Los hechos ocurridos los dos últimos fines
de semana, en el tema del combate al narcotráfico, encajan mal con los
argumentos de quienes aún no creen que la estrategia del gobierno de Enrique
Peña Nieto en este terreno sea esencialmente diferente a la que se desarrolló
durante el sexenio anterior. En líneas globales señalan dos puntos ciertos, en
el sentido primero que no se ha retirado ni a las fuerzas armadas ni a la
Marina de las acciones que se emprenden y que dichos cuerpos vienen
desempeñando con consecuencias cuestionables acciones que no les competen, y
segundo que las cifras de inseguridad y violencia no han ido a la baja de forma radical. No
obstante, de ello desprenden la conclusión a mi parecer equivocada que la
supuesta nueva política se limita al despliegue de una nueva política mediática
que esconde el problema, excepto cuando hace alarde de golpes espectaculares.
Sobre el penúltimo fin de semana, como
seguramente recuerdan, el domingo 30 de abril el líder templario Enrique Kike Plancarte
fue supuestamente ubicado por las fuerzas federales como espectador, imagínense,
en un partido de futbol en la comunidad El Lindero del municipio de Colón en
Querétaro en donde estaba refugiado. Huyó, se perdió en las calles, fue
perseguido y finalmente abatido tras varias horas. Considero ingenuo pensar que
la inteligencia de la que se presume ahora, con razón porque es muy superior al
pasado, acababa de localizarlo pero lo que sí debe ser cierto es que se habían
generado las condiciones y había llegado el momento de ir por él después de que
ya había caído muerto Nazario Moreno, el líder fundador del cartel de los
Caballeros Templarios.
Además de que la nueva administración efectivamente
puso en marcha una forma de comunicación radicalmente distinta a la que
desplegó el expresidente Felipe Calderón, quien no perdía ocasión para exhibir
sus acciones en la materia de combate contra el crimen organizado, ha venido
elaborando una política de mayor dimensión del enemigo que no quedara atrapada
en el combate frontal, sino desplegara una respuesta global con un fuerte
contenido de recuperación del tejido social, como dicho sea de paso los
panistas probaron con éxito sólo en ciudad Juárez, una respuesta que no se
fuera exclusivamente hacia la captura de grandes capos, sino también de líderes
intermedios de suerte que se desmantelaran los grupos y sus redes de
infiltración en la política. Igualmente se ha apoyado la conformación si
posible de mandos policiacos únicos lo
cual entra en la línea de una mayor coordinación de las acciones en los
distintos niveles de gobierno, que en Michoacán
se llevó al extremo del nombramiento del comisionado especial Alfredo Castillo.
Lo que sucedió en el caso aludido es
importante porque Plancarte era líder operativo y sobre todo financiero de Los
Templarios. Su muerte le da un golpe fuerte a la estructura del grupo. Es decir
lo que se ha venido haciendo es estrangular a este cartel, a través de desarticular
sus posibilidades de operación. En efecto se rompió su enorme negocio que era
la exportación de mineral de hierro a Asia, por el Puerto de Lázaro Cárdenas el
cual se recuperó a finales del año pasado. Igualmente se pudo llegar a sus
laboratorios de drogas sintéticas, como igualmente fueron cayendo otras fuentes
suyas de aprovisionamiento e impidiéndoles en lo posible otras actividades
paralelas generadoras de recursos, como la extorsión. Con ello los líderes se
han ido debilitando, quedando aislados y vulnerables.
Así fue posible la persecución de Kike Plancarte
en la que pudieron haber intervenido las denuncias de los grupos de
autodefensas con los que de forma discutible se alió el gobierno y que hoy por
cierto quiere desarmar lo que ha producido, ahora este último fin de semana y
ayer mismo que varios de ellos se enfrenten a las autoridades, por lo menos en
quince poblaciones, como lo afirmó José Manuel Mireles Valverde quien fue
designado como único vocero del Consejo General de Autodefensas del estado y
declaró que el trabajo todavía no concluye y que están de por medio sus vidas.
El propio Mireles ya había inculpado desde
el año pasado como lo hizo Luisa María Calderón excandidata del PAN al gobierno
del estado a José Jesús Reyna García, secretario de Gobierno de Michoacán y
gobernador interino durante la licenciada de Fausto Vallejo debido a serios
problemas de salud, de vínculos con organizaciones delictivas. Sin embargo no
fue hasta ahora, supuestamente a raíz de la última llamada telefónica hecha a
él precisamente por Plancarte durante su persecución, que un juez ordenó su
arraigo por 40 días, según informó el sábado la Procuraduría General de la
República con el anuncio que se profundizaría la investigación para sentar
responsabilidades. A raíz de tal situación el gobernador Vallejo lo destituyó
del cargo para garantizar la aplicación de la ley, y ayer mismo nombró en
sustitución a Marco Vinicio Aguilera Garibay. Ayer mismo, también, se dio a
conocer el recurso de amparo que interpuso Reyna por presuntas violaciones a
sus derechos humanos y garantías individuales. El juez que lo otorgó ordenó al
titular de la PGR justificar con pruebas los motivos legales que sustentan el
arraigo y la investigación aludidos.
Lo que sucedió en este caso es también importante
porque demuestra que el gobierno va de lleno contra la narcopolítica, sea del
color político que sea. Incluso lo legitima acusar a priistas de estar
comprados. Con ello pareciera que no está dispuesto ya ni a que se le dispute el
monopolio de la fuerza, ni a perder el control de su aparato, es decir no está
dispuesto a seguir mal funcionando como Estado débil.
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