El
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró Presidente
Electo a Enrique Peña Nieto el viernes pasado, tras haber rechazado los nueve puntos
de inconformidad presentados por la Coalición Movimiento Progresista. El
argumento principal del fallo destacó la falta de pruebas para fundamentar irregularidades
en la contienda. Es ésta una posición legalista con la que se puede estar de
acuerdo, pero también se entiende que deje inconformes e incluso molestos a
muchos mexicanos.
No
creo que alguien dudara de que se llegara
a este momento. Por mi parte, mis dudas radicaban en la forma que tendría la
resolución y la respuesta que produciría en Andrés Manuel López Obrador, en su
grupo más cercano y en general en los perredistas. Me sorprendió la unanimidad
de votos con la que en el Tribunal tiraron el caso, el sentido de la sentencia
en la que sólo discrepó el magistrado Flavio Galván y finalmente, sí, el que no
difiere mucho hasta ahora la reacción de AMLO frente a la que tuvo en 2006. Con
ello pareciera pintarse de gris el futuro político inmediato, en el que todos
los actores pierden.
Por
más legal que sea la llegada de Peña Nieto al poder, por más que a diferencia
de hace seis años el Tribunal no haya criticado el desarrollo mismo del proceso
electoral, no se puede desconocer el déficit de legitimidad con el que asumirá su
cargo. No pareciera que las manifestaciones en su contra vayan a parar
fácilmente, con lo que puede complicarse el inicio del ejercicio de su
gobierno. Tan es así que los grupos parlamentarios del PRI han desplazado ya su
agenda a ciertas iniciativas de carácter político, siendo que durante la
campaña al menos estaba puesta en la necesidad de aprobar las reformas fiscal,
energética y laboral para catapultar el desarrollo de México.
Hoy
por hoy los priistas mencionan tres iniciativas que promoverán de entrada: contra la corrupción una, a favor
de la extención del ámbito federal al estatal y municipal de la ley de transparencia y acceso a la información otra,
y finalmente de control también del gasto del gobierno en medios de
comunicación. Sin dejar de reconocer que se trata de medidas que pudieran
promover una verdadera transformación del sistema político, su negociación se
avecina a un costo que peligra atrasar el verdadero proyecto que traía el
tricolor. En efecto, el PRI enfrentará en este terreno la presión del PAN y del
PRD sobre asuntos pendientes en torno a la transformación profunda de nuestras instituciones
y en particular de la normatividad electoral cuyas deficiencias se reflejaron en
esta ocasión.
El
PRD por su parte está en un dilema complicado al que el partido está
acostumbrado desde su origen pero que no deja de producir encuentros entre los
líderes de sus distintas tribus, a saber el como convivir entre el radicalismo
y las posiciones más modernas que representa. La experiencia del conflicto postelectoral
de 2006 le atrajo un serio desgaste ocasionado por López Obrador mismo. Prueba
de ello es que durante el sexenio perdió los gobiernos de Zacatecas y de Baja
California Sur. Además en 2009 redujo sus diputados federales de 127 a 71. Pero
lo que AMLO y sus disputas internas se llevó, AMLO y su unidad se lo
regresaron. Lograron la mejor campaña presidencial, ser de nuevo la segunda
fuerza en el Congreso (tendrá 100 diputados), triunfos indiscutibles en Tabasco
y Morelos, hegemonía abrumadora en el Distrito Federal y además la solidaridad
de dos gobernadores producto de discutibles coaliciones con el PAN: los de
Oaxaca y Sinaloa. Sin embargo, la coyuntura actual puede volver a poner el
peligro sus avances.
Por
lo que se refiere a los panistas no pierden con el fallo del Tribunal más de lo
que perdieron con los resultados de las elecciones, pero dicho fallo les
complicó su posicionamiento como oposición que va a ser, en su tradición
conservadora y leal que ha sido. Me parece que incluso puede considerarse
contradictoria su declaración de acatamiento de la resolución, sin dejar de marcar
inconformidad en ciertos renglones. Esta declaración deriva también de sus
enfrentamientos internos.
En
suma es un panorama que puede considerarse gris, pero que mi optimismo me
permite ver más fácil que el de hace seis años. Enrique Peña Nieto parece tener
mucho más en las manos que Felipe Calderón entonces, la negociación con el PRD.
Su frente de gobernadores ha dado señales de institucionalidad. Asimismo, Silvano
Aureoles (quien es el líder perredista en la Cámara de Diputados) ya declaró
que no se quedarán sólo en el reclamo, que aprovecharán su posición y están
dispuestos a construir acuerdos. De hecho esta designación fue altamente
beneficiosa para el PRI, por ser Aureoles amigo de Manlio Fabio Beltrones, el
líder de la bancada del PRI. Queda demostrado el beneficio para sus intereses
derivado de que Peña Nieto haya tenido la habilidad de saber ceder al eficiente
grupo de Beltrones y Emilio Gamboa la responsabilidad de su partido en el
Congreso.
Los
perredistas parecen haber encontrado la receta de la manera de emprender esta
política negociadora, a la par de aceptar que AMLO siga encabezando movilizaciones. Con ello el PRD no sepulta a su marca que más vende, ni
pierde a su electorado más molesto con
el regreso del PRI. Al mismo tiempo, consolida una izquierda más democrática y
moderna.
Por
último la construcción de puentes con el PAN no me suena que se vaya a
complicar, una vez que en este partido terminen por hacer el balance de su
derrota, repartan las culpas y resuelvan la lucha por su liderazgo. En el
pasado, a los panistas se les vio abonar por la transformación del país con
mucho más inteligencia y eficiencia que la que mostró su tecnocracia. Me parece
que los priistas van a saber aprovechar su tradición de diálogo, sin dejar que
se les monten como ellos mismos hicieron durante los gobiernos del blanquiazul.
Estimados
radioescuchas: ¿Creen ustedes que mi esfuerzo optimista tenga fundamentos?
¿Creen que el conflicto postelectoral se irá desinflando?
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