Con
una determinación rayando en lo febril Enrique Peña Nieto ha logrado la
aprobación de las reformas estructurales que se había propuesto sacar, si bien una
parte de ellas carezca aún de leyes reglamentarias y tenga que enfrentar la
crítica de especialistas en las distintas materias, pero sobre todo la crítica
de una población creciente que duda que el gobierno vaya por buen camino.
Empezaremos nuestro análisis resumiendo brevemente esta postura de la opinión
pública, para centrarnos en la última de las reformas o sea la energética.
En
los últimos tres meses Peña Nieto según Consulta Mitofsky perdió siete puntos porcentuales en aprobación
y de los últimos cinco presidentes tiene el peor promedio en su primer año de
gobierno después de Ernesto Zedillo; en concreto con 55.1% de aprobación tiene
6.5 puntos menos que Felipe Calderón y 8.3 que Vicente Fox. Sin embargo, cabe
decir que al término de este año bajó menos su aprobación de la inicial en
relación a la manera en que se desplomó la de Fox (poco más de 20 puntos). También
cabe recordar que Carlos Salinas había logrado remontar 12.2 puntos en los
mismos doce meses. La misma encuesta refleja que si bien la reforma educativa
gustó, la aprobación de las reformas de la segunda mitad del año desconcertó
mientras que lo más importante que se le reconoce al Presidente es la ayuda a
los damnificados y el que haya aumentado el prestigio internacional del país.
Asimismo se le achacan los problemas económicos, y el que no disminuya ni la
corrupción, ni la inseguridad.
Con
este importante costo se sacaron adelante las reformas fiscal y energética, la
primera cargada a la izquierda y aprobada con el consenso del PRD y la segunda
a la derecha y aprobada con el consenso del PAN partido que a su vez marcó la
reforma político-electoral que pidió a cambio. En todos los casos se llegó más
lejos que lo que las iniciativas presidenciales pretendían. Se puede creer que Peña
Nieto demostró tolerancia con sus adversarios y capacidad de negociación,
características propias de un mandatario democrático, mas el proceso reflejó
también que las negociaciones fueron mucho más ocultas que los reclamos de
quienes se quedaron en cada caso fuera, con el resultado de haber precipitado
cambios trascendentales para México sin haber ofrecido argumentos suficientes
para los mismos.
En
suma la ciudadanía está a mi parecer muy poco enterada del contenido de lo que
el Congreso ha aprobado y es bombardeada por la inconformidad vehemente de los
analistas siendo que sólo la minoría señala algunos logros que las reformas
contienen (que ciertamente están ahí), y los menos son positivos sobre este
primer año de regreso del PRI al poder federal. Así particularmente importante
es la desinformación sobre la reforma energética y cae como balde de agua a
generaciones marcadas por la veneración a la expropiación petrolera y el orgullo
por la propiedad de nuestros recursos.
Es
decir pocos saben que la producción de petróleo en México se había venido seriamente
a la baja en los últimos años en que se fueron acabando nuestros hidrocarburos
de fácil obtención, y el que no tenemos el capital para invertir en extracción
más profunda, incierta y por ende cara. Sin ser especialista en la materia, me
pregunto de verdad si la política de la izquierda inclinada a no hacer cambios
a la constitución, y a reorganizar PEMEX atacando en especial el problema de su
sindicato, hubiera sido suficiente para reactivar nuestra producción y
economía. Me parece una postura de una izquierda conservadora que se ata a un
pasado para mantener su clientela electoral, más que buscar el bien del país. A
mi modo de pensar, sí se requerían cambios de fondo pero veamos que se votó y
cómo.
La
Comisión Federal de Electricidad y Pemex se reconocen como empresas productivas
del Estado, nueva figura jurídica. En los hechos mientras en el primer caso la
planeación, control del sistema eléctrico nacional, servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica no se concesionan como tampoco la
explotación de minerales radiactivos, en el segundo caso de la exploración y
extracción del petróleo se establecen nuevas modalidades de contratación como
lo son los contratos de servicios, de utilidad compartida, de producción
compartida y las concesiones o licencias. Estos contratos se pagarán respectivamente
en efectivo, con un porcentaje de la utilidad, de la producción o una
transmisión de hidrocarburos.
Por
encima de Pemex, de cuyo consejo de administración sale su sindicato (estará
presidido por el Secretario de Energía, con voto de calidad e incluirá la
participación de cuatro consejeros más del gobierno y cinco independientes), estará la Comisión
Nacional de Hidrocarburos con otra dimensión de influencia que la que había
venido teniendo, autónoma como la Comisión Reguladora de Energía, a la que como
un contratista más Pemex tendrá que entregar toda su información geofísica,
petrofísica y petroquímica. Sin embargo se prevé darle preferencia sobre los
yacimientos rentables que escoja por explotar, en una primera ronda llamada
cero.
La
reformitis del Senado, cámara de origen de la reforma, ideó además varios
órganos nuevos a saber la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, el Centro Nacional de
Control de Energía y el Centro Nacional de Control de Gas Natural, además del
Fondo Mexicano del Petroleo para la estabilización y el Desarrollo, encargado
de administrar la riqueza petrolera que supuestamente se encargará de pagar la
pensión universal y rescatar la economía nacional si cae en crisis.
Parece
un mal chiste pero de frente a una necesidad real de cambio en el sector, en el
Senado a través de cabildeos poco transparentes se logró la aprobación no de la
privatización del mismo (afirmarlo es demagogia que busca confundir), pero sí
de una gran apertura a la iniciativa privada sobre todo extranjera, que busca
ser controlada a través de una serie de
dependencias de las que se puede prever más burocratización que control de la
corrupción que se puede desencadenar. Inmediatamente en la Cámara de Diputados,
la mano de Manlio Fabio Beltrones
aseguró el “fast track”.
En
conclusión, entramos en un camino riesgoso en un supuesto que está por
confirmarse: el que la reforma desencadenará desarrollo en México. Quizás mi
espíritu navideño no me permite hacer una lectura anticipada demasiado
pesimista. Quizás me detienen los comentarios de quienes se congratulan de no
haberse quedado el proyecto de transformación en una posición intermedia, pero
me digo también que la apertura gradual hubiera sido menos peligrosa. Entonces
me pregunto qué tanto estará conforme nuestro Presidente con los logros alcanzados
en este primer año de gobierno. ¿Habrá demostrado realmente capacidad de
negociación, o más bien necedad, debilidad y negación del costo político que
implican reformas cuyas bondades, de haberlas, tardarán en llegar?
