El hambrewate, el Pacto por México y el trabajo legislativo

El escándalo que desataron las grabaciones y los videos dados a conocer a mediados de la semana pasada por el dirigente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, y el excandidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, para evidenciar el uso electoral que en esa entidad supuestamente pretendían darle algunos funcionarios de la misma en complicidad con representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Rosario Robles, a ciertos programas sociales para operar a favor de los candidatos postulados por el PRI de frente a  las contiendas locales próximas en 14 entidades, este escándalo ha venido a evidenciar la fragilidad del Pacto por México que precisamente  comentaba yo en este espacio hace un mes.

En efecto el PAN inmediatamente insinuó que condicionaría su permanencia en éste a que se investiguen los hechos. De hecho, más allá de la carta que dirigió al Presidente Enrique Peña Nieto, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República y anunció que mientras corre la investigación tanto el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, como la Secretaria Rosario Robles, deberían ser separados de sus cargos. Asimismo el coordinador de los diputados panistas, Luis Alberto Villareal, afirmó que solicitaría ayer ante la Junta de Coordinación Política el que en la sesión de la Cámara hoy se considere una solicitud de juicio político contra ambos personajes.

Ante estos hechos las reacciones del gobierno federal no se hicieron esperar y son varias. En primer lugar se separaron provisionalmente de los cargos a varios funcionarios de menor nivel, entre otros, al delegado de la Sedesol en Veracruz, al coordinador operativo de la dependencia y a algunos jefes de zona. A la par, la secretaria Robles quien había declarado no estar involucrada en ningún proceso electoral y sí a favor de que se sancione cualquier irregularidad que se compruebe, recibió un espaldarazo de parte del Primer Mandatario durante la gira en la que lo acompañó a Chiapas, a donde fue de visita con el expresidente brasileño Luís Inácio Lula De Silva para hacer un recuento de la Cruzada Nacional contra el Hambre que se basa en la experiencia de este último.

A pesar de tales remociones, que por cierto algunos consideraron insuficientes, el PAN bien dijo que su denuncia no era ligera sino aludía a un delito. Ello en voz de varios, como fue el senador Roberto Gil. Así  no bastó al parecer con la estrategia del ejecutivo federal de disfrazar la acusación como descalificación de los programas sociales y con realzar mediáticamente su urgencia. Por el contario, ello provocó el que el PRD aprovechara para profundizar las críticas iniciadas por los panistas y se lanzara con más fuerza aún contra su exdirigente, quien alejada de ellos es hoy la titular de la Sedesol. Jesús Zambrano, el actual presidente del PRD, se negó así a reunirse con ella por no considerarla una interlocutora fiable y se unió a la exigencia de Gil de blindar todos los procesos del 7 de julio. En el mismo tenor el jefe de gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera, ya había tomado distancia de la Cruzada contra el Hambre bajo el argumento de que había que cotejar si no duplicaba políticas ya impulsadas por su administración.

         

Siguiendo este asunto de la unión del PAN y del PRD en contra del PRI por la posibilidad de que su presencia en los Pinos interfiera en la debida equidad electoral, y de que afecte el desarrollo oportuno del Pacto por México, es que el día de ayer aparecieron en periódicos dos notas que sí demuestran que existe este temor, si bien los líderes de los principales partidos de oposición participantes se sentaron durante este fin de semana a hablar con el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. La primera nota se refiere a las declaraciones del dirigente priista, César Camacho, en las que también minimiza los posibles delitos electorales que evidenció el escándalo, y declara insensatamente a mi parecer el que elecciones coyunturales no pueden estar por encima del acuerdo para lograr reformas de hondo calado. La segunda nota alude a lo dicho por el gobernador veracruzano, Javier Duarte, de que el PAN siempre utilizó los programas sociales para su beneficio electoral sin que  tuviera consecuencias mientras ahora sí las hubo, como si el que otros se muevan en la ilegalidad justificara el que uno lo hiciera.

El hecho es que tanto Rosario Robles como el gobernador Duarte ciertamente están en problemas, pagando el precio una de sus desavenencias con los perredistas y el otro de su inexperiencia que desborda sin el apoyo del exgobernador Fidel Herrera quien lo dejó en su lugar, y actualmente debe de estar más ocupado en defenderse de los nexos con el narcotráfico que se le imputaron según testificaciones que también la semana pasada se hicieron en el juicio que se le sigue al hermano del líder de los Zetas, Miguel Treviño, y a otros implicados en el lavado de millones de dólares producto del crimen organizado. Estas testificaciones, pues, no deben estar permitiéndole moverse a favor de Duarte.

En este contexto como respuesta gubernamental al hecho de que si PAN y PRD pueden sumar esfuerzos en contra del PRI en este escándalo como lo pueden hacer en coaliciones electorales (tal es el caso de la que se acaba de anunciar para la igualmente próxima elección de gobernador de Baja California Norte) interpreto yo el madruguete avalado por los priistas que representa para el Pacto el hecho de que, brincándose al presidente panista de la Comisión de Hacienda Isaac Trejo y en sentido contrario a las negociaciones incluyentes mediante las cuales tanto avanzó el trabajo legislativo durante este periodo de sesiones que termina a final de mes, un grupo de trece legisladores del PRI, PRD, PVEM, PT, MC y Panal enviara un oficio a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el que se pidió publicar en la Gaceta Parlamentaria la convocatoria para sesionar ayer y discutir un tema muy importante que según mi entender no está en el famoso acuerdo. El tema es la homologación del cobro de las cuotas al IMSS con el pago del Impuesto sobre la Renta, lo que significaría un sacrificio empresarial que el PAN posiblemente no apoyaría.

En el supuesto racional que se trata de una maniobra que no se le puede haber escapado a Peña Nieto, lo que con ello está demostrando es que sabe de la fragilidad del Pacto y ante las amenazas de quienes lo suscribieron de abandonarlo manda una señal de que puede cambiar la agenda de las prioridades marcadas por éste, así como su política de negociación con todas las fuerzas políticas más importantes, en el sentido de que también puede decidir mayoritear a algunas minorías aliándose con otras, es decir dividirlas.                           

El Pacto por México ha sido una excelente estrategia de inicio de gobierno, pero al menos yo no auguro como ya se los había dicho que dure todo el sexenio.

El cambio político en México

En esta ocasión deseo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre nuestro sistema político, el motor que ha tenido su evolución en las últimas décadas y la posibilidad de su transformación futura. Sostengo como idea central el que así como la reforma electoral de 1977 y las reformas subsecuentes hasta la del 1996 catapultaron el proceso democratizador del país, hoy por hoy impulsar la democracia más allá de los alcances que ha tenido requiere de una nueva generación de reformas que vayan más allá del tema del acceso al poder y se centren en el ejercicio del mismo, con el afán de superar deficiencias ancestrales de nuestro entramado institucional. Me explico.   

La era política que vivimos esta construida sobre la base de una legalidad electoral que se desarrolló a partir de 1977, redefinió las instituciones democráticas, el sistema de partidos y  el comportamiento electoral en el marco de la permanencia de un único modelo de desarrollo económico desde la administración de la Madrid sostenido  por una misma élite en el poder primero por el PRI, luego por el PAN y ahora con los priistas de regreso, a través de la evolución de un sistema no competitivo a otro competitivo que ha producido realineamientos del voto con desarrollos desiguales según los distintos niveles nacionales y subnacionales de la política, los cuales mantienen una lógica y generan sus propias constantes.

Así a través de un proceso continuo de reformas (1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2003, 2007) se fue construyendo una legalidad democrática aún cuestionada sobre todo en elecciones reñidas que se judicializan, pero aún en algunas menos reñidas en las que sigue asomándose el fantasma del fraude. Es decir no hemos logrado el desarrollo absoluto de elecciones plenamente creíbles. Es éste uno de los elementos que ha atorado el proceso de democratización en México, aún entendida ésta en términos políticos. Los niveles de participación son insuficientes, el sistema de partidos en esencia tripartidista (al menos a nivel nacional y en casi la cuarta parte de los estados) aún no logra plena representación de los intereses y los partidos mismos, si no están en crisis exactamente, sufren fuertes contradicciones internas mientras los partidos chicos resultan cada vez más relevantes y puede avecinarse mayor fragmentación en el sistema.

Ello se acompaña de una línea todavía borrosa, más ahora con el regreso del PRI,  entre el aparato estatal y el partido gobernante (para prueba lo que acaba de pasar en la XXI Asamblea del tricolor), y todavía en ocasiones entre el aparato estatal y la organización electoral en flagrante violación a la ley al menos a nivel subnacional, en el contexto de un desempeño gubernamental deficiente y de una debilidad que ahora pretende subsanar Enrique Peña Nieto a través de nuevas reglas informales del poder que, para enfrentar la ingobernabilidad que producen los gobiernos divididos, están desplazando al legislativo como contrapeso del poder al obtener directamente los acuerdos necesarios para el desarrollo de sus políticas con las dirijencias de las fuerzas políticas más importantes. En este sentido el Pacto por México, en un afán eficientista, puede estar vulnerando la democracia como forma de gobierno que exige transparencia.

Por eso más urgente que seguir perfeccionando la legalidad electoral, que siempre puede seguir haciéndose (al respecto cabe señalar que entre los pendientes están la posibilidad de conformar un órgano nacional electoral que supervise tanto elecciones federales como estatales y locales, así como la formulación de una ley de partidos), resulta importante emprender una reforma política de mayor calado (de frente a la triste experiencia de aquella de 2009-2012 que poco logró) que ataque vicios estructurales de nuestra ingeniería y ya no tenga como objetivo el cómo se llega al poder, sino el cómo se gobierna.

La reformas electorales  inauguradas en 1977 que de forma progresiva construyeron la posibilidad de tener elecciones limpias y equitativas a través fundamentalmente de la ciudadanización de la organización de los procesos electorales, y la puesta en marcha de un sistema de justicia electoral, aceleraron la democratización de México en la medida que fueron haciendo más interesantes estos procesos a los votantes. El PRI dejó de ser hegemónico en la medida en la que votar por la oposición fue más costeable, con lo que el poder se fue distribuyendo. Así la pluralidad hasta hace bien poco había alcanzado un límite, así como la volatilidad y el auge de la competitividad estaban cediendo, dando señales de la consolidación de una era pese a su inestabilidad.

Sin embargo el efecto que produjo en la segunda parte del sexenio pasado la fuerza con la que el PRI parecía regresar al poder (como en efecto lo hizo) volvió a acelerar los movimientos del voto. Sumado ello a las características que está demostrando el gobierno actual, todo apunta a mi parecer al final de una era en la que el desarrollo de la normatividad electoral produjo una herencia que debemos ahora impulsar hacia un desarrollo democrático más pleno que enfrente los déficits que tiene el nuestro, en el contexto del peligro de una posible regresión autoritaria.

Así tenemos la oportunidad de aprovechar la encrucijada en la que nos coloca la historia para lograr una importante transformación de nuestro sistema político, sobre la base de leyes más acordes a nuestra nueva realidad que aterricen en instituciones que superen ancestrales problemas nuestros, como es la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo.

El Pacto por México

Estando de vacaciones de semana santa se me ocurrió que sería más oportuno comentarles un tema ligero o al menos religioso. No he podido lograrlo mas al menos quiero de entrada hacerles mención de una caricatura que me hizo gracia hace algunos días sobre la designación del papa Francisco que se había resuelto de forma expedita, pues tardó tan sólo dos días e implicó únicamente cinco votaciones. La explicación que se daba a la facilidad del proceso es que estaba incluido en el Pacto por México. Así, abordo un tema como siempre político que no tiene nada de simple y más bien es grave.

A todos nos ha sorprendido la rapidez con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha logrado hasta ahora no caer, como fue el caso durante las administraciones panistas e incluso un poco antes de la alternancia del 2000 desde que la pluralidad en México desembocó en gobiernos divididos sin mayorías en el Congreso del partido del presidente en turno, en una parálisis producto de la falta de incentivos para la mayor parte  de los  legisladores de apoyar al ejecutivo.

Así las cosas: ¿Qué es el Pacto por México? ¿Cuáles son sus bondades y sus límites? ¿No tiene también efectos contraproducentes para nuestra joven democracia? ¿A qué debemos atribuir esta capacidad de concretar acuerdos que Peña Nieto demuestra? ¿Es realmente, como algunos creen, un político más capaz que los presidentes recientes?

El Pacto por México se firmó recién comenzó el sexenio entre las fuerzas más importantes del país para llevar a cabo un centenar de políticas inscritas en las líneas programáticas enunciadas en la toma de posesión presidencial pasada. El Pacto tiene un Consejo en el que participan funcionarios, dirigentes de partidos y líderes de bancadas. Del Pacto están emanando de prisa propuestas de reformas. Los resultados más vistosos son la promulgación de la reforma educativa y la aprobación la madrugada del pasado viernes de la reforma al sector de telecomunicaciones, la cual todavía tendrá que ser revisada por el Senado y recibir el visto bueno por los suficientes congresos estatales para entrar en vigor.

La eficiencia en la aprobación de leyes es una bondad del Pacto por México que no se puede negar. Precisamente por ello ha producido más alabanzas que críticas. De repente, como por arte de magia, se han vencido los obstáculos que impedían la transformación del país. Sin embargo, en esta transformación precipitada también se pueden ver problemas que no son menores. El primero es que de la parálisis se ha pasado precisamente a un andar a galope que puede ser riesgoso, porque si bien ahora sí se logran consensos hay una discusión muy disminuida de los grandes cambios que se proponen.

Tomemos el ejemplo de la nueva legislación en materia de telecomunicaciones que es la que está en curso. El lunes 11 de marzo presentó el Presidente la iniciativa  como producto del trabajo del Pacto. Al día siguiente entró a la Cámara de Diputados, y se turnó a la Comisión de Asuntos Constitucionales en donde la discusión sólo tomó dos días. En efecto la negociación venía tan avanzada que inmediatamente 287 diputados firmaron su compromiso por avalar la iniciativa. Por esta razón ni siquiera se había considerado necesario que participaran las comisiones de Comunicaciones y Transportes y la de Radio y Televisión. A la semana siguiente, como ya indiqué, en una sesión maratónica pero en una única sesión el pleno aprobó la reforma.

En suma el Pacto por México ha fortalecido el rol de los dirigentes y líderes de los partidos aliados del gobierno actual en detrimento del propio poder legislativo que está dejando de ser la plataforma en la que se expresan y procesan disidencias, y consecuentemente de fungir como contrapeso al poder ejecutivo, pero también en detrimento de los mismos priistas cuyos jefes de bancada en el Congreso están perdiendo también el rol de ser quienes le construyen los acuerdos al Presidente.

Esta opinión general que acabo de exponer, no me impide sin embargo apreciar que en menos de quince días los diputados sí lograron mejorar la iniciativa a través del procesamiento de las reservas que la iniciativa produjo. En efecto se incorporaron algunos principios como el considerar el acceso al internet como un derecho que debe tutelar el Estado, o la equidad de género como valor a promover. Además se tocaron algunos aspectos puntuales como la cláusula de reciprocidad en lo que toca a inversión extranjera, la ampliación de plazos en las convocatorias para licitaciones o la percepción máxima de los comisionados del IFETEL.

Dentro de estos sobresalió la solución que se encontró para un asunto de la mayor importancia derivado de la obligación de retransmitir sin costo las señales completas de la televisión abierta, retransmisión en la que sólo operará la gratuidad para los agentes económicos que no sean preponderantes en el mercado ni por sí mismos ni por un tercero ni que tengan vínculos comerciales o de negocio con dichos agentes. En efecto no restringir la gratuidad de dicha transmisión, o sí hacerlo como la manera de hacerlo beneficiaba o perjudicaba a los grandes empresarios del medio de distinta manera.

Sin embargo pese a la contribución de la Cámara de Diputados en la solución de estas controversias de la que fuimos testigos porque fue pública, el legislativo se vio disminuido frente a un órgano derivado del Pacto por México en el que en lo obscuro con anterioridad se desarrolló seguramente una compleja negociación política que encabezaron los representantes del gobierno con los partidos políticos de oposición hoy leales, en la que estuvieron en juego sus relaciones con los grupos de intereses económicos afectados y que deben de haber llevado a acuerdos con ellos y entre ellos.

Ahora bien, el ejercicio de la política es siempre cupular pero es más democrático aquel que implica división de poderes y mayor transparencia. Creo que esta perspectiva ofrece una visión crítica del Pacto por México, por encima de los aplausos que ha producido. Además, sostengo que a pesar de permitirle a Enrique Peña Nieto recobrar gobernabilidad, de ello no se desprende que sea mejor político que sus antecesores. De hecho hay otros elementos que explican el “éxito” de su estrategia. Uno las condiciones son mejores par él y dos son más los bienes políticos que puede intercambiar con sus opositores aliados, en tanto ha logrado imponer su control al PRI y dispone de la enorme fuerza que representa.

El límite del Pacto por México estará marcado por las ganancias que vayan obteniendo las dirigencias partidistas con las que negocia el gobierno, la capacidad de satisfacerlas del Presidente Peña Nieto que será decreciente, los costos para los partidos de oposición de su política aliancista que serán cada vez mayores y las contradicciones en su seno que son muchas y pueden aumentar. El Pacto por México ha sido una entrada espectacular de este sexenio pero es frágil y de efectos contradictorios pero quizás pasajeros para nuestra democracia. Por lo pronto están cambiando las reglas informales del ejercicio del poder de nuestro sistema, sin que se hayan resuelto sus problemas estructurales.

En torno a 100 días de gobierno de EPN

Los cien días del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto han generado comentarios parecidos en políticos de distintas corrientes, partidos y analistas en cuanto a los puntos positivos que consideran ha sumado el nuevo mandatario. Por lo que se refiere a sus críticos, a mi parecer se han destacado más las posiciones de izquierda, tanto la moderada perredista como aquella emanada de los radicales que buscan posicionarse en el sistema de partidos como nueva opción, que aquellas que se producen en el seno de los panistas que lejos del poder y a  la defensiva están más concentrados en sus luchas internas con vías a su reorganización en las nuevas condiciones en que los dejó el regreso pujante de los priistas a los Pinos. Sin embargo, aún estas críticas no tienen suficiente consistencia de frente a un inicio de sexenio que no se puede negar ha ganado adeptos por espectacularidad.

Trabajando a toda marcha con actos públicos casi diarios (han sido 85) con importantes discursos que han puesto a andar prácticamente las 13 acciones enunciadas en el discurso de toma de posesión, ha destacado fundamentalmente la capacidad del actual Presidente de concretar un acuerdo de cooperación con las principales fuerzas del país que ya generó la aprobación de la reforma educativa y la presentación ayer del proyecto de reforma al sector de telecomunicaciones que abriría TV y telefonía a la competencia. Particulares felicitaciones mereció la detención de Elba Esther Gordillo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en un operativo construido con base en una investigación sobre desvío de dinero con movimientos que explican su enriquecimiento ofensivo, mas todos sabemos golpea medularmente intereses afectados por la reforma educativa que pretendían obstaculizar.

Además se ha reconocido el que Peña Nieto ha demostrado hasta ahora una capacidad política que igual le ha permitido sentar en su mesa a gobernadores de todos los colores, que facilitado la puesta en marcha de un programa de seguridad más ambicioso diseñado a partir de las causas generadoras del aumento de la violencia en México que se pueda implementar en coordinación con los distintos niveles de poder, así como tomar el control de su partido a través de la reciente XXI (vigésima primera) Asamblea manejada con una habilidad que primero flexibilizó los programas de acción del partido de suerte que concuerden con las políticas de su gobierno, y segundo abrió sus estrategias electorales a los nuevos tiempos.

Sin embargo los críticos ven en el Pacto por México un acuerdo de dirigencias que no deja de ser frágil, en la reforma educativa una serie de medidas (algunas nada nuevas que es lo mismo que se dice de la Cruzada contra el Hambre) medidas que para hacerse efectivas tendrán que operacionalizarse. Lo mismo se dice del programa de seguridad cuyos resultados tenemos que esperar mientras el problema sigue creciendo geográficamente y socialmente se traduce ahora en la nueva modalidad del surgimiento de grupos de autodefensa que también violentan el estado de derecho.

Del mismo modo, se duda de la voluntad o de la capacidad de atentar contra los poderes fácticos a pesar del encarcelamiento de la Maestra Gordillo, pues sobreviven líderes sindicales del mismo corte. En este mismo sentido se afirma que en el proyecto de reforma en materia de telecomunicaciones, el cual si bien sí impulsa el desarrollo tecnológico en el sector y la competitividad (en tanto propone que se liciten dos nuevas cadenas de televisión abierta para nuevos concesionarios), se dejó sentir la presión de los concesionarios actuales con lo que se logró incluir una cláusula para limitar la gratuidad para las empresas por cable de los contenidos de radiodifusión o de retransmisión.

En suma la crítica se construye sobre la base de que el nuevo gobierno ha logrado posicionar más un discurso que produce una confianza basada en la impresión que contamos de nuevo con políticos que sí saben de su oficio, que producir resultados que se puedan comprobar. Esta crítica me parece sin embargo pobre frente a tan sólo cien días de gobierno en el que, sí, tan sólo se han dado a conocer programas, mas éstos parecen entretejer un proyecto de nación con amplia visión. Por lo que se refiere a sus resultados, es demasiado pronto para que se valoren. De ello nos encargaremos a su tiempo y los priistas seguramente cobrarán la factura.

Ahora bien, la crítica más mordaz ha enfatizado el regreso de un viejo estilo de hacer política incluyente, centralizador y autoritario, con base por ejemplo en el uso de la fuerza selectiva a través de golpes legitimadores como son los procesos contra personajes desprestigiados que han dejado de ser aliados, o bien en la asamblea del PRI que transparenta el liderazgo indiscutible del jefe del ejecutivo en el partido o igual en el peligro de intromisión en un órgano como es el IFAI que amplía precisamente sus funciones en el contexto de una crisis interna que se quiere aprovechar para la nueva designación ampliada de todos sus comisionados. Supongo que reflexiones de esta índole llevaron hace unos días a Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD,  a declarar que en el gobierno federal hay signos de resurgimiento de un presidencialismo vertical y del ejercicio de un poder absoluto preocupante, cuando México reclama un verdadero ejercicio de poder democrático.

Esta conclusión me parece exagerada e infundada en tanto el presidencialismo exacerbado en México del pasado fue producto no sólo de los poderes constitucionales otorgados al Presidente del República sino igual de los poderes metaconstitucionales que concentró, los cuales fueron desapareciendo con el proceso de cambio político en el país, las reformas electorales y el afianzamiento de la pluralidad política que le quitó al jefe del ejecutivo el control del legislativo, a la par que la crisis y la reforma del estado habían disminuido su capacidad clientelar.

No creo por lo mismo que Peña Nieto luche ahora por restaurar este presidencialismo, porque sería inútil en un México no sólo competitivo sino con poderes más equilibrados, sino lucha por reconstruir una gobernabilidad mermada desde el advenimiento en 1997 de los gobiernos divididos que hemos tenido. A partir de entonces, desde el legislativo se había bloqueado el ejercicio de gobierno dando pie a presidencias débiles como fueron las panistas. En su esfuerzo por fortalecer la presidencia, el peligro hoy es entonces sólo, y no es poco, el potencial ejercicio autoritario del poder que la oposición y la ciudadanía en general deben impedir, pero también los priistas que mucho ganaron con la descentralización política que produjo la alternancia del 2000.

Sobre la desaparición forzada y el combate al narcotráfico

El legado del fracaso de la mal llamada guerra del expresidente Felipe Calderón contra el narcotráfico produjo decenas de miles de muertos, multiplicación del número de carteles operando en el país, una red más compleja de complicidad con las autoridades encargadas de combatirlos, el aumento del consumo interno de drogas y una creciente inseguridad incontrolable pese al enorme gasto público que se destinó a este rubro. A ello debemos  sumar, ahora los sabemos, el número de desaparecidos que la semana pasada produjo una confusión en los medios a la que me quiero referir.

El asunto partió de las declaraciones de José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización defensora de los derechos humanos “Human Rights Watch” tras reunirse con funcionarios de la Marina, con el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Raúl Plascencia y con Miguel Ángel Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación, en representación de Enrique Peña Nieto quien se excusó de no poder recibir a los activistas por cuestiones de agenda. Vivanco pidió hacer justicia a los miles de desaparecidos que ha habido en México desde finales de 2006, ya sean víctimas del crimen organizado o de la fuerza pública. Las desapariciones forzadas o no forman parte, dijo, de una guerra sin controles en donde es fácil de constatar que no se estuvo a la altura y todo fue permitido. El nuevo gobierno según sus señalamientos, tiene la obligación de afrontar el problema. Por ello se debe investigar para que en su caso las fuerzas de seguridad rindan cuentas de los abusos cometidos.

La organización HRW se pronunció porque las autoridades den resultados. No pueden quedarse en estadísticas, en informes, en conceptos genéricos o abstractos. Para revertir esta crisis que ha sido ignorada y lograr que no se vuelva a repetir, se debe implementar una estrategia concreta con base en un modelo distinto que erradique estructuralmente la impunidad. Ello implica por lo pronto que haya rendición de cuentas, o sea identificación, procesamiento y castigo ejemplar de soldados, marinos y oficiales implicados en desapariciones  de cara al país. Es importante, según se dijo, contar con controles claros, internos y externos, con incentivos para mejorar el rendimiento profesional de las autoridades. Para este fin se debe fomentar el desarrollo de  una cultura que combata la corrupción y el abuso en materia de derechos humanos y elimine la complicidad en la comisión de delitos, de tal suerte que aquellos que portan uniformes o están vinculados al poder también respondan a la justicia.

Ahora bien, cabe precisar que en su informe “Human Rights Watch” presentó únicamente 249 casos de desapariciones forzadas desde 2007, de los cuales 149 presentan evidencias contundentes de la participación directa de las fuerzas de seguridad del Ejército y la Marina y de las tres policías municipales, estatales y federales. En los 100 casos restantes existen sólo fuertes presunciones de la participación oficial. El total de casos aludidos son señalados extremos y documentados (aquellos por los que se pueden responsabilizar) y desde luego no aspiran a ser los únicos.

En este contexto sorprendió el que la propia Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB, a cargo de Lía Limón,  confirmara la existencia de una lista con nombres de más de 27,523 personas no localizadas desde fines de 2006 hasta noviembre de 2012 según un estudio del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información, el área de inteligencia de la Fiscalía Federal.

Quiero abonar a favor de la buena voluntad de esta dependencia en hacer pública una información oficial, si bien de hecho según la ONG aludida ya se había filtrado hace más de dos meses. Sin embargo la declaración me generó, como a muchos, la impresión de que había sido  imprudente pues daba a conocer cifras no depuradas y por lo  mismo creaba confusión. De hecho fueron elaboradas a partir de marzo de 2012 cuando el Senado aprobó la Ley sobre desaparecidos, con reportes de la PGR, las procuradurías estatales, el CISEN y la Marina sin cruzar información, por ejemplo con averiguaciones previas abiertas.  

El número de personas desaparecidas debe ser mucho, mucho mayor que el de las casi 250 personas señaladas por la organización HRW (por ejemplo funcionarios de Coahuila les indicaron que, de diciembre de 2006 a abril de 2012, habían desaparecido en el estado 1,835 individuos), pero hablar de más de 27,000 es hablar para efectos de comparación de más desaparecidos de los que arrojó la dictadura en Argentina. Ello sin duda le generaría al gobierno, y no sólo al anterior, una responsabilidad sin precedentes frente a un delito, la desaparición forzada, que no prescribe. Los panistas quizás con razón están muy molestos. Legisladores como Héctor Larios y Roberto Gil ya señalaron que una cosa son las personas no localizadas y otra las desaparecidas. Además en las desapariciones hay que distinguir las forzadas, de las que no lo son.

De frente a estas críticas se entiende que la propia dependencia ya haya señalado que la base de datos aludida servirá de partida para la conformación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que contará, tal como recomendó HRW, con datos e información genética tanto de las personas que buscan a sus familiares como de los cuerpos hallados no identificados.

Así las cosas me pregunto de cualquier modo si algún día podremos tener acceso a una buen cifra de las desapariciones forzadas en el sexenio pasado para sumarla a los costos de una política equivocada que hoy, así lo creo y lo espero, se quiere corregir sin que se haya a pesar de ello notado aún efectos de las nuevas medidas tomadas bajo el control político de nuestra nueva supersecretaría de Gobernación. En concreto ésta tendrá a cargo una mayor coordinación entre dependencias encargadas de enfrentar la inseguridad y distintos órdenes de gobierno, con un programa que uno pretende rebasar el combate frontal de criminales y no enfoca principalmente la aprehensión de cabecillas, un programa que dos se encamina a la reconstrucción y unificación de los manos policiacos y de los códigos penales, un nuevo sistema que asegure el cumplimiento de la ley con el respeto debido a los derechos humanos, un programa que tres va hacia las causas sociales reales del problema y destina un presupuesto importante (118,000 millones de pesos) para la reconstrucción del tejido social en los 250 municipios más afectados donde se llevarán a cabo acciones preventivas al delito, más los 50 que se atenderán urgentemente, un programa que cuatro y último busca contar con el apoyo de la sociedad civil, grupos empresariales y organismos no gubernamentales con vías a su ejercicio transparente.

Sin duda la nueva estrategia me parece más completa y espero no se quede en una narrativa distinta dirigida a los medios y destinada sobre todo a la imagen de México en el exterior. En tanto se perciben resultados, la nueva administración debería por lo pronto atender los juicios debidos ante la comisión de delitos comprobados en tiempos de Calderón para sentar nuevas bases. Del mismo modo es momento quizás de revisar algunos nombramientos de funcionarios con experiencia en la materia dudosa, o inadecuados, los cuales con declaraciones desafortunadas hacen aún más difíciles las tareas pendientes.

El Consejo General del IFE en la lupa

Las discusiones que ha habido en el seno del Consejo General del Instituto Federal Electoral en las semanas pasadas sobre los gastos en la contienda presidencial de 2012 me generan varias observaciones que quiero compartir con ustedes.

La primera se refiere a la forma en que se alinearon las votaciones en asuntos tan trascendentes como las tarjetas MONEX que el Partido Revolucionario Institucional distribuyó supuestamente para pagarle a  ciertos agentes electorales, o bien para revisar las multas que de ser necesario se tenían que aplicar por rebase de topes de campaña. En el primer caso de las famosas tarjetas votaron en contra de multar al PRI el Presidente Leonardo Valdés, Marco Baños, Francisco Guerrero y Macarita Elizondo y a favor Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván. Al darse el empate fue que decidió votar Sergio García Ramírez quien primero se había excusado de hacerlo por tener amistad con algunos involucrados en el asunto tratado, figura en quien recayó la culpa de la exoneración atrayéndole tales críticas que ya ha presentado éste su renuncia al órgano.

Así ya no votó García Ramírez en el segundo caso de los posibles rebases de topes de campaña en el que se decidió devolver a la Unidad de Fiscalización el dictamen enviado, para que en julio sean revisados en conjunto los informes relativos a los candidatos presidenciales, diputados y senadores, por lo que por el momento no se aplicó multa alguna. A favor de tal medida que impidió que se afectara a los partidos que postularon a Andrés Manuel López Obrador, o sea al PRD, al PT y Movimiento Ciudadano, y que en cambio saliera ileso Enrique Peña Nieto abanderado por el tricolor y el Partido Verde Ecologista de México votaron otra vez juntos Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván ahora con Macarita Elizondo y en contra de que se pospusiera la discusión del dictamen propuesto los demás.

Las alineaciones de las votaciones emitidas no son neutrales y corresponden a la selección de los mal llamados consejeros ciudadanos por cuotas partidistas y vetos cruzados, en el falso supuesto que la suma de subjetividades y la negociación construyen imparcialidad y equidad. Se dice con justa razón que Benito Nacif y María Marván tienen inclinación panista, que Alfredo Figueroa y Lorenzo Córdova son de izquierda, que Marco Baños y Francisco Guerrero no esconden su simpatía priista y que Macarita Elizalde llegó al IFE apoyada por el PAN aunque es más independiente como Leonardo Valdés, quien sin embargo es probable que esté buscando su relección a pesar de negarlo.

El asunto es serio, porque no es un caso único sino que una investigación exhaustiva de todas las decisiones que se han tomado en el IFE (como algunas que ya se han hecho sobre ciertos períodos) seguramente reflejaría esta politización aún en los períodos de mayor legitimidad de la institución, como fue la de la presidencia de José Woldemberg. Entonces el IFE gustó por los resultados electorales que produjeron la alternancia y porque se multó al PRI tras el Pemexwate. Ahora gusta menos porque regresó el PRI al poder y quizás otros partidos pueden resultar multados. Es tiempo, me digo quizás como muchos, de revisar no sólo el alcance de esta institución sin embargo ejemplar sino de repensar la conformación de su Consejo General.

Ahora bien, otro punto que quiero tratar con mayor profundidad es el de la segunda medida tomada que se mencionó. Me congratulo que por lo menos aún no se haya decidido multar a la Coalición Movimiento Progresista, mientras la campaña del actual Presidente sale ilesa de la revisión de su contabilidad. Todos los interesados pudimos atestiguar que los candidatos punteros empezaron su campaña mucho antes de los tiempos oficiales: Peña Nieto desde el 2005 en que llegó a gobernador del Estado de México, López Obrador desde el 2006 en que se negó a aceptar su derrota en la elección presidencial de aquel entonces. A saber cuánto cuesta realmente una campaña presidencial, pero las de ellos dos se excedieron sin duda de gastos permitidos. Soy de las que creen que ninguno de los dos ganó o perdió por dinero aunque reconozco que los gastos de ambos se destinaron a distintas partidas, con distinta modalidad. Sí es cierto AMLO era menos ostentoso, pero hubieron gobiernos como el del Distrito Federal que por años trabajó por asegurarle votos a través de programas sociales y eventos multitudinarios. ¿Cuanto pudo costarle a los suyos el apoyo al movimiento #YoSoy132? Esta y otras son preguntas que nos quedaron sin respuesta. Por su parte tras su descomunal presencia en medios durante años, Peña Nieto supo seguirse imponiendo en tiempos oficiales como mejor e inevitable única opción para México organizando concentraciones espectaculares y seguramente costosísimas. En este sentido también nos cabrá siempre la duda de si hubo o no algún financiamiento suyo que explique lo inflado que resultaron las preferencias prelectorales a su favor señaladas por  casas encuestadoras.

Con todo ello, lo cierto es que muchos de los gastos comentados no se pueden contabilizar y con la normatividad vigente al PRI y al PVEM le salió bien la tirada porque supongo que supieron esconder gastos, disfrazar costos reales y acomodar bien sus cifras gracias al prorrateo entre campañas federales, mientras que es posible que el PRD, PT y Movimiento Ciudadano hayan también hecho ciertos manipuleos con sus cuentas pero no usaron suficientemente a su favor el recurso disponible para ello de prorratear y las sumas terminaron afectándolos. El problema que veo es que como este resultado no le gustó a la mayoría, a pesar de no cambiar el criterio de poder prorratear entre todas las contiendas (en un momento dado hubieron dos votos que así lo pedían), decide devolver el dictamen recibido para que la unidad correspondiente (curiosamente a cargo de alguien llamado Alfredo Cristalinas) precise los criterios para poder prorratear aclarando lo que debe entenderse por beneficio, en tanto según el artículo 177 del Reglamento de Fizcalización del IFE el prorrateo que no puede exceder al 50% del gasto total debe operar en concordancia con las campañas beneficiadas.

¿Qué esperan aquellos que se oponían al absurdo resultado de multar a la Coalición Movimiento Progresista y no a la mancuerna de priistas y ecologistas? En principio observar en conjunto todas  las campañas federales, como debía haber sido si no se hubiera exigido adelantar la revisión de las presidenciales. Eso está bien, mas apunto dos elementos. Primero no se puede definir a posteriori criterios que afecten cuentas que se presentaron cuando no existían, y segundo el concepto de beneficio que toda campaña presidencial aporta a otras campañas simultáneas del mismo partido me parece difícil de acotar ya que el análisis político ha demostrado el arrastre del voto que una campaña de carácter más importante, como la presidencial, produce en la votación de campañas menos importantes, como la de diputados y senadores del mismo partido. Luego entonces, a mi juicio, todos los partidos tenían la prerrogativa de poder prorratear los gastos de sus campañas presidenciales hasta el tope permitido por la normatividad vigente en el momento que se desarrollaron.       

Los órganos competentes deben tomar sus decisiones conforme a derecho y no en función de que gusten o disgusten sus consecuencias. Si no lo hacen así, podemos sospechar de su parcialidad.

El nuevo gobierno: fragilidad de una política mediática

Los analistas y público interesado en general han venido siguiendo, durante casi ya dos meses, al gobierno de Enrique Peña Nieto para dimensionar el alcance y consecuencias del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder federal. De frente a la nueva realidad de una administración que trabaja con un estilo tan diferente al que tuvieron los panistas, unos se extreman en elogios en exclamaciones de al fin las riendas las tienen quienes saben negociar, otros más cautelosos no se quieren dejar confundir por las apariencias, y desde luego están quienes a la par que sanan las heridas de la derrota construyen su papel de oposición o preparan proyectos políticos alternativos.

Lo cierto es que, por más que cuide su imagen, Peña Nieto no la está teniendo fácil: por un lado su andar a galope le arrastra descuidos imperdonables como las recientes desafortunadas declaraciones patrimoniales que sembraron más dudas que transparencia expresaron, por otro lado su política lo lleva a impulsar la construcción de  acuerdos de gran fragilidad como puede ser el Pacto por México o contradictorios como de conseguirse sería la alianza del PRI y el Partido Verde Ecologista con Nueva Alianza en los comicios estatales que se llevarán a cabo este año en 14 entidades, en una de las cuales en Baja California Norte se elegirá gobernador, cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que está detrás de este partido aún se moviliza en contra de la recién aprobada Reforma Educativa.

De ese tamaño son los malabarismos que se quieren hacer porque, de entrar en detalle en el análisis de lo que es el Pacto por México, se ha dicho con acierto que involucra a los partidos más importantes del país mas cabe señalar que lo han firmado sus dirigencias nacionales y que al menos el Partido Acción Nacional y el Parido de la Revolución Democrática enfrentan divisiones internas que complican las negociaciones futuras y el apoyo que se otorgue a las políticas gubernamentales. A ello hay que añadir los desacuerdos que surjan en el seno del PRI, como al menos yo pienso se verán cuando se discutan las reformas hacendaria y energética. No por nada se ha pospuesto tal discusión al próximo semestre, y es parte de lo que se quiere planchar en la próxima asamblea de este partido.

El Pacto por México es frágil porque el Presidente Peña optó por un gobierno centralizador aunque incluyente. De esta forma en un esfuerzo constante tendrá que conseguir el apoyo necesario principalmente para más de 60 de los 90 puntos que comprende el documento, en tanto pasan por el Congreso al que le tiene que dar su lugar. Hoy precisamente se reúne con los diputados priistas, ya habiéndolo hecho la semana pasada con los senadores en Bahía de Banderas. A través del Pacto y de su Consejo Rector Peña Nieto abandera las negociaciones necesarias y más allá del poder parlamentario fortalece la posibilidad de llegar a puntos de equilibrio. Muy difícil la tiene, siendo que otro camino para él que no se moviera como lo hace el suyo entre el presente y el pasado hubiera sido el decidirse de forma más radical por conformar un gobierno de coalición que reconstruyera la gobernabilidad en México, no se quedara en el nivel mediático, ni corriera  posiblemente el riesgo de abortar.

Sí, los medios y su buen manejo le han facilitado al nuevo gobierno una luna de miel que le ha atraído más apoyo que rechazo según constatan las encuestas, pero también los medios son acaparados por notas y comentarios que afectan irremediable y negativamente este regreso del PRI, sin que siempre haya error de por medio como fue en el caso de las declaraciones patrimoniales. Al respecto cabe mencionar dos eventos que quizás voluntariamente se resolvieron el mismo día o sea el miércoles pasado con la misma lógica, con la que concuerdo, sin dejar de ver que afectan a Enrique Peña Nieto. Me refiero a la salida de Florence Cassez de prisión y a la exoneración por parte del Instituto Federal Electoral (IFE) del PRI en el caso Monex.

¿Por qué digo que quizás no fue casual que ambos hechos coincidieran? La revisión del caso  de la ciudadana francesa encarcelada fue sin duda un distractor de la discusión en el Instituto Federal Electoral de los famosos monederos electrónicos, los cuales fueron pieza importante de la impugnación de Andrés Manuel López Obrador de la contienda presidencial pasada.

¿Por qué digo que ambos asuntos se resolvieron con la misma lógica? En el caso de Florence Cassez, la Corte Suprema de Justicia (con tres votos a favor y dos en contra) no la absuelve de los delitos que le imputan sino declara que no se le puede juzgar por los vicios que tuvieron el proceso de su aprehensión y la obtención de los testimonios que la inculpaban. Obtiene así un amparo libre y llano que le permite salir de prisión, sin ser declarada inocente. En el caso Monex la Unidad de Fiscalización del IFE recoge información sobre la triangulación de dinero que llevó a los monedores, con lo que se prueba la legalidad del contrato del PRI; así en el Consejo General (con cinco votos contra cuatro) se le exonera hasta ahora (determinándose que la partida corresponde a gastos ordinarios y no extraordinarios lo cual podrá tener consecuencias), si bien por considerarse un asunto que queda fuera de la jurisdicción de la institución no se resuelve sobre las sospechas que arroja la necesidad de esta triangulación, el estatus de las empresas involucradas, ni sobre todo el origen mismo del dinero. Con ello el expediente irá a parar a otros organismos.

Así las cosas, en el asunto de Florence Cassez nos quedaremos para siempre con la duda de su nivel de responsabilidad en la comisión de delitos, aunque el asunto de Monex todavía es posible que se revise hasta sus últimas consecuencias. En ambos casos la mayoría de la población está enojada y ello se revierte en la imagen de Peña, porque por un lado la sociedad está harta de la violencia generalizada y poco importa el debido proceso si la Cassez es considerada como una culpable privilegiada liberada por un nuevo clima de impunidad, beneficiada por una mayoría que hizo posible el voto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de nueva inserción en la Corte bajo influencia priista. Y por otro lado en el caso de Monex, la gente ve en la posición de los consejeros electorales favoritismo hacia el partido en el poder por parte de aquellos cuya entrada promovió precisamente el PRI, así como por el consejero presidente Leonardo Valdés quien se dice busca su próxima relección. En particular con profundas críticas fue recibido el que Don Sergio García Ramírez primero se excusara de votar por tener lazos de amistad con alguna de las partes, a saber la familia de Gabino Fraga, y luego sin embargo lo hiciera para llegar a un desempate  en la votación. Ahora bien, a demás de considerar que hubo favoritismo, muchos con razón dudan que el asunto sea revisado con transparencia por organismos bajo control gubernamental como son la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En todo caso, la decisión del IFE se impugnará.

En este principio de sexenio Enrique Peña Nieto lucha con dificultad por recuperar fuerza para la institución presidencial tanto como legitimidad y eficiencia en la toma de decisiones. Su empeño hasta ahora ha estado sobre todo en construir una nueva imagen, la cual prende de alfileres.