Impartición de justicia en México

En los últimos días aparecieron en los medios de comunicación varias noticias relacionadas con dos hechos aparentemente inconexos. No lo están: por una parte el arresto de Gregorio Sánchez Martínez, candidato a la gubernatura de Quintana Roo por el PRD, PT y Convergencia, y por el otro lado el aniversario del incendio de la guardería ABC en Sonora que dejó un saldo de 49 niños muertos y 70 lesionados en un accidente que le costó un mes después la gubernatura al candidato del PRI Alfonso Elías Serrano, y cuya investigación sigue aún en proceso.

¿Qué tienen en común, estos dos grupos de noticias? Precisamente la falta de legitimidad de la impartición de justicia en México y su tinte político.

Empecemos por el caso del arresto y el auto de formal prisión dictado a Greg, como se le conoce al controvertido exalcalde de Cancún con licencia, el cual ya no podrá competir en la próxima contienda de julio pues hoy mismo fue dado de baja por el Instituto Electoral del Estado como candidato a gobernador, hecho que no tiene precedentes en México. No podemos saber si realmente este popular y polémico personaje, popular a costa de su gestión que en dos años casi triplicó el endeudamiento del municipio el cual a decir del actual gobernador Félix González está en un grave riesgo de crisis financiera, de ahí lo polémico, es culpable o no de la acusaciones que se le imputan de tener vínculos con el narcotráfico, a las que se le suman algunas demandas civiles que arrastraba. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí podemos asegurar es por un lado que un primer juez le había negado a la PGR la orden de arresto antes de que la consiguiera, y por otro lado que la acusación se basa en dudosas declaraciones de testigos protegidos. Se dice que estuvo en una reunión en Guerrero, su estado natal, de capos de varios carteles que querían planear una tregua. Se dice también que está involucrado en la ejecución del general Enrique Tello Quiñonez. Finalmente lo único, según algunos comentaristas, que se puede probar es falsedad en su declaración patrimonial.

No podemos saber si Greg es culpable, pero sí sabemos uno que se le trató de impedir su participación en la contienda por el gobierno de la entidad desde que se le trató de interponer la reforma constitucional que señalaba como requisito una residencia efectiva mínima de 20 años, requisito que el 13 de enero de este año fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para finales de ese mes la PGR empezaba a armar el expediente contra Greg con el relato de “Lucero” de la reunión de capos supuestamente ocurrida un año atrás.

Ahora bien, comparar este caso con el desafortunado, para el PAN claro, desafuero de López Obrador resulta exagerado porque, pese a su popularidad, Gregorio Sánchez Martínez tenía pocas probabilidades de ganar la elección. El 13 de mayo la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica reportaba como intención del voto 46.15% para el PRI, 22.4% para el PRD y tan sólo 13.1% para el PRD. No faltará quienes digan que para entonces este candidato ya había sido afectado. Sin embargo, en las encuestas anteriores, siempre apareció en tercer lugar.

No podemos saber si este político, formado en sus inicios en el PRI con Mario Villanueva, es culpable pero sí fuimos testigos de la tenacidad con la que Jesús Ortega, presidente del PRD, impulsó su candidatura pese a que con ello no se concretara la coalición con el PAN, como en otros estados, y que este partido se fuera aparte con Alicia Ricalde Magaña.

Surgen muchas interrogantes: ¿Por qué el PRD se empecinó en apoyar a Greg? ¿Qué le debía Jesús Ortega? ¿Por qué la PGR actúa hasta ahora contra el partido con el que se alía en otras contiendas? ¿Es Fernando Gómez Mont contra César Nava, por el asunto de las coaliciones contra las cuales se las jugó él primero mientras el segundo las impulsó? ¿Qué papel juega el Presidente Calderón? ¿Será que ya reconoce su derrota para este año y prepara el escenario de 2012?

Sin embargo la principal pregunta es la siguiente: ¿Se puede confiar en la justicia en México con este manejo de las autoridades? Con acusaciones mal armadas con las que se desprestigian políticos de la oposición como el excandidato del PRI al gobierno de Jalisco, Arturo Zamora Jiménez, quien en las últimas semanas de la campaña en 2006 perdió de esta manera la ventaja que llevaba sobre el panista y actual gobernador Emilio González. Con aprehensiones espectaculares, como las de hace un año, de varios funcionarios del gobierno perredista de Michoacán y presidentes municipales de varios partidos sí pero sobre todo del PRD y del PRI, acusaciones por cierto dictadas por el mismo juez que se utiliza contra Greg y que no prosperaron sin que esto se haya dado a conocer de la misma manera. Con situaciones tan raras como la de que el abogado defensor de Greg sea Gonzalo Aguilar Zinzer, pariente del exsocio de Gómez Mont.

A la justicia mexicana se le puede creer poco porque en épocas electorales curiosamente se pone las pilas, o no se las pone según le conviene como en el incendio de la guardería ABC, cuyo escándalo y mal manejo por un lado llevó al PAN al poder estatal con Guillermo Padrés Elías, en el sentido que remontó las preferencias electorales a su favor en 20 puntos aproximadamente, sin que hasta ahora los funcionarios federales involucrados como el exdirector del IMSS hoy Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, hayan sido afectados principalmente por el asunto de la irresponsabilidad en la subrogación de guarderías a particulares, en este caso una pariente de la esposa de Calderón.

La ubicación y los materiales de la guardería eran inadecuados y en ello hubo responsabilidad de autoridades de varios niveles: federal, estatal y municipal. Nadie hasta el momento ha sido sin embargo consignado, si bien hoy se dio a conocer el proyecto de dictamen sobre la investigación del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, donde señala varios involucrados en el incendio el cual implicó a su parecer una grave violación de las garantías individuales de los niños muertos y lesionados.

¿Desembocará ello en que los responsables sean castigados? Yo lo dudo. El proyecto de dictamen todavía tiene que debatirse y del fallo además no se desprende imputación alguna de orden penal, civil o administrativa. La PGR sigue con la investigación, en el marco de un gobierno que a todas luces protege a importantes intereses económicos y políticos, incluido al exgobernador Eduardo Bours al que los panistas sacrificaron el año pasado pero le debían favores por su apoyo a Calderón en 2006. Mientras tanto, el Presidente toma ventaja al crear fideicomisos de ayuda y responder a diversas demandas de los grupos de padres de familia de las víctimas que se han levantado en protesta: Movimiento por la Justicia 5 de junio y Manos unidas por nuestros hijos. Incluso acaba de declarar esta fecha día de luto nacional, cuando lo que debería hacer es crear las condiciones para que esta tragedia no se repita.

No es extraño que tanto la aprehensión del candidato del PRD a gobernador en Quintana Roo, como la investigación del incendio en Sonora generen incredulidad y desconfianza en la impartición de justicia en el país, revelen su manejo partidista y exhiban un gobierno incomprensible. Es lo menos que podemos decir.