martes, 8 de abril de 2014

La lucha contra el narcotráfico: el arraigo de José Jesus Reyna

Los hechos ocurridos los dos últimos fines de semana, en el tema del combate al narcotráfico, encajan mal con los argumentos de quienes aún no creen que la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto en este terreno sea esencialmente diferente a la que se desarrolló durante el sexenio anterior. En líneas globales señalan dos puntos ciertos, en el sentido primero que no se ha retirado ni a las fuerzas armadas ni a la Marina de las acciones que se emprenden y que dichos cuerpos vienen desempeñando con consecuencias cuestionables acciones que no les competen, y segundo que las cifras de inseguridad y violencia no  han ido a la baja de forma radical. No obstante, de ello desprenden la conclusión a mi parecer equivocada que la supuesta nueva política se limita al despliegue de una nueva política mediática que esconde el problema, excepto cuando hace alarde de golpes espectaculares.

Sobre el penúltimo fin de semana, como seguramente recuerdan, el domingo 30 de abril el líder templario Enrique Kike Plancarte fue supuestamente ubicado por las fuerzas federales como espectador, imagínense, en un partido de futbol en la comunidad El Lindero del municipio de Colón en Querétaro en donde estaba refugiado. Huyó, se perdió en las calles, fue perseguido y finalmente abatido tras varias horas. Considero ingenuo pensar que la inteligencia de la que se presume ahora, con razón porque es muy superior al pasado, acababa de localizarlo pero lo que sí debe ser cierto es que se habían generado las condiciones y había llegado el momento de ir por él después de que ya había caído muerto Nazario Moreno, el líder fundador del cartel de los Caballeros Templarios.

Además de que la nueva administración efectivamente puso en marcha una forma de comunicación radicalmente distinta a la que desplegó el expresidente Felipe Calderón, quien no perdía ocasión para exhibir sus acciones en la materia de combate contra el crimen organizado, ha venido elaborando una política de mayor dimensión del enemigo que no quedara atrapada en el combate frontal, sino desplegara una respuesta global con un fuerte contenido de recuperación del tejido social, como dicho sea de paso los panistas probaron con éxito sólo en ciudad Juárez, una respuesta que no se fuera exclusivamente hacia la captura de grandes capos, sino también de líderes intermedios de suerte que se desmantelaran los grupos y sus redes de infiltración en la política. Igualmente se ha apoyado la conformación si posible de mandos policiacos únicos  lo cual entra en la línea de una mayor coordinación de las acciones en los distintos niveles de gobierno, que en Michoacán  se llevó al extremo del nombramiento del comisionado especial Alfredo Castillo.

Lo que sucedió en el caso aludido es importante porque Plancarte era líder operativo y sobre todo financiero de Los Templarios. Su muerte le da un golpe fuerte a la estructura del grupo. Es decir lo que se ha venido haciendo es estrangular a este cartel, a través de desarticular sus posibilidades de operación. En efecto se rompió su enorme negocio que era la exportación de mineral de hierro a Asia, por el Puerto de Lázaro Cárdenas el cual se recuperó a finales del año pasado. Igualmente se pudo llegar a sus laboratorios de drogas sintéticas, como igualmente fueron cayendo otras fuentes suyas de aprovisionamiento e impidiéndoles en lo posible otras actividades paralelas generadoras de recursos, como la extorsión. Con ello los líderes se han ido debilitando, quedando aislados y vulnerables.

Así fue posible la persecución de Kike Plancarte en la que pudieron haber intervenido las denuncias de los grupos de autodefensas con los que de forma discutible se alió el gobierno y que hoy por cierto quiere desarmar lo que ha producido, ahora este último fin de semana y ayer mismo que varios de ellos se enfrenten a las autoridades, por lo menos en quince poblaciones, como lo afirmó José Manuel Mireles Valverde quien fue designado como único vocero del Consejo General de Autodefensas del estado y declaró que el trabajo todavía no concluye y que están de por medio sus vidas.

El propio Mireles ya había inculpado desde el año pasado como lo hizo Luisa María Calderón excandidata del PAN al gobierno del estado a José Jesús Reyna García, secretario de Gobierno de Michoacán y gobernador interino durante la licenciada de Fausto Vallejo debido a serios problemas de salud, de vínculos con organizaciones delictivas. Sin embargo no fue hasta ahora, supuestamente a raíz de la última llamada telefónica hecha a él precisamente por Plancarte durante su persecución, que un juez ordenó su arraigo por 40 días, según informó el sábado la Procuraduría General de la República con el anuncio que se profundizaría la investigación para sentar responsabilidades. A raíz de tal situación el gobernador Vallejo lo destituyó del cargo para garantizar la aplicación de la ley, y ayer mismo nombró en sustitución a Marco Vinicio Aguilera Garibay. Ayer mismo, también, se dio a conocer el recurso de amparo que interpuso Reyna por presuntas violaciones a sus derechos humanos y garantías individuales. El juez que lo otorgó ordenó al titular de la PGR justificar con pruebas los motivos legales que sustentan el arraigo y la investigación aludidos.

Lo que sucedió en este caso es también importante porque demuestra que el gobierno va de lleno contra la narcopolítica, sea del color político que sea. Incluso lo legitima acusar a priistas de estar comprados. Con ello pareciera que no está dispuesto ya ni a que se le dispute el monopolio de la fuerza, ni a perder el control de su aparato, es decir no está dispuesto a seguir mal funcionando como Estado débil.

Espero haberlos convencido que es otro modelo el aplicado hoy contra el crimen organizado. No me consideren sin embargo demasiado optimista. Los resultados medidos en pacificación tardarán mucho, mucho en llegar. Además mi escepticismo me lleva a formular varias preguntas. ¿Qué tanto con este nuevo modelo se apegará el gobierno a derecho, qué tanto hará una aplicación selectiva de la ley, que tanto estará remplazando viejos acuerdos con el narco, por nuevos acuerdos? Presiento que de hecho estará dispuesto a  coexistir con el tráfico de la droga, a través de tolerar redes menos violentas quizás, más en lo suyo, redes que no le disputen el poder. ¿Será este nuestro mejor futuro posible? ¿Qué otras soluciones habría?

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