Sobre la normatividad electoral

Los estudios de política comparada demuestran que no existe procedimiento o institución electoral que no tenga efectos políticos, ya sea en las formas de representación o en el sistema de partidos, y por tanto no existe un procedimiento electoral políticamente neutral, sino que todos ellos contienen una concepción sobre el régimen electoral que un país desea construir, el cual a su vez es impulsado por los actores con capacidad política para hacerlo.

Existen diferentes formas de organizar y gobernar una democracia, y  la opción por un sistema electoral u otro depende de intereses y condiciones sociales, más que de la simple implantación de un modelo probado como correcto y universalmente aceptado.

De aquí dos observaciones muy importantes: uno, las instituciones y procedimientos electorales tienen historicidad e intencionalidad política; dos, la normatividad electoral tiene efecto en los resultados de los comicios.

Sin embargo, en México, el debate que orientó las diferentes reformas electorales que se fueron aprobando en el país desde 1977 supuso, en la mayoría de aquellos que intervinieron en ellas, que existían referentes firmes de carácter general, teóricos y justos sobre el tipo de instituciones que debían ser construidas, cuando en realidad se trataba de una cuestión de ingeniería, de creación de instituciones democráticas que para ser estables y aceptadas debían reflejar lo mejor posible los intereses y la correlación de fuerzas entre los partidos políticos.

Esto explica el hecho de que cada reforma electoral fuera vista y defendida en su tiempo como el arreglo óptimo; sin embargo, una vez modificadas las condiciones políticas anteriores, se volvía inevitable revisarla, lo que dio por resultado un proceso continuo de reformas que inició en 1977, siguió en 1986, 1989, 1993, 1994, 1996, 2003, llegó a  2007, luego a 2012 y finalmente a 2014. De hecho esta reformitis electoral es una de las características actuales de nuestro sistema político.

En efecto no podía ser de otra forma; siendo en principio tan inestables las fuerzas partidistas en México en términos de votos, y por lo tanto tan inestable la correlación de fuerzas (ello se podría matizar pero en principio así es), es claro que aún la reforma electoral de 1996, calificada de manera pretenciosa en su época como definitiva, tendría tal carácter mientras persistiera la misma correlación que le dio origen.

Así la experiencia del 2006 demostró la urgencia por revisar nuevamente las instituciones electorales, ya que muchos temas que se sabían importantes desde tiempo atrás y no habían podido ser abordados se volvieron los principales problemas de la democracia mexicana. En particular las instituciones no estaban preparadas para una contienda tan polarizada, ni para resultados tan cerrados. El IFE no estaba armado para ello y demostró inexperiencia. El problema principal fue la campaña sucia por ambas partes, PAN y PRD, además de la injerencia del Presidente Fox en ella, lo que reflejó un problema de inequidad al que se sumó la intervención de las agrupaciones empresariales que compraron tiempo en los medios para afectar a López Obrador. En este contexto, apaciguar al país requirió la aprobación de la reforma del 2007, la cual tuvo tres ejes:

1.           La eficacia del funcionamiento interno del IFE.

2.           El fortalecimiento del IFE y de los partidos frente a los poderes informales (particularmente los medios de comunicación).

3.           La gobernabilidad del proceso electoral fundada en partidos políticos fuertes.

La reforma de 2012, largamente discutida enfrentó a su vez nuevos problemas relativos a poder evitar parálisis en el gobierno (en ello había una peligrosa laguna), a la necesidad de fortalecer la soberanía ciudadana dado el desencanto social con los partidos políticos (así se aprobaron la consulta popular, los proyectos de ley ciudadanos, y las candidaturas independientes, si bien no pasaron todavía entonces ni la relección inmediata de legisladores federales, ni la de presidentes municipales) y de mejorar la gobernabilidad democrática (pasaron de este modo las iniciativas preferentes del ejecutivo y la ratificación por el legislativo de las designaciones de los comisionados que el presidente nombrara entonces en la Comisión Federal de Competencia, en la Comisión Federal de Telecomunicaciones y en la Comisión Reguladora de Energía; mas se atoró la reconducción presupuestal y además se eliminó la sanción relativa a que si los legisladores no atendieran y votaran una iniciativa que el ejecutivo mandara con carácter prioritario, se convirtiera en ley).

El regreso del PRI al poder federal produjo, poco tiempo después, nuevos desencantos que desembocaron en la nacionalización de las elecciones, dada el decir de la nueva oposición que los gobernadores (la mayoría de ellos de origen priista) manipulaban los procesos electorales a través del control de los institutos electorales estatales. Así surgieron las OPLES  y el INE con la capacidad regulada de atraer elecciones y de llevar a cabo la fiscalización en tiempo real de las campañas con estrictas reglas de prorrateo de los gastos. La nueva reglamentación hizo posible el surgimiento de nuevos partidos, especificó la logística necesaria para las consultas populares y las candidaturas independientes, y esta vez  sí hizo posible la relección que había abortado en 2012. Además estableció una nueva manera de asignar los votos por coaliciones electorales.

Después de haber sustentado el que todas las reformas han sido producto de sus contextos políticos y a su vez producen consecuencias, podré en futuras emociones estudiar los efectos de la reglamentación actualmente vigente para las próximas elecciones, lo cual voy a hacer a través de las siguientes preguntas:

1. ¿Quiénes votan?

2. ¿Quienes pueden ser votados?

3. ¿Cómo se cuentan los votos?

4. ¿Qué se vota?

Denuncia y combate a la corrupción en tiempos electorales

Una revisión informal a los periódicos que me vine haciendo ayer en un vuelo aéreo, me dejó ver la proliferación de notas escandalosas que difunden asuntos de presunta corrupción de políticos de partidos de todos los colores, o expresan proyectos para combatirlos o políticas gubernamentales que se echan en marcha con este fin.

No están únicamente las secuelas de las casas de nuestro señor Presidente o su mujer, y de su secretario de Hacienda, adquiridas de forma dudosa y beneficiosa de manos de empresarios con jugosos contratos oficiales. No sería cosa nueva. Apenas el sábado pasado, el New York Times precisamente atribuyó a José Murat,  exgobernador de Oaxaca de 1998 a 2004, la propiedad de seis inmueles de lujo que hacen palidecer a la casa blanca de la Gaviota. Murat lo ha desmentido, pero  el periódico apenas ha empezado a publicar el material (lo hará a detalle a lo largo de la semana), el cual proviene de una investigación seria de Louise Story y Stephanie Saul, que les llevó más de un año sobre el poder mexicano más allá de la frontera, encubierto desde luego en empresas fantasma.

Por otro lado, el ya también viejo asunto de Oceanografía se ha revivido al darse a conocer que Mario Alberto Ávila Lizárraga, exsubdirector de mantenimiento y logística en Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción, además de ser investigado por favorecer a la compañía cuyo socio mayoritario es Amado Yáñez Osuna, ahora por indagaciones que hace la PGR se presume que pudo ser apoyado por éste en su campaña en 2009 como candidato del PAN al gobierno de Campeche. De hecho, se han investigado a varios empresarios para conocer si financiaron también dicha campaña, su relación con Amado Yáñez  y si pagaron correctamente sus cuotas al IMSS, a Infonavit y  sus impuestos. Por ejemplo se sabe que Mario Alberto, como otros funcionarios que le concedían contratos millonarios, frecuentemente viajaba en el avión de Yañez.

Ayer mismo, 9 d efebrero, también se daban más datos sobre la obscuridad detrás del diseño de la línea 12 del metro. No sólo se trata, ahora por ejemplo, de si los trenes eran los adecuados para el proyecto, si esto se sabía, sino que el tipo de cambio que el gobierno de Marcelo Ebrard estableció para el pago para su mantenimiento se fijó en 16.75 pesos por dólar, cotización que se mantuvo en 2013, 2014 y hasta el 13 de enero pasado, cuando ni con la devaluación reciente hemos alcanzado tal paridad. Total, que parece que los costos se inflaron.

¿Qué les parece? La corrupción supuestamente se da en políticos de todos los colores partidistas, sin excepción, y en estos tiempos electorales parece ser que su denuncia es muy atractiva como estrategia. Así, no me parece una casualidad el aumento de su reproducción en los medios. No me parece una casualidad que aquellas que dañan la imagen de los priistas estén proviniendo del exterior, particularmente de los diarios norteamericanos y puedan esconder el descontento de varios sectores de empresarios que la llegada de Enrique Peña Nieto a los Pinos desplazó, siendo que estrechaba lazos con los chinos por ejemplo. Denunciarlo a él y a sus aliados como es Murat (piensen ustedes que su hijo su joven hijo Alejandro fue colocado nada menos que en Infonavit y hoy es un fuerte candidato para ser candidato del PRI en Oaxaca en 2016), hacer esta denuncia era impostergable y oportuno antes de las elecciones.

Miren, yo veo que con esta campaña que tiene como tema el evidenciar que el PRI no ha cambiado y que sus gobernantes son los mismos ladrones de antaño, junto con el desbordamiento de lamentables incidentes como el de Tlataya e Iguala en el marco de la plaga de la narcopolítica y un Ejército sin formas para combatir el crimen organizado, ha beneficiado sobre todo a los panistas, a decir por el aumento de las preferencias electorales a favor del PAN, de tal suerte que una buena hipótesis es que ese partido haya orquestado una buena difusión de lo que venía sucediendo y de la ineficacia federal.

Es por ello, a mi parecer, que el gobierno federal se ha puesto en varios sentidos las pilas para contraatacar en varios sentidos, uno de los cuales puede ser la exposición de la corrupción panista. En este mismo sentido veo el muy comentado nombramiento, que todavía ocupa las planas de los diarios, de un Secretario de la Función Pública cuando a comienzos del sexenio no se hizo el nombramiento en espera de reestructurar los organismos de combate a la corrupción. La discusión se empantanó en el Congreso, pasó por la conquista en la Reforma Política de una Fiscalía en la materia, cuyo titular sin embargo no ha podido ser nombrado por las diferencias de posturas del gobierno y de la oposición en este reglón, centradas en la composición de los órganos correspondientes, de la cual se derivaría su potencial autonomía del ejecutivo, no la investigación sino la calificación de los delitos y la suerte de los inculpados para que las faltas graves no queden en meros desahibilitamientos.

El PAN en particular había diseñado un proyecto de sistema  de gran calado, a cuya discusión pretendía darle prioridad durante el presente período de sesiones, que de llegar a acuerdos como parecía posible, lo vestiría en la jornada electoral. Entonces, semicongelar tal discusión, revivir la secretaría de la Función Pública y tomar una serie de medidas que una administración puede de ya tomar (algunas son muy buenas), fue de parte del equipo de Peña Nieto un despertar tras los sucesos posteriores al último informe que había llenado al Presidente de gloria. En esto estoy de acuerdo con otros comentaristas; fue una reconducción de su política, como lo fue pretender cerrar el caso de los normalistas de Ayotzinapa, o fueron los recortes presupuestales. Pero no ha sido, al menos ésta, una política de repliegue como algunos señalan, sino de ataque a sus adversarios más cercanos en las próximas elecciones. Ello a pesar de lo ridículas que hayan parecido las decisiones tomadas,

En suma, no van a estar los priistas sentaditos en espera que la economía de milagro crezca. Van a inmovilizar sólo la vida parlamentaria; no les convienen los reflectores puestos en el Congreso donde comparten el espacio con sus opositores. Pero fueras de éste. van a actuar con todas las armas que tienen en sus manos; en particular van a hacer uso de su influencia en los medios, y van a aceitar su maquinaria experta en conseguir votos. Así leía yo el periódico ayer en el avión.

¿Están de acuerdo conmigo?                           

Elecciones 2015. El caso de Guerrero

Ayer, 25 de enero, hicieron cuatro meses de los acontecimientos de Iguala que cambiaron el panorama político del país. Quizás desde las altas esferas se confiaba que las fiestas decembrinas acallarían la protesta social, generada por los normalistas desaparecidos en el marco del auge del narcotráfico en Guerrero, de las pugnas entre carteles de la droga y de  la complicidad de las autoridades. No ha sido así; prueba de ello fue el caos vial que tuvimos en la ciudad por las marchas.

Hoy México no se reconoce porque, se puso en evidencia la fragilidad política del PRI y de su Presidente, quien hace bien poco todavía se veía orgulloso de la habilidad negociadora de su equipo a favor de su política reformista. Su popularidad se ha visto afectada, y arrastra las intenciones de voto debido a estos incidentes, los cuales se sumaron a las consecuencias de su mal manejo, y los agravaron tanto los testimonios de la persistencia de la corrupción en el país, como una economía que no despega, un dólar que se aprecia y precios del petróleo que se desploman. La nueva coyuntura ha cambiado por completo el panorama que se veía venir para las próximas elecciones, en las que antes se creía que los priistas arrasarían. ¿Qué se espera ahora, a nivel general, y en particular a nivel de Guerrero especialmente afectado por la crisis.

En primer lugar, las próximas contiendas mediante las cuales se renovará la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas y poderes locales en 18 entidades, a saber congresos locales y autoridades municipales, van a evaluar la pertinencia de la reforma político electoral del año pasado, cuyo eje más relevante fue la nacionalización de las elecciones a través del nuevo INE. Amén de que habremos de preguntarnos si habrá valido la pena aumentar el costo de los procesos, estará por verse la difícil fiscalización en tiempo real de las campañas que ya ha enfrentado al instituto a una primera compañía la cual había contratado para tal fin. Igualmente está en el aire su monitoreo que tendrá una cobertura inédita y deberá realizarse con más recursos, pero quizás insuficientes para el reto.

Son ejemplos, pero lo que más interesará será apreciar las consecuencias que habrá de tener la nueva normatividad sobre el conteo de los votos, en las circunstancias que enfrentan los hasta ahora partidos grandes, así como los que se pensaban pequeños, además de  los nuevos partidos. Con la aparición de Morena sobrevendrá una fragmentación tal del PRD que ambos partidos resulten medianos, como puede llegar a serlo el PVEM. Partidos grandes sólo parece que seguirán siendo el PRI y el PAN, mientras se duda que los otros partidos nuevos y el PT sobrevivan, mientras NA y MC sí lo logren y quizás.

Ahora bien, en las próximas elecciones se jugará por ser elecciones intermedias el futuro político de EPN: su presencia en el Congreso que afectará la gobernabilidad, y su presencia regional sin la cual no podrá amarrar el 2018. La debilidad de la oposición  le favorece, así como la falta de interés ciudadano por la jornada. Somos testigos del deseo de participación de una sociedad que, paradójicamente, se encuentra a la vez harta de sus políticos y por eso se desinteresa de votar. Se espera por lo mismo más abstencionismo y un voto nulo creciente, al que ya llaman líderes de opinión. Al PRI le puede venir bien, mas en tal caso estará en riesgo su legitimidad.

¿Cómo aterriza todo esto en Guerrero? En el estado, la movilización de los grupos radicales parece incontenible. So pretexto de no estar conformes con las investigaciones, las aprehensiones y las explicaciones, en el caos que ha producido la caída del gobernador Ángel Aguirre, lo que se quiere es boicotear la realización de los comicios. La violencia está desatada y se ha bloqueado las actividades de las juntas distritales del INE, al grado de que Lorenzo Córdoba ha manifestado que se hará lo que sea posible sin correr riesgos. La situación es delicada por ese lado.

Por el lado del proceso de selección de los candidatos a gobernador, la atención está puesta en el PRD y en el PRI. El PRD supuestamente tomará su decisión a finales de mes en un proceso interno cerrado. Armando Ríos Piter, el Jaguar, el precandidato mejor posicionado frente a la ciudadanía se salió de la competencia, acusando al exgobernador de influir en ella. Siguen Beatriz Mójica, exsecretaria del gobierno aguirrista y el senador Sofío Ramírez. Por el lado del PRI, se esperaba una postulación de unidad como ha sucedido en las otras entidades; los aspirantes eran Manuel Añorve y Hector Astudillo, excandidatos perdedores en 2011 y 2005 respectivamente, el primero conocido por su cercanía con Manlio Fabio Beltrones líder de los diputados del tricolor y el segundo sin corriente definida, y también Mario Moreno, alcalde de Chilpancingo debilitado por la pérdida del estado de derecho en la capital; la decisión debían tomarla el pasado sábado la dirigencia del partido, así como senadores como Emilio Gamboa o el exgobernador René Juárez; sin embargo, no ha sido tan sorpresivo el anuncio de posposición del registro de interesados hasta el 4 de febrero y el que se analiza la posibilidad de abanderar un candidato externo. Corre el rumor que éste pueda ser el propio Ríos Piter, o el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero quien, en otros medios, también se ha mencionado como posible candidato de unidad antipri precisamente.

Si así fueran las cosas, sí el candidato de Peña fuera el Jaguar, quien de por sí parecía tener su apoyo  antes de la crisis de Ayotzinapa cuando el PRI parecía que jugaría con bajo perfil, si hay elecciones y las gana, habrá quien piense que no habría cambiado nada. Según yo, sería un error de percepción, porque de tal forma regresaría el PRI al poder estatal y habría sido consecuencia de la narcopolítica y las pugnas entre grupos del crimen organizado. Curioso, no lo creen: no sería descabellado pensar en que pudieran haber sido incidentes montados para que el PRI se pusiera las pilas en la entidad, cuando todo indicaba que no era su intención hacerlo. A saber: puede que ni elecciones haya, o que Rios Piter sepa que la CETEG no le va a dejar poner un pie en Guerrero, o que el PRD postule a quien sea y (si bien haya sido responsable de seleccionar candidatos ligados al mundo de las drogas y de avalar su gobiernos) conserve el poder en la entidad, o que por qué no el candidato de Movimiento Ciudadano por ejemplo Luis Walton (quien ha sido su dirigente) goce del apoyo de facto de Morena y, pese a los problemas del puerto con los que no pudo como su presidente municipal, crezca como Alfaro en 2012 en Jalisco quien estuvo cerca de ganar la gubernatura.

Nos podrán disgustar los políticos, pero no son lo mismo aunque sean los mismos. Me explico: pesa en ellos los intereses que los llevan al poder y a los que tienen que responder. Pesan quienes están detrás de ellos. ¿Qué opinan ustedes?