Las
perspectivas de las elecciones del 2015 han cambiado el escenario y los
posicionamientos de los actores políticos de nuestro sistema. Ningún partido
político quiere quedarse atrás frente a alguna jugada relevante de algún rival,
mientras todos aprovechan las nuevas herramientas que ellos mismos dispusieron aún
a costa de que pierdan su sentido. Me refiero en particular a las consultas
populares que ya anunciaron que quieren hacer algunos de ellos como el PRD y como
Morena sobre la reforma energética, el PAN sobre el salario mínimo y el PRI sobre
el tamaño del Congreso.
Con
ello vemos a qué punto se está malentendiendo tanto las ventajas de la
democracia representativa como las bondades de mecanismos de democracia directa
que pueden implementarse de forma complementaria a ella. La democracia indirecta
no sólo resuelve el gobierno de grandes poblaciones; además en principio pone
la toma de decisiones en manos de profesionales y protege al poder público de
su control por parte de intereses privados, en particular grupos de poder y
medios de comunicación. Sin embargo los gobiernos democráticos sí tienen la
obligación de justificar sus políticas, hacerlas transparentes y rendir cuentas
de sus actos. La ciudadanía no debiera además sólo ser consultada para la
elección de sus representantes, sino también en la medida de lo posible para
orientar políticas concretas sobre las cuales pueden omitir opiniones, no
cualquier tipo de políticas, sino políticas de orden muy puntual que influyan en
su cotidianidad sobre las que sin duda su postura cuenta. Sólo en estos casos -que
no debieran ser pocos- entiendo la consulta ciudadana, mas los temas que los
partidos han señalado no me parecen ser de este orden. Son temas
importantísimos cierto, pero que han sido presentados por los partidos de cara
al beneficio electoral que calculan les pueden rendir.
Me
da pena que la izquierda no haya sabido defenderse en las tribunas
parlamentarias contra una apertura total en el ramo energético que muchos
tememos, en el marco de los vicios de nuestra realidad política. No convenció
su diagnóstico de las necesidades urgentes en el ramo, no supo presentar un
proyecto alternativo, no supo contener el extremismo con el que se impuso la
reforma y tiró la toalla cuando de crear los mecanismos de transparencia de tal
apertura se trataba. Increíble que haya sido el PAN el que dio una batalla
constructiva sobre este renglón. ¿Qué pretende la izquierda con su consulta?
¿Confundir a la ciudadanía? ¿Mentirle? Probablemente, con lo que demuestra que
su intención es mantener a su electorado, no ser rebasada por posición alguna
que se sustente en la cultura antimperialista cuyo conservadurismo puede
exhibir una discusión seria sobre las condiciones actuales de la extracción
petrolera y la producción energética en México.
El
PAN no es menos tramposo cuando hace suya la inquietud por el salario mínimo,
expresada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera.
Mienten los panistas porque se sabe que el salario mínimo ha perdido creo que 70%
de su valor en los últimos treinta años, los primeros de los cuales su
contención fue un mecanismo de ajuste macroeconómico para después volverse muy
difícil su recuperación, al haberse convertido en una medida para el cálculo de
muchos precios, las multas por ejemplo. El PAN sabe que la urgencia principal
es deslindar al salario mínimo de tal sobreutilización y que su aumento no
puede ser más que acordado por todas las partes involucradas para contener los
costos de tal incremento, ya que automáticamente los tendría. Pareciera sin
embargo que el PAN ha visto en el tema un vehículo para obtener popularidad
(quien puede dudar que la inmensa mayoría de los electores estaría en una
consulta a favor de salarios mínimos más altos), y que los panistas no deben
considerar ser mal vistos por el ala empresarial que los apoyan porque de hecho
no están discutiendo la cuestión de fondo que es la permanencia de un modelo de
desarrollo basado en una fuerza de trabajo barata, modelo que ha hecho más
eficiente que antaño la inversión, facilitado el enriquecimiento y fomentado
desigualdades inmorales.
Pero
el PRI sí que demostró más colmillo en esta coyuntura al recuperar la vieja
propuesta de Enrique Peña Nieto, cuando siendo todavía gobernador del Estado de
México en 2010 se discutía la propuesta de reforma política de Felipe Calderón
que incluía la segunda vuelta electoral como mecanismo para obtener mayorías en
el Congreso. Peña Nieto reviró entonces con otro mecanismo de hecho posible que
es el recorte de diputados plurinominales, siendo los priistas tan fuertes para
ganar distritos uninominales aunque sea en elecciones cerradas, e incluso
cuestionaba entonces -lo que ahora no- los límites acordados de sobrerrepresentación.
Cabe decir sin embargo que ahora, además, el PRI añade la consulta sobre la
eliminación de las senadurías por representación proporcional. Con tal consulta
se apuntaría sin duda una chuza a favor de sus intereses. Me explico.
La
consulta de los priistas no sólo sería distractora en buen momento, sería muy
bienvenida por muchos mexicanos cansados de los políticos, de tantos políticos
que aparentemente cuestan tan caro y hacen tan poco. Estos mexicanos no pueden
medir que un sistema electoral mixto como el nuestro aseguró la apertura
política en México, trajo mayor representación y permitió que el legislativo se
convirtiera en un contrapoder a la voluntad presidencial antaño todopoderosa.
No pueden saber que se pueden aprobar otros mecanismos para obtener mayorías,
otras formas de diseñar las boletas electorales por ejemplo porque la segunda
vuelta que reiteradamente se ha discutido sin convencer tampoco me convence,
pero sí otras maneras de contar los votos o de disponer los calendarios
electorales, con la finalidad de promover la construcción de mayorías -si así
se quiere- porque además cabe discutir sus bondades, de las mayorías me refiero.
Miren, Peña Nieto ni las necesitó para sus reformas, aunque ahora le
facilitarían la segunda mitad de su sexenio. Claro.
En
fin que tanto priistas como panistas y perredistas y López Obrador distorsionan
el sentido de las consultas populares y las tratan de manipular en su beneficio
partidista, cuando los mexicanos deberíamos exigirlas en beneficio nuestro.
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