Más sobre la Reforma Política

En la coyuntura de la discusión en el Congreso de reformas tan importantes como la energética y la  hacendaria, los dirigentes y legisladores del PAN y del PRD están presionando al gobierno de Enrique Peña Nieto y al PRI a aprobar una reforma política en los términos que han hecho públicos. Es decir, quieren la reforma política como moneda de cambio de las reformas estructurales. Yo diría incluso más: quieren su reforma política, a cambio de la discusión de las reformas estructurales, no de su aprobación inmediata. A tal punto parecen estar atrapados el Presidente y su equipo, de tal tamaño es su debilidad. Como especialista, quiero destacar lo anterior y sobre todo oponerme a una reforma política construida sobre falacias y con propuestas cuestionables. En ocasiones anteriores les he presentado mis reservas sobre la creación de un Instituto Nacional Electoral y abordado ciertos puntos sobre la implementación del mecanismo electoral de la segunda vuelta, llamado también balotaje. Continúo hoy con mis comentarios al respecto, y también abordo el asunto relativo a la reelección legislativa y de presidentes municipales.

Hace unas semanas les decía que la segunda vuelta se propone como remedio a la falta de legitimidad presidencial y a la ingobernabilidad que producen los gobiernos divididos. Les comentaba que no es infalible que la segunda vuelta genere legitimidad. Ahora, quiero señalarles que además que los gobiernos divididos no tienen por qué llevar invariablemente a parálisis gubernamental, existen otros mecanismos alternativos o complementarios que deben considerarse para conseguir mayorías parlamentarias. Menciono tres: la reestructuración de la composición del Congreso  (de su composición, no del número de sus miembros como falsamente se cree), la redefinición de los límites de sobrerrepresentación y los calendarios electorales.

Cabe considerar que nuestra composición mixta del poder legislativo con diputados y senadores  uni y plurinominales (lo que es un sinsentido que exista en el Senado) es poco usual. Los legisladores pluris potenciaron la democratización del país; hoy nuestra democracia en progreso hace pensar a algunos que podrían desaparecer o al menos disminuir. Otros, por el contrario, se inclinan por una representación exclusivamente plurinominal. Por obvias razones las distintas posiciones son adoptadas en función de la proyección que se hace de los resultados que se obtendrían por las distintas vías, y los partidos se posicionan según sus intereses en relación a su fuerza y penetración territorial más o menos concentrada. La ingeniería que se decida debe medir sus consecuencias y lograr el mejor equilibrio posible.

Por lo que concierne los mínimos de sobrerrepresentación que han generado largas discusiones en los últimos años, aquí también se generan opiniones politizadas. Desde luego que extender los mínimos de sobrerrepresentación sería una fórmula fácil de construir mayorías que beneficiaría sin duda alguna al PRI. Por eso en algún momento lo propuso. La idea debe reconsiderarse también, pero a la luz de cómo distorsionaría la conversión de votos en escaños.

Por último el tema de los calendarios no ha sido bien analizado, pues de hecho si se pensara que la elección presidencial no tiene por qué coincidir con las legislativas, sino éstas últimas ser posteriores a la primera, el ajedrez de la política podría llevar a que el candidato presidencial ganador tuviera más margen de maniobra para conseguir mayoría en el Congreso. Sin embargo, es difícil considerar en México una solución de este tipo cuando se ha venido a mi manera de ver equivocadamente caminando hacia la organización de elecciones simultáneas a varias niveles de poder, con el pretexto de desahogar el trabajo de los partidos y de las instituciones electorales cuando la tendencia mundial es la opuesta, en tanto se ha medido a que por efecto del arrastre del voto producen menos ganadores y generan menor representatividad. El tema es controvertido pues se ha también demostrado que las elecciones separadas pueden estar asociadas a mayor diversidad política, pero no producir mayorías parlamentarias estables, mientras con las elecciones coincidentes sucede al revés. En todo caso, el punto debe estudiarse con cuidado para examinar sus implicaciones en el caso mexicano.

Pasando al segundo tema sobre la reelección de legisladores y presidentes municipales se ha venido proponiendo como mecanismo de profesionalización y rendición de cuentas, sobre la base que la mayoría de los países la consideran. Veamos. Para la profesionalización es innecesaria, porque en los hechos existen carreras parlamentarias que salen a relucir con el paso de los políticos de una cámara a la otra. Para la rendición de cuentas sí cabe reconocer que, según se ha probado, la motivación de poder repetir en un cargo induce a un mejor desempeño pero sólo en caso de un contexto de división de poderes efectiva que se debe evaluar si cubrimos en México. Además, aplicaría exclusivamente al caso de la reelección de presidentes municipales y no a la de los legisladores porque qué tanto los ciudadanos podemos saber del desempeño de nuestros representantes. Para los presidentes municipales habría además que considerar qué tan oportuna sería su reelección en la posibilidad permanente y desgraciadamente real de ser cooptados por el crimen organizado en ciertas zonas del país.

En todo caso para entender la oposición de muchos priistas (que no de todos) a esta cuestión, cabe recordar que la Revolución Mexicana mantuvo como uno de sus principios básicos la no reelección, siendo que para legisladores se logró eliminar en 1933. Entonces el PNR quería reducir el poder de los caciques locales que amenazaban con mantenerse en las posiciones del Congreso y manejarlas como cuotas de poder regionales. La reforma pretendía fortalecer la institución partidista como institución de decisión central. Con esta medida se concentró más el poder en los presidentes, que a partir de Lázaro Cárdenas eran quienes conformaban las listas de candidatos del partido hegemónico generando lealtades.

Hacer memoria es oportuno para valorar las razones que tienen los priistas para priorizar mayor disciplina partidista y mayor circulación de élites sobre las ventajas que sin duda tiene la reelección.

La Reforma Hacendaria, una visión política

La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos, la cual deberá pasar todavía por el Senado. Este hecho puede permitir reflexionar sobre la actual administración, las características del gobierno actual, el qué tanto está pudiendo éste superar ciertos obstáculos que habían venido deteniendo el ejercicio de la política en México, y también los límites de su capacidad de maniobra.

El triunfo de Enrique Peña Nieto se dio en buena medida como resultado del desgaste del PAN en el poder y una oferta de experiencia y eficacia muy bien promocionada, pero en el contexto de una competencia mayor a la esperada por parte de otra oferta de  cambio de rumbo representada por Andrés Manuel López Obrador. El disgusto legítimo de muchos por el regreso del PRI a los Pinos, llevó al Presidente a promover en el menor tiempo posible reformas de gran calado bajo la forma de un acuerdo inusual con las fuerzas más importantes del país. El paso de la Reforma Hacendaria por el Congreso puede ser visto en esta perspectiva.

De entrada, cabe reconocer que el Presidente por un lado ni siquiera pudo mandar la propuesta que quería porque todos sabemos que su objetivo inicial era el imponer el IVA en alimentos y medicinas, para lo que ya había logrado los cambios estatutarios necesarios en su partido. Las condiciones económicas adversas le hicieron dar marcha atrás, con lo que tuvo por otro lado que incumplir con su objetivo de promover un crecimiento económico sostenido con cero déficit para mantener finanzas sanas.

Dicho lo anterior hay quienes dudan de que la reforma fiscal promovida sea más que una miscelánea fiscal. Sin embargo yo creo que sí lo es porque con la idea de promover un mayor gasto social, que no se puede dudar que se quiere, se atreve a gravar más a los empresarios aunque uno la clase media (a pesar de que se haya eliminado el IVA en colegiaturas y rentas) sigue pagando un costo proporcionalmente más elevado de la restructuración alcanzada, y dos la mayor captación de contribuyentes que pueda lograr está por verse. Creo que sí lo es porque aunque haya sido de último momento la propuesta oficial se atrevió dejar atrás el paradigma monetarista, en cuanto a lo que se refiere al financiamiento del gasto público, generando un riesgo que puede a mi juicio controlar. Así se autorizó al gobierno a endeudarse aproximadamente 1.8% sin contar Pemex, 3.5 en total, para 2014.  Pese a ello, al aumento del precio del crudo y a los temidos gasolinazos que se aplicaron, los ingresos gubernamentales no serán los esperados.

En suma por sus características la Reforma Hacendaria podrá ser, una vez que haya pasado por la Cámara de Senadores, suficiente sólo a secas, o sea  bastante menos exitosa de lo que inicialmente hubiera querido Peña Nieto. Ello quiere decir que ha decrecido la capacidad que demostró durante los primeros meses de gobierno y aún antes de asumir su puesto, al impulsar y alcanzar reformas estructurales como la laboral, la educativa y la de telecomunicaciones. Pero también pasó otra cosa. Cambió su capacidad de lograr acuerdos casi totales, pues esta reforma no la consiguió desde fuera del Congreso y en el seno del Pacto por México como otras, sino a través de intensas negociaciones parlamentarias en las que contó con los legisladores del Partido Verde y de Nueva Alianza, además de los priistas, y también con los perredistas de Nueva Izquierda y aliados, o sea “los chuchos” quienes hoy controlan la dirigencia de ese partido y han mantenido esa postura cercana al Presidente.

Lo explico más, dado que quizás es difícil entenderlo, porque las votaciones se dieron por partes y pueden confundir a la opinión pública. En términos generales, todos los partidos aprobaron los cambios en el código fiscal pero los panistas no aprobaron ni lo relativo a aduanas ni a impuestos. Los impuestos pasaron sin el apoyo de los panistas ni el apoyo de parte de otros perredistas de Izquierda Democrática más cercanos a López Obrador, ni de los legisladores de Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, al término, algunos panistas votaron a favor del digamos resumen de la Ley de Ingresos.

¿Cómo analizar lo ocurrido? Si bien está por verse la capacidad de cambio estructural que pueda lograr el Presidente con lo ya acordado más lo que pueda venir, su manera política de operar sí demuestra ser más negociadora y estar desempantanando el trabajo del Congreso a diferencia de lo ocurrido en los años de gobiernos divididos que hemos tenido en México desde 1997. En efecto, durante años nuestra ingeniería institucional conformó congresos que, si bien trabajaron, bloquearon en aspectos fundamentales a los gobiernos en turno. De aquí que se haya debatido por años y todavía se debatan posibles cambios a esta ingeniería. En el inter, Peña Nieto ha tenido que convivir con lo que tiene. Lo ha conseguido hacer, lo cual no es un mérito menor, con una política que se demuestra flexible, que procura jalar a todos y sabe dejar atrás lo que la atora y a quienes lo atoran. Así dejó atrás en esta ocasión a los panistas como se puede prever que dejará atrás a los perredistas en la Reforma Energética.

Sin embargo, es una política que logra aliados a mucho costo y que todavía pierde mucho en el camino. Además es una política cuyo éxito como ya se dijo no está asegurado, de frente a los grandes problemas del país y la inconformidad e inseguridad crecientes, con lo que resulta un importante inconveniente el que pese a tener todavía una muy buena publicidad, no consiga ofrecer todas las explicaciones y todos los  argumentos necesarios a su favor, para defenderse de sus críticos cada vez más fortalecidos. A mi juicio esto se debe en parte a que es una política demasiado centralizada, que no permite la autonomía necesaria a los miembros del equipo para desenvolverse.

Segunda vuelta electoral

En medio de un debate público que ha abierto distintos, y a mi parecer demasiados frentes, como son las discusiones en torno a la respuesta gubernamental a movimientos sociales (tal es el caso del que protagoniza la CNTE) o a las emergencias climatológicas recientes, o bien en torno a las propuestas de reformas energética y hacendaria, destacan las controversias que genera la reforma política que supuestamente se discute en el seno del Pacto por México (pero ha rebasado este espacio), donde se han expuesto demandas como es la creación de un Instituto Nacional Electoral y regresado a la luz discusiones que abortaron en la reforma de 2011 como son la reelección de legisladores o la instauración de la segunda vuelta electoral. Sobre este último tema, haremos nuestro comentario la mañana de hoy.

La segunda vuelta es una demanda del PAN desde 2009. Actualmente aquellos senadores encabezados por Ernesto Cordero de este partido son los que han presionado para que de nueva cuenta entre en la mesa de negociaciones. De hecho ha obtenido un apoyo irregular por parte del PRD, mientras el PRI se sigue oponiendo a ella. Igualmente cabe reconocer que es bien vista por la mayoría de los especialistas y en particular por el Presidente del IFE, Leonardo Valdés, quien ha declarado que podría ayudar a evitar conflictos poselectorales derivados de elecciones cada vez más cerradas. En la misma línea, de cincuenta países donde el Jefe de Estado es electo por sufragio universal como el nuestro, cuarenta contemplan el mecanismo contra diez que no lo hacen.

La pregunta ineludible es si en México debemos inclinarnos inevitablemente por las fórmulas más populares y más frecuentes de ingeniería institucional, y yo responde con un rotundo no. No debemos tomar una decisión precipitada sobre este punto, es decir instaurar la segunda vuelta  con falsas razones y por intereses políticos que pueden no medir sus consecuencias, llevar a un debilitamiento de nuestro sistema de partidos de por sí endeble y a complicados enfrentamientos. Aceptar la segunda vuelta sin una discusión de fondo, no puede ser parte del precio a pagar por la actual administración por ninguna otra  reforma por urgente que parezca.

Veamos en detalle. Quienes justifican la segunda vuelta lo hacen por dos razones: legitimidad y gobernabilidad. En lo que se refiere al primer punto, sostengo que no es seguro que la receta le genere más legitimidad a la figura del Presidente de la República en la medida en la que los arreglos cupulares entre los partidos políticos para producir las coaliciones, que para tal efecto se conformen, pueden en los hechos distorsionar la primera voluntad de los electores. ¿Cómo definir el porcentaje mínimo de votos que debe tener un candidato para ser legítimo, qué diferencia de puntos debe mantener con el segundo lugar? Es indudable que depende del número de partidos, elemento que hasta ahora no se está tomando en cuenta, como tampoco se está tomando en cuenta el nivel de dispersión y de polarización de nuestro sistema de partidos.

La legitimidad de origen de un mandatario, que por cierto puede revertirse en el ejercicio de gobierno, depende de varios factores adicionales a un resultado electoral que refleje suficiente margen de ganancia. En efecto depende también de la transparencia misma de los procesos. Sobre este punto en el país tenemos instituciones que a lo largo de los últimos años organizan bien los procesos electorales y cuentan bien los votos, mas éstos no logran obtener plena credibilidad siendo el déficit de las elecciones estatales mayor que el de las elecciones federales. Sin embargo las elecciones presidenciales tanto de 2006 y 2012 siendo federales produjeron impugnaciones por su importancia. Así, no se logrará una credibilidad total en los procesos electorales mientras se siga sospechando de un involucramiento de las autoridades en ellos, mientras no haya control pleno de los recursos y de su uso en las campañas, ni mientras los perdedores no se acepten como tales y obtengan ventajas políticas al señalar que las elecciones fueron fraudulentas aún si no pueden probar que lo hayan sido.

¿Quien puede garantizar que los resultados de una segunda vuelta electoral no sean también cerrados? ¿Quien puede garantizar que la segunda vuelta evite impugnaciones?                

La segunda vuelta me parece oportuna para sistemas de partidos más fragmentados y dispersos que el nuestro. El nuestro es un sistema de partidos que está teniendo a crecer, dado el peso en aumento de los llamados partidos chicos y  dado también la perspectiva de que entren en escena en un futuro próximo nuevos partidos, pero que sigue siendo de tres partidos grandes PRI, PAN y PRD que son los que cuentan a nivel del diseño de las políticas públicas nacionales de forma tal que se han cartelizado. Dada la intensa competitividad entre ellos, estos partidos tienden a hacer a nivel subnacional coaliciones pragmáticas y frágiles con los partidos chicos e incluso entre ellos. En este contexto PAN y PRD, sobre todo, sufren una gran tensión la cual sumada a su origen produce partidos poco unificados. En consecuencia podrían verse afectados por las decisiones que tomen sus líderes respecto a su inclusión en determinadas coaliciones en vistas a segundas vueltas presidenciales; asimismo podrían perder aún más representatividad. De todo ello podría resultar mayor debilitamiento del sistema de partidos.

De hecho, en el entendido que las ingenierías institucionales deben siempre reconsiderarse me abro a la discusión de la segunda vuelta, pero mi posición es poner en duda en estos momentos las bondades de tal fórmula en México, a la luz de una mayor reflexión sobre el punto que señale también a sus inconvenientes. Cuestiono el que nuestra democracia y nuestro sistema de partidos estén suficientemente maduros para la misma y no como algunos dicen porque sea mejor transitar hacia gobiernos de coalición y ambos mecanismos sean excluyentes. De hecho no lo son como también es cuestionable que tanto gobiernos de coaliciones como  segundas vueltas sean los únicos mecanismos que puedan producir más gobernabilidad en el país.

De ello podemos hablar en otra ocasión.

Polémica Asamblea del PAN

El sábado pasado se llevó a cabo la XVII Asamblea Extraordinaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el que se continuó con el trabajo interrumpido el pasado 16 de abril por falta de quorum, y se aprobaron nuevos estatutos para el partido. Su dirigente Gustavo Madero apuró una sesión de por sí rápida en la que apenas se había logrado el quorum indispensable con 4,934 delegados, la cual terminó en una votación a mano alzada (se requerían dos terceras partes de votos) a favor de sus intereses, en la que no se pudo controlar el enojo de sus opositores (hubieron gritos e insultos); en consecuencia algunos de ellos afirman que buscarán llegar  hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular lo aprobado. ¿Qué se aprobó? ¿Por qué se buscaban estos nuevos estatutos? ¿Qué se espera? ¿Qué consecuencias tiene ello para el gobierno actual? ¿Qué tan profunda y grave es la crisis del PAN? Éstas son algunas de las preguntas que quiero intentar responder en este comentario.

Entre lo aprobado existen puntos que según entiendo no provocaron críticas como son la eliminación de la figura de militantes adherentes paralela a las nuevas facilidades que se ofrecen para la afiliación de ciudadanos, con facultades pero obligaciones como son el refrendo permanente y la imposición de cuotas, si bien se da paso a expulsiones expeditas a militantes que incurran en faltas. Otros aspectos relativos a una mayor federalización del instituto político tampoco generaron mayor controversia. Así la polémica radica  en lo que la dirigencia destaca como un paso histórico para la democratización interna del partido, a saber el rompimiento con la estructura de cuadros del PAN a través de la elección directa por la militancia de su Presidente Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Nacional el cual amplía su tamaño, así como el compromiso de que las designaciones de candidaturas a puestos de elección popular sean sólo excepcionales.

Madero debe creer que en esta supuesta democratización radica su posibilidad de relegirse a final de año en la dirigencia panista, mientras que sus adversarios que buscan retomar las riendas del PAN se oponen a ello con una posición que al menos yo apoyo, que es que las elecciones directas no son forzosamente más democráticas que las representativas y pueden producir problemas internos que debiliten a los partidos. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) nos ha dado varios ejemplos de ello. Sobre este punto, destacan además dos asuntos.

Madero no las tiene todas con él, porque según la encuesta publicada el domingo por el periódico Reforma en una muestra de más de 500 delegados a la Asamblea del domingo Josefina Vázquez Mota con 34% supera con 20 puntos las preferencias que tiene Madero como líder ideal, y también lo superan Margarita Zavala y Ernesto Cordero. Juntos, ambos calderonistas suman 37% de las preferencias contra 14% de Madero.

Por otra parte puede dudarse de la sinceridad de la supuesta voluntad democratizadora del PAN si se observa que, a la par de los cambios que ya mencionamos, se aprobó también la integración de una Comisión Permanente compuesta por 60 personas: el presidente nacional, el secretario general, 40 militantes, 27 propuestos por el presidente y 13 electos por el Consejo Nacional, los coordinadores parlamentarios, expresidentes nacionales, cinco jefes estatales, los gobernadores panistas y en su caso el Presidente de la República si fuera del blanquiazul, comisión a la que se piensan trasladar funciones importantes tales como la definición de la línea política, la agenda legislativa y la aprobación de alianzas electorales. A la vez, carteras claves se reservan a ser designadas por el líder del partido. De continuar en el PAN, es obvio que Madero no querría estar atado de manos por la supuesta democratización recién aprobada.

En todo caso, golpeado pero aparentemente airoso sale Madero de este round con sus oponentes, victoria que le fue en buena parte posible por haber podido sacar en las pasadas elecciones locales resultados que tienen una lectura positiva para los intereses panistas, pero tendrá que pasar por la aprobación final (interna y por las autoridades competentes) de los nuevos estatutos y por los recursos de apelación si es que son interpuestos.

Al parecer les viene ganando la partida a los calderonistas con los resultados electorales mencionados, el desplazamiento de Ernesto Cordero como cabeza de la bancada en el Senado y estos acuerdos, si bien haya sometido a su partido a graves tensiones internas y más que vienen por estas disposiciones y sobre todo por su política de oposición leal al gobierno de Enrique Peña Nieto. De Peña Nieto ha recibido el apoyo de ser su interlocutor y de tenderle la mano en lo posible para que siga siéndolo. A pesar de que en materia electoral el discurso de Madero fue y sigue siendo el que el PRI se aferra a procesos poco transparentes, los resultados de julio pasado hablan de una pluralidad que llegó para quedarse y benefició a todos en mayor o menor medida. Es obvio que en respuesta, el gobierno espera la aprobación de reformas bastante más difíciles que las que ya se resolvieron, en especial la energética y la hacendaria, aprobación por la que seguramente contempla pagar un costo que puede ser la reforma política. En esta nueva etapa, Peña Nieto debe saber que quizás tenga sólo al PAN de su lado, en tanto se espera una negociación con el PRD muy delicada y quizás imposible.                     

El panorama para los distintos actores de la política nacional resulta incierto. El gobierno es el que más cartas tiene en la mano y puede hacer varias jugadas. Las dirigencias de los partidos de oposición están jugando  a su lado para lograr su fortalecimiento y sobrevivencia; con ello le están ganando con tropiezos a sus compañeros de otros grupos, a pesar de poner en riesgo a sus propios partidos. Así veo al menos yo lo que sucedió el pasado fin de semana en la Asamblea del PAN la cual reveló tensiones desbordadas, que con el tiempo pueden escindirlo gravemente y afectar sus clientelas.

La popularidad de Peña Nieto

Hace poco más de dos semanas se dio a conocer la encuesta trimestral de GEA-ISA sobre la popularidad del Presidente de México con resultados bastante encontrados en relación a aquellos que sobre el mismo tema publicó ayer el periódico Reforma, asunto que merece nuestra atención.

Según GEA-ISA, la imagen de Enrique Peña Nieto cayó 10 puntos de abril a julio. Las cifras para la actual administración resultan malas al grado que únicamente son dos puntos superiores a la aprobación que tenía Felipe Calderón al finalizar su sexenio, o sea 45% de los mexicanos aprueban su labor frente a 43% que aprobaban al expresidente en noviembre pasado. Además otros datos hablan de que no se percibe cambio alguno en la manera de gobernar: sólo 18% cree que el nuevo gobierno es diferente y más de la mitad piensa que su papel respecto a la pobreza, la seguridad o la corrupción es igual. En concreto casi 50% también considera que la situación económica es peor que la del año pasado.

Otras mediciones interesantes presentadas por esa casa encuestadora traducen: uno, poco conocimiento de las medidas implementadas por Peña Nieto pese a su nivel de exposición en los medios, ya sean éstas la Cruzada contra el Hambre e incluso el Pacto por México del que sabe 40% de la población; dos, aún menos aprobación del trabajo del gabinete e identificación de acciones de gobierno concretas; y tres, una disposición de alrededor de 50% por participar en acciones de protesta sobre los temas que más preocupan o sea el económico y la inseguridad, seguidos de la corrupción.

La información anterior se interpreta como que el crédito ciudadano con el que el Presidente llegó a los Pinos empieza a terminarse. Los analistas de la encuestadora dicen que los mexicanos tenían muchas expectativas en la alternancia y no han visto resultados que lleguen a sus bolsillos, a pesar que el tiempo corre. Por el contario persisten los problemas de empleo y los precios de los alimentos han aumentado deteriorando a los grupos más vulnerables, mientras el estancamiento de las clases medias se acentúa. Por otra parte se mantiene la violencia en el país por lo que se han fortalecido los grupos de defensa comunitarios. Todo ello explica que las acciones de gobierno estén siendo poco valoradas en términos de beneficios concretos e inmediatos.

En contraste con estos resultados la publicación de ayer refleja una calificación del trabajo del Presidente por parte de la ciudadanía que del primero de abril al 29 de julio sigue siendo de 6.3. Por lo que toca a la aprobación de su labor, ésta es del 52% de la población, incluso dos puntos superior que en la medición anterior. Ahora bien, las cifras se presentan por rubros e incluyen los porcentajes de desaprobación que en términos generales sí ha crecido de 30 a 38 puntos porcentuales.

Así los rubros mejor calificados cuya aprobación mejoró 5% o más  y que incluso disminuyeron en desaprobación fueron narcotráfico, política exterior, seguridad pública y salud. En orden decreciente salieron bien librados también: educación, combate a la pobreza y política interna. En suma, en todos los rubros aumenta la opinión favorable pero en algunos crecen también las críticas como en materia económica y en lucha contra la corrupción.

¿Qué hay entonces detrás de la disparidad de los resultados que se percibe en los dos estudios aludidos? Creo que el asunto radica en el hecho que el periódico Reforma presenta los resultados obtenidos en las encuestas a ciudadanos, separados de aquellas opiniones que emiten los que ellos llaman líderes. Éstos parecen tener un juicio muy distinto en tanto su calificación del trabajo del Presidente Peña bajó en el mismo período de 7.1 a 6.5. En julio un porcentaje de 67% bastante mayor que el de la población en su conjunto aprueba la forma en que está haciendo su trabajo, pero ello significa sin embargo un descenso de once puntos porcentuales, mientras 32% contra 20% en abril desaprobaba su gestión.

Entrando en detalle, cabe señalar que no se presentan datos de evaluación del combate al narcotráfico, pero para los líderes sólo en el rubro de seguridad subieron 7% las opiniones favorables y casi igualmente disminuyeron aquellas desfavorables. Ni siquiera la política interna, el combate a la pobreza, la salud o la política exterior son rubros que no sean castigados, pero son los renglones del manejo de la economía del país y de educación en los que más se resienten la pérdida de confianza y el desacuerdo con las políticas del actual gobierno.

Para mi, a diferencia de lo que expresen los analistas de GEA-ISA, lo que está sucediendo es que la política de Enrique Peña Nieto sí está teniendo una buena difusión mediática que se traduce en un apoyo sostenido de la ciudadanía en general, mas empieza seriamente a recibir las críticas de los especialistas luego de un comienzo de sexenio bastante espectacular que pudo haber deslumbrado sobre todo  por el Pacto que no se esperaba, y de los primeros consensos legales que produjo, si bien hoy pese a elecciones con resultados plurales las dificultades políticas del futuro inmediato se hacen sentir en un contexto que complica una economía que no mejora.

La agenda legislativa es enorme. El Senado, que se ha convertido en un cuerpo muy complicado más por las pugnas interpartidistas del PAN, no ayudó con su negativa de trabajar de forma extraordinaria este verano, y en la Cámara de Diputados este mes ya se evidenció que no se puede avanzar en temas polémicos, si no se negocian en conjunto. Por ejemplo ni siquiera el PRI prefirió imponer al consejero faltante del IFE si no podía venderle a mi juicio a los otros partidos un acuerdo favorable para otros nombramientos, en un reparto una vez más por cuotas como seguramente desearía hacerlo en octubre cuando postergando esta selección podrían nombrarse cuatro miembros  del Consejo General.

Así las cosas, si está sintiéndose una lentitud en el avance de la agenda gubernamental, no debería ella esclavizarse al trabajo parlamentario como parece que se está haciendo.

Elecciones locales 2013, resultados

Las elecciones del pasado 7 de julio en 14 entidades del país, más aquella extraordinaria celebrada en un distrito de Sonora, primeras de este sexenio en el cual el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha regresado al poder, demostraron los alcances y deficiencias de nuestra joven democracia. Fue evidente el clima de violencia y denuncias en las que fueron envueltas, el desinterés también que despertaron en donde gobiernos y partidos se jugaban más que la ciudadanía. Sin embargo pese al abstencionismo que reflejaron, soy de las que creen que debe éste ponerse en perspectiva, que es de constatarse que los electores demostraron más capacidad democrática que los propios políticos y que el panorama que dejaron las contiendas rebasa la capacidad de análisis de los especialistas.

Las cifras electorales aún no oficiales ponen de manifiesto una pluralidad política irreversible en el país. La proporción de quienes acudieron a las urnas fue mayor en aquellas entidades en las que el voto se dividió más, y demuestra más interés y conocimiento de la vida pública de la que generalmente se reconoce. No valió así que los priistas ocuparan los Pinos y gobernaran diez de los catorce estados para que el PRI fuera por ejemplo cuestionado en Coahuila en donde se sintió el efecto Moreira, mientras en otros estados con la misma presencia tricolor hegemónica como Chihuahua e Hidalgo la oposición casi no pintara, o pintara menos como en Durango. A mi parecer hay igualmente pruebas de un voto inteligente en  el comportamiento diferenciado de los electores en donde recién el PRI ha regresado a los gobiernos estatales, y ello habla de menor apoyo a los mandatarios de Aguascalientes o Tlaxcala que al de Zacatecas. En la lógica de que la distribución del voto me ha parecido en buena medida una evaluación de las administraciones regionales, me explico también la mayor capacidad del PRI de competir de frente al gobierno de coalición de Oaxaca que opera en un contexto político complicado, a diferencia de lo que sucede en Puebla en donde los priistas se borraron.

Finalmente quienes insisten en hacer parecer que la democracia mexicana es menos madura de lo que lo es, son sobre todo los dirigentes partidistas particularmente del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Si el PRI envuelto en contradicciones se  jugaba en estas elecciones un predominio que no le fuera contraproducente a su líder de facto Enrique Peña Nieto, las cabezas de esos dos partidos enfrentaban a sus oposiciones internas con un serio peligro sobre todo en el PAN de sucumbir si no levantaban a su partido del tercer lugar en el que cayó en 2012, o demostraban en el caso del PRD que podían vivir sin Andrés Manuel López Obrador. Así se explica su política de acusación sin pruebas convincentes de que se habían reciclado los peores vicios del pasado autoritario de México, política que se desplegó por adelantado a resultados que pudieran serles adversos los cuales como pudimos constatar no lo fueron. Lo hicieron según entiendo para protegerse, pese a que con ello dañaban la legitimidad de nuestras instituciones. Lo que no entiendo es que ahora que salieron airosos, más los panistas que los perredistas desde luego, insistan todavía el fin de semana pasado en sus decires y exijan sic al Presidente investigar y castigar a los delincuentes electorales para permanecer en el Pacto. Su poder de amenaza puede estar fortaleciéndolos, pero debilita nuestra democracia de la que no se pueden decir los únicos garantes.

En este contexto los analistas poco ayudan cuando sostienen falacias como la de un ambiente de violencia que inhibe la participación, cuando se ha demostrado que no hay correlación entre el aumento del crimen organizado y el abstencionismo (un ejemplo sería el mismo caso de Tamaulipas), o bien cuando sobredimensionan la capacidad de los gobernadores de controlar las elecciones en sus entidades. Si así fuera: ¿Cómo explicar las derrotas de sus partidos? ¿Como incapacidad, quizás?  ¿De verdad tenemos que creer por ejemplo que en Quintana Roo  y Veracruz fueron más hábiles, más manipuladores Roberto Borge y Javier Duarte que algunos otros colegas del mismo partido? ¿Debemos creer en mayor despliegue en dichas entidades de recursos clientelistas? Los gobernadores tienen capacidad pero limitada de operar a su favor y a veces, como en Sinaloa lo hizo Malova, no operan exclusivamente para quienes los llevaron al poder.

Los analistas caemos en ocasiones en explicaciones demasiado simplistas, como decir que Baja California fue una concesión del gobierno federal a Gustavo Madero, que reflejan un desconocimiento de los complicados mecanismos que construyen las preferencias electorales y su expresión. Sí es cierto que a Peña Nieto le convino que los priistas perdieran en la entidad, sí es cierto que el candidato del PRI Fernando Castro Trenti ni era suyo sino del grupo de Manlio Fabio Beltrones,  sí es cierto que a los priistas norcalifornianos los dejaron solos, pero el hecho es que los priistas también llegaron divididos a la campaña, que menos desgastados que los panistas en el gobierno estatal desde 1989 habían reconquistado gobiernos municipales que no convencieron, que el estado es fuertemente bipartidista, que resultados similares se vieron hace seis años y que la campaña de Francisco (Kiko) Vega fue de más a menos, fue más efectiva y su triunfo confirmó la tendencia en el país de que los resultados se definan por mínimas diferencias de donde las coaliciones cuentan, como en este caso le favoreció al ganador el que el PAN fuera con el PRD e incluso Nueva Alianza, mientras representó un serio peligro la división de la izquierda o sea el que el Partido del Trabajo (PT) se aliara al PRI e incluso Movimiento Ciudadano fuera independiente.

El hecho es que el estudio de las pasadas elecciones se vuelve muy complicado por la interrelación de demasiados factores y de lógicas encontradas, como las de los partidos mal llamados chicos que se convierten en protagonistas que definen victorias y derrotas. Al menos no caigamos en errores como seguir defendiendo la centralización de la organización electoral a través de propuestas tales como la necesidad urgente de crear un Instituto Nacional Electoral bajo pretextos que estas elecciones dada la pluralidad que reflejaron echan abajo, como es atacar de parcialidad a los institutos electorales estatales los cuales si bien tienen que mejorar sus tecnologías como es la de los PREPs no son menos controlados por los partidos que el mismo IFE, como  vimos en la  larga discusión que culminó ayer en el Consejo General de las multas por rebase de topes de campañas en el 2012.

Elecciones locales 2013

El clima persistente de corrupción y violencia en el país ha contaminado no sólo los procesos electorales locales que culminarán el domingo próximo sino también la capacidad de análisis de los mismos, de suerte que no han generado la atención debida en cuanto a la distribución de las preferencias que posiblemente arrojen y su significado.

El domingo próximo habrá elecciones en catorce entidades del país. En Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas de diputados locales y alcaldes, como en Baja California Norte en donde además se elegirá gobernador. Mientras en Coahuila sólo están en juego las presidencias municipales, y en Hidalgo la recomposición del Congreso.

Más allá del escándalo que estos procesos generaron en cuanto al reclamo por sospechas de uso clientelar de los programas sociales que destapó el Partido Acción Nacional (PAN) y secundó el de la Revolución Democrática (PRD) poniendo en peligro la supervivencia del Pacto por México hasta que Enrique Peña Nieto ideó el firmar un adendum a este compromiso para que todos los gobiernos sacaron las manos de los mismos, y de los lamentables sucesos de atentados contra ciertos aspirantes algunos de los cuales cobraron vidas, poco se ha escrito sobre estos procesos que siguen guardando una lógica muy particular si bien este año a mi parecer se ven más impactados que en otras ocasiones en elecciones de este tipo por la coyuntura de los partidos políticos a nivel nacional y por el proyecto de gobierno y las prioridades que la actual administración federal persigue.

Las elecciones locales que vienen nos están revelando un panorama político plagado de contradicciones. Al parecer el Presidente puede incluso con honestidad pedir una elección limpia, pero a decir de las acusaciones que persisten algunas autoridades priistas mantienen oídos sordos, mientras panistas y perredistas desarrollan un comportamiento que no resulta mucho más trasparente. Así nos están revelando un México en donde los acuerdos y la ley se violan con bastante impunidad, un México en donde el estado de derecho está en crisis, si bien este clima no puede achacarse exclusivamente al crimen organizado.

En los últimos días en Coahuila y Tamaulipas varios candidatos recibieron amenazas para retirarse de las contiendas. En Veracruz tanto hubo un ataque con bombas molotov contra la comitiva del equipo de campaña de un aspirante a presidente municipal del PAN, como otro a balazos contra un candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En Quintana Roo fueron incendiados vehículos del PRD en un municipio, en Chihuahua murió un aspirante del PRI a alcalde y en Oaxaca un dirigente del PRD, a la vez que se llevó a cabo un atentado contra una candidata priista a diputada a raíz del cual fallecieron su esposo y una sobrina. Finalmente en Sinaloa fue asesinado un candidato suplente a regidor de la alianza PAN-PRD-Partido del Trabajo (PT) y el hijo de un coordinador de la campaña del PRI de la misma presidencia municipal.

Este panorama es una pena, pero no nos debe opacar otra parte de lo que está detrás de estas elecciones. Para resaltar su relevancia, cabe indicar el que están en juego 2,181 cargos públicos y poco más de la mitad de los gobiernos municipales del país. Su resultado nos va a hablar mucho de las características del sistema político que se ha venido construyendo en México y el punto en que lo ha impactado el regreso del PRI a los Pinos. En principio hemos sido de aquellos que han sostenido que este tipo de elecciones están insertas en una dimensión subnacional del poder que interactúa sólo parcialmente con la dinámica federal de la política, lo cual nos ha llevado a advertir que a ese nivel regional el PRI se mantuvo implantado durante los gobiernos panistas, a comprender su buen desempeño en elecciones locales y que cuando pudo resolver una candidatura presidencial sin dividirse sobrevino la segunda alternancia que lo regresó al poder. En este sentido es de esperarse que a las próximas contiendas llegue con una gran ventaja, aunque paradójicamente del propio gobierno de Peña Nieto puede estar emanando el apostar por resultados plurales que le mantengan tanto al PAN como al PRD como partidos aliados en la persecución de las reformas estratégicas que busca.

Algo más: la diferencia de los juegos subnacionales con los nacionales la expresan especialmente los llamados partidos chicos y da como resultado un escenario complejo. El Partido Verde Ecologista de México va con el PRI en casi todos los estados; en pocos de ellos su alianza es parcial como en Tamaulipas o Tlaxcala y en Zacatecas juega solo. El PT se presenta  independiente en casi todas las entidades mas va con el PRI en Baja California Norte y Chihuahua, y con la alianza PAN-PRD en Oaxaca y Puebla pero no en Puebla. El Partido Nueva Alianza se presenta en coalición con los mismos partidos en Baja California Norte y Puebla, y con el PRI en Chihuahua y Sinaloa y parcialmente en Tamaulipas y Veracruz. Por último Movimiento Ciudadano es el partido que mas le apostó a crecer en una vía autónoma y puede como el año pasado lo hizo en Jalisco dar algunas sorpresas en algunas capitales como Aguascalientes o Oaxaca.

En este escenario me atrevo a pronosticar que las cifras que arrojen las contiendas en cada entidad dependerán de qué partido detenta ahí el poder estatal, siendo que lo detenta en la mayoría salvo en Baja California Norte (donde gobierna el PAN desde 1989 y donde en la renovación del ejecutivo sufrirá de su desgaste si bien enfrenta a un PRI que desde hace unos años gobierna algunos municipios con resultados cuestionados), y en los emblemáticos estados donde en 2010 coaliciones del PAN y el PRD fueron triunfadoras  a saber Oaxaca, Puebla y Sinaloa donde hoy estos partidos repiten con buenos augurios la experiencia, y la extienden a otras entidades como Baja precisamente.  

Los resultados dependerán también de que tan predominante es en cada estado el PRI que lo es en Chihuahua y en Coahuila (en donde la coalición antipri poco parece estar afectándolo), como lo es poco menos en Tamaulipas o Hidalgo. Así los resultados a mi parecer serán para el PRI menos buenos en aquellas entidades recién recuperadas como Aguascalientes, Tlaxcala y Zacatecas, o donde la oposición ha venido ganando terreno como Durango, Veracruz y Quintana Roo. En ellas las coaliciones antisistema representan una amenaza para los priistas y las hay formales y totales en Aguascalientes, Durango y Zacatecas, como informales y parciales en Veracruz y Quintana Roo. Por lo que toca a Tlaxcala la competencia apunta a ser intensa.

En suma el fenómeno de las coaliciones antipri, como hace tres años, se avecina de mucha relevancia en la interpretación de las contiendas del 7 de julio. El priismo regional no tiene todo en sus manos. Pese a sus disputas internas, los panistas con base en un electorado fiel están dispuestos a consolidarse como segunda fuerza, y los perredistas a seguir abanderando a la  izquierda en una posición moderada de frente a la escisión radical expresada en la emergencia de Morena.