Martes, 1° de julio
En
2013 se aprobó la Reforma de las Telecomunicaciones que parecía demostrar que
Enrique Peña Nieto, pese al papel tan importante que jugaron en su lucha por la
presidencia los medios particularmente Televisa, estaba dispuesto a inyectar
competitividad e inversión al sector que para entonces ya había logrado
insertar 18 legisladores en el Congreso entre priistas y ecologistas. Su decisión
de enfrentarse a tamaños poderes fácticos contrastaba con lo que había pasado
durante los gobiernos panistas. Con Vicente Fox se aprobó “La Ley Televisa” que
inclinó las licitaciones a la capacidad económica de los solicitantes y se
marginaron a los medios de carácter estatal o social. A cambio el entonces
presidente obtuvo apoyo contra Andrés Manuel López Obrador, primero en la
pretensión de desaforarlo y luego como candidato en el 2006. Felipe Calderón no
representó menos derrota en términos de ampliar la competencia en televisión y
radio. Permitió la asociación entre Televisa y Iusacell, y arremetió contra los
medios y los periodistas que no le eran afines como fueron MVS y Carmen
Aristegui.
La
Reforma de 2013 se caracterizó principalmente por dos contenidos. En primer
lugar contempló la desincorporación de activos, derechos y partes de las
empresas que concentran más del 50% de la prestación de servicios en
telecomunicación y radiodifusión, además de la posibilidad de revocar
concesiones a quienes no cumplan las resoluciones antimonopólicas. En segundo
lugar, consideró la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
como entidad rectora dotada de autonomía
y patrimonio encargada del otorgamiento de concesiones.
La
Reforma generó esperanzas a pesar de que no se preveía resolver el problema de
la concentración a corto plazo y que había que ver como se traduciría su
intención en las leyes reglamentarias correspondientes. Se dudaba de la
capacidad de regulación que tendría el IFT, de la ejemplaridad que pudieran
tener sus sanciones y decisiones, siendo que podrían litigarse y ampararse aunque
acatarse durante el proceso.
En
este contexto, el 6 de marzo pasado el IFT probó del alcance de sus decisiones
cuando resolvió que Televisa y sus subsidiarias eran agentes preponderantes en
materia de radiodifusión y que el Grupo Carso que comprende, entre otras
empresas, a Telmex y a Telcel lo era también en materia de telecomunicaciones.
Por tanto tomó varias resoluciones que los afectaban, como por ejemplo en el
caso de Televisa le prohibió adquirir en exclusiva derechos de transmisión
relevantes, prohibición que alcanzó (contrariamente a lo que algunos creen) a
sus filiales de televisión restringida.
Sin
embargo menos de quince días después ya se había filtrado la iniciativa de
leyes secundarias en la materia que en efecto presentaría el gobierno al Senado
el día 24, las cuales fueron
consideradas inmediatamente como una contrarreforma por la oposición. Las
negociaciones se habían empantanado hasta ahora, ya que fueron atrapadas en un
juego muy complicado.
Por
el lado panista primero relativo a la sucesión de la dirigencia del PAN, luego a
los divisionismos de los legisladores de este partido que formaron dos grupos a
saber uno el del senador Javier Lozano, Presidente de la Comisión de Comunicaciones,
quien ha venido defendiendo intereses que algunos califican de cercanos a las
grandes empresas afectadas por la nueva legislación y dos el de Javier Corral
quien ha sido el más crítico a la propuesta gubernamental.
Su
posición con la que coincidió el senador Ernesto Ruffo curiosamente encontró el
apoyo de cierta izquierda, a saber el apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas quien con
ellos se integró en el “Frente por la Comunicación Democrática”. Dieron a
conocer 27 puntos rojos en los que se ha centrado la polémica:
Que
no se de marcha atrás a la naturaleza autónoma del IFT, en particular que no
haya injerencias indebidas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
de Gobernación en el sector, y que la facultad de vigilancia y sanción sea
facultad exclusiva del Instituto.
Que
se generen medidas efectivas para fomentar la libre competencia en el sector,
como son mayores sanciones y la imposición de medidas especiales y asimétricas
a las empresas preponderantes.
Que
se replantee la definición de preponderancia de tal suerte que se determine por
servicios y no por sectores.
Que
no se flexibilicen las reglas de contacto entre comisionados y regulados.
Con
la posición dividida que presentó el PAN frente a la iniciativa del gobierno,
en particular el que Javier Lozano ha venido defendiendo el que la
preponderancia sí se determine por sectores, Peña Nieto ha podido jugar en una
negociación muy secreta donde por parte del gobierno han entrado el Secretario
de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el Jefe de la Oficina de la Presidencia
Aurelio Nuño y el Consejero Jurídico de los Pinos Humberto Castillejos, así
como el Subsecretario de Comunicaciones y Transportes Ignacio Peralta. Por el
PAN han acudido Gustavo Madero y Santiago Creel quienes fortalecidos han
seguido con su política de chantaje, de condicionar su participación a la
aprobación de las leyes reglamentarias político electorales, a que no se reacomode
la Ley de Partidos a favor de los partidos chicos en coaliciones que puedan
beneficiarlos en prerrogativas y número de legisladores plurinominales,
disponiendo la agenda y manejando diestramente su apoyo a las leyes
reglamentarias de la reforma energética. Por último, por el lado del PRD, Jesús
Zambrano y Jesús Ortega.
Peña
Nieto ha sacrificado a ciertos priistas particularmente a ciertos gobernadores
de su partido y a algunos de sus grupos subnacionales o líderes; igualmente ha
tenido que ceder al chantaje de los panistas pero parece ser que le han sido de
utilidad las posturas múltiples, como también acallar el ala perredista más
crítica representada por Purificación Carpinteyro aplicándole la receta de
difundir una grabación que la involucra en tráfico de información en beneficio
propio, receta que ella misma le aplicó en 2009 a Luis Téllez entonces Secretario
de Comunicaciones siendo ella subsecretaria, lo que la llevó a renunciar y luego
ganar una diputación por el PRD.
Pero
sobre todo parece ser que le ha servido la táctica de distracción que fue la
inclusión en la iniciativa de funciones gubernamentales en el sector que pueden
cederse para evitar cualquier amenaza de censura, o la inclusión de medidas
antimonopólicas insuficientes. Claro que el gobierno puede limitarse a
sancionar tiempos de Estado, encadenamientos, concursos, o el Himno y la Hora
Nacional. Claro que puede aceptar el aumento de
sanciones. Pero de frente a la posición de ciertos panistas y también de
los perredistas quienes curiosamente han sostenido ellos sí un bajo perfil a
favor de definir la preponderancia en el sector por servicio, creo que le es
suficientemente conveniente dejar en
manos del IFT la facultad de determinar si tal preponderancia debe considerarse
por sector como fue su propuesta o por servicio, porque en otro terreno a
través del Instituto quizás sí logre fortalecer
a Azcárraga frente a Slim como parece haber sido su intención inicial.
De
tal forma, puede que ya se desempantane la aprobación de estas reformas
secundarias y ya no se tenga que posponer más como se hizo el 13 de junio la
licitación de las nuevas cadenas de televisión, por la incertidumbre derivada
de su inexistencia. Definiendo su posición los panistas, mañana podría
discutirse el dictamen en comisiones, citar a un periodo extraordinario de
sesiones, votarse en el Senado el viernes y en una semana en la Cámara de
Diputados.
El trabajo de los
legisladores en julio podría compensarnos de la derrota futbolística del pasado
fin de semana. ¿No lo creen estimados radioescuchas?
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