Hacia la consolidación democrática

La semana pasada se dieron dos avances históricos en las reformas que algunos han llamado de segunda generación para la consolidación de nuestra democracia, en el sentido de la creación de algunas bases para que sea de mayor calidad es decir con mayor rendición de cuentas, a la par de que esté sustentada en un verdadero estado de derecho. El primer avance se refiere a la reglamentación en materia de acceso a información gubernamental a través de la recién aprobada Ley General de Transparencia en la Cámara de Diputados. Habiendo tenido su origen en la Cámara de Senadores, le dieron el visto bueno y sólo falta su promulgación por el ejecutivo federal. En el segundo caso,  se trata de la reforma que dará origen al Sistema Nacional Anticorrupción que el día de hoy 21 de abril pasará al pleno del Senado. Su dictamen fue aprobado por las comisiones unidas de Gobernación, Anticorrupción, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, tal como lo remitieron los diputados.

Con la primera ley, el Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de Datos se transformará en el Instituto Nacional de Transparencia. La conquista principal es que se homologarán las leyes necesarias para que se puedan hacer solicitudes a los tres órdenes de poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). De igual manera, se tendrá acceso a información de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos. El nuevo instituto tendrá, además, la facultad de sancionar a los servidores públicos que no entreguen la información solicitada. De tal suerte, se ganó que toda la información en posesión de sujetos obligados sea accesible, aunque puede ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional, pero no más de 12 años.

Después de la publicación de la ley mencionada, el nuevo órgano tendrá un plazo de 60 días para convocar a un Sistema Nacional de Transparencia del cual será la cabeza, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, el INE y el Archivo General de la Nación, quedando a cargo de evaluar las acciones relativas a la política pública sobre su materia.

El Sistema Nacional de Transparencia es junto al Sistema Nacional Anticorrupción un gran logro ciudadano. El Sistema Nacional Anticorrupción a su vez transforma y fortalece varias dependencias y crea nuevas. Lo coordinará la Secretaría de la Función Pública cuyo titular deberá ser ratificado por parte del Senado, junto con la Auditoría Superior de la Federación (que podrá hacer auditorías del ejercicio de recursos públicos en tiempo real), el Instituto Federal de Acceso a la Información, la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Este sistema, que se replicará también a nivel regional, aportará independencia e imparcialidad en la materia. De tal forma dejará de ser el gobierno quien investigue y sancione, en su caso, sus propias conductas. A la vez se lograron la prescripción de responsabilidad hasta por quince años, la extinción del dominio por enriquecimiento ilícito, la obligatoriedad de la declaración de intereses por todos los funcionarios públicos, y la sanción de particulares que incurran en actos de corrupción.

Es evidente que estos logros legislativos se dan en el contexto electoral actual, en el que jugaron varios elementos. Por el lado del PAN su gran interés por impulsar este avance, a través de la presentación de una propuesta que en efecto resultó la más completa y sobre la cual se trabajó esencialmente, de frente a los escándalos que salieron a la luz pública recientemente revelando enriquecimientos escandalosos, varios de ellos ligados a la penetración del crimen organizado en las altas esferas de poder, o a privilegios recibidos por funcionarios públicos (incluido el Presidente de la República) en la adquisición de bienes de parte de empresarios contratados por el Estado. Por lo mismo, hoy este partido se otorga el crédito de lo alcanzado.

Por el lado del PRI, que representa la posición de la administración de Enrique Peña Nieto, cabe reconocer que demostró flexibilidad en aceptar ser rebasado en su posición original y justo antes de las elecciones, en un cálculo seguramente de que era menor el costo de verse afectado por una imagen de debilidad que el de oponerse a tales medidas tras los escándalos de que era objeto. Así las cosas incluso fue al parecer, a través de sus negociadores en las figuras del Secretario de Hacienda Luis Videgaray  y del Consejero Jurídico de la Presidencia Humberto Castillejos, que se logró convencer a los senadores de izquierda como Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas de pasar la discusión del documento al pleno del Senado (como se va a hacer hoy) sin aumentarle nada, mediante la curiosa estrategia de incluir en la exposición de motivos la obligatoriedad a futuro, luego de que la Reforma sea aprobada por 16 legislaturas locales y pueda ser declarada constitucional, de discutir una docena de temas ausentes cuando pasen sus leyes reglamentarias, temas entre los cuales están la eliminación del fuero, el fortalecimiento del sistema de participación ciudadana, el incluir al SAT en la unidad de inteligencia financiera, el concluir el régimen de responsabilidades de los servidores públicos y la publicidad de las declaraciones patrimoniales.

De esta forma es que tanto el PRD como la izquierda esperan, si no beneficiarse también de los acuerdos parlamentarios, al menos no dejar que el PAN se lleve todo el mérito. No creo, sin embargo, que lo vayan a lograr. Priistas y perredistas parecen estar sufriendo, según las encuestas prelectorales, toda la golpiza de la crisis política de los últimos siete meses, de la cual los panistas parecen a la vez estarse  beneficiando.

¿Usted, qué opina?