Con el regreso del Partido Revolucionario
Institucional a los Pinos se movió el escenario en el que participan los
actores principales del sistema político mexicano, produciendo algunas
modificaciones del mismo que quisiera evaluar.
La Presidencia de la República ganó poder
en la medida de las expectativas que generó la segunda alternancia, siendo que el
PRI reconquistó el poder federal en
condiciones muy diferentes a aquellas de carácter semiautoritario que lo habían
anteriormente mantenido hegemónico. Lo hizo porque nunca perdió fuerza a nivel
regional, porque supo mantenerse unido en torno a la atinada candidatura de
Enrique Peña Nieto, porque el Partido Acción Nacional se había desgastado en
dos sexenios de gobierno y porque a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no le
alcanzó para derrotarlo.
Sin embargo a la vez la Presidencia de la República
perdió legitimidad porque a pesar de que
el partido tricolor obtuvo la mayoría de votos en las elecciones de 2012,
muchísimos mexicanos desconfiaban de su eminente retorno frente al cual no
encontraron alternativa. Ellos, más los críticos de oposición, más todos
aquellos que han ido perdiendo los priistas por la falta de resultados del
actual sexenio son quienes mantienen baja la popularidad de Peña Nieto,
comparada con la que para este tiempo tenían los mandatarios panistas.
A mi manera de ver, a dicha realidad
respondió de entrada de forma bastante acertada este gobierno el cual echó a andar
un proyecto modernizador, a través de las reformas estructurales que se
aprobaron el año pasado por la vía de una política de negociación que le
permitió hacer un mínimo de sacrificios, es decir pocas modificaciones a sus
proyectos iniciales.
Por el contario, durante este año la
situación política se le ha complicado: prueba de ello es la lentitud para la
aprobación de las leyes secundarias correspondientes a las mismas reformas.
Ahora se hace sentir más la fragilidad que genera el haber aceptado el chantaje
del PAN de la aprobación de la reforma energética, a cambio de la política. Así
los panistas, con mayor capacidad de resolver sus conflictos internos una vez
resuelto el cambio de su dirigencia, repiten dicho chantaje posponiendo la
aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma energética hasta que los
congresos locales necesarios aprueben las nuevas reglamentaciones políticas y
electorales que deberán regir para los comicios del 2015.
Ahora también hace más crisis el terror,
diría yo, que con justa razón sienten los perredistas de ser rebasados por la
izquierda por los críticos a la reforma energética resultando en más pérdida de
electorado que la prevista de frente al surgimiento de Morena, el partido de
AMLO. Por ello es que se han negado a seguir discutiendo sus leyes
reglamentarias.
La Presidencia de la República ha ganado
pues en este contexto poder frente al legislativo, cuyas inciertas mayorías
desde que se inauguraron los gobiernos divididos en México ya no tenían
incentivos para colaborar en el desarrollo de las políticas gubernamentales. En
efecto, todos saben que las negociaciones de las reformas estructurales se
llevaron a cabo con las dirigencias del PAN y del PRD desde los Pinos, primero
en el Pacto por México y luego sin el Pacto. Lo mismo da.
La Presidencia de la República ha ganado
poder en medio de la desconfianza que producen sus políticas centralizadoras,
la justificación insuficiente con la que se han emprendido, la falta de
transparencia en su negociación y la innecesaria velocidad con la que se quieren
llevar a cabo cambios tan profundos para México. No obstante tal poder es
frágil en la medida en la economía no va bien, que los cambios propuestos no
producen efectos rápidos, que muy pronto vendrán las elecciones intermedias que
en nuestro sistema son un especie de referéndum al gobierno, que los propios
priistas en los estados están a la expectativa de los costos que para ellos vayan
a tener las concesiones que Peña Nieto ha aceptado para el desarrollo de su
programa, mientras su Comité Ejecutivo Nacional se ha desdibujado cuando más
bien se fortalecen los negociadores de Peña Nieto.
En este sentido sorprende el protagonismo
del Jefe de la Oficina de los Pinos, Aurelio Nuño, en la entrevista que dio
hace algunos días en el que reluce como pieza central de la actual administración;
mi interpretación es que representa, además, un puente entre los dos grandes
hombres de Peña Nieto a saber por un lado el secretario de Hacienda Luis
Videgaray quien sigue firme en el gabinete pese a los descalabros que ha dado
la economía y fue precisamente quien lo acercó al entonces gobernador del Estado
de México, y por el otro lado el supersecretario de Gobernación Miguel Ángel
Osorio Chong con quien incluso parece estar tramando la restructuración del PRI
del DF luego del escándalo provocado por las corrupciones de Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre. En efecto todo indica que hacia allá se moverá el jefe
de asesores de Chong, Mauricio López.
El Presidente es de aquellos políticos que
sí comparte el poder pero con muy pocos hombres; son precisamente ellos, pero
ellos también ya están jugando hacia el 2018 pudiendo mermar al propio poder
presidencial. Lo mismo sucede con los dirigentes y los legisladores claves de
los principales partidos de oposición, PAN y PRD, al grado de que hasta han
podido chantajearlo tal como vimos. Finalmente todos están haciendo su juego en
las nuevas condiciones.
Por el lado de los panistas el poder a
futuro de Gustavo Madero dependerá de su capacidad de control de los legisladores
de su partido que no le son afines, de seguirle siendo útil a Peña Nieto y que
todo ello repercuta en buenos resultados electorales el año que entra para ubicarlo
bien para el 2018. Los perredistas la tienen más difícil. Incluso ha sucede
algo bastante insólito. Sus conflictos internos inmersos en el riesgo de la
posible fragmentación de la izquierda han revivido a Cuauhtémoc Cárdenas, como
símbolo de unidad. ¿A saber si se impondrá sobre la actual dirigencia del PRD
de nueva izquierda en su renovación, a saber qué tanto lo afectará Morena?
El regreso del PRI al poder federal ha
fortalecido a la Presidencia pero de forma endeble, ha afectado la relación
ejecutivo-legislativo, ha cambiado la vida interna del Congreso, ha hecho más
tersa la relación del ejecutivo con los gobernadores de todos los colores si
bien se ha ido limitando su poder en menor o mayor escala, y sobre todo le ha
dado más lugar a los principales partidos de oposición. Sin embargo ni la suma
de estos elementos, ni la reforma político electoral, implican una transformación
de fondo de nuestro sistema ni la superación de sus contradicciones básicas,
como algunos analistas han sostenido de forma equivocada.
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