Elecciones locales 2013

El clima persistente de corrupción y violencia en el país ha contaminado no sólo los procesos electorales locales que culminarán el domingo próximo sino también la capacidad de análisis de los mismos, de suerte que no han generado la atención debida en cuanto a la distribución de las preferencias que posiblemente arrojen y su significado.

El domingo próximo habrá elecciones en catorce entidades del país. En Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas de diputados locales y alcaldes, como en Baja California Norte en donde además se elegirá gobernador. Mientras en Coahuila sólo están en juego las presidencias municipales, y en Hidalgo la recomposición del Congreso.

Más allá del escándalo que estos procesos generaron en cuanto al reclamo por sospechas de uso clientelar de los programas sociales que destapó el Partido Acción Nacional (PAN) y secundó el de la Revolución Democrática (PRD) poniendo en peligro la supervivencia del Pacto por México hasta que Enrique Peña Nieto ideó el firmar un adendum a este compromiso para que todos los gobiernos sacaron las manos de los mismos, y de los lamentables sucesos de atentados contra ciertos aspirantes algunos de los cuales cobraron vidas, poco se ha escrito sobre estos procesos que siguen guardando una lógica muy particular si bien este año a mi parecer se ven más impactados que en otras ocasiones en elecciones de este tipo por la coyuntura de los partidos políticos a nivel nacional y por el proyecto de gobierno y las prioridades que la actual administración federal persigue.

Las elecciones locales que vienen nos están revelando un panorama político plagado de contradicciones. Al parecer el Presidente puede incluso con honestidad pedir una elección limpia, pero a decir de las acusaciones que persisten algunas autoridades priistas mantienen oídos sordos, mientras panistas y perredistas desarrollan un comportamiento que no resulta mucho más trasparente. Así nos están revelando un México en donde los acuerdos y la ley se violan con bastante impunidad, un México en donde el estado de derecho está en crisis, si bien este clima no puede achacarse exclusivamente al crimen organizado.

En los últimos días en Coahuila y Tamaulipas varios candidatos recibieron amenazas para retirarse de las contiendas. En Veracruz tanto hubo un ataque con bombas molotov contra la comitiva del equipo de campaña de un aspirante a presidente municipal del PAN, como otro a balazos contra un candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En Quintana Roo fueron incendiados vehículos del PRD en un municipio, en Chihuahua murió un aspirante del PRI a alcalde y en Oaxaca un dirigente del PRD, a la vez que se llevó a cabo un atentado contra una candidata priista a diputada a raíz del cual fallecieron su esposo y una sobrina. Finalmente en Sinaloa fue asesinado un candidato suplente a regidor de la alianza PAN-PRD-Partido del Trabajo (PT) y el hijo de un coordinador de la campaña del PRI de la misma presidencia municipal.

Este panorama es una pena, pero no nos debe opacar otra parte de lo que está detrás de estas elecciones. Para resaltar su relevancia, cabe indicar el que están en juego 2,181 cargos públicos y poco más de la mitad de los gobiernos municipales del país. Su resultado nos va a hablar mucho de las características del sistema político que se ha venido construyendo en México y el punto en que lo ha impactado el regreso del PRI a los Pinos. En principio hemos sido de aquellos que han sostenido que este tipo de elecciones están insertas en una dimensión subnacional del poder que interactúa sólo parcialmente con la dinámica federal de la política, lo cual nos ha llevado a advertir que a ese nivel regional el PRI se mantuvo implantado durante los gobiernos panistas, a comprender su buen desempeño en elecciones locales y que cuando pudo resolver una candidatura presidencial sin dividirse sobrevino la segunda alternancia que lo regresó al poder. En este sentido es de esperarse que a las próximas contiendas llegue con una gran ventaja, aunque paradójicamente del propio gobierno de Peña Nieto puede estar emanando el apostar por resultados plurales que le mantengan tanto al PAN como al PRD como partidos aliados en la persecución de las reformas estratégicas que busca.

Algo más: la diferencia de los juegos subnacionales con los nacionales la expresan especialmente los llamados partidos chicos y da como resultado un escenario complejo. El Partido Verde Ecologista de México va con el PRI en casi todos los estados; en pocos de ellos su alianza es parcial como en Tamaulipas o Tlaxcala y en Zacatecas juega solo. El PT se presenta  independiente en casi todas las entidades mas va con el PRI en Baja California Norte y Chihuahua, y con la alianza PAN-PRD en Oaxaca y Puebla pero no en Puebla. El Partido Nueva Alianza se presenta en coalición con los mismos partidos en Baja California Norte y Puebla, y con el PRI en Chihuahua y Sinaloa y parcialmente en Tamaulipas y Veracruz. Por último Movimiento Ciudadano es el partido que mas le apostó a crecer en una vía autónoma y puede como el año pasado lo hizo en Jalisco dar algunas sorpresas en algunas capitales como Aguascalientes o Oaxaca.

En este escenario me atrevo a pronosticar que las cifras que arrojen las contiendas en cada entidad dependerán de qué partido detenta ahí el poder estatal, siendo que lo detenta en la mayoría salvo en Baja California Norte (donde gobierna el PAN desde 1989 y donde en la renovación del ejecutivo sufrirá de su desgaste si bien enfrenta a un PRI que desde hace unos años gobierna algunos municipios con resultados cuestionados), y en los emblemáticos estados donde en 2010 coaliciones del PAN y el PRD fueron triunfadoras  a saber Oaxaca, Puebla y Sinaloa donde hoy estos partidos repiten con buenos augurios la experiencia, y la extienden a otras entidades como Baja precisamente.  

Los resultados dependerán también de que tan predominante es en cada estado el PRI que lo es en Chihuahua y en Coahuila (en donde la coalición antipri poco parece estar afectándolo), como lo es poco menos en Tamaulipas o Hidalgo. Así los resultados a mi parecer serán para el PRI menos buenos en aquellas entidades recién recuperadas como Aguascalientes, Tlaxcala y Zacatecas, o donde la oposición ha venido ganando terreno como Durango, Veracruz y Quintana Roo. En ellas las coaliciones antisistema representan una amenaza para los priistas y las hay formales y totales en Aguascalientes, Durango y Zacatecas, como informales y parciales en Veracruz y Quintana Roo. Por lo que toca a Tlaxcala la competencia apunta a ser intensa.

En suma el fenómeno de las coaliciones antipri, como hace tres años, se avecina de mucha relevancia en la interpretación de las contiendas del 7 de julio. El priismo regional no tiene todo en sus manos. Pese a sus disputas internas, los panistas con base en un electorado fiel están dispuestos a consolidarse como segunda fuerza, y los perredistas a seguir abanderando a la  izquierda en una posición moderada de frente a la escisión radical expresada en la emergencia de Morena.