La popularidad de Peña Nieto

Hace poco más de dos semanas se dio a conocer la encuesta trimestral de GEA-ISA sobre la popularidad del Presidente de México con resultados bastante encontrados en relación a aquellos que sobre el mismo tema publicó ayer el periódico Reforma, asunto que merece nuestra atención.

Según GEA-ISA, la imagen de Enrique Peña Nieto cayó 10 puntos de abril a julio. Las cifras para la actual administración resultan malas al grado que únicamente son dos puntos superiores a la aprobación que tenía Felipe Calderón al finalizar su sexenio, o sea 45% de los mexicanos aprueban su labor frente a 43% que aprobaban al expresidente en noviembre pasado. Además otros datos hablan de que no se percibe cambio alguno en la manera de gobernar: sólo 18% cree que el nuevo gobierno es diferente y más de la mitad piensa que su papel respecto a la pobreza, la seguridad o la corrupción es igual. En concreto casi 50% también considera que la situación económica es peor que la del año pasado.

Otras mediciones interesantes presentadas por esa casa encuestadora traducen: uno, poco conocimiento de las medidas implementadas por Peña Nieto pese a su nivel de exposición en los medios, ya sean éstas la Cruzada contra el Hambre e incluso el Pacto por México del que sabe 40% de la población; dos, aún menos aprobación del trabajo del gabinete e identificación de acciones de gobierno concretas; y tres, una disposición de alrededor de 50% por participar en acciones de protesta sobre los temas que más preocupan o sea el económico y la inseguridad, seguidos de la corrupción.

La información anterior se interpreta como que el crédito ciudadano con el que el Presidente llegó a los Pinos empieza a terminarse. Los analistas de la encuestadora dicen que los mexicanos tenían muchas expectativas en la alternancia y no han visto resultados que lleguen a sus bolsillos, a pesar que el tiempo corre. Por el contario persisten los problemas de empleo y los precios de los alimentos han aumentado deteriorando a los grupos más vulnerables, mientras el estancamiento de las clases medias se acentúa. Por otra parte se mantiene la violencia en el país por lo que se han fortalecido los grupos de defensa comunitarios. Todo ello explica que las acciones de gobierno estén siendo poco valoradas en términos de beneficios concretos e inmediatos.

En contraste con estos resultados la publicación de ayer refleja una calificación del trabajo del Presidente por parte de la ciudadanía que del primero de abril al 29 de julio sigue siendo de 6.3. Por lo que toca a la aprobación de su labor, ésta es del 52% de la población, incluso dos puntos superior que en la medición anterior. Ahora bien, las cifras se presentan por rubros e incluyen los porcentajes de desaprobación que en términos generales sí ha crecido de 30 a 38 puntos porcentuales.

Así los rubros mejor calificados cuya aprobación mejoró 5% o más  y que incluso disminuyeron en desaprobación fueron narcotráfico, política exterior, seguridad pública y salud. En orden decreciente salieron bien librados también: educación, combate a la pobreza y política interna. En suma, en todos los rubros aumenta la opinión favorable pero en algunos crecen también las críticas como en materia económica y en lucha contra la corrupción.

¿Qué hay entonces detrás de la disparidad de los resultados que se percibe en los dos estudios aludidos? Creo que el asunto radica en el hecho que el periódico Reforma presenta los resultados obtenidos en las encuestas a ciudadanos, separados de aquellas opiniones que emiten los que ellos llaman líderes. Éstos parecen tener un juicio muy distinto en tanto su calificación del trabajo del Presidente Peña bajó en el mismo período de 7.1 a 6.5. En julio un porcentaje de 67% bastante mayor que el de la población en su conjunto aprueba la forma en que está haciendo su trabajo, pero ello significa sin embargo un descenso de once puntos porcentuales, mientras 32% contra 20% en abril desaprobaba su gestión.

Entrando en detalle, cabe señalar que no se presentan datos de evaluación del combate al narcotráfico, pero para los líderes sólo en el rubro de seguridad subieron 7% las opiniones favorables y casi igualmente disminuyeron aquellas desfavorables. Ni siquiera la política interna, el combate a la pobreza, la salud o la política exterior son rubros que no sean castigados, pero son los renglones del manejo de la economía del país y de educación en los que más se resienten la pérdida de confianza y el desacuerdo con las políticas del actual gobierno.

Para mi, a diferencia de lo que expresen los analistas de GEA-ISA, lo que está sucediendo es que la política de Enrique Peña Nieto sí está teniendo una buena difusión mediática que se traduce en un apoyo sostenido de la ciudadanía en general, mas empieza seriamente a recibir las críticas de los especialistas luego de un comienzo de sexenio bastante espectacular que pudo haber deslumbrado sobre todo  por el Pacto que no se esperaba, y de los primeros consensos legales que produjo, si bien hoy pese a elecciones con resultados plurales las dificultades políticas del futuro inmediato se hacen sentir en un contexto que complica una economía que no mejora.

La agenda legislativa es enorme. El Senado, que se ha convertido en un cuerpo muy complicado más por las pugnas interpartidistas del PAN, no ayudó con su negativa de trabajar de forma extraordinaria este verano, y en la Cámara de Diputados este mes ya se evidenció que no se puede avanzar en temas polémicos, si no se negocian en conjunto. Por ejemplo ni siquiera el PRI prefirió imponer al consejero faltante del IFE si no podía venderle a mi juicio a los otros partidos un acuerdo favorable para otros nombramientos, en un reparto una vez más por cuotas como seguramente desearía hacerlo en octubre cuando postergando esta selección podrían nombrarse cuatro miembros  del Consejo General.

Así las cosas, si está sintiéndose una lentitud en el avance de la agenda gubernamental, no debería ella esclavizarse al trabajo parlamentario como parece que se está haciendo.

Elecciones locales 2013, resultados

Las elecciones del pasado 7 de julio en 14 entidades del país, más aquella extraordinaria celebrada en un distrito de Sonora, primeras de este sexenio en el cual el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha regresado al poder, demostraron los alcances y deficiencias de nuestra joven democracia. Fue evidente el clima de violencia y denuncias en las que fueron envueltas, el desinterés también que despertaron en donde gobiernos y partidos se jugaban más que la ciudadanía. Sin embargo pese al abstencionismo que reflejaron, soy de las que creen que debe éste ponerse en perspectiva, que es de constatarse que los electores demostraron más capacidad democrática que los propios políticos y que el panorama que dejaron las contiendas rebasa la capacidad de análisis de los especialistas.

Las cifras electorales aún no oficiales ponen de manifiesto una pluralidad política irreversible en el país. La proporción de quienes acudieron a las urnas fue mayor en aquellas entidades en las que el voto se dividió más, y demuestra más interés y conocimiento de la vida pública de la que generalmente se reconoce. No valió así que los priistas ocuparan los Pinos y gobernaran diez de los catorce estados para que el PRI fuera por ejemplo cuestionado en Coahuila en donde se sintió el efecto Moreira, mientras en otros estados con la misma presencia tricolor hegemónica como Chihuahua e Hidalgo la oposición casi no pintara, o pintara menos como en Durango. A mi parecer hay igualmente pruebas de un voto inteligente en  el comportamiento diferenciado de los electores en donde recién el PRI ha regresado a los gobiernos estatales, y ello habla de menor apoyo a los mandatarios de Aguascalientes o Tlaxcala que al de Zacatecas. En la lógica de que la distribución del voto me ha parecido en buena medida una evaluación de las administraciones regionales, me explico también la mayor capacidad del PRI de competir de frente al gobierno de coalición de Oaxaca que opera en un contexto político complicado, a diferencia de lo que sucede en Puebla en donde los priistas se borraron.

Finalmente quienes insisten en hacer parecer que la democracia mexicana es menos madura de lo que lo es, son sobre todo los dirigentes partidistas particularmente del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Si el PRI envuelto en contradicciones se  jugaba en estas elecciones un predominio que no le fuera contraproducente a su líder de facto Enrique Peña Nieto, las cabezas de esos dos partidos enfrentaban a sus oposiciones internas con un serio peligro sobre todo en el PAN de sucumbir si no levantaban a su partido del tercer lugar en el que cayó en 2012, o demostraban en el caso del PRD que podían vivir sin Andrés Manuel López Obrador. Así se explica su política de acusación sin pruebas convincentes de que se habían reciclado los peores vicios del pasado autoritario de México, política que se desplegó por adelantado a resultados que pudieran serles adversos los cuales como pudimos constatar no lo fueron. Lo hicieron según entiendo para protegerse, pese a que con ello dañaban la legitimidad de nuestras instituciones. Lo que no entiendo es que ahora que salieron airosos, más los panistas que los perredistas desde luego, insistan todavía el fin de semana pasado en sus decires y exijan sic al Presidente investigar y castigar a los delincuentes electorales para permanecer en el Pacto. Su poder de amenaza puede estar fortaleciéndolos, pero debilita nuestra democracia de la que no se pueden decir los únicos garantes.

En este contexto los analistas poco ayudan cuando sostienen falacias como la de un ambiente de violencia que inhibe la participación, cuando se ha demostrado que no hay correlación entre el aumento del crimen organizado y el abstencionismo (un ejemplo sería el mismo caso de Tamaulipas), o bien cuando sobredimensionan la capacidad de los gobernadores de controlar las elecciones en sus entidades. Si así fuera: ¿Cómo explicar las derrotas de sus partidos? ¿Como incapacidad, quizás?  ¿De verdad tenemos que creer por ejemplo que en Quintana Roo  y Veracruz fueron más hábiles, más manipuladores Roberto Borge y Javier Duarte que algunos otros colegas del mismo partido? ¿Debemos creer en mayor despliegue en dichas entidades de recursos clientelistas? Los gobernadores tienen capacidad pero limitada de operar a su favor y a veces, como en Sinaloa lo hizo Malova, no operan exclusivamente para quienes los llevaron al poder.

Los analistas caemos en ocasiones en explicaciones demasiado simplistas, como decir que Baja California fue una concesión del gobierno federal a Gustavo Madero, que reflejan un desconocimiento de los complicados mecanismos que construyen las preferencias electorales y su expresión. Sí es cierto que a Peña Nieto le convino que los priistas perdieran en la entidad, sí es cierto que el candidato del PRI Fernando Castro Trenti ni era suyo sino del grupo de Manlio Fabio Beltrones,  sí es cierto que a los priistas norcalifornianos los dejaron solos, pero el hecho es que los priistas también llegaron divididos a la campaña, que menos desgastados que los panistas en el gobierno estatal desde 1989 habían reconquistado gobiernos municipales que no convencieron, que el estado es fuertemente bipartidista, que resultados similares se vieron hace seis años y que la campaña de Francisco (Kiko) Vega fue de más a menos, fue más efectiva y su triunfo confirmó la tendencia en el país de que los resultados se definan por mínimas diferencias de donde las coaliciones cuentan, como en este caso le favoreció al ganador el que el PAN fuera con el PRD e incluso Nueva Alianza, mientras representó un serio peligro la división de la izquierda o sea el que el Partido del Trabajo (PT) se aliara al PRI e incluso Movimiento Ciudadano fuera independiente.

El hecho es que el estudio de las pasadas elecciones se vuelve muy complicado por la interrelación de demasiados factores y de lógicas encontradas, como las de los partidos mal llamados chicos que se convierten en protagonistas que definen victorias y derrotas. Al menos no caigamos en errores como seguir defendiendo la centralización de la organización electoral a través de propuestas tales como la necesidad urgente de crear un Instituto Nacional Electoral bajo pretextos que estas elecciones dada la pluralidad que reflejaron echan abajo, como es atacar de parcialidad a los institutos electorales estatales los cuales si bien tienen que mejorar sus tecnologías como es la de los PREPs no son menos controlados por los partidos que el mismo IFE, como  vimos en la  larga discusión que culminó ayer en el Consejo General de las multas por rebase de topes de campañas en el 2012.

Elecciones locales 2013

El clima persistente de corrupción y violencia en el país ha contaminado no sólo los procesos electorales locales que culminarán el domingo próximo sino también la capacidad de análisis de los mismos, de suerte que no han generado la atención debida en cuanto a la distribución de las preferencias que posiblemente arrojen y su significado.

El domingo próximo habrá elecciones en catorce entidades del país. En Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas de diputados locales y alcaldes, como en Baja California Norte en donde además se elegirá gobernador. Mientras en Coahuila sólo están en juego las presidencias municipales, y en Hidalgo la recomposición del Congreso.

Más allá del escándalo que estos procesos generaron en cuanto al reclamo por sospechas de uso clientelar de los programas sociales que destapó el Partido Acción Nacional (PAN) y secundó el de la Revolución Democrática (PRD) poniendo en peligro la supervivencia del Pacto por México hasta que Enrique Peña Nieto ideó el firmar un adendum a este compromiso para que todos los gobiernos sacaron las manos de los mismos, y de los lamentables sucesos de atentados contra ciertos aspirantes algunos de los cuales cobraron vidas, poco se ha escrito sobre estos procesos que siguen guardando una lógica muy particular si bien este año a mi parecer se ven más impactados que en otras ocasiones en elecciones de este tipo por la coyuntura de los partidos políticos a nivel nacional y por el proyecto de gobierno y las prioridades que la actual administración federal persigue.

Las elecciones locales que vienen nos están revelando un panorama político plagado de contradicciones. Al parecer el Presidente puede incluso con honestidad pedir una elección limpia, pero a decir de las acusaciones que persisten algunas autoridades priistas mantienen oídos sordos, mientras panistas y perredistas desarrollan un comportamiento que no resulta mucho más trasparente. Así nos están revelando un México en donde los acuerdos y la ley se violan con bastante impunidad, un México en donde el estado de derecho está en crisis, si bien este clima no puede achacarse exclusivamente al crimen organizado.

En los últimos días en Coahuila y Tamaulipas varios candidatos recibieron amenazas para retirarse de las contiendas. En Veracruz tanto hubo un ataque con bombas molotov contra la comitiva del equipo de campaña de un aspirante a presidente municipal del PAN, como otro a balazos contra un candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En Quintana Roo fueron incendiados vehículos del PRD en un municipio, en Chihuahua murió un aspirante del PRI a alcalde y en Oaxaca un dirigente del PRD, a la vez que se llevó a cabo un atentado contra una candidata priista a diputada a raíz del cual fallecieron su esposo y una sobrina. Finalmente en Sinaloa fue asesinado un candidato suplente a regidor de la alianza PAN-PRD-Partido del Trabajo (PT) y el hijo de un coordinador de la campaña del PRI de la misma presidencia municipal.

Este panorama es una pena, pero no nos debe opacar otra parte de lo que está detrás de estas elecciones. Para resaltar su relevancia, cabe indicar el que están en juego 2,181 cargos públicos y poco más de la mitad de los gobiernos municipales del país. Su resultado nos va a hablar mucho de las características del sistema político que se ha venido construyendo en México y el punto en que lo ha impactado el regreso del PRI a los Pinos. En principio hemos sido de aquellos que han sostenido que este tipo de elecciones están insertas en una dimensión subnacional del poder que interactúa sólo parcialmente con la dinámica federal de la política, lo cual nos ha llevado a advertir que a ese nivel regional el PRI se mantuvo implantado durante los gobiernos panistas, a comprender su buen desempeño en elecciones locales y que cuando pudo resolver una candidatura presidencial sin dividirse sobrevino la segunda alternancia que lo regresó al poder. En este sentido es de esperarse que a las próximas contiendas llegue con una gran ventaja, aunque paradójicamente del propio gobierno de Peña Nieto puede estar emanando el apostar por resultados plurales que le mantengan tanto al PAN como al PRD como partidos aliados en la persecución de las reformas estratégicas que busca.

Algo más: la diferencia de los juegos subnacionales con los nacionales la expresan especialmente los llamados partidos chicos y da como resultado un escenario complejo. El Partido Verde Ecologista de México va con el PRI en casi todos los estados; en pocos de ellos su alianza es parcial como en Tamaulipas o Tlaxcala y en Zacatecas juega solo. El PT se presenta  independiente en casi todas las entidades mas va con el PRI en Baja California Norte y Chihuahua, y con la alianza PAN-PRD en Oaxaca y Puebla pero no en Puebla. El Partido Nueva Alianza se presenta en coalición con los mismos partidos en Baja California Norte y Puebla, y con el PRI en Chihuahua y Sinaloa y parcialmente en Tamaulipas y Veracruz. Por último Movimiento Ciudadano es el partido que mas le apostó a crecer en una vía autónoma y puede como el año pasado lo hizo en Jalisco dar algunas sorpresas en algunas capitales como Aguascalientes o Oaxaca.

En este escenario me atrevo a pronosticar que las cifras que arrojen las contiendas en cada entidad dependerán de qué partido detenta ahí el poder estatal, siendo que lo detenta en la mayoría salvo en Baja California Norte (donde gobierna el PAN desde 1989 y donde en la renovación del ejecutivo sufrirá de su desgaste si bien enfrenta a un PRI que desde hace unos años gobierna algunos municipios con resultados cuestionados), y en los emblemáticos estados donde en 2010 coaliciones del PAN y el PRD fueron triunfadoras  a saber Oaxaca, Puebla y Sinaloa donde hoy estos partidos repiten con buenos augurios la experiencia, y la extienden a otras entidades como Baja precisamente.  

Los resultados dependerán también de que tan predominante es en cada estado el PRI que lo es en Chihuahua y en Coahuila (en donde la coalición antipri poco parece estar afectándolo), como lo es poco menos en Tamaulipas o Hidalgo. Así los resultados a mi parecer serán para el PRI menos buenos en aquellas entidades recién recuperadas como Aguascalientes, Tlaxcala y Zacatecas, o donde la oposición ha venido ganando terreno como Durango, Veracruz y Quintana Roo. En ellas las coaliciones antisistema representan una amenaza para los priistas y las hay formales y totales en Aguascalientes, Durango y Zacatecas, como informales y parciales en Veracruz y Quintana Roo. Por lo que toca a Tlaxcala la competencia apunta a ser intensa.

En suma el fenómeno de las coaliciones antipri, como hace tres años, se avecina de mucha relevancia en la interpretación de las contiendas del 7 de julio. El priismo regional no tiene todo en sus manos. Pese a sus disputas internas, los panistas con base en un electorado fiel están dispuestos a consolidarse como segunda fuerza, y los perredistas a seguir abanderando a la  izquierda en una posición moderada de frente a la escisión radical expresada en la emergencia de Morena.