La crisis del Estado en México

4-XI-2014

Queridos radioescuchas, hace quince días un imponderable familiar me impidió hacer mi comentario usual en este noticiero. Lo menciono porque es interesante hacer notar que el tema que había elegido entonces es el mismo que aún hoy me parece el más importante del país desde hace más de cinco semanas, que es el relativo a los trágicos eventos sucedidos en Iguala el 26 de septiembre pasado, que con el tiempo están derivando en la mayor crisis no sólo de este gobierno como muchos han señalado, sino de décadas en este país, en el que pese a los esfuerzos de una generación, la mía, no se han concretado los cambios necesarios, ni producido el desarrollo político y económico que le den satisfacción a la mayoría de los mexicanos, sobre todo a los jóvenes los cuales hoy toman con razón las calles. Duele porque son hijos de mi generación, son aquellos a los que teníamos que haber respondido. Duele porque los desaparecidos podrían ser esta vez nuestros propios hijos. No es exagerado decir que la velocidad de las múltiples reacciones que se han sucedido atenta contra la estabilidad del sistema. Y no podemos decir que no hay un buen caldo de cultivo para una rebelión, ni desconocer que Ayotzinapa puede ser la chispa que la alumbre. Por eso mismo, nuestra indignación no debe bloquear la lógica con la que dimensionemos, expliquemos y analicemos los sucesos.

Sobre su dimensión, no creo estar equivocada en la opinión que acabo de expresarles. Lo ilustro con un ejemplo histórico. En 1910, sólo poco más de nueve meses después de la convención que formó al Partido Antirreeleccionista, las simpatías por Madero habían crecido de manera exponencial. Porfirio Díaz, ocupado en desmovilizar a la fuerza reyista que para él era la enemiga de su proyecto, no vio venir el movimiento. Para entonces su única salida fue la represión, con lo que el gobierno porfirista se desmoronó seis meses apenas después del llamamiento a las armas.

Regresando al presente, Enrique Peña Nieto también estuvo sobreocupado en la aprobación de sus reformas estructurales. Creyó que enfrentaba una crisis menor de lo que era, creyó que sus antecesores habían quedado en la práctica atrapados por los gobiernos divididos, producto de una pluralidad política sujeta a ingenierías que no evolucionaron; vio en ello la razón de su ineficiencia gubernamental; la entendió sólo como carencia de liderazgo político para generar acuerdos desde el ejecutivo, con legisladores que no tenían alicientes para cooperar; por ello se esforzó en generarlos, a partir de una política negociadora con las dirigencias de los principales partidos de oposición, aprovechando sus divisiones internas y su debilidad. Las reformas  se lograron y cuando, de frente a las elecciones del año entrante sus aliados devendrían sus adversarios, estalló este problema que demuestra que la crisis del Estado no se limitaba a ser una crisis del Estado democrático, sino que bien a bien era una crisis más compleja, a saber del Estado de derecho  e incluso del Estado en el sentido estricto de mantener el monopolio de la fuerza.            

Así las cosas, si no he estado segura de que las reformas estructurales y su reglamentación vayan a conducir al país hacia un mejor desempeño (menos ahora en las condiciones actuales que ciertamente las entorpecen), lo que sí aseguro es que el gobierno debiera haber considerado prioridad máxima de su política reformadora el recrudecimiento de la violencia en el país; no lo hizo así, aunque no dejó de atender el tema. Al respecto, en los hechos, me pareció que se planteó un acertado esquema de trabajo, más integral y coordinado que el del sexenio anterior, pero poco transparente y demasiado alejado de la sociedad civil; además de que resultó irrespetuosa la política mediática de subestimación del problema, y el manejo deformador de las cifras que arrojaba.

Además, no menos grave, hizo agua la voluntad inicial de crear los instrumentos para detener la corrupción política en el país, lo que en las circunstancias que vivimos era de lo más apremiante debido a la penetración del narco en las diferentes esferas del poder.

Se equivocó en suma Peña Nieto en la dimensión que hizo del reto de su administración. Por eso, aunque el gobierno federal no sea responsable directo de las muertes y desapariciones en Iguala, lo es por omisión, por haber privilegiado su relación con Nueva Izquierda en el PRD antes que atender las acusaciones que se hicieron contra algunos de sus representantes en Guerrero, y porque lo que en esa entidad se ha visto que sucede, sucede en buena parte del país, por lo que la solución no está ni en la renuncia de Ángel Aguirre, ni en la logística para atender la seguridad en ese estado en lo inmediato.

La solución para evitar la doble escalada, del crimen organizado y de las respuestas a la ingobernabilidad que rebasan la ley, pasa por el regreso a un pacto más trascendente que el que dio pie a las reformas estructurales. En este sentido apoyo el que ya se empiece a hablar de un pacto de tal magnitud y sentido, un pacto para salvar a México que blinde a las instituciones fundamentalmente de su penetración por el negocio de la droga y el crimen organizado, pero éste debe ser novedoso y concretarse a través de instancias en las que la sociedad se vea representada, las cuales vigilen sin impunidad el ejercicio gubernamental y la actuación de los cuerpos encargados de mantener el orden y la paz.

La seria crisis que enfrentamos, porque no la enfrenta sólo el PRD en Guerrero o el PRI a nivel nacional, sino todos nosotros, no puede ser resuelta como crisis coyuntural. Por el contrario, es una crisis total del Estado, como Estado democrático, como Estado de derecho y como Estado en el sentido más estricto. Es una crisis de dimensiones estructurales que nos coloca a todos en grave riesgo, pese a que algunos quieran y puedan sacar ganancia del río revuelto e incluso puedan resultar beneficiados. Es una crisis de la que debe de investigarse seriamente si no tiene en su detonante algún autor o autores intelectuales que hayan buscado la desestabilización del sistema, porque de tantos cabos pendientes de hilar, no puedo quitarme de la cabeza la pregunta de el por qué ahora, cuando al menos para algunos parecía que las cosas podían ir mejor. Frente a este misterio, o el misterio de lo que realmente sucedió (ahora que acaban de detener en el Distrito Federal al expresidente municipal José Luis Abarca y a su esposa quizás lo vamos a dilucidar), logro al menos entender mejor quienes salen perdiendo o ganado con todo esto, o logro explicarme los posicionamientos de distintos actores, pero sobre todo entiendo el por qué pudo ello ocurrir.

Si los acontecimientos de Iguala han desatado reacciones que se han salido de control es porque se quiere una vez por siempre que el país se transforme radicalmente, de forma que lo mismo no pueda más acontecer.