pero parece ser que le han sido de utilidad las posturas múltiples, como también acallar el ala perredista más crítica representada por Purificación Carpinteyro aplicándole la receta de difundir una grabación que la involucra en tráfico de información en beneficio propio, receta que ella misma le aplicó en 2009 a Luis Téllez entonces Secretario de Comunicaciones siendo ella subsecretaria, lo que la llevó a renunciar y luego ganar una diputación por el PRD.

Pero sobre todo parece ser que le ha servido la táctica de distracción que fue la inclusión en la iniciativa de funciones gubernamentales en el sector que pueden cederse para evitar cualquier amenaza de censura, o la inclusión de medidas antimonopólicas insuficientes. Claro que el gobierno puede limitarse a sancionar tiempos de Estado, encadenamientos, concursos, o el Himno y la Hora Nacional. Claro que puede aceptar el aumento de  sanciones. Pero de frente a la posición de ciertos panistas y también de los perredistas quienes curiosamente han sostenido ellos sí un bajo perfil a favor de definir la preponderancia en el sector por servicio, creo que le es suficientemente conveniente  dejar en manos del IFT la facultad de determinar si tal preponderancia debe considerarse por sector como fue su propuesta o por servicio, porque en otro terreno a través  del Instituto quizás sí logre fortalecer a Azcárraga frente a Slim como parece haber sido su intención inicial.

De tal forma, puede que ya se desempantane la aprobación de estas reformas secundarias y ya no se tenga que posponer más como se hizo el 13 de junio la licitación de las nuevas cadenas de televisión, por la incertidumbre derivada de su inexistencia. Definiendo su posición los panistas, mañana podría discutirse el dictamen en comisiones, citar a un periodo extraordinario de sesiones, votarse en el Senado el viernes y en una semana en la Cámara de Diputados.

El trabajo de los legisladores en julio podría compensarnos de la derrota futbolística del pasado fin de semana. ¿No lo creen estimados radioescuchas?