Sobre ingeniería institucional

Hace un mes la Cámara de Diputados aprobó luego de una discusión que se desplegó a lo largo de dos años una reforma política que, si bien sí es cierto que no es aquella prometida de gran calado dado el diagnóstico que se hizo de nuestros problemas normativos, además de solucionar algunos vacíos de nuestra normatividad, comprende al menos algunos aspectos relacionados al fortalecimiento de la soberanía ciudadana y a la relación entre los poderes para la gobernabilidad.

En el primer punto es que se aprobó la sustitución del Presidente de la República en caso de falta absoluta, a fin de que el titular de la Secretaría de Gobernación se haga cargo del despacho en tanto el Congreso de la Unión designa el mandatario provisional, interno o sustituto según sea el caso. Igualmente la nueva legislación da cabida a que el ejecutivo rinda su protesta ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ambos puntos no son menores porque previenen de una parálisis de gobierno.

Las medidas de fortalecimiento de la soberanía ciudadana abrieron paso a la consulta popular, a la presentación de proyectos de ley por la ciudadanía y a las candidaturas independientes para entrar en vigor en 2015. Sin dejar de reconocer que con ello se atiende el descontento de la sociedad con los políticos, en el tema de rendición de cuentas se quedaron en el tintero la aprobación de la reelección inmediata de legisladores federales y el dejar en manos de los Congresos estatales la decisión sobre la reelección inmediata de presidentes municipales, ambos puntos que el Senado sí había pasado.

Traigo este recuerdo a colación porque todos supimos que detrás del freno a lo dispuesto por el Senado a finales de abril estuvo el poder de Enrique Peña Nieto sobre los diputados priistas y su inconformidad a tales medidas, de forma tal que quedó desde entonces evidente su distancia frente a Manlio Fabio Beltrones. De la misma forma se manifestó una incapacidad para consensar medidas que velen por una mayor gobernabilidad en el país pues si bien se aprobaron las iniciativas preferentes del ejecutivo (a través de un sistema que permite modificarlas mas no congelarlas) y la ratificación por el legislativo de ciertos nombramientos del ejecutivo de comisionados de órganos reguladores, no se acordó la reconducción presupuestal.

Así las cosas la reforma política quedó bastante coja, sobre todo en este aspecto de proveer de instrumentos para la eficiencia gubernamental. A nivel local para el Distrito Federal se trató de la contrario o sea de modificar a la alza la claúsula de gobernabilidad para la creación de mayorías, lo cual pasó sin problemas, pero a nivel federal no se logró acuerdo alguno ni siquiera en el Senado. La discusión había empezado por la propuesta del Presidente Felipe Calderón, en su decálogo de diciembre de 2009, de la segunda vuelta electoral y de la reducción del Congreso para eliminar la sobrerrepresentación de legisladores. Asimismo a través de la Cámara de Diputados los diputados del PRI, con Peña Nieto otra vez detrás, trataron de reinstaurar la cláusula de gobernabilidad.

En suma esta discusión, que toca aspectos de fondo sobre el régimen que tenemos versus nuestra realidad política, sigue aún viva enfrentando en principio a quienes consideran que se debe reforzar el carácter presidencialista del régimen, por ejemplo reduciendo y aún eliminando los diputados plurinominales, y quienes se inclinan por medidas conducentes a un régimen semiparlamentario, con ratificación total o parcial de los miembros del gabinete por el Senado, control parlamentario para los secretarios de Estado, jefe de gabinete, revocación de mandato, moción de censura y autonomía del Ministerio Público.

Así, no bien se había aprobado la reforma política aludida, que varios intelectuales y miembros de diferentes partidos se expresaron públicamente a favor de los gobiernos de coalición. Lo hicieron por ejemplo del PRI Francisco Labastida, del PRD Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo Ebrard, del PAN tanto Josefina Vásquez Mota, Santiago Creel y Ernesto Cordero y también Diego Fernández de Cevallos, desde luego con ciertas puntualidades. En efecto, ya desde 2008, tal idea la habían desarrollado ciertos miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La oferta es presentada como un mecanismo abierto basado en la negociación, el acuerdo y el compromiso encaminados a terminar con el inmovilismo legislativo, permitiendo la coexistencia entre pluralidad y gobernabilidad. La propuesta fue recogida por los líderes de las fracciones panista, priista y perredista del Senado y tan sólo por algunos diputados del PAN y del PRD, enfrentando otra vez a Manlio Fabio Beltrones y Peña Nieto.

El hecho es que la reforma política no pudo dar cabida a una revisión profunda de nuestra ingeniería institucional diseñada para una realidad que ha evolucionado dejándonos con la peor combinación: presidencialismo y representación proporcional en el marco de un sistema multipartidista, lo cual lleva inevitablemente a gobiernos débiles frente a legislativos más inclinados en bloquear que en cooperar para sacar adelante proyectos y programas. Sin embargo yo honestamente no veo cámaras, que ni siquiera se pueden poner de acuerdo sobre tres consejeros electorales que faltan en el IFE, capaces de nombrar un primer ministro. ¿Ustedes sí?

En este sentido, considero que se debe discutir ampliamente la conveniencia de acoger fórmulas semipresidenciales a pesar de que han sido funcionales en otras latitudes. Ahora bien, tampoco creo que las mayorías se deban crear artificialmente atentando contra la representación de nuestra pluralidad política. Insisto que la discusión no se ha agotado, y menciono que al menos no se ha explorado la alternativa no de una segunda vuelta apta para sistemas de partidos más grandes sino, lejos de la tendencia que ha venido imponiéndose de empatar distintos tipos de elecciones, de recorrer quizás la elección del Congreso unos meses después de la elección presidencial, como es el caso de algunos países semipresidenciales, por ejemplo aquí en Francia. Con ello el partido ganador en la elección presidencial tendría más probabilidades de ganar espacios que permitieran la construcción y negociación de mayorías para gobernar.