A
principios de junio del año que entra habrá elecciones en todo el país. Este
día inicia el proceso federal que habrá de culminar en la renovación de la
Cámara de Diputados, así como los
procesos locales de 17 entidades de la República donde se van a elegir
nueve gobernadores más renovar congresos
locales, presidencias municipales y cabildos. La política avanza a una
velocidad tal que hace un mes varios analistas consideraban que el Partido
Revolucionario Institucional se posicionaba con ventaja y sin problemas en este
proceso, dado el éxito que tuvo la
aprobación de las reformas estructurales y su reglamentación, y las
contradicciones internas de los partidos de oposición, aunado a los indicios de
repunte de la economía. Incluso la apreciación del trabajo del Presidente
empezaba a remontar. Pero los escenarios pueden cambiar.
Hoy podemos apreciar que la fragilidad de
nuestra democracia es mayúscula. Los riesgos vienen de parte de la insuperable
falta de confianza en las instituciones electorales, de la rapidez con la que
se desbordan los movimientos sociales que rebasan a los partidos políticos, y
del recrudecimiento de la violencia en el país que relativizan la posibilidad
de que los conflictos sociales se resuelvan a través de la competencia, la
negociación y el acuerdo.
La
reforma política y su reglamentación fueron exigidas a la administración
federal actual como precondición para negociar otras reformas, particularmente
la energética, de forma tal que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los
Organismos Públicos Locales (OPLES) remplazaron al Instituto Federal Electoral (IFE)
y a los institutos electorales estatales. La nacionalización de los procesos
electorales fue una demanda de la oposición al PRI que veía, en la estructura
que se dejó atrás, la posibilidad para los gobernadores (dos terceras partes de
los cuales emanan del tricolor) de intervenir en las contiendas. Pese a la
oposición de muchos expertos, la presión por el cambio fue mayor y quedó en pie
un sistema en el que el INE sobrerregula todavía más los procesos electorales
que el IFE. Se dirá que el INE tendrá únicamente un papel rector de los
procesos electorales locales, pero la verdad es que no sólo expedirá normas
para la organización y la vigilancia de
las elecciones con miras a la homogeneización de su calidad, sino además se
encargará de la fiscalización del gasto de
los partidos (tarea que hubiera podido delegar en los OPLES mas no ha querido),
y podrá asumir parcial o totalmente ciertos comicios antes de comenzados, o
atraerlos en cualquier momento, a juicio de dos terceras partes de su Consejo
que además ha debido elegir la semana pasada a los siete consejeros electorales
de 18 OPLES (en Oaxaca lo hizo también porque supongo habrá comicios por usos y
costumbres). El margen de la discrecionalidad es bárbara; no nos engañemos. No
nos extrañemos tampoco que los jugadores, los mismos que votaron a favor de
este sistema, confiesen ahora no tener certeza de los primeros resultados que
se producen.
Por
lo pronto la selección de los consejeros electorales estatales está siendo
cuestionada por perredistas y panistas, como por intelectuales. El PRD incluso
inició una controversia frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. El Presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ha defendido que la
selección fue transparente y consistió en una convocatoria a la cual
respondieron más de 1300 aspirantes. Después de la valoración de los
requisitos, de un examen que preparó el CENEVAL con la ayuda de un grupo de
académicos y de un ensayo presencial a cargo del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM quedaron aproximadamente 600, mismos que fueron
calificados por cada uno de los consejeros quedando 267 postulantes que fueron
entrevistados y de los cuales salieron los 126 que conocemos. Sin embargo no
dice que a los académicos sólo se les encargó reactivos para contenidos que
bien pudieron filtrarse, que los dos turnos del examen dieron pie a sospechas,
que hubieron quejas y hasta impugnaciones de algunos participantes, con cambios
en los dos sentidos de la lista de expedientes a revisar y, lo más grave, que
un grupo de cinco consejeros calificó por igual a todos de forma que impuso su
criterio sobre quienes deberían pasar a entrevista, o sea que pudieron vetar y
facilitarles el camino a quienes quisieron.
La
lista de consejeros, dicen quienes protestan, favorece a los priistas. Resulta
ya no ridículo, sino de verdad triste. Se quejaban de que los congresos locales
dominados por el PRI injerían en la conformación de los institutos electorales
locales y los controlaban, ahora se quejan que los consejeros nacionales hicieron
su selección con tinte partidista. La verdad es que antes, como ahora, han
pesado las afinidades de los aspirantes; la diferencia es que ahora la afinidad
que pesó fue con las dirigencias nacionales de los partidos a través de los
consejeros nacionales que pudieron colar, y no como antes con los grupos partidistas
estatales a través de los diputados locales. Por lo demás ha quedado probado el
que ha llegado a su límite la formula de selección de los árbitros electorales
bajo el falso supuesto de que la suma de las parcialidades produce
imparcialidad. También ha quedado probado que los partidos políticos en pugna
con el partido gobernante sacan gran provecho de declarar que los procesos no
son creíbles. Las próximas elecciones tendrán este vicio de origen muy
conveniente para ellos.
Por
si no fuera poco las marchas y protestas de estudiantes del Instituto Politécnico
Nacional y la actitud gubernamental reflejan un contexto político difícil. Los
movimientos sociales pueden prender como cerillo y el gobierno no está
dispuesto a exponerse. Cedió en todo, hasta hizo renunciar a la directora de la
institución, mas no ha logrado desmantelar el problema. Por el contrario los
maestros ya preparan su pliego de peticiones. El Secretario de Gobernación
habrá querido colgarse una medalla, pero jugó con pólvora.
La
violación del estado de derecho en México es el marco de nuestra democracia y
la limita. El gobierno, como en el caso del Poli, tiene que responder rápido y
a veces lo hace mal como en el caso de Tlatlaya en el Estado de México. Las
correcciones llegan, pero tarde. Su euforia de estar controlando la inseguridad
es desmentida rápidamente por el recrudecimiento de incidentes en Guerrero.
Pudiera ser que sea este un mensaje del crimen organizado exclusivo para el
gobierno perredista de Ángel Aguirre y de un PRD que estaba viendo con agrado
la postulación por Morena del secretario estatal de Salud Lázaro Mazón, en vez
del presidente municipal de Acapulco de Movimiento Ciudadano Luis Walton con
más arrastre, una vez solucionada la postulación de Armando Ríos Piter como su candidato
a la gubernatura y para alcalde de la joya del puerto del hijo del gobernador.
Pues no: vino el lamentable desenlace de la manifestación de normalistas en
Iguala, el ataque a un camión de jóvenes futbolistas, el recrudecimiento de la
violencia que ha producido varias víctimas y hasta el asesinato del secretario
general del PAN en el estado.
La
infiltración del narcotráfico en política ha quedado una vez más comprobada. El
gobierno federal no pudo, a su pesar, hacerse de lado. La Procuraduría tomó en
manos la investigación de los hechos en Iguala, donde la gendarmería ha asumido
ya la seguridad.
Ni hablar: este es el contexto en el que empiezan las
próximas elecciones. Resulta desastroso.
