La
aprobación de la reforma política, promulgada a mediados del año pasado, tomó
una discusión que llevó poco más de dos años. En contraste se ha vuelto a poner
en la mesa de debates, tanto en el seno del Pacto por México como en el Senado,
una nueva reforma en la materia que forma parte del trabajo que se ha anunciado
para los periodos extraordinarios de sesiones del Congreso de este verano. Los
distintos actores políticos que intervendrán en estas discusiones ya se han
expresado públicamente, sacando a la luz una diferencia de opiniones de la que
no se espera un panorama de negociación fácil. Ello ha llevado a algunos
comentaristas a expresar, con justa razón, que una discusión de fondo debe ser
pospuesta y que en esta ocasión sólo deben abordarse los aspectos relativos a
la legislación secundaria de la pasada reforma constitucional a saber la
regulación de las candidaturas independientes, la consulta popular y las
iniciativas ciudadanas y preferentes.
Me
uno a ellos e incluso me pronuncio porque no se toquen por ahora como algunos
quieren ni siquiera los temas de financiamiento electoral y fiscalización, pues
a este paquete se le ha añadido la voluntad equivocada como ya lo expresé en
este espacio de conformar un Instituto Nacional Electoral. Todos estos son
asuntos demasiado serios para abordarse con premura, como lo son aún más los
temas relativos al régimen de gobierno.
No
se trata, como algunos han dicho, de que la reforma política sea un tema menos
importante, que tenga menos potencial transformador por ejemplo que la reforma
financiera o que la de las aportaciones al IMSS. Tiene la misma o más
importancia aún que las reformas estructurales, porque de ella podrían derivarse
cambios posibles en la distribución del poder en el país. Por eso los
ciudadanos sí se interesan en ella, en tanto le ven efectos más inmediatos que
a las reformas estructurales. Sin embargo, la discusión de la reforma política
a fondo debe ser pospuesta para que haya la oportunidad de una discusión más
transparente e inclusiva de ella, en la que puedan expresarse al menos
ampliamente los especialistas del área.
Considero
que la discusión sobre la reforma política ha caído presa de varias falacias y
de intereses partidistas y de gobierno que vician el debate. Desde el poder
federal parece que se privilegia a tal punto la supervivencia del Pacto, que se
ha prometido abordar temas en contra de los cuales Enrique Peña Nieto se
pronunciaba hace poco tiempo como es el de la relección legislativa y de
alcaldes, si bien no se deja de advertir sobre desventajas en tal disposición.
Igualmente se da entrada a cuestiones como la del Instituto Nacional Electoral
en una posición muy confusa, cuando se reconoce que no se debe caer en un
centralismo que poco ayuda a la democracia. De esta manera parece avalarse el
que existe de forma generalizada menos equidad en las elecciones estatales y
locales y que el viejo régimen se esconde a nivel subnacional, cuando es
discutible. Además, se desestima el pronunciamiento que ya se ha hecho sobre la
dificultad de conformar un instituto de esa envergadura sin homogeneidad en
legislación electoral y con distintas distritaciones. Al menos ya han quedado
claras la oposición gubernamental a la segunda vuelta y su inclinación al régimen
presidencialista, aunque se puedan aceptar algunos elementos de los gobiernos
de coalición.
Por
su parte las dirigencias del PAN y del PRD, hoy oposiciones colaboradoras del
gobierno priista, exageran maliciosamente las insuficiencias en transparencia y
equidad electoral, a mi parecer para justificar derrotas en las contiendas del
mes próximo. No niego que debe repensarse el financiamiento a los partidos y su
fiscalización, pero el problema que genera el clientelismo en nuestro sistema es
de orden político no legal. No tendremos elecciones totalmente creíbles hasta
que todos los partidos, los ganadores y los perdedores también, dejen de
beneficiarse de que así sea.
La
posición del grupo de senadores panistas y perredistas en el Senado que han
presentado su iniciativa de reforma política me parece la más engañosa de todas.
Así lo considero si bien concuerdo con ellos en que existe un peligro real en
que la estrategia del Pacto por México contiene elementos antidemocráticos.
Ahora bien, su pronunciamiento parte de
posiciones equivocadas tales como el que en ingeniería institucional el
arreglo presidencialista es en principio malo, menos democrático que el arreglo
parlamentarista, y de que se debe acotar el poder presidencial cuando
precisamente el Pacto fue ideado para responder a una condición de debilidad
del ejecutivo que marcó nuestro pasado inmediato, y no el autoritarismo como se
pretende.
La necesidad de una reforma
política de fondo en México es principalmente lograr sí equilibrio de poderes y
gobernabilidad. Las fórmulas posibles son varias, como múltiples sus efectos
para todos los involucrados. Por ello es mucho lo que hay que discutir sin
engaños y sin apostar por los mecanismos que dañen más al adversario como la
iniciativa aludida pretende al PRI. Por eso debe ser pospuesta una discusión de
tal trascendencia.