Hace
diez años Thomas Carothers publicó una crítica al llamado paradigma de la
transición para explicar el por qué varios países que con entusiasmo habían
emprendido procesos de democratización se habían quedado estancados en lo que
denominó una zona gris. En su análisis
sostiene que en muchos de estos países se han instaurados elecciones regulares y competitivas y se mantiene
una sociedad civil independiente, mas se han hecho funcionales déficits que
atribuye ya sea a un pluralismo débil, en donde los partidos funcionan sobre
todo como redes clientelares, ya sea a
procesos electorales no del todo fraudulentos pero si dudosos, en la medida en
la que resulta borrosa la línea entre las fuerzas que controlan el poder y el
partido dominante, mientras el Estado se mantiene débil y alcanza un pobre
desempeño.
Después
de doce años de gobiernos panistas el PRI ha regresado a los Pinos con un
proyecto modernizador cuyo alcance ya podemos comentar, con base en los
primeros cuatro meses del actual sexenio. Desde que Enrique Peña Nieto empezó a
luchar por la presidencia fue claro en su discurso la urgencia que veía en
rescatar gobernabilidad en el país a través de un ejercicio del poder eficiente
que fuera fortaleciendo al Estado, el cual había caído en el dilema de
ejecutivos debilitados frente a legislativos plurales que habían perdido
incentivos para cooperar en el buen desempeño público. Para él, las reformas
estructurales que México ha venido necesitando para catapultar su desarrollo requerían
de un liderazgo competente e incluyente que se tradujera en habilidad política
para construir consensos. De las reformas estructurales habló durante su
campaña y recién empezó su administración suscribió con las fuerzas más
importantes del país el Pacto por México a través del cual ha empezado a sacar
adelante algunas de las herramientas que requiere la transformación que quiere
para el país (tal es el caso de la reforma educativa y en telecomunicaciones),
mas no todas. En efecto he sostenido en varias ocasiones que el Pacto es una de
los recursos a su alcance, pero juega en varios tableros.
Pero
lo que aquí me ocupa, y comento hoy con ustedes, es que en su proyecto también
incluyó una agenda política, la cual tras la impugnación a su elección inmediatamente
dio a conocer. Entonces mencionó tres iniciativas que promovería: contra la
corrupción, a favor de la ampliación de facultades del Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos, y finalmente de control
ciudadano del gasto gubernamental en medios de comunicación. A propósito de la
zona gris en la que según lo que les comentaba decía Carothers se han estancado
las democracias de varios países, parecía que el nuevo gobierno no se limitaba
a entender que el buen desempeño democrático depende de gobiernos fuertes y
eficientes sino también de un sistema de partidos construido más allá del
clientelismo, partidos que se enfrenten en elecciones totalmente equitativas,
por lo que el PRI en particular tenía que dejar atrás viejas prácticas que lo
habían caracterizado al son de una nueva era.
Dos
noticias recientes desmienten el que así sea. La primera la reveló el escándalo
que aún no termina respecto al supuesto uso electoral que se le querían dar a
programas sociales en Veracruz, según una acusación que lanzó el PAN, y luego
retomó al PRD. Desgraciadamente los dirigentes de ambos partidos han pretendido
más ganar terreno para los grupos internos que representan con esta acusación,
que entrarle de lleno al problema de la transparencia y la rendición de cuentas
en México. Por su parte, el PRI y el gobierno se han rehusado hasta ahora
enfrentar con la fuerza debida dichas denuncias hasta las últimas consecuencias
y más bien han querido demostrar su fuerza frente a las amenazas.
Lo
anterior me ha hecho tristemente dudar de la voluntad de cambiar seriamente al
país en este terreno, y encuentro otra prueba que quiero comentarles en el
estudio del periodo de sesiones que acaba de terminar hace una semana en el
Congreso. Según los medios el Senado y la Cámara de Diputados produjeron 77
reformas en siete meses. Además como 75 de ellas no emanaron del Pacto, algunos
ingenuamente dicen se mantuvo la independencia de dicho poder. Sin embargo
debemos reconocer que las dos reformas más relevantes que ya mencionamos se
cocinaron fuera del Congreso, como se empezaron a cocinar las más relevantes de
las 75 que se quedaron a mitad del camino.
Sin
menospreciar que el trabajo en estos meses de la LXII Legislatura supera 44% lo
hecho en el mismo periodo en el gobierno de Felipe calderón y 136% lo
correspondiente en el de Vicente Fox, cabe señalar como gran preocupación
respecto a lo que vengo argumentando el que precisamente quedaron rezagadas uno
la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y de comisiones estatales en
la misma materia, dos la reforma para
fortalecer al IFAI y tres la eliminación del fuero para todos los servidores
públicos.
Por
lo que se refiere al primer punto se cruzaron visiones encontradas sobre el
alcance de la comisión que se buscaba crear. Al parecer, nótese, el PRI impulsó
un modelo de comisión que le negaría posibilidades de ejercer acción penal en
delitos de corrupción y la limitaría a poder acusar funcionarios en el ámbito
administrativo. El PAN y el PRD querían por el contario otorgar a dicha
comisión la capacidad de perseguir los actos de corrupción y a los funcionarios
a los que se les probara delitos. Incluso, en el diseño de los panistas, la
comisión debería convertirse en una fiscalía. No hubo acuerdo.
Por
lo que toca al fortalecimiento del IFAI pereciera que también se atoró porque
los diputados priistas interpusieron 29 reservas al dictamen, en un intento por
reducir la fuerza que se le pretendía dar al instituto. Así plantearon que las
resoluciones del IFAI sí pudieran ser impugnadas cuando el Senado había
propuesto que no. Además las reservas también excluían a los partidos políticos
como sujetos obligados a la transparencia. Tampoco hubo acuerdo, pero a decir
de algunos analistas la cortina de humo en este terreno surgió de la
controversia sobre si se debían o no quedar los comisionados actuales o no, y
en cómo se debieran designar (en concreto si convenía que siguiera siendo a
propuesta del Ejecutivo o de la sociedad).
Por
último, el tema de la eliminación del fuero a los funcionarios que actualmente
gozan de él quedó en la obscuridad precisamente el si hubo mano negra, que yo
lo dudo, para intentar mantenerle el derecho al titular del ejecutivo pero ello
detuvo la reforma.
Perdónenme
la nostalgia que me da el haber realizado el año pasado una estancia académica
en Francia donde en los últimos dos meses renunció al gabinete y a su asiento
en el Parlamento un ministro al que se le descubrieron inversiones en un
paraíso fiscal, donde se investiga a la exsecretaria de Economía hoy a la
cabeza del FMI por parcialidad hace unos años en un disputa entre una empresa y
un banco y donde el expresidente Sarkosy es investigado a fondo por sus gastos
en campaña en 2007. La realidad política francesa hoy menos que nunca es
envidiable, pero lejos estamos de haber alcanzado los niveles de transparencia
y rendición de cuentas de su sistema político. Y el gran problema es que dudo
de que haya voluntad política de avanzar hacia esa meta. Es gris nuestra
democracia.
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