Polémica Asamblea del PAN

El sábado pasado se llevó a cabo la XVII Asamblea Extraordinaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el que se continuó con el trabajo interrumpido el pasado 16 de abril por falta de quorum, y se aprobaron nuevos estatutos para el partido. Su dirigente Gustavo Madero apuró una sesión de por sí rápida en la que apenas se había logrado el quorum indispensable con 4,934 delegados, la cual terminó en una votación a mano alzada (se requerían dos terceras partes de votos) a favor de sus intereses, en la que no se pudo controlar el enojo de sus opositores (hubieron gritos e insultos); en consecuencia algunos de ellos afirman que buscarán llegar  hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular lo aprobado. ¿Qué se aprobó? ¿Por qué se buscaban estos nuevos estatutos? ¿Qué se espera? ¿Qué consecuencias tiene ello para el gobierno actual? ¿Qué tan profunda y grave es la crisis del PAN? Éstas son algunas de las preguntas que quiero intentar responder en este comentario.

Entre lo aprobado existen puntos que según entiendo no provocaron críticas como son la eliminación de la figura de militantes adherentes paralela a las nuevas facilidades que se ofrecen para la afiliación de ciudadanos, con facultades pero obligaciones como son el refrendo permanente y la imposición de cuotas, si bien se da paso a expulsiones expeditas a militantes que incurran en faltas. Otros aspectos relativos a una mayor federalización del instituto político tampoco generaron mayor controversia. Así la polémica radica  en lo que la dirigencia destaca como un paso histórico para la democratización interna del partido, a saber el rompimiento con la estructura de cuadros del PAN a través de la elección directa por la militancia de su Presidente Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Nacional el cual amplía su tamaño, así como el compromiso de que las designaciones de candidaturas a puestos de elección popular sean sólo excepcionales.

Madero debe creer que en esta supuesta democratización radica su posibilidad de relegirse a final de año en la dirigencia panista, mientras que sus adversarios que buscan retomar las riendas del PAN se oponen a ello con una posición que al menos yo apoyo, que es que las elecciones directas no son forzosamente más democráticas que las representativas y pueden producir problemas internos que debiliten a los partidos. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) nos ha dado varios ejemplos de ello. Sobre este punto, destacan además dos asuntos.

Madero no las tiene todas con él, porque según la encuesta publicada el domingo por el periódico Reforma en una muestra de más de 500 delegados a la Asamblea del domingo Josefina Vázquez Mota con 34% supera con 20 puntos las preferencias que tiene Madero como líder ideal, y también lo superan Margarita Zavala y Ernesto Cordero. Juntos, ambos calderonistas suman 37% de las preferencias contra 14% de Madero.

Por otra parte puede dudarse de la sinceridad de la supuesta voluntad democratizadora del PAN si se observa que, a la par de los cambios que ya mencionamos, se aprobó también la integración de una Comisión Permanente compuesta por 60 personas: el presidente nacional, el secretario general, 40 militantes, 27 propuestos por el presidente y 13 electos por el Consejo Nacional, los coordinadores parlamentarios, expresidentes nacionales, cinco jefes estatales, los gobernadores panistas y en su caso el Presidente de la República si fuera del blanquiazul, comisión a la que se piensan trasladar funciones importantes tales como la definición de la línea política, la agenda legislativa y la aprobación de alianzas electorales. A la vez, carteras claves se reservan a ser designadas por el líder del partido. De continuar en el PAN, es obvio que Madero no querría estar atado de manos por la supuesta democratización recién aprobada.

En todo caso, golpeado pero aparentemente airoso sale Madero de este round con sus oponentes, victoria que le fue en buena parte posible por haber podido sacar en las pasadas elecciones locales resultados que tienen una lectura positiva para los intereses panistas, pero tendrá que pasar por la aprobación final (interna y por las autoridades competentes) de los nuevos estatutos y por los recursos de apelación si es que son interpuestos.

Al parecer les viene ganando la partida a los calderonistas con los resultados electorales mencionados, el desplazamiento de Ernesto Cordero como cabeza de la bancada en el Senado y estos acuerdos, si bien haya sometido a su partido a graves tensiones internas y más que vienen por estas disposiciones y sobre todo por su política de oposición leal al gobierno de Enrique Peña Nieto. De Peña Nieto ha recibido el apoyo de ser su interlocutor y de tenderle la mano en lo posible para que siga siéndolo. A pesar de que en materia electoral el discurso de Madero fue y sigue siendo el que el PRI se aferra a procesos poco transparentes, los resultados de julio pasado hablan de una pluralidad que llegó para quedarse y benefició a todos en mayor o menor medida. Es obvio que en respuesta, el gobierno espera la aprobación de reformas bastante más difíciles que las que ya se resolvieron, en especial la energética y la hacendaria, aprobación por la que seguramente contempla pagar un costo que puede ser la reforma política. En esta nueva etapa, Peña Nieto debe saber que quizás tenga sólo al PAN de su lado, en tanto se espera una negociación con el PRD muy delicada y quizás imposible.                     

El panorama para los distintos actores de la política nacional resulta incierto. El gobierno es el que más cartas tiene en la mano y puede hacer varias jugadas. Las dirigencias de los partidos de oposición están jugando  a su lado para lograr su fortalecimiento y sobrevivencia; con ello le están ganando con tropiezos a sus compañeros de otros grupos, a pesar de poner en riesgo a sus propios partidos. Así veo al menos yo lo que sucedió el pasado fin de semana en la Asamblea del PAN la cual reveló tensiones desbordadas, que con el tiempo pueden escindirlo gravemente y afectar sus clientelas.

La popularidad de Peña Nieto

Hace poco más de dos semanas se dio a conocer la encuesta trimestral de GEA-ISA sobre la popularidad del Presidente de México con resultados bastante encontrados en relación a aquellos que sobre el mismo tema publicó ayer el periódico Reforma, asunto que merece nuestra atención.

Según GEA-ISA, la imagen de Enrique Peña Nieto cayó 10 puntos de abril a julio. Las cifras para la actual administración resultan malas al grado que únicamente son dos puntos superiores a la aprobación que tenía Felipe Calderón al finalizar su sexenio, o sea 45% de los mexicanos aprueban su labor frente a 43% que aprobaban al expresidente en noviembre pasado. Además otros datos hablan de que no se percibe cambio alguno en la manera de gobernar: sólo 18% cree que el nuevo gobierno es diferente y más de la mitad piensa que su papel respecto a la pobreza, la seguridad o la corrupción es igual. En concreto casi 50% también considera que la situación económica es peor que la del año pasado.

Otras mediciones interesantes presentadas por esa casa encuestadora traducen: uno, poco conocimiento de las medidas implementadas por Peña Nieto pese a su nivel de exposición en los medios, ya sean éstas la Cruzada contra el Hambre e incluso el Pacto por México del que sabe 40% de la población; dos, aún menos aprobación del trabajo del gabinete e identificación de acciones de gobierno concretas; y tres, una disposición de alrededor de 50% por participar en acciones de protesta sobre los temas que más preocupan o sea el económico y la inseguridad, seguidos de la corrupción.

La información anterior se interpreta como que el crédito ciudadano con el que el Presidente llegó a los Pinos empieza a terminarse. Los analistas de la encuestadora dicen que los mexicanos tenían muchas expectativas en la alternancia y no han visto resultados que lleguen a sus bolsillos, a pesar que el tiempo corre. Por el contario persisten los problemas de empleo y los precios de los alimentos han aumentado deteriorando a los grupos más vulnerables, mientras el estancamiento de las clases medias se acentúa. Por otra parte se mantiene la violencia en el país por lo que se han fortalecido los grupos de defensa comunitarios. Todo ello explica que las acciones de gobierno estén siendo poco valoradas en términos de beneficios concretos e inmediatos.

En contraste con estos resultados la publicación de ayer refleja una calificación del trabajo del Presidente por parte de la ciudadanía que del primero de abril al 29 de julio sigue siendo de 6.3. Por lo que toca a la aprobación de su labor, ésta es del 52% de la población, incluso dos puntos superior que en la medición anterior. Ahora bien, las cifras se presentan por rubros e incluyen los porcentajes de desaprobación que en términos generales sí ha crecido de 30 a 38 puntos porcentuales.

Así los rubros mejor calificados cuya aprobación mejoró 5% o más  y que incluso disminuyeron en desaprobación fueron narcotráfico, política exterior, seguridad pública y salud. En orden decreciente salieron bien librados también: educación, combate a la pobreza y política interna. En suma, en todos los rubros aumenta la opinión favorable pero en algunos crecen también las críticas como en materia económica y en lucha contra la corrupción.

¿Qué hay entonces detrás de la disparidad de los resultados que se percibe en los dos estudios aludidos? Creo que el asunto radica en el hecho que el periódico Reforma presenta los resultados obtenidos en las encuestas a ciudadanos, separados de aquellas opiniones que emiten los que ellos llaman líderes. Éstos parecen tener un juicio muy distinto en tanto su calificación del trabajo del Presidente Peña bajó en el mismo período de 7.1 a 6.5. En julio un porcentaje de 67% bastante mayor que el de la población en su conjunto aprueba la forma en que está haciendo su trabajo, pero ello significa sin embargo un descenso de once puntos porcentuales, mientras 32% contra 20% en abril desaprobaba su gestión.

Entrando en detalle, cabe señalar que no se presentan datos de evaluación del combate al narcotráfico, pero para los líderes sólo en el rubro de seguridad subieron 7% las opiniones favorables y casi igualmente disminuyeron aquellas desfavorables. Ni siquiera la política interna, el combate a la pobreza, la salud o la política exterior son rubros que no sean castigados, pero son los renglones del manejo de la economía del país y de educación en los que más se resienten la pérdida de confianza y el desacuerdo con las políticas del actual gobierno.

Para mi, a diferencia de lo que expresen los analistas de GEA-ISA, lo que está sucediendo es que la política de Enrique Peña Nieto sí está teniendo una buena difusión mediática que se traduce en un apoyo sostenido de la ciudadanía en general, mas empieza seriamente a recibir las críticas de los especialistas luego de un comienzo de sexenio bastante espectacular que pudo haber deslumbrado sobre todo  por el Pacto que no se esperaba, y de los primeros consensos legales que produjo, si bien hoy pese a elecciones con resultados plurales las dificultades políticas del futuro inmediato se hacen sentir en un contexto que complica una economía que no mejora.

La agenda legislativa es enorme. El Senado, que se ha convertido en un cuerpo muy complicado más por las pugnas interpartidistas del PAN, no ayudó con su negativa de trabajar de forma extraordinaria este verano, y en la Cámara de Diputados este mes ya se evidenció que no se puede avanzar en temas polémicos, si no se negocian en conjunto. Por ejemplo ni siquiera el PRI prefirió imponer al consejero faltante del IFE si no podía venderle a mi juicio a los otros partidos un acuerdo favorable para otros nombramientos, en un reparto una vez más por cuotas como seguramente desearía hacerlo en octubre cuando postergando esta selección podrían nombrarse cuatro miembros  del Consejo General.

Así las cosas, si está sintiéndose una lentitud en el avance de la agenda gubernamental, no debería ella esclavizarse al trabajo parlamentario como parece que se está haciendo.

Elecciones locales 2013, resultados

Las elecciones del pasado 7 de julio en 14 entidades del país, más aquella extraordinaria celebrada en un distrito de Sonora, primeras de este sexenio en el cual el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha regresado al poder, demostraron los alcances y deficiencias de nuestra joven democracia. Fue evidente el clima de violencia y denuncias en las que fueron envueltas, el desinterés también que despertaron en donde gobiernos y partidos se jugaban más que la ciudadanía. Sin embargo pese al abstencionismo que reflejaron, soy de las que creen que debe éste ponerse en perspectiva, que es de constatarse que los electores demostraron más capacidad democrática que los propios políticos y que el panorama que dejaron las contiendas rebasa la capacidad de análisis de los especialistas.

Las cifras electorales aún no oficiales ponen de manifiesto una pluralidad política irreversible en el país. La proporción de quienes acudieron a las urnas fue mayor en aquellas entidades en las que el voto se dividió más, y demuestra más interés y conocimiento de la vida pública de la que generalmente se reconoce. No valió así que los priistas ocuparan los Pinos y gobernaran diez de los catorce estados para que el PRI fuera por ejemplo cuestionado en Coahuila en donde se sintió el efecto Moreira, mientras en otros estados con la misma presencia tricolor hegemónica como Chihuahua e Hidalgo la oposición casi no pintara, o pintara menos como en Durango. A mi parecer hay igualmente pruebas de un voto inteligente en  el comportamiento diferenciado de los electores en donde recién el PRI ha regresado a los gobiernos estatales, y ello habla de menor apoyo a los mandatarios de Aguascalientes o Tlaxcala que al de Zacatecas. En la lógica de que la distribución del voto me ha parecido en buena medida una evaluación de las administraciones regionales, me explico también la mayor capacidad del PRI de competir de frente al gobierno de coalición de Oaxaca que opera en un contexto político complicado, a diferencia de lo que sucede en Puebla en donde los priistas se borraron.

Finalmente quienes insisten en hacer parecer que la democracia mexicana es menos madura de lo que lo es, son sobre todo los dirigentes partidistas particularmente del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Si el PRI envuelto en contradicciones se  jugaba en estas elecciones un predominio que no le fuera contraproducente a su líder de facto Enrique Peña Nieto, las cabezas de esos dos partidos enfrentaban a sus oposiciones internas con un serio peligro sobre todo en el PAN de sucumbir si no levantaban a su partido del tercer lugar en el que cayó en 2012, o demostraban en el caso del PRD que podían vivir sin Andrés Manuel López Obrador. Así se explica su política de acusación sin pruebas convincentes de que se habían reciclado los peores vicios del pasado autoritario de México, política que se desplegó por adelantado a resultados que pudieran serles adversos los cuales como pudimos constatar no lo fueron. Lo hicieron según entiendo para protegerse, pese a que con ello dañaban la legitimidad de nuestras instituciones. Lo que no entiendo es que ahora que salieron airosos, más los panistas que los perredistas desde luego, insistan todavía el fin de semana pasado en sus decires y exijan sic al Presidente investigar y castigar a los delincuentes electorales para permanecer en el Pacto. Su poder de amenaza puede estar fortaleciéndolos, pero debilita nuestra democracia de la que no se pueden decir los únicos garantes.

En este contexto los analistas poco ayudan cuando sostienen falacias como la de un ambiente de violencia que inhibe la participación, cuando se ha demostrado que no hay correlación entre el aumento del crimen organizado y el abstencionismo (un ejemplo sería el mismo caso de Tamaulipas), o bien cuando sobredimensionan la capacidad de los gobernadores de controlar las elecciones en sus entidades. Si así fuera: ¿Cómo explicar las derrotas de sus partidos? ¿Como incapacidad, quizás?  ¿De verdad tenemos que creer por ejemplo que en Quintana Roo  y Veracruz fueron más hábiles, más manipuladores Roberto Borge y Javier Duarte que algunos otros colegas del mismo partido? ¿Debemos creer en mayor despliegue en dichas entidades de recursos clientelistas? Los gobernadores tienen capacidad pero limitada de operar a su favor y a veces, como en Sinaloa lo hizo Malova, no operan exclusivamente para quienes los llevaron al poder.

Los analistas caemos en ocasiones en explicaciones demasiado simplistas, como decir que Baja California fue una concesión del gobierno federal a Gustavo Madero, que reflejan un desconocimiento de los complicados mecanismos que construyen las preferencias electorales y su expresión. Sí es cierto que a Peña Nieto le convino que los priistas perdieran en la entidad, sí es cierto que el candidato del PRI Fernando Castro Trenti ni era suyo sino del grupo de Manlio Fabio Beltrones,  sí es cierto que a los priistas norcalifornianos los dejaron solos, pero el hecho es que los priistas también llegaron divididos a la campaña, que menos desgastados que los panistas en el gobierno estatal desde 1989 habían reconquistado gobiernos municipales que no convencieron, que el estado es fuertemente bipartidista, que resultados similares se vieron hace seis años y que la campaña de Francisco (Kiko) Vega fue de más a menos, fue más efectiva y su triunfo confirmó la tendencia en el país de que los resultados se definan por mínimas diferencias de donde las coaliciones cuentan, como en este caso le favoreció al ganador el que el PAN fuera con el PRD e incluso Nueva Alianza, mientras representó un serio peligro la división de la izquierda o sea el que el Partido del Trabajo (PT) se aliara al PRI e incluso Movimiento Ciudadano fuera independiente.

El hecho es que el estudio de las pasadas elecciones se vuelve muy complicado por la interrelación de demasiados factores y de lógicas encontradas, como las de los partidos mal llamados chicos que se convierten en protagonistas que definen victorias y derrotas. Al menos no caigamos en errores como seguir defendiendo la centralización de la organización electoral a través de propuestas tales como la necesidad urgente de crear un Instituto Nacional Electoral bajo pretextos que estas elecciones dada la pluralidad que reflejaron echan abajo, como es atacar de parcialidad a los institutos electorales estatales los cuales si bien tienen que mejorar sus tecnologías como es la de los PREPs no son menos controlados por los partidos que el mismo IFE, como  vimos en la  larga discusión que culminó ayer en el Consejo General de las multas por rebase de topes de campañas en el 2012.

Elecciones locales 2013

El clima persistente de corrupción y violencia en el país ha contaminado no sólo los procesos electorales locales que culminarán el domingo próximo sino también la capacidad de análisis de los mismos, de suerte que no han generado la atención debida en cuanto a la distribución de las preferencias que posiblemente arrojen y su significado.

El domingo próximo habrá elecciones en catorce entidades del país. En Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas de diputados locales y alcaldes, como en Baja California Norte en donde además se elegirá gobernador. Mientras en Coahuila sólo están en juego las presidencias municipales, y en Hidalgo la recomposición del Congreso.

Más allá del escándalo que estos procesos generaron en cuanto al reclamo por sospechas de uso clientelar de los programas sociales que destapó el Partido Acción Nacional (PAN) y secundó el de la Revolución Democrática (PRD) poniendo en peligro la supervivencia del Pacto por México hasta que Enrique Peña Nieto ideó el firmar un adendum a este compromiso para que todos los gobiernos sacaron las manos de los mismos, y de los lamentables sucesos de atentados contra ciertos aspirantes algunos de los cuales cobraron vidas, poco se ha escrito sobre estos procesos que siguen guardando una lógica muy particular si bien este año a mi parecer se ven más impactados que en otras ocasiones en elecciones de este tipo por la coyuntura de los partidos políticos a nivel nacional y por el proyecto de gobierno y las prioridades que la actual administración federal persigue.

Las elecciones locales que vienen nos están revelando un panorama político plagado de contradicciones. Al parecer el Presidente puede incluso con honestidad pedir una elección limpia, pero a decir de las acusaciones que persisten algunas autoridades priistas mantienen oídos sordos, mientras panistas y perredistas desarrollan un comportamiento que no resulta mucho más trasparente. Así nos están revelando un México en donde los acuerdos y la ley se violan con bastante impunidad, un México en donde el estado de derecho está en crisis, si bien este clima no puede achacarse exclusivamente al crimen organizado.

En los últimos días en Coahuila y Tamaulipas varios candidatos recibieron amenazas para retirarse de las contiendas. En Veracruz tanto hubo un ataque con bombas molotov contra la comitiva del equipo de campaña de un aspirante a presidente municipal del PAN, como otro a balazos contra un candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En Quintana Roo fueron incendiados vehículos del PRD en un municipio, en Chihuahua murió un aspirante del PRI a alcalde y en Oaxaca un dirigente del PRD, a la vez que se llevó a cabo un atentado contra una candidata priista a diputada a raíz del cual fallecieron su esposo y una sobrina. Finalmente en Sinaloa fue asesinado un candidato suplente a regidor de la alianza PAN-PRD-Partido del Trabajo (PT) y el hijo de un coordinador de la campaña del PRI de la misma presidencia municipal.

Este panorama es una pena, pero no nos debe opacar otra parte de lo que está detrás de estas elecciones. Para resaltar su relevancia, cabe indicar el que están en juego 2,181 cargos públicos y poco más de la mitad de los gobiernos municipales del país. Su resultado nos va a hablar mucho de las características del sistema político que se ha venido construyendo en México y el punto en que lo ha impactado el regreso del PRI a los Pinos. En principio hemos sido de aquellos que han sostenido que este tipo de elecciones están insertas en una dimensión subnacional del poder que interactúa sólo parcialmente con la dinámica federal de la política, lo cual nos ha llevado a advertir que a ese nivel regional el PRI se mantuvo implantado durante los gobiernos panistas, a comprender su buen desempeño en elecciones locales y que cuando pudo resolver una candidatura presidencial sin dividirse sobrevino la segunda alternancia que lo regresó al poder. En este sentido es de esperarse que a las próximas contiendas llegue con una gran ventaja, aunque paradójicamente del propio gobierno de Peña Nieto puede estar emanando el apostar por resultados plurales que le mantengan tanto al PAN como al PRD como partidos aliados en la persecución de las reformas estratégicas que busca.

Algo más: la diferencia de los juegos subnacionales con los nacionales la expresan especialmente los llamados partidos chicos y da como resultado un escenario complejo. El Partido Verde Ecologista de México va con el PRI en casi todos los estados; en pocos de ellos su alianza es parcial como en Tamaulipas o Tlaxcala y en Zacatecas juega solo. El PT se presenta  independiente en casi todas las entidades mas va con el PRI en Baja California Norte y Chihuahua, y con la alianza PAN-PRD en Oaxaca y Puebla pero no en Puebla. El Partido Nueva Alianza se presenta en coalición con los mismos partidos en Baja California Norte y Puebla, y con el PRI en Chihuahua y Sinaloa y parcialmente en Tamaulipas y Veracruz. Por último Movimiento Ciudadano es el partido que mas le apostó a crecer en una vía autónoma y puede como el año pasado lo hizo en Jalisco dar algunas sorpresas en algunas capitales como Aguascalientes o Oaxaca.

En este escenario me atrevo a pronosticar que las cifras que arrojen las contiendas en cada entidad dependerán de qué partido detenta ahí el poder estatal, siendo que lo detenta en la mayoría salvo en Baja California Norte (donde gobierna el PAN desde 1989 y donde en la renovación del ejecutivo sufrirá de su desgaste si bien enfrenta a un PRI que desde hace unos años gobierna algunos municipios con resultados cuestionados), y en los emblemáticos estados donde en 2010 coaliciones del PAN y el PRD fueron triunfadoras  a saber Oaxaca, Puebla y Sinaloa donde hoy estos partidos repiten con buenos augurios la experiencia, y la extienden a otras entidades como Baja precisamente.  

Los resultados dependerán también de que tan predominante es en cada estado el PRI que lo es en Chihuahua y en Coahuila (en donde la coalición antipri poco parece estar afectándolo), como lo es poco menos en Tamaulipas o Hidalgo. Así los resultados a mi parecer serán para el PRI menos buenos en aquellas entidades recién recuperadas como Aguascalientes, Tlaxcala y Zacatecas, o donde la oposición ha venido ganando terreno como Durango, Veracruz y Quintana Roo. En ellas las coaliciones antisistema representan una amenaza para los priistas y las hay formales y totales en Aguascalientes, Durango y Zacatecas, como informales y parciales en Veracruz y Quintana Roo. Por lo que toca a Tlaxcala la competencia apunta a ser intensa.

En suma el fenómeno de las coaliciones antipri, como hace tres años, se avecina de mucha relevancia en la interpretación de las contiendas del 7 de julio. El priismo regional no tiene todo en sus manos. Pese a sus disputas internas, los panistas con base en un electorado fiel están dispuestos a consolidarse como segunda fuerza, y los perredistas a seguir abanderando a la  izquierda en una posición moderada de frente a la escisión radical expresada en la emergencia de Morena.

La Reforma Política II

La aprobación de la reforma política, promulgada a mediados del año pasado, tomó una discusión que llevó poco más de dos años. En contraste se ha vuelto a poner en la mesa de debates, tanto en el seno del Pacto por México como en el Senado, una nueva reforma en la materia que forma parte del trabajo que se ha anunciado para los periodos extraordinarios de sesiones del Congreso de este verano. Los distintos actores políticos que intervendrán en estas discusiones ya se han expresado públicamente, sacando a la luz una diferencia de opiniones de la que no se espera un panorama de negociación fácil. Ello ha llevado a algunos comentaristas a expresar, con justa razón, que una discusión de fondo debe ser pospuesta y que en esta ocasión sólo deben abordarse los aspectos relativos a la legislación secundaria de la pasada reforma constitucional a saber la regulación de las candidaturas independientes, la consulta popular y las iniciativas ciudadanas y preferentes.

Me uno a ellos e incluso me pronuncio porque no se toquen por ahora como algunos quieren ni siquiera los temas de financiamiento electoral y fiscalización, pues a este paquete se le ha añadido la voluntad equivocada como ya lo expresé en este espacio de conformar un Instituto Nacional Electoral. Todos estos son asuntos demasiado serios para abordarse con premura, como lo son aún más los temas relativos al régimen de gobierno.

No se trata, como algunos han dicho, de que la reforma política sea un tema menos importante, que tenga menos potencial transformador por ejemplo que la reforma financiera o que la de las aportaciones al IMSS. Tiene la misma o más importancia aún que las reformas estructurales, porque de ella podrían derivarse cambios posibles en la distribución del poder en el país. Por eso los ciudadanos sí se interesan en ella, en tanto le ven efectos más inmediatos que a las reformas estructurales. Sin embargo, la discusión de la reforma política a fondo debe ser pospuesta para que haya la oportunidad de una discusión más transparente e inclusiva de ella, en la que puedan expresarse al menos ampliamente los especialistas del área.

Considero que la discusión sobre la reforma política ha caído presa de varias falacias y de intereses partidistas y de gobierno que vician el debate. Desde el poder federal parece que se privilegia a tal punto la supervivencia del Pacto, que se ha prometido abordar temas en contra de los cuales Enrique Peña Nieto se pronunciaba hace poco tiempo como es el de la relección legislativa y de alcaldes, si bien no se deja de advertir sobre desventajas en tal disposición. Igualmente se da entrada a cuestiones como la del Instituto Nacional Electoral en una posición muy confusa, cuando se reconoce que no se debe caer en un centralismo que poco ayuda a la democracia. De esta manera parece avalarse el que existe de forma generalizada menos equidad en las elecciones estatales y locales y que el viejo régimen se esconde a nivel subnacional, cuando es discutible. Además, se desestima el pronunciamiento que ya se ha hecho sobre la dificultad de conformar un instituto de esa envergadura sin homogeneidad en legislación electoral y con distintas distritaciones. Al menos ya han quedado claras la oposición gubernamental a la segunda vuelta y su inclinación al régimen presidencialista, aunque se puedan aceptar algunos elementos de los gobiernos de coalición.

Por su parte las dirigencias del PAN y del PRD, hoy oposiciones colaboradoras del gobierno priista, exageran maliciosamente las insuficiencias en transparencia y equidad electoral, a mi parecer para justificar derrotas en las contiendas del mes próximo. No niego que debe repensarse el financiamiento a los partidos y su fiscalización, pero el problema que genera el clientelismo en nuestro sistema es de orden político no legal. No tendremos elecciones totalmente creíbles hasta que todos los partidos, los ganadores y los perdedores también, dejen de beneficiarse de que así sea.

La posición del grupo de senadores panistas y perredistas en el Senado que han presentado su iniciativa de reforma política me parece la más engañosa de todas. Así lo considero si bien concuerdo con ellos en que existe un peligro real en que la estrategia del Pacto por México contiene elementos antidemocráticos. Ahora bien, su pronunciamiento parte de  posiciones equivocadas tales como el que en ingeniería institucional el arreglo presidencialista es en principio malo, menos democrático que el arreglo parlamentarista, y de que se debe acotar el poder presidencial cuando precisamente el Pacto fue ideado para responder a una condición de debilidad del ejecutivo que marcó nuestro pasado inmediato, y no el autoritarismo como se pretende.

La necesidad de una reforma política de fondo en México es principalmente lograr sí equilibrio de poderes y gobernabilidad. Las fórmulas posibles son varias, como múltiples sus efectos para todos los involucrados. Por ello es mucho lo que hay que discutir sin engaños y sin apostar por los mecanismos que dañen más al adversario como la iniciativa aludida pretende al PRI. Por eso debe ser pospuesta una discusión de tal trascendencia.

La Reforma Política

Qué increíble resulta, a mi parecer, el que a poco más de un año de la aprobación de la reforma política durante el sexenio pasado como resultado de la larga discusión que generó la propuesta del entonces Presidente Felipe Calderón en diciembre de 2009 vuelvan a formularse iniciativas que todas, en la medida que reflejan los intereses muy particulares de quienes las proponen en el nuevo marco de la coyuntura actual, tienen como característica común un contenido inconexo e incompleto que llega incluso a ser contradictorio. Hasta ahora curiosamente la polémica la protagonizan la dirigencia del PAN que se adelanta a la ya adelantada discusión que se acordó como resultado de la reciente polémica de posible fraude electoral lanzada por ese partido y que puso en peligro el trabajo del Pacto por México, y el grupo de senadores panistas y perredistas que quieren evitar el ser madrugados por acuerdos construidos en su seno precisamente.

¿Qué trae a colación esta polémica? Uno, el que pese a reiterados esfuerzos subsisten muchos pendientes por legislar, llámense por ejemplo asuntos puntuales sobre las candidaturas independientes o la consulta popular. Y dos, el que pese a que la construcción democrática no es asunto exclusivo de la actualización de nuestra ingeniería institucional, el mismo mecanismo del Pacto por México demuestra que la pluralidad política y la competencia electoral en ascenso en el país  durante los últimos años produjo el paso del hiperpresidencialismo a un presidencialismo debilitado de tal forma que las viejas articulaciones de intereses no habían podido ser sustituidas por mecanismos que hicieran posible gobernar con eficiencia y legitimidad, mientras hoy con el correctivo ideado resurge el fantasma de la regresión autoritaria de tal suerte que más que nunca es impostergable una revisión de fondo de nuestras instituciones y de ser el caso incluso del régimen.

Ahora bien, de los asuntos a debate que conviene abordar hoy quiero referirme  a uno de suma importancia a saber la organización en sí de las elecciones, asunto que hubiera parecido ya estaba resuelto más vuelve a renacer a raíz de la reiterada impugnación en elecciones presidenciales de los resultados de las contiendas. Les confieso que mientras yo hubiera creído que la discusión al respecto iba a girar en torno al serio diagnóstico presentado por el Instituto Federal Electoral en su libro blanco o bien en torno al asunto relativo a que, de frente a la próxima renovación de parte del Consejo General en particular la presidencia, todo indica el que pareciera que ha llegado a su fin la forma en la que se han venido nombrando a los consejeros electorales por cuotas partidistas más o menos transparente en el falso entendido que la suma de las subjetividades genera equidad, hoy sale a la luz la posibilidad no de su reorganización revisando su vida interna o acotando los marcos que han sido de su competencia, sino de su sustitución por un Instituto Nacional Electoral (INE) que lo absorbería así como a los institutos electorales estatales.

Mi lectura de ello es que quienes han hecho tal propuesta o sea la dirigencia del Partido Acción Nacional se emplean en ese juego malabárico que se han propuesto de colaborar en el diseño de las políticas públicas a nivel federal, más competir con el Partido Revolucionario Institucional a través de seguir bordando la idea de que dicho partido es fraudulento y su fraude se sustenta entre otros mecanismos en el control regional de la organización de las elecciones. Quienes lo apoyan dudan de la autonomía de los consejeros estatales en buena medida con justa razón, mas no matizan su juicio  suficientemente a mi parecer. En efecto parecen desconocer el que el grado de control de los mismos por parte de los gobernadores es generalizado y no propio de las entidades en manos del PRI, y no aquilatan asimismo el que los consejos electorales estatales han organizado decenas de elecciones municipales y estatales que han producido alternancias.

Así, para normar un criterio sobre la conveniencia de nacionalizar totalmente la organización de las elecciones a todos los niveles y desaparecer entonces los institutos electorales estatales, hay que considerar que las elecciones para gobernador produjeron alternancias que estos organismos procesaron en el sexenio de Salinas en tres entidades aunque en Guanajuato empezó a gobernar el PAN desde entonces, en el sexenio de Zedillo en 11, en el de Fox en siete y en el de Calderón en 16. Por esta vía 13 estados han tenido dos alternancias y uno, Tlaxcala, tres. Por esta vía también, el PRI ha regresado al gobierno de 11 estados  de lo que sería ingenuo culpar a dichos institutos. Es más si bien es cierto que la fuerza priista radica en buena medida en su poder regional (la cual lo regresó a los Pinos), no es cierto que los subsistemas estatales sean remanentes del México de ayer. Es cierto que el PRI no ha dejado de gobernar en nueve estados: Campeche, Coahuila, Colima, Durango, el Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, pero en todos ellos han habido importantes movimientos del voto y en algunos el tricolor ha sido fuertemente competido por ejemplo en Campeche, Colima o en Veracruz, mientras que en otros como en Durango, en el Estado de México, Quintana Roo o en el mismo Veracruz es una oposición dividida lo que lo ha mantenido en el poder.

El asunto de la creación o no del INE debe reflexionarse sin falsos mitos y tomando en cuenta los elementos correctos. Uno que sí se ha mencionado es el asunto presupuestal porque debemos caminar hacia que las elecciones no sólo sean plenamente creíbles, sino también que nos cuesten a todos los mexicanos menos. La compactación de los calendarios electorales en nuestro país, de la cual espero poder hablar otro día porque como han demostrado ciertos analistas va contracorriente con la idea de fomentar pluralidad al reducir el número de partidos ganadores en las contiendas, debería permitir a través de un único órgano al menos un ahorro en la organización de las elecciones el cual sin embargo se podría lograr mediante mayor coordinación. Dos debe considerarse y servir de lección el que el sistema político de presidencialismo exacerbado y un partido hegemónico, se consolidó al amparo de la nacionalización de la organización de los procesos electorales mientras durante el siglo XIX el proceso se encontraba descentralizado no obstante que Porfirio Díaz había logrado que marchara en su beneficio. Además corre más el riesgo la autonomía de un único organismo que la de varios.

Mi postura es la siguiente: más que un asunto de uno o de varios institutos electorales en miras a que la administración electoral sea equitativa, debe pensarse que su verdadera autonomía depende de la conformación de sus cuerpos en concreto de la participación no de uno (como hasta ahora es el caso) sino de distintos poderes en ello y del equilibrio que se mantenga entre los mismos. Ahora bien, este equilibrio  no lo ha conseguido nunca nuestra ingeniería institucional. Por ello  es un asunto medular que debería atacar una reforma política en una perspectiva de visión de conjunto, que desgraciadamente no se tiene por intereses de orden político. Éstos son elementos a tomar en cuenta en su discusión paralela en el seno del Pacto y en el Senado

La crisis del PAN

La remoción de Ernesto Cordero como líder de la fracción panista en el senado por Gustavo Madero, dirigente de su partido, la cual se anunció oficialmente el domingo pasado produce incertidumbre no sólo en el PAN sino en el conjunto del sistema de partidos en México y en la coyuntura política nacional.

El análisis de este suceso, a mi parecer, debe recorrer una historia que se teje en una visión de corto plazo desde el proceso que llevó a Madero al puesto que ocupa y que le hizo perder al expresidente Felipe Calderón el control que en el PAN había conquistado. Asimismo desde una visión de más largo plazo cabe remontarse a las contradicciones que desde los sesentas enfrentan en dicho partido a dos grupos, doctrinarios y pragmáticos, hoy representados por calderonistas y maderistas. Otro punto sería el estudiar las posibles consecuencias que esta crisis puede tener, perspectiva ésta que ha suscitado interpretaciones que considero equivocadas como el que la falta de unidad puede afectar al voto panista en las elecciones de julio próximo. Por el contrario, dimensionar la fuerza que el Partido Acción Nacional sigue representando el día de hoy permite ver que mal harían los panistas en dividirse y que lo más probable es que sabrán sortear este episodio de lucha por su liderazgo, que es lo que está detrás de los acontecimientos aludidos.

Si bien el PAN perdió el sexenio pasado siete gobiernos estatales: Aguascalientes, Jalisco, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán, en casi todas estas entidades sigue siendo muy importante y además cabe considerar que logró conservar Guanajuato y tiene muy buenas perspectivas de hacer lo mismo en Baja California Norte. Además se hizo de los gobiernos de Baja California Sur y Sonora y se quedó con el control de Puebla y Sonora, donde llegó en coalición con el PRD. No es despreciable, como tampoco lo es el tener algunas capitales importantes como Hermosillo, Mérida, Monterrey o Puebla y Oaxaca, ambas que por cierto también se jugará en unas semanas. La votación del PAN lo mantiene  también como segunda fuerza electoral en estados priistas que nunca han vivido alternancias como Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Tamaulipas y muy importante Veracruz, como en otros que ha recuperado como Chihuahua y Nuevo León. Por lo que se refiere al poder legislativo casi 23% de los diputados federales son panistas, 26% de los diputados locales también y casi 30% de los senadores. El blanquiazul gobierna asimismo 473 municipios,  o sea 19% en donde habitan 21.8 millones de mexicanos que son el 23% de la población. No es despreciable. Por eso es importante el próximo cambio de dirigencia que se avecina en el partido que pelean los calderonistas cuyo portavoz principal es el hoy depuesto Ernesto Cordero, en un contexto en que la actual dirigencia de Gustavo Madero ha sido la interlocutora de Enrique Peña Nieto para negociar las transformaciones que su administración quiere obtener para hacer trascendente su paso por la Presidencia de la República, en el marco del Pacto por México.

Ahora bien, la posición negociadora por la que optó Madero no puede disgustar a los calderonistas por pragmática, que sí lo es, sino porque es diametralmente opuesta a la que tuvieron los priistas durante los gobiernos panistas quienes no tuvieron sobre todo la segunda parte de los dos sexenios anteriores incentivos suficientes para cooperar con el ejecutivo en turno, y obstaculizaron sus políticas de suerte que se detuvieron las reformas que les hubieran permitido mejores resultados gubernamentales en su beneficio. Los priistas tuvieron razón: no cooperar los llevó de regreso a los Pinos y de cierta manera resulta injusto que hoy la dirigencia de Madero sí le vea sentido a una política de cooperación con Peña Nieto.

¿Qué es la que ha cambiado y enoja entonces a los calderonistas cuya fuerza principal está en el Senado, siendo que muy posiblemente también hubieran mantenido la misma posición de Madero de haber sido requeridos a hacerlo? Creo que el que el  Presidente haya precisamente establecido la mesa de negociación con la oposición fuera del Congreso y haya mantenido la interlocución política con Madero y no con ellos. Así se explica la severa crítica que emprendieron contra la dirigencia del PAN y que de hecho estaba debilitando a Madero frente a la selección de candidatos para las próximas elecciones y frente a la renovación que se viene de la misma.

Pero Madero tuvo la gran oportunidad de exhibir maniobras de priistas que supuestamente probaban su intención de usar electoralmente ciertos programas sociales. Amenazó con retirar al PAN del Pacto y obtuvo un compromiso que pretende asegurar equidad en las contiendas. En su momento de gloria se lanza así contra el líder de sus senadores, Ernesto Cordero, quien no sólo venía oponiéndose públicamente a él sino que también se atrevió a presentar en coordinación con el líder de los perredistas en la Cámara Alta, Miguel Barbosa, un proyecto de reforma política alterno al que el dirigente del PAN ya había anunciado para ser discutido en el seno del Pacto por México.

Ahora bien en un primer momento, Madero había dicho que el desempeño de Cordero sería discutido en una reunión que convocaría para hoy con el grupo parlamentario. Pero la remoción de Cordero se precipitó por las declaraciones de varios senadores en respaldo a éste. (Al parecer 32 de 38 senadores estaban en tal posición.) Incluso se llegó a lanzar la advertencia de que, si el dirigente del PAN hacía uso de su atribución legal de poder remover a su líder, podía provocar la división de la bancada.

Así las cosas, no se sabe aún como terminarán estas desavenencias, mas yo no creo que sea en debilitamiento del PAN en las próximas elecciones. Baso mi pronóstico uno en el reconocimiento que las disputas entre camarillas del PAN que estos eventos reflejan se sitúan a nivel nacional de la política, y que los resultados de la elección estatal y de las elecciones locales que se avecinan dependen de correlaciones de fuerzas y coyunturas regionales, y  dos que todo parece indicar que Peña Nieto puede estar viendo ventajas en el avance electoral de los grupos partidistas de oposición que negocian con él de suerte que se mantengan en el Pacto, al grado de  poder haber acordado con ellos un perfil bajo de candidaturas y campañas del PRI en ciertas plazas.

Madero tenía que moverse a toda prisa y así lo hizo. Lo inmediato será saber quién remplazará a Cordero y cómo reaccionarán los calderonistas. No hay que olvidar que siguen muy fuertes sobre todo en el Senado y ellos, a diferencia de Madero, tienen asegurado su lugar en la arena política por seis años. Falta conocer la redistribución del poder que se derive de las próximas elecciones y sobre todo de las de 2015, para evaluar las decisiones de los actores que actualmente  interactúan en la arena política.  Estamos a la mitad de un primer acto. Igualmente mucho puede suceder todavía hasta el cambio de dirigencia del PAN que es lo que ha estado particularmente en juego en esto que hoy analizamos.