Carmen Aristegui vs MVS

El conflicto desarrollado desde hace dos semanas entre Carmen Aristegui, conductora afamada de la primera emisión de noticias de MVS,  y la empresa para la que había venido trabajando ha ocupado mucho espacio en los medios y las redes sociales dividiendo la opinión de comentaristas e interesados, de suerte que genera confusión. No es para menos. Las opiniones encontradas se han basado más que en hechos en supuestos, de los que se extraen conclusiones sin fundamento, y lo que es más grave los eventos no están recibiendo un análisis adecuado para captar el momento político que estamos viviendo a partir de interpretar lo que puede haber detrás, uno, de los despidos de dos reporteros de Aristegui y luego de ella misma tras demandar su reinstalación y, dos, de las reacciones que provocaron.

Los hechos, no menos pero no más, son los siguientes. El 9 de marzo la conductora señala que su equipo de MVS, lo precisa, se sumaba al proyecto Mexicoleaks; inmediatamente la empresa se deslinda de la plataforma referida. El 12 de marzo MVS despide a Daniel Lizárraga e Irving Huerta. Al día siguiente Carmen pide el regreso de ambos, como condición para permanecer en la empresa, y el 15 de marzo ésta reacciona dando por terminada su relación con ella. De nada sirve la intermediación del defensor de las audiencias de MVS, figura que existe a raíz del anterior conflicto de la reportera con sus empleadores. En síntesis, éste declara que Aristegui cometió en este caso un error, pero que la respuesta de la empresa fue excesiva y malintencionada.

De tal suerte es que las opiniones se dividen. Por un lado están aquellos que defienden a la reportera y ven en los acontecimientos un atentado a la libertad de expresión, por haber generado ella un espacio de apertura informativa y privilegiado el periodismo de investigación. Se le reconoce en este sentido, entre otros factores, su rol en la difusión de asuntos turbios en el manejo del dirigente del PRI en el DF, y en particular del conflicto de intereses en la compra de casas del actual Presidente Enrique Peña Nieto, su mujer y su Secretario de Hacienda. En esta línea están varias interpretaciones de los hechos por medios extranjeros, que al igual suponen que esta posición periodística crítica seguramente molestó al gobierno o era molesta para el gobierno, por lo que o bien el mismo gobierno presionó para que MVS la despidiera tan pronto fuera posible, más cuando llega su exabogado a los Pinos, o bien la empresa misma consideró que el gobierno vería con buenos ojos su despido lo que era conveniente para sus intereses y por eso rescindió su contrato.

Este análisis basado en supuestos llega al extremo, en varios casos, de afirmar que la libertad de expresión en México sufre con ello un retroceso. Sin proporcionar pruebas aseguran que los espacios críticos se están cerrando en el país e incluso relacionan, sin lógica a mi manera de ver, esta historia con los riesgos que enfrentan los periodistas para ejercer su oficio, y aquí sí mencionan cifras ciertas de amenazas, desapariciones y asesinatos de miembros del gremio víctimas de la violencia.

¿Que creo yo? El actual gobierno ha puesto un especial cuidado en el control de su información. Es posible, aunque no lo podemos probar, que haya tratado de cooptar más  a los medios y controlar lo que difunden, pero definitivamente la opinión crítica sigue teniendo un espacio importante, incluso en los medios oficiales (como en este momento). Basta ver televisión, escuchar la radio, leer la prensa y sobre todo seguir las redes sociales para saber que por todos lados la administración federal es cuestionada y su legitimidad ha venido en picada. Lo valiente hoy en día no es criticar al Presidente, sino sería defenderlo. Los últimos seis meses han sido catastróficos para su administración, y lo que tampoco se puede probar, pero es muy posible, es que fuertes intereses parecen también haberse puesto en marcha para echar abajo, de cara a las elecciones de este año, la imagen de mandatario modernizador y eficaz que se había forjado Enrique Peña Nieto con la aprobación de sus reformas estructurales. Y lo han logrado, no sin la ayuda de muchos errores que éste y su gente han cometido.

Pregúntense ustedes: ¿Qué podría haber ganado el Presidente con el despido de Carmen Aristegui y sus reporteros? Era obvio que se le vendría el tiro por la culata, y pronto  encontraría ésta –victimizada- otro micrófono, lo que por ejemplo ha demostrado la petición que los senadores del PAN, PRD y PT hicieron este fin de semana de que se le contrate en el Canal del Congreso para no negarle voz. En eso estoy totalmente de acuerdo. Aristegui cumple una función, y el propio Peña hubiera hecho bien de llamarla a un canal oficial para callar a quienes lo quieren hacer culpable en última instancia de lo que pasó, y de transmitir el mensaje de que este tipo de periodismo no se tolerará. Ello a pesar de que suenan totalmente incongruentes las declaraciones de la reportera, de estos últimos días, de que MVS la había convidado a no reportar el asunto de la casa blanca, fíjense ustedes hace más de cien días, cuestión que hasta ahora se da a conocer y ha sido negada por la otra parte. 

Entonces, si de suposiciones de trata, también cabe suponer que los despidos referidos tuvieron como finalidad abonar en el desprestigio creciente del Presidente, y tienen como origen una guerra en su contra, armada por diversos intereses afectados por sus políticas y alianzas.

Indagar esto con seriedad me parece más importante que salir simplemente al ataque de la reportera, lo cual representa la otra posición; reportera cuya reacción pudiera ser, porque no, si nos ponemos de creativos, parte de un plan maestro desprestigiante. Sin embargo, además de dejar un enorme hueco, cabe reconocer que ha sido vulnerada en sus derechos laborales porque los lineamientos obligatorios dados a conocer por MVS después de los hechos, aplicables entre la empresa y los conductores de sus emisiones informativas,  son contrarios al contrato que Carmen Aristegui había firmado. A saber que ahora se señala que la empresa tiene derecho a insertar secciones y cápsulas en las distintas emisiones, las cuales estarán a cargo de especialistas, como a promover otros compañeros y/o incluir contenidos de otras emisiones. Igualmente los lineamientos otorgan poderes al director de noticias de MVS para coordinar las investigaciones especiales y establecer la agenda informativa de los noticiarios, nombrar colaboradores, y modificar participaciones, secciones  y mesas de debate sin acuerdo de los conductores. Además, lo más grave, obliga a los periodistas a informar sobre sus pertenencias sociales y políticas, sus intereses económicos e ingresos por otras vías.

Así las cosas, la lucha de Carmen Aristegui por lo que considera la libertad de expresión, a pesar de ser polémica, ni ha terminado ni carece de todo sentido. Los concesionarios de bienes públicos no pueden actuar a espaldas del interés colectivo.

Las mujeres y el poder. Sobre las cuotas de género.

Los eventos, mesas redondas, seminarios, foros y otros donde los analistas políticos comentamos los pormenores de las próximas elecciones se han naturalmente multiplicado con su proximidad. Destacan las visiones pesimistas sobre la legitimidad que logren los comicios, si ya empiezan mal con la crisis que el INE acaba de atravesar. Todos hemos destacado varios elementos en los que coincidimos; sin embargo, me ha llamado la atención un punto que algunas colegas señalan al menos de positivo sobre la nueva normatividad, que es el relativo a las cuotas de género, a través de las cuales al fin se generalizó la obligación para los partidos de que la mitad de sus postulaciones sean de candidatas. Me mostraba yo escéptica cuando las oía, sin entrar en más reflexión, por lo que hoy quiero profundizar el tema con ustedes, como pretexto además de que el domingo pasado fue el día de la mujer, y curiosamente me topé entre las colaboraciones sobre el mismo con un rechazo explícito precisamente en el sentido contrario de las famosas cuotas, por un distinguido articulista. ¿Qué se puede decir al respecto?

Si partimos de reconocer la desigualdad social entre hombres y mujeres y la obligación del Estado de construir y desarrollar políticas públicas para contratacarla, y para proteger a las mujeres de suerte a darles las mismas oportunidades de desarrollo e impedir que sean objeto de maltrato, abuso y discriminación, su entrada en el mundo del poder por un lado sienta un precedente de igualdad, y por otro lado favorece  la implementación de tales políticas. Sin embargo esta entrada ha venido siendo lenta. No podía ser de otro modo, si recordamos que apenas se autorizó el voto femenino a nivel local en algunas entidades del país en los años veinte del siglo pasado, y a nivel federal en 1953. Tuvimos la primera gobernadora en época del Presidente Luis Echeverría y la primera ministra con José López Portillo.

La lucha de las mujeres por su representación política empezó así a conquistar la normatividad electoral, de forma tal que se impusieron también gradualmente las cuotas de género que para 2010, fíjense eran de 50/50 a nivel local en tan sólo ocho entidades, cinco de los cuales las imponían para diputados tanto de mayoría absoluta como de representación proporcional, y tres sólo para los de representación proporcional. En nueve estados más, las cuotas eran de 60/40, y todavía en once de 70/30.

En este sentido no se puede negar el avance logrado, el cual comprende además el que con el tiempo se ha ido evitando las trampas en las que incurrían los partidos para cumplir sus cuotas de género y salvarse de sanciones, de presentar fórmulas de candidatas propietarias mujeres con suplentes hombres, a quienes de ganar les entregaban a menudo su curul. El fenómeno, recuerdan, se conoció como el de las Juanitas y se prohibió. Igualmente se avanzó en lo referente a los lugares poco favorecedores de las mujeres en las listas de candidatos plurinominales, y se dio solución a los casos de candidaturas producto de elecciones primarias en los partidos, las cuales afectaban las cuotas de género.

Este avance muy probablemente lleve a más mujeres a la Cámara de Diputados, en tanto la política de cuotas ya ha elevado por ahora a más de 35% el número de legisladoras, que de 2006 a 2009 eran poco más del 20% (que es el porcentaje medio actual de mujeres en congresos estatales; mientras hay únicamente 7% de presidentas municipales, cuando eran menos del 4% en 2005). Cabe señalar sin embargo que la diferencia de sus porcentajes, con las cuotas entonces vigentes, radica en que las candidatas mujeres, según  estudios que se han realizado, han venido sido designadas en distritos perdedores por partidos como el PAN y el PRI, mas no por el PRD, y como ya se indicó en posiciones menos importantes en las listas plurinominales. Ahora bien, el primer punto no lo ha podido controlar la normatividad vigente, como no ha podido controlar el buen uso del presupuesto destinado a los partidos para el empoderamiento de la mujer, como no ha podido controlar que en el Congreso las legisladoras tengan posiciones tan importantes como las de los hombres en sus cuerpos y comisiones. Tampoco ha podido controlar, dicho sea de paso, la incorporación que se ha pretendido de las mujeres en todos los niveles de gobierno. En los municipios, por ejemplo, diversas ONG velan por una representación femenina, la cual supuestamente se acepta; no obstante, las mujeres son relegadas a funciones propias de su sexo, según una posición de hecho conservadora.

Es por ello que veo  con escepticismo la política de cuotas de género. Recuerdo que una investigación de Costa Rica (aclaro) que presentó un profesor en algún congreso, hacía referencia en el mismo tenor que planteo a que las legisladoras mujeres no defendían precisamente políticas de género, y aún podían posicionarse en contra de los intereses de las mujeres si estos chocaban con aquellos que las habían colocado en ese lugar. Esto me hace pensar varias cosas, las cuales presento con reservas.

Así, llamo a considerar el carácter discriminatorio que tiene para los hombres el vérseles negada por ejemplo una postulación en ciertos casos en que con mayores méritos y perfil se les niega para dejar entrar a mujeres con el objetivo de cubrir una cuota. Lo mismo sucede en la administración pública, si bien cabe indicar que las mujeres no escalan en general hasta puestos elevados. Menos del 20% de las secretarías de estado son ocupadas por ellas, e igualmente cubren menos del 15% de las subsecretarías.

A pesar de ello me ofende como mujer, y quizás confieso porque soy una tercera generación de mujeres en el mercado de trabajo, el que tanto mujer pueda tener privilegios para obtener un puesto. La discriminación positiva quizás es necesaria para el avance de grupos en exclusión, pero puede resultar también dañina. Un ejemplo de otro tipo, pero quizás ilustrativo, son las ventajas para entrar en una universidad norteamericana que puede tener una mujer, de una minoría, digamos latinoamericana, con alguna discapacidad. Esta política desde luego no redunda en el nivel académico de la institución, como tampoco redunda en los organismos internacionales, por mencionar otro ejemplo, la  composición diferenciada y obligatoria de sus integrantes.

La solución, en el tema que nos concierne, se encuentra posiblemente en defender sí las cuotas de género, e incluso su cabal y mejor cumplimiento, pero con la mirada puesta en una duración limitada en el tiempo de tal política.