El
conflicto desarrollado desde hace dos semanas entre Carmen Aristegui,
conductora afamada de la primera emisión de noticias de MVS, y la empresa para la que había venido trabajando
ha ocupado mucho espacio en los medios y las redes sociales dividiendo la
opinión de comentaristas e interesados, de suerte que genera confusión. No es
para menos. Las opiniones encontradas se han basado más que en hechos en
supuestos, de los que se extraen conclusiones sin fundamento, y lo que es más
grave los eventos no están recibiendo un análisis adecuado para captar el
momento político que estamos viviendo a partir de interpretar lo que puede
haber detrás, uno, de los despidos de dos reporteros de Aristegui y luego de ella
misma tras demandar su reinstalación y, dos, de las reacciones que provocaron.
Los
hechos, no menos pero no más, son los siguientes. El 9 de marzo la conductora
señala que su equipo de MVS, lo precisa, se sumaba al proyecto Mexicoleaks; inmediatamente la empresa
se deslinda de la plataforma referida. El 12 de marzo MVS despide a Daniel
Lizárraga e Irving Huerta. Al día siguiente Carmen pide el regreso de ambos, como
condición para permanecer en la empresa, y el 15 de marzo ésta reacciona dando
por terminada su relación con ella. De nada sirve la intermediación del
defensor de las audiencias de MVS, figura que existe a raíz del anterior
conflicto de la reportera con sus empleadores. En síntesis, éste declara que
Aristegui cometió en este caso un error, pero que la respuesta de la empresa
fue excesiva y malintencionada.
De
tal suerte es que las opiniones se dividen. Por un lado están aquellos que
defienden a la reportera y ven en los acontecimientos un atentado a la libertad
de expresión, por haber generado ella un espacio de apertura informativa y
privilegiado el periodismo de investigación. Se le reconoce en este sentido,
entre otros factores, su rol en la difusión de asuntos turbios en el manejo del
dirigente del PRI en el DF, y en particular del conflicto de intereses en la
compra de casas del actual Presidente Enrique Peña Nieto, su mujer y su
Secretario de Hacienda. En esta línea están varias interpretaciones de los
hechos por medios extranjeros, que al igual suponen que esta posición periodística
crítica seguramente molestó al gobierno o era molesta para el gobierno, por lo
que o bien el mismo gobierno presionó para que MVS la despidiera tan pronto
fuera posible, más cuando llega su exabogado a los Pinos, o bien la empresa
misma consideró que el gobierno vería con buenos ojos su despido lo que era
conveniente para sus intereses y por eso rescindió su contrato.
Este
análisis basado en supuestos llega al extremo, en varios casos, de afirmar que
la libertad de expresión en México sufre con ello un retroceso. Sin
proporcionar pruebas aseguran que los espacios críticos se están cerrando en el
país e incluso relacionan, sin lógica a mi manera de ver, esta historia con los
riesgos que enfrentan los periodistas para ejercer su oficio, y aquí sí
mencionan cifras ciertas de amenazas, desapariciones y asesinatos de miembros
del gremio víctimas de la violencia.
¿Que
creo yo? El actual gobierno ha puesto un especial cuidado en el control de su
información. Es posible, aunque no lo podemos probar, que haya tratado de
cooptar más a los medios y controlar lo
que difunden, pero definitivamente la opinión crítica sigue teniendo un espacio
importante, incluso en los medios oficiales (como en este momento). Basta ver
televisión, escuchar la radio, leer la prensa y sobre todo seguir las redes sociales
para saber que por todos lados la administración federal es cuestionada y su
legitimidad ha venido en picada. Lo valiente hoy en día no es criticar al
Presidente, sino sería defenderlo. Los últimos seis meses han sido
catastróficos para su administración, y lo que tampoco se puede probar, pero es
muy posible, es que fuertes intereses parecen también haberse puesto en marcha
para echar abajo, de cara a las elecciones de este año, la imagen de mandatario
modernizador y eficaz que se había forjado Enrique Peña Nieto con la aprobación
de sus reformas estructurales. Y lo han logrado, no sin la ayuda de muchos
errores que éste y su gente han cometido.
Pregúntense
ustedes: ¿Qué podría haber ganado el Presidente con el despido de Carmen Aristegui
y sus reporteros? Era obvio que se le vendría el tiro por la culata, y
pronto encontraría ésta –victimizada-
otro micrófono, lo que por ejemplo ha demostrado la petición que los senadores
del PAN, PRD y PT hicieron este fin de semana de que se le contrate en el Canal
del Congreso para no negarle voz. En eso estoy totalmente de acuerdo. Aristegui
cumple una función, y el propio Peña hubiera hecho bien de llamarla a un canal
oficial para callar a quienes lo quieren hacer culpable en última instancia de
lo que pasó, y de transmitir el mensaje de que este tipo de periodismo no se
tolerará. Ello a pesar de que suenan totalmente incongruentes las declaraciones
de la reportera, de estos últimos días, de que MVS la había convidado a no
reportar el asunto de la casa blanca, fíjense ustedes hace más de cien días,
cuestión que hasta ahora se da a conocer y ha sido negada por la otra
parte.
Entonces,
si de suposiciones de trata, también cabe suponer que los despidos referidos
tuvieron como finalidad abonar en el desprestigio creciente del Presidente, y
tienen como origen una guerra en su contra, armada por diversos intereses
afectados por sus políticas y alianzas.
Indagar
esto con seriedad me parece más importante que salir simplemente al ataque de
la reportera, lo cual representa la otra posición; reportera cuya reacción
pudiera ser, porque no, si nos ponemos de creativos, parte de un plan maestro
desprestigiante. Sin embargo, además de dejar un enorme hueco, cabe reconocer
que ha sido vulnerada en sus derechos laborales porque los lineamientos
obligatorios dados a conocer por MVS después de los hechos, aplicables entre la
empresa y los conductores de sus emisiones informativas, son contrarios al contrato que Carmen
Aristegui había firmado. A saber que ahora se señala que la empresa tiene
derecho a insertar secciones y cápsulas en las distintas emisiones, las cuales
estarán a cargo de especialistas, como a promover otros compañeros y/o incluir
contenidos de otras emisiones. Igualmente los lineamientos otorgan poderes al
director de noticias de MVS para coordinar las investigaciones especiales y
establecer la agenda informativa de los noticiarios, nombrar colaboradores, y
modificar participaciones, secciones y
mesas de debate sin acuerdo de los conductores. Además, lo más grave, obliga a
los periodistas a informar sobre sus pertenencias sociales y políticas, sus
intereses económicos e ingresos por otras vías.
Así
las cosas, la lucha de Carmen Aristegui por lo que considera la libertad de
expresión, a pesar de ser polémica, ni ha terminado ni carece de todo sentido.
Los concesionarios de bienes públicos no pueden actuar a espaldas del interés
colectivo.
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