El
legado del fracaso de la mal llamada guerra del expresidente Felipe Calderón
contra el narcotráfico produjo decenas de miles de muertos, multiplicación del
número de carteles operando en el país, una red más compleja de complicidad con
las autoridades encargadas de combatirlos, el aumento del consumo interno de
drogas y una creciente inseguridad incontrolable pese al enorme gasto público
que se destinó a este rubro. A ello debemos
sumar, ahora los sabemos, el número de desaparecidos que la semana
pasada produjo una confusión en los medios a la que me quiero referir.
El
asunto partió de las declaraciones de José Miguel Vivanco, director para las
Américas de la organización defensora de los derechos humanos “Human Rights
Watch” tras reunirse con funcionarios de la Marina, con el Presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos Raúl Plascencia y con Miguel Ángel Osorio Chong de
la Secretaría de Gobernación, en representación de Enrique Peña Nieto quien se
excusó de no poder recibir a los activistas por cuestiones de agenda. Vivanco
pidió hacer justicia a los miles de desaparecidos que ha habido en México desde
finales de 2006, ya sean víctimas del crimen organizado o de la fuerza pública.
Las desapariciones forzadas o no forman
parte, dijo, de una guerra sin controles en donde es fácil de constatar que no
se estuvo a la altura y todo fue permitido. El nuevo gobierno según sus
señalamientos, tiene la obligación de afrontar el problema. Por ello se debe
investigar para que en su caso las fuerzas de seguridad rindan cuentas de los
abusos cometidos.
La
organización HRW se pronunció porque las autoridades den resultados. No pueden
quedarse en estadísticas, en informes, en conceptos genéricos o abstractos.
Para revertir esta crisis que ha sido ignorada y lograr que no se vuelva a
repetir, se debe implementar una estrategia concreta con base en un modelo
distinto que erradique estructuralmente la impunidad. Ello implica por lo
pronto que haya rendición de cuentas, o sea identificación, procesamiento y
castigo ejemplar de soldados, marinos y oficiales implicados en desapariciones de cara al país. Es importante, según se
dijo, contar con controles claros, internos y externos, con incentivos para
mejorar el rendimiento profesional de las autoridades. Para este fin se debe
fomentar el desarrollo de una cultura
que combata la corrupción y el abuso en materia de derechos humanos y elimine
la complicidad en la comisión de delitos, de tal suerte que aquellos que portan
uniformes o están vinculados al poder también respondan a la justicia.
Ahora
bien, cabe precisar que en su informe “Human Rights Watch” presentó únicamente
249 casos de desapariciones forzadas desde 2007, de los cuales 149 presentan
evidencias contundentes de la participación directa de las fuerzas de seguridad
del Ejército y la Marina y de las tres policías municipales, estatales y
federales. En los 100 casos restantes existen sólo fuertes presunciones de la
participación oficial. El total de casos aludidos son señalados extremos y
documentados (aquellos por los que se pueden responsabilizar) y desde luego no
aspiran a ser los únicos.
En
este contexto sorprendió el que la propia Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos de la SEGOB, a cargo de Lía Limón,
confirmara la existencia de una lista con nombres de más de 27,523
personas no localizadas desde fines de 2006 hasta noviembre de 2012 según un estudio
del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información, el área de
inteligencia de la Fiscalía Federal.
Quiero
abonar a favor de la buena voluntad de esta dependencia en hacer pública una
información oficial, si bien de hecho según la ONG aludida ya se había filtrado
hace más de dos meses. Sin embargo la declaración me generó, como a muchos, la
impresión de que había sido imprudente pues
daba a conocer cifras no depuradas y por lo
mismo creaba confusión. De hecho fueron elaboradas a partir de marzo de
2012 cuando el Senado aprobó la Ley sobre desaparecidos, con reportes de la
PGR, las procuradurías estatales, el CISEN y la Marina sin cruzar información,
por ejemplo con averiguaciones previas abiertas.
El
número de personas desaparecidas debe ser mucho, mucho mayor que el de las casi
250 personas señaladas por la organización HRW (por ejemplo funcionarios de
Coahuila les indicaron que, de diciembre de 2006 a abril de 2012, habían
desaparecido en el estado 1,835 individuos), pero hablar de más de 27,000 es
hablar para efectos de comparación de más desaparecidos de los que arrojó la
dictadura en Argentina. Ello sin duda le generaría al gobierno, y no sólo al
anterior, una responsabilidad sin precedentes frente a un delito, la desaparición forzada, que no
prescribe. Los panistas quizás con razón están muy molestos. Legisladores como
Héctor Larios y Roberto Gil ya señalaron que una cosa son las personas no
localizadas y otra las desaparecidas. Además en las desapariciones hay que
distinguir las forzadas, de las que no lo son.
De
frente a estas críticas se entiende que la propia dependencia ya haya señalado
que la base de datos aludida servirá de
partida para la conformación del Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas que contará, tal como recomendó HRW, con datos e
información genética tanto de las personas que buscan a sus familiares como de
los cuerpos hallados no identificados.
Así
las cosas me pregunto de cualquier modo si algún día podremos tener acceso a una
buen cifra de las desapariciones forzadas en el sexenio pasado para sumarla a los
costos de una política equivocada que hoy, así lo creo y lo espero, se quiere
corregir sin que se haya a pesar de ello notado aún efectos de las nuevas medidas tomadas bajo el control político
de nuestra nueva supersecretaría de Gobernación. En concreto ésta tendrá a
cargo una mayor coordinación entre dependencias encargadas de enfrentar la
inseguridad y distintos órdenes de gobierno, con un programa que uno pretende rebasar el combate frontal
de criminales y no enfoca principalmente la aprehensión de cabecillas, un
programa que dos se encamina a la
reconstrucción y unificación de los manos policiacos y de los códigos penales,
un nuevo sistema que asegure el cumplimiento de la ley con el respeto debido a
los derechos humanos, un programa que tres
va hacia las causas sociales reales del problema y destina un presupuesto
importante (118,000 millones de pesos) para la reconstrucción del tejido social
en los 250 municipios más afectados donde se llevarán a cabo acciones
preventivas al delito, más los 50 que se atenderán urgentemente, un programa
que cuatro y último busca contar con
el apoyo de la sociedad civil, grupos empresariales y organismos no
gubernamentales con vías a su ejercicio transparente.
Sin
duda la nueva estrategia me parece más completa y espero no se quede en una narrativa
distinta dirigida a los medios y destinada sobre todo a la imagen de México en
el exterior. En tanto se perciben resultados, la nueva administración debería
por lo pronto atender los juicios debidos ante la comisión de delitos comprobados
en tiempos de Calderón para sentar nuevas bases. Del mismo modo es momento
quizás de revisar algunos nombramientos de funcionarios con experiencia en la
materia dudosa, o inadecuados, los cuales con declaraciones desafortunadas
hacen aún más difíciles las tareas pendientes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario