Michoacán, juntos lo vamos a lograr

Dos grupos de noticias aparecieron los últimos días en los medios que ejemplifican la mirada alerta  y escéptica de ciudadanos y políticos de oposición al gobierno federal de frente a su política de seguridad, en particular en Michoacán en donde el esquema ha sido renovado, y la urgencia de los responsables por ventilar lo más pronto posible resultados. En efecto, como pudimos ver en Davos, incluso en el exterior el discurso optimista de Enrique Peña Nieto es enfrentado a los hechos que revelan un México en que la violencia no disminuye.

Por un lado nos enteramos que algunos senadores del PAN y del PRD pidieron una explicación de la reunión que sostuvo Alfredo Castillo, Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en la entidad con un líder de Los Valencia, reunión que ha sido confirmada por el funcionario excusándose de no haber sabido de la relación de su interlocutor con el grupo delictivo. Dicha respuesta no lo salvó de la sospecha de estar posiblemente estableciendo acuerdos selectivos con determinados sectores del crimen organizado.

Frente a ello las autoridades presumen, en paralelo con la disminución de las cifras de ejecutados ligados al narco, la detención de capos, la recuperación de varios municipios de Tierra Caliente, el repliegue de los Templarios de Cristo, la reapertura del comercio, el regreso de los niños a clase, el diseño de proyectos sociales y estimuladores de la economía de la región, y sobre todo la propuesta de legalizar a través de varias vías la acción de los grupos de autodefensa conformados en el estado por la agudización de la inseguridad.

Michoacán será una prueba de fuego para el Presidente quien parece haberlo entendido al punto que rediseñó su estrategia, cabe decir que sin cambiarla. En efecto hasta mediados de enero había venido desplegándose la política que se puso en marcha al inicio del sexenio, diferente de la del expresidente Felipe Calderón en tanto la directriz de su difusión ha venido siendo el desinflar el problema, por ejemplo el dejar de hablar de una guerra contra los carteles, diferente porque se intensificaron los esfuerzos de inteligencia detrás de las acciones cuidando en especial la legalidad de su proceso, porque se fueron no sólo contra los altos mandos de la delincuencia sino también contra los mandos intermedios, y porque se procuró desde el principio coordinar mejor las medidas que se fueron tomando. De tal forma se sintieron avances en algunas otras entidades, como en Coahuila o Nuevo León, no así en Michoacán.

Aquí las cosas fueron de mal en peor, pese a que primero en agosto del año pasado se firmó el Acuerdo por Michoacán en el que partidos políticos, empresarios y organizaciones sociales se comprometieron a reimpulsar el desarrollo de la entidad, pese a que segundo se pusieron en marcha varios planes como el operativo Corredor Franco para recuperar las carreteras, pese a que tercero llegaron al estado más efectivos de la SEDENA y de la SEMAR y se hicieron varias detenciones, y pese finalmente a que en noviembre se retomó el control del Puerto de Lázaro Cárdenas.

De tal suerte a mediados de enero, dos días después de que se tuvo una reunión con el gobernador Fausto Vallejo, de repente tras la divulgación de un video con declaraciones del Dr. Mireles líder de un grupo de autodefensa en las que se aludía a la posibilidad de deponer las armas (más adelante el Dr. aclararía que en tal video se deformaba lo que él había querido decir), frente a la ineficiencia estatal y la pérdida del Estado de derecho, una situación que algunos califican de Estado fallido, pero a mi parecer de frente sobre todo al peligro que representan ciertos grupos de civiles armados con la sospecha fundada de recibir apoyo del mismo narco contra el Ejército y los grupos de autodefensa, fue que se creó la comisión presidida por Alfredo Castillo, hombre cuya trayectoria política demuestra la confianza que le tiene Peña Nieto y el que le gustan las tareas difíciles.

Esta comisión mantiene la idea de la operación en los ámbitos políticos, económicos y sociales además del de la seguridad. Su función principal es de enlace entre las acciones de apoyo y auxilio y entre los niveles de gobierno y sus dependencias, pero su jerarquía de creación por decreto presidencial como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación la provee incluso de la posibilidad de solicitar el auxilio de las fuerzas armadas.

En suma esta comisión responde a la conciencia del actual Presidente de la necesidad de atraer el caso como prioritario, si bien implique desplazar a su representante en Michoacán Jorge Carlos Ramírez Marín, y lo ha llevado a retraerse de su política de no hacer declaraciones en la materia. Es más, tan pronto lo permitió su agenda hace una semana precisamente, fue personalmente al estado a poner en marcha el programa “Michoacán, juntos lo vamos a lograr” en el que se condensan todos los proyectos y acciones propuestas (suman 250) que comprenden una inversión de 45 mil 500 millones de pesos.

Cabe reconocer que la idea subyacente en todo ello, de que no basta con el uso legítimo de la fuerza para recobrar el orden, no es nueva. Calderón la aplicó en Ciudad Juárez en 2010 a través del programa “Todos somos Juárez” que inyectó en principio 700 millones destinados al rescate de espacios públicos, viviendas, pavimentación de calles, dotación de agua potable, alumbrado, drenaje, incorporación de miles de familias a Oportunidades, estancias infantiles, becas escolares, atención psicológica a víctimas y apoyo a organizaciones civiles. Y viene lo mejor. En este punto pareciera que incluso ese programa, el cual de hecho dio resultados medibles, fue superior en tanto permitió que el presupuesto destinado fuera fundamentalmente administrado por grupos ciudadanos.

Por ello, el caso de la violencia en Michoacán amerita una estrategia de la magnitud de la que se propone, pero bajo la estricta vigilancia de la sociedad y con una rendición de cuentas sin cifras deformadas y optimismo sin fundamentos. Así quisiera al menos entender el que en el nombre del programa se haya incluido el término de juntos. Porque no debe verse exclusivamente como una justificación (necesaria por cierto) del gobierno federal de su intervención con base en la gravedad provocada por la inseguridad en la entidad, en un contexto en el que se ha venido generalizando una crítica a las reformas peñistas de golpear nuestra herencia federalista, crítica que puede ser objeto de un comentario personal futuro.