Sobre la normatividad electoral

Los estudios de política comparada demuestran que no existe procedimiento o institución electoral que no tenga efectos políticos, ya sea en las formas de representación o en el sistema de partidos, y por tanto no existe un procedimiento electoral políticamente neutral, sino que todos ellos contienen una concepción sobre el régimen electoral que un país desea construir, el cual a su vez es impulsado por los actores con capacidad política para hacerlo.

Existen diferentes formas de organizar y gobernar una democracia, y  la opción por un sistema electoral u otro depende de intereses y condiciones sociales, más que de la simple implantación de un modelo probado como correcto y universalmente aceptado.

De aquí dos observaciones muy importantes: uno, las instituciones y procedimientos electorales tienen historicidad e intencionalidad política; dos, la normatividad electoral tiene efecto en los resultados de los comicios.

Sin embargo, en México, el debate que orientó las diferentes reformas electorales que se fueron aprobando en el país desde 1977 supuso, en la mayoría de aquellos que intervinieron en ellas, que existían referentes firmes de carácter general, teóricos y justos sobre el tipo de instituciones que debían ser construidas, cuando en realidad se trataba de una cuestión de ingeniería, de creación de instituciones democráticas que para ser estables y aceptadas debían reflejar lo mejor posible los intereses y la correlación de fuerzas entre los partidos políticos.

Esto explica el hecho de que cada reforma electoral fuera vista y defendida en su tiempo como el arreglo óptimo; sin embargo, una vez modificadas las condiciones políticas anteriores, se volvía inevitable revisarla, lo que dio por resultado un proceso continuo de reformas que inició en 1977, siguió en 1986, 1989, 1993, 1994, 1996, 2003, llegó a  2007, luego a 2012 y finalmente a 2014. De hecho esta reformitis electoral es una de las características actuales de nuestro sistema político.

En efecto no podía ser de otra forma; siendo en principio tan inestables las fuerzas partidistas en México en términos de votos, y por lo tanto tan inestable la correlación de fuerzas (ello se podría matizar pero en principio así es), es claro que aún la reforma electoral de 1996, calificada de manera pretenciosa en su época como definitiva, tendría tal carácter mientras persistiera la misma correlación que le dio origen.

Así la experiencia del 2006 demostró la urgencia por revisar nuevamente las instituciones electorales, ya que muchos temas que se sabían importantes desde tiempo atrás y no habían podido ser abordados se volvieron los principales problemas de la democracia mexicana. En particular las instituciones no estaban preparadas para una contienda tan polarizada, ni para resultados tan cerrados. El IFE no estaba armado para ello y demostró inexperiencia. El problema principal fue la campaña sucia por ambas partes, PAN y PRD, además de la injerencia del Presidente Fox en ella, lo que reflejó un problema de inequidad al que se sumó la intervención de las agrupaciones empresariales que compraron tiempo en los medios para afectar a López Obrador. En este contexto, apaciguar al país requirió la aprobación de la reforma del 2007, la cual tuvo tres ejes:

1.           La eficacia del funcionamiento interno del IFE.

2.           El fortalecimiento del IFE y de los partidos frente a los poderes informales (particularmente los medios de comunicación).

3.           La gobernabilidad del proceso electoral fundada en partidos políticos fuertes.

La reforma de 2012, largamente discutida enfrentó a su vez nuevos problemas relativos a poder evitar parálisis en el gobierno (en ello había una peligrosa laguna), a la necesidad de fortalecer la soberanía ciudadana dado el desencanto social con los partidos políticos (así se aprobaron la consulta popular, los proyectos de ley ciudadanos, y las candidaturas independientes, si bien no pasaron todavía entonces ni la relección inmediata de legisladores federales, ni la de presidentes municipales) y de mejorar la gobernabilidad democrática (pasaron de este modo las iniciativas preferentes del ejecutivo y la ratificación por el legislativo de las designaciones de los comisionados que el presidente nombrara entonces en la Comisión Federal de Competencia, en la Comisión Federal de Telecomunicaciones y en la Comisión Reguladora de Energía; mas se atoró la reconducción presupuestal y además se eliminó la sanción relativa a que si los legisladores no atendieran y votaran una iniciativa que el ejecutivo mandara con carácter prioritario, se convirtiera en ley).

El regreso del PRI al poder federal produjo, poco tiempo después, nuevos desencantos que desembocaron en la nacionalización de las elecciones, dada el decir de la nueva oposición que los gobernadores (la mayoría de ellos de origen priista) manipulaban los procesos electorales a través del control de los institutos electorales estatales. Así surgieron las OPLES  y el INE con la capacidad regulada de atraer elecciones y de llevar a cabo la fiscalización en tiempo real de las campañas con estrictas reglas de prorrateo de los gastos. La nueva reglamentación hizo posible el surgimiento de nuevos partidos, especificó la logística necesaria para las consultas populares y las candidaturas independientes, y esta vez  sí hizo posible la relección que había abortado en 2012. Además estableció una nueva manera de asignar los votos por coaliciones electorales.

Después de haber sustentado el que todas las reformas han sido producto de sus contextos políticos y a su vez producen consecuencias, podré en futuras emociones estudiar los efectos de la reglamentación actualmente vigente para las próximas elecciones, lo cual voy a hacer a través de las siguientes preguntas:

1. ¿Quiénes votan?

2. ¿Quienes pueden ser votados?

3. ¿Cómo se cuentan los votos?

4. ¿Qué se vota?