La seguridad no es mi tema, ni el combate
al narcotráfico. Sin embargo, curiosamente en varias ocasiones me han
interrogado al respecto. Hasta hoy había mantenido ciertas ideas firmes con
base, reconozco, en una información algo
deficiente proveniente de pocas lecturas y el estudio de cifras que me habían
parecido contradictorias. Me expresaba por lo mismo como una ciudadana cualquiera,
con sentido común. Aseguraba que la
política del actual gobierno en el discurso al menos, en el planteamiento,
parecía diferente a la desplegada durante el sexenio anterior la cual se había desarrollado
de forma precipitada en el contexto del conflicto poselectoral de 2006, una
política que prácticamente todos ya habían criticado en varios sentidos.
Destaco algunos.
Primero no consideró al enemigo. Segundo se
limitó casi exclusivamente al combate frontal con los carteles, priorizando la
aprehensión de sus grandes líderes. Tercero careció de un cuerpo eficiente de “inteligencia”.
Cuarto produjo miles y miles de muertes,
algunas de las cuales fueron daños colaterales. Quinto manejó un estilo de
comunicación que perjudicó la imagen del país.
Si bien algunos analistas no vieron en la
estrategia de Enrique Peña Nieto nada más allá de un manejo mediático distinto del
problema que suavizaba su dimensión, en varias ocasiones insistí que el
planteamiento era otro (no nuevo porque
de alguna manera lo había probado con éxito Felipe Calderón en Ciudad Juárez a
finales de sexenio pasado), pero sí que veía el auge del narcotráfico en su
origen económico y social como producto de la falta de oportunidades y la descomposición
del tejido de la sociedad, por lo cual consideraba indispensable atender las
causas de tal auge. El planteamiento era otro porque se decidieron emprender
acciones menos atropelladas que golpearan esta vez a los narcotraficantes en
sus bases de apoyo, en sus mandos medios y sobre todo les destruyeran sus
fuentes de recursos, desarticularan sus cadenas financieras y el lavado de
dinero. El planteamiento era otro porque se iba a buscar una mayor coordinación
en los distintos niveles de gobierno, lo que un gobierno priista podía lograr
por su mayor control del poder estatal y municipal. El planteamiento era otro
porque estas acciones estarían más apegadas al respeto de los derechos humanos
y se armarían expedientes más fuertes contra los detenidos sin declararlos culpables
antes de ser juzgados. El planteamiento era otro porque todo ello evitaría la
pulverización de los carteles, las luchas en su interior y entre ellos por su control
y las plazas perdidas a la caída de cabecillas.
Hasta aquí el discurso que avala las
diferencias en las concepciones de la política de seguridad de este gobierno y
del anterior mas sin embargo, decía yo, debíamos estar al pendiente de lo que
tal política produjera, de sus logros, en particular en el entendido que las
fuerzas armadas no iban a ser retiradas en corto plazo de tareas que no les
corresponden.
Más adelante con la falta de resultados contundentes
me preocupó que se priorizaran los golpes maestros como la detención del Chapo
Guzmán líder del cartel de Sinaloa, y más la decisión que se tomó en el caso de
Michoacán de remplazar en este combate
al gobernador del estado, Fausto Vallejo, por el comisionado Alfredo Castillo, si
bien me parecieron muy oportunas las inversiones planeadas para la entidad y me
pareció interesante aunque controvertida y riesgosa la política de alianza con
las autodefensas. Así se avanzó con rapidez en la recuperación de municipios
controlados en este caso por Los Caballeros Templarios y casi todos sus dirigentes
fueron muertos o apresados. Sin embargo el desarme de dichos grupos y su
conversión en policías rurales no ha sido tan fácil, a la vez que quedó
señalada su penetración por los mismos narcos. Pensé que el gobierno de forma
realista buscaba desintegrar primero a todo cartel que tuviera una fuerza tal
que representara pérdida en su monopolio del poder, es decir que hiciera
narcopolítica. Por eso y de frente a las elecciones estatales de 2015, en una
entidad recién reconquistada por el PRI, se había decidido a perseguir la penetración
criminal en las altas esferas, tal fue el caso de la aprehensión del
exgobernador Jesús Reyna.
Esperaba yo paciente frente a esta magnitud
de problemas que los lugareños me dijeran, porque voy seguido a Michoacán, que
veían un cambio en la situación pero no ha sido así. Por el contrario fueron
ellos quienes primero me alertaron de la reorganización que se preparaba tras
la desmembración de Los Templarios. Luego ya se supo del surgimiento de la
Tercera Hermandad o Los H3 que significa de hecho una cuarta generación de
delincuentes, que empezaron sus operaciones en los años noventas con La
Empresa, luego La Familia y más tarde Los Caballeros Templarios. Según un
documento oficial del que no hay pruebas, este nuevo cartel está integrado en
parte, en efecto, por algunos miembros de autodefensas. De vuelta están en el
negocio del tráfico de droga, del secuestro, la extorsión y la corrupción de
políticos y cuerpos que los combaten. Precisamente acaban ya de sucederse
enfrentamientos con ellos, por ejemplo en el municipio de Jiquilpan cercano a
Jalisco. Nuevamente la violencia se ha recrudecido.
¿Qué ha cambiado entonces? ¿Qué es lo que
no está comprendiendo el gobierno, como afirma un investigador francés por
cierto -Romain Le Cour del Centro de Análisis de Políticas Públicas-
entrevistado hace unos días? Según este último, el gobierno está más preocupado
por dar la imagen de control que por atender la problemática profunda. Sigue
más preocupado en lo espectacular y no es cierto que haya atacado de forma certera
a los grupos criminales en sus bolsillos. Por ejemplo, ha dado golpes contra la
fuente de sus recursos que es el mineral de hierro, pero no los ha atacado
directamente en la explotación de las minas. Las minas no han sido, según él,
localizadas. Además, el enfoque ha estado demasiado centralizado.
Por lo mismo, asegura que la estrategia ha
sido superficial y que el gobierno se ha
limitado a administrar y gestionar el conflicto, con miras al 2015. Dividir
para controlar, asegura, resulta poco responsable. En suma, recomienda que se
lance un programa serio y contundente de desarme, se establezca un diálogo con
los actores políticos locales no armados, se emprenda un proceso gradual para
el retorno del poder político al gobernador (pero ahora parece que va a volver
a pedir licencia) y de los poderes públicos a los municipios, y se diseñe por
último un plan de reducción por etapas de la presencia de las fuerzas armadas y
su remplazo por elementos capacitados para el mantenimiento del orden.
Supongo que nuestro Presidente debe de estar
preocupado por esta situación emblemática, que se suma a la falta de resultados
para el país durante su administración en materia de crecimiento. En efecto el
éxito de su partido en las elecciones del año que entra, sin resultados en los
puntos más álgidos para los votantes que son la economía y la seguridad, sólo
sería viable por la debilidad de los partidos de oposición.
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