El Consejo General del IFE en la lupa

Las discusiones que ha habido en el seno del Consejo General del Instituto Federal Electoral en las semanas pasadas sobre los gastos en la contienda presidencial de 2012 me generan varias observaciones que quiero compartir con ustedes.

La primera se refiere a la forma en que se alinearon las votaciones en asuntos tan trascendentes como las tarjetas MONEX que el Partido Revolucionario Institucional distribuyó supuestamente para pagarle a  ciertos agentes electorales, o bien para revisar las multas que de ser necesario se tenían que aplicar por rebase de topes de campaña. En el primer caso de las famosas tarjetas votaron en contra de multar al PRI el Presidente Leonardo Valdés, Marco Baños, Francisco Guerrero y Macarita Elizondo y a favor Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván. Al darse el empate fue que decidió votar Sergio García Ramírez quien primero se había excusado de hacerlo por tener amistad con algunos involucrados en el asunto tratado, figura en quien recayó la culpa de la exoneración atrayéndole tales críticas que ya ha presentado éste su renuncia al órgano.

Así ya no votó García Ramírez en el segundo caso de los posibles rebases de topes de campaña en el que se decidió devolver a la Unidad de Fiscalización el dictamen enviado, para que en julio sean revisados en conjunto los informes relativos a los candidatos presidenciales, diputados y senadores, por lo que por el momento no se aplicó multa alguna. A favor de tal medida que impidió que se afectara a los partidos que postularon a Andrés Manuel López Obrador, o sea al PRD, al PT y Movimiento Ciudadano, y que en cambio saliera ileso Enrique Peña Nieto abanderado por el tricolor y el Partido Verde Ecologista de México votaron otra vez juntos Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván ahora con Macarita Elizondo y en contra de que se pospusiera la discusión del dictamen propuesto los demás.

Las alineaciones de las votaciones emitidas no son neutrales y corresponden a la selección de los mal llamados consejeros ciudadanos por cuotas partidistas y vetos cruzados, en el falso supuesto que la suma de subjetividades y la negociación construyen imparcialidad y equidad. Se dice con justa razón que Benito Nacif y María Marván tienen inclinación panista, que Alfredo Figueroa y Lorenzo Córdova son de izquierda, que Marco Baños y Francisco Guerrero no esconden su simpatía priista y que Macarita Elizalde llegó al IFE apoyada por el PAN aunque es más independiente como Leonardo Valdés, quien sin embargo es probable que esté buscando su relección a pesar de negarlo.

El asunto es serio, porque no es un caso único sino que una investigación exhaustiva de todas las decisiones que se han tomado en el IFE (como algunas que ya se han hecho sobre ciertos períodos) seguramente reflejaría esta politización aún en los períodos de mayor legitimidad de la institución, como fue la de la presidencia de José Woldemberg. Entonces el IFE gustó por los resultados electorales que produjeron la alternancia y porque se multó al PRI tras el Pemexwate. Ahora gusta menos porque regresó el PRI al poder y quizás otros partidos pueden resultar multados. Es tiempo, me digo quizás como muchos, de revisar no sólo el alcance de esta institución sin embargo ejemplar sino de repensar la conformación de su Consejo General.

Ahora bien, otro punto que quiero tratar con mayor profundidad es el de la segunda medida tomada que se mencionó. Me congratulo que por lo menos aún no se haya decidido multar a la Coalición Movimiento Progresista, mientras la campaña del actual Presidente sale ilesa de la revisión de su contabilidad. Todos los interesados pudimos atestiguar que los candidatos punteros empezaron su campaña mucho antes de los tiempos oficiales: Peña Nieto desde el 2005 en que llegó a gobernador del Estado de México, López Obrador desde el 2006 en que se negó a aceptar su derrota en la elección presidencial de aquel entonces. A saber cuánto cuesta realmente una campaña presidencial, pero las de ellos dos se excedieron sin duda de gastos permitidos. Soy de las que creen que ninguno de los dos ganó o perdió por dinero aunque reconozco que los gastos de ambos se destinaron a distintas partidas, con distinta modalidad. Sí es cierto AMLO era menos ostentoso, pero hubieron gobiernos como el del Distrito Federal que por años trabajó por asegurarle votos a través de programas sociales y eventos multitudinarios. ¿Cuanto pudo costarle a los suyos el apoyo al movimiento #YoSoy132? Esta y otras son preguntas que nos quedaron sin respuesta. Por su parte tras su descomunal presencia en medios durante años, Peña Nieto supo seguirse imponiendo en tiempos oficiales como mejor e inevitable única opción para México organizando concentraciones espectaculares y seguramente costosísimas. En este sentido también nos cabrá siempre la duda de si hubo o no algún financiamiento suyo que explique lo inflado que resultaron las preferencias prelectorales a su favor señaladas por  casas encuestadoras.

Con todo ello, lo cierto es que muchos de los gastos comentados no se pueden contabilizar y con la normatividad vigente al PRI y al PVEM le salió bien la tirada porque supongo que supieron esconder gastos, disfrazar costos reales y acomodar bien sus cifras gracias al prorrateo entre campañas federales, mientras que es posible que el PRD, PT y Movimiento Ciudadano hayan también hecho ciertos manipuleos con sus cuentas pero no usaron suficientemente a su favor el recurso disponible para ello de prorratear y las sumas terminaron afectándolos. El problema que veo es que como este resultado no le gustó a la mayoría, a pesar de no cambiar el criterio de poder prorratear entre todas las contiendas (en un momento dado hubieron dos votos que así lo pedían), decide devolver el dictamen recibido para que la unidad correspondiente (curiosamente a cargo de alguien llamado Alfredo Cristalinas) precise los criterios para poder prorratear aclarando lo que debe entenderse por beneficio, en tanto según el artículo 177 del Reglamento de Fizcalización del IFE el prorrateo que no puede exceder al 50% del gasto total debe operar en concordancia con las campañas beneficiadas.

¿Qué esperan aquellos que se oponían al absurdo resultado de multar a la Coalición Movimiento Progresista y no a la mancuerna de priistas y ecologistas? En principio observar en conjunto todas  las campañas federales, como debía haber sido si no se hubiera exigido adelantar la revisión de las presidenciales. Eso está bien, mas apunto dos elementos. Primero no se puede definir a posteriori criterios que afecten cuentas que se presentaron cuando no existían, y segundo el concepto de beneficio que toda campaña presidencial aporta a otras campañas simultáneas del mismo partido me parece difícil de acotar ya que el análisis político ha demostrado el arrastre del voto que una campaña de carácter más importante, como la presidencial, produce en la votación de campañas menos importantes, como la de diputados y senadores del mismo partido. Luego entonces, a mi juicio, todos los partidos tenían la prerrogativa de poder prorratear los gastos de sus campañas presidenciales hasta el tope permitido por la normatividad vigente en el momento que se desarrollaron.       

Los órganos competentes deben tomar sus decisiones conforme a derecho y no en función de que gusten o disgusten sus consecuencias. Si no lo hacen así, podemos sospechar de su parcialidad.