La nueva administración federal

Estamos a cuatro días de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. En los medios de comunicación se barajan los nombres de quienes ocuparán los cargos públicos más importantes en el nuevo gobierno. La toma del control del aparato burocrático requirió la semana pasada de dos medidas que se tomaron en el Congreso las cuales revelan el impulso de eficiencia que el próximo Presidente desea impregnarle desde el primer momento a su gestión, de frente a sus mayores retos a saber la debilidad del ejecutivo y la crisis de gobernabilidad del Estado, ambas características que le impregnaron al sistema político mexicano la pluralidad y una violencia en ascenso e incontrolada en el país. Me refiero uno, a la Reforma a la Ley de Servicio Profesional de Carrera y dos, a la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública que definitivamente le regresan a ésta el sello priista.

Según yo entiendo, contrariamente a lo que algunos analistas han afirmado, el primer cambio no debe entenderse como atentado a la profesionalización de la carrera burocrática que originalmente buscó el panismo y logró tan pobremente, sino de liberar miles de plazas de alto nivel al menos más de 4000 a nivel de directores generales y adjuntos ubicadas en 74 áreas y organismos. En efecto los priistas aseguran que los calderonistas colocaron irregularmente a simpatizantes y amigos en importantes puestos que ahora quieren los peñistas para el ejercicio de su programa de gobierno.

Por lo que se refiere a los cambios en el organigrama de la administración pública, la intención parece ser una simplificación en una lógica diferente de ejercicio del poder de forma más piramidal. Peña Nieto, a decir de sus allegados, parece preferir una mayor concentración de poder en superministros a su mando. En este sentido desaparecerán dos secretarías, la de Seguridad Pública que creó precisamente Vicente Fox y la de la Función Pública cuyas tares las absorberá en parte la Secretaría de Hacienda que se encargará de recabar las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios y la nueva Comisión Anticorrupción que se está conformando.

De esta manera tendrán de entrada más funciones la Secretaría de Hacienda y sobre todo la Secretaría de Gobernación, sino también la Secretaría de la Reforma Agraria y la de Desarrollo Social. La de la Reforma Agraria supuestamente para propiciar un mayor orden en el desarrollo, por lo que se le añadirá competencia en materia territorial y urbana. La del Desarrollo Social para reforzar el combate a la pobreza y la desigualdad, por lo que se pensó que tenía que controlar los organismos creados durante las últimas décadas para la atención de jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres e indígenas. Sin embargo, en la discusión, los de mujeres e indígenas quedaron fuera.

Así entonces, de los cambios que se avecinan, el más comentado ha sido el de la Secretaría de Gobernación. En efecto la reforma le restituye a la SEGOB la función de negociación con las distintas fuerzas políticas del país que tuvo por momentos durante el panismo, pensemos en el paso en ella de Fernando Gomez Mont de 2008 a 2010, e incluso le otorga un carácter de coordinación del gabinete al adquirir funciones que actualmente se cumplen desde la oficina de la Presidencia. En este sentido el Secretario de Gobernación deberá ser quien haga el seguimiento de las políticas públicas. Por otro lado, se entiende que la SEGOB tendrá también otro pilar enfocado al control del crimen organizado y la delincuencia. Cabe precisar en particular que tendrá a su cargo una nueva Gendarmería Nacional y una Agencia de Seguridad para controlar el trabajo de todas las corporaciones policiacas federales y entablar, entiendo, la relación con aquellas que operan a otros niveles. Además se responsabilizará de la dirección del sistema penitenciario federal.

Lo menos que se puede decir es que es difícil analizar objetivamente los cambios administrativos propuestos, por la politización con la que han sido recibidos. La reforma de la SEGOB  la veo acertada en cuanto se encuentra en la línea de fortalecer los mecanismos de negociación política del ejecutivo y de organizar un mando único policiaco en México. Más puede ser también ciertamente riesgoso volver a concentrar en las mismas manos las tareas de recuperación de la fortaleza y liderazgo del gobierno, con las de la detención de la fuerza. Me pregunto: ¿Puede fungir como mediador adecuado de los conflictos sociales quien tiene el garrote en la mano? ¿Por qué contaminar las funciones políticas con el control de la seguridad? ¿No puede ser ello intimidatorio? ¿No puede acaso acabar siendo un organismo violatorio de los derechos humanos aquel que pretende velar por ellos?  

El modelo político que Enrique Peña Nieto ha exhibido es un modelo político centralizador que puede hacernos temer con razón una regresión autoritaria, y ahí está en su historial su respuesta al asunto de Atenco, mas no podemos negar para nuestra tranquilidad también que en el ejercicio del poder ha demostrado que sabe delegar y respeta autonomías así como formas plurales y competitivas que se han impuesto en México. Por ello creo que con lo que está haciendo le esta honestamente apostando a fundar un nuevo tipo de liderazgo, en esencia que genere más y mejores resultados. Lo que está por verse es si también se desenvolverá dentro de cánones democráticos. El autoritarismo es un fantasma que nos acecha, por lo que la sociedad no debe bajar la guardia. Por ejemplo el diseño de la Comisión Nacional Anticorrupción se formula otra vez a espaldas de la participación ciudadana, mediante un mecanismo de elección de sus integrantes obscuro que puede caer como otros tantos en cuotas partidistas.