De corrupción e impunidad

Dos grupos de noticias, venidas del exterior en la última semana, me hacen reflexionar sobre la distancia entre los países con democracias más consolidadas y México.

La primera hizo poco revuelo, pero es importante. Concierne a la sentencia que recibió el exgobernador republicano de Virginia en Estados Unidos -Bob McDonnell- de dos años de prisión, que deberá empezar a cumplir a partir del 9 de febrero próximo por once cargos de corrupción de los que se encontró culpable, siendo que su mujer también se le ha culpado de ocho cargos y deberá ser sentenciada el 20 de febrero. Los abogados del exgobernador, quien aceptó y lamentó profundamente los hechos que llevaron a su condena, consistentes en haber aceptado regalos y favores por US $177,000 de parte de un empresario de Richmond de apellido Williams a cambio de tratos preferenciales, habían intentado demostrar que la corrupción implicó un menor monto y fallaron en que fuera condenado a 6000 horas de servicio comunitario. Este asunto conlleva un mensaje clarísimo que advierte a los políticos de aquel país que la justicia no es selectiva, mensaje que lejos están de recibir nuestros políticos muchos de los cuales han podido enriquecerse fuera de la ley con singular alegría por medio de sus cargos.

El otro asunto bien conocido es el lamentable atentado en París por parte de fundamentalistas musulmanes contra el semanal Charlie, en el que los venían satirizando con inteligencia mordaz por lo que ya había recibido amenazas. En el evento murieron varios caricaturistas, responsables y allegados a la publicación, además de un policía. No se hizo esperar la reprobación de los hechos, que el domingo dio lugar a las más grandes manifestaciones que hayan tenido lugar en Francia: un millón y medio de personas en la capital, en total cuatro millones salieron a la calle en defensa de la libertad de expresión acompañadas de mandatarios de varias naciones y políticos de diversos partidos. Sin duda el terrorismo compite en nivel de violencia con el narcotráfico en el país, pero la respuesta de las autoridades, la defensa cabal de los miembros del gremio de los medios de comunicación y la celeridad de las pesquisas contrastan con la impunidad con la que en México han desaparecido y sido asesinados varios reporteros.

Nuestro país tiene un largo camino por andar para atacar estructuralmente nuestros principales problemas, que son la pobreza y la inseguridad que en gran medida es resultado de la pobreza. El crimen organizado pudo crecer porque se topó con un ejército de gente sin alternativas que pudo emplear, y el negocio floreció por la debilidad de las instituciones y la capacidad de corromper a quien fuera necesario, para que el tráfico de la droga fuera viable y su combate fracasara en tanto los delitos podían no tener consecuencias. Por eso, al explotar con el asunto de Iguala el nivel de penetración de carteles en México, es válido en varios sentidos reconocer la culpabilidad estatal al haber postergado como metas el combate a la corrupción y el mejoramiento de la procuración de justicia.

Lo cierto es que Enrique Peña Nieto aún antes de tomar posesión como Presidente, luego de haber sido electo,  consideró al combate a la corrupción como una de sus tres iniciativas principales y al inició de su gobierno planteó la restructuración de la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, frente a la importancia de la aprobación de las reformas estructurales, se dejó caer tal discusión que enfrentaba al gobierno con una posición más moderada, a una oposición a favor de organismos más vigilantes e independientes que persiguieran delitos que se castigaran. Así las cosas, se aprobó sí la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mas no hubo acuerdo ni para sacar adelante su ley reglamentaria, ni respecto al nombramiento de su responsable, porque no se logró el consenso necesario entre ambas posturas, acelerándose la politización de las discusiones en el marco uno de un conflicto político creciente por el desbordamiento de la inconformidad ciudadana frente a la inseguridad y la ineficiencia gubernamental para detenerla, y dos del ambiente prelectoral.

A finales del año pasado, sobre todo el PAN que había presentado una iniciativa para poner en marcha un Sistema Nacional Anticorrupción, acusó al PRI de reventar la negociación por oponerse a un combate frontal a este cáncer, en tanto su diseño de los órganos para atacarlo era tan tibio que se podía prever que resultarían simuladores.

Así las cosas, ayer mismo Manlio Fabio Beltrones -líder tricolor en la Cámara de Diputados- declaró que precisamente en el próximo período de sesiones la aprobación del Sistema Nacional de Integridad Pública será prioridad para la agenda parlamentaria, como lo será el Sistema Nacional de Transparencia que también se ha atorado. La diferencia de su postura, con la propuesta panista, no es sólo de nombre aunque ello ya indica miradas diferentes. Recuerden: el PAN había propuesto un Sistema Nacional Anticorrupción y el PRI propone uno de Integridad Pública. El PAN reconoce en el nombre del sistema una realidad, la existencia de la corrupción; el PRI maneja en el mismo un anhelo, la integridad. Pero hay más, el PRI pretende que su propuesta es integral porque interrelaciona dos sistemas. El PAN por el contrario considera la suya de gran envergadura, pues plantea la constitución de un Comité Ciudadano para la Ética Pública a la par del Consejo Nacional, que a diferencia del pensado por el PRI -al menos hasta diciembre- no es presidido por el Presidente y los gobernadores,  sino que en él son representados varios órganos, algunos de control interno y otros externos: una Secretaría de la Función Pública con más atribuciones y un titular ratificado por el Senado, además de un órgano de control de todos los organismos constitucionales autónomos; los órganos externos, absolutamente independientes del Ejecutivo, serían la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía. El PRI no pareciera pensar diferente estos órganos externos, pero su Auditoría tiene por una parte menos peso y por otra parte funciones de sanción, como las puede tener su Tribunal Fiscal y Administrativo, que en la propuesta panista es un verdadero Tribunal Federal de Cuentas, mas además estarían las atribuciones de los jueces en materia penal a los que se les remitirían los casos pertinentes. Vemos que las diferencias no son menores. Lo que está en juego es el grado de salto que demos en esta materia, con la nueva legislación.

En este sentido no cabe sostener una postura escéptica sobre lo que se logre, so pretexto que en México la ley nunca se respeta, y que la participación social es intrascendente porque no es vinculante. La corrupción y la impunidad que padecemos no son herencias culturales que no puedan vencer leyes adecuadas, instituciones que funcionen y las respeten, y ciudadanos que confíen en ellas y actúen en correspondencia.