El
escándalo que desataron las grabaciones y los videos dados a conocer a mediados
de la semana pasada por el dirigente del Partido Acción Nacional, Gustavo
Madero, y el excandidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel
Yunes, para evidenciar el uso electoral que en esa entidad supuestamente
pretendían darle algunos funcionarios de la misma en complicidad con
representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Rosario
Robles, a ciertos programas sociales para operar a favor de los candidatos
postulados por el PRI de frente a las
contiendas locales próximas en 14 entidades, este escándalo ha venido a
evidenciar la fragilidad del Pacto por México que precisamente comentaba yo en este espacio hace un mes.
En
efecto el PAN inmediatamente insinuó que condicionaría su permanencia en éste a
que se investiguen los hechos. De hecho, más allá de la carta que dirigió al Presidente
Enrique Peña Nieto, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la
República y anunció que mientras corre la investigación tanto el gobernador de
Veracruz, Javier Duarte, como la Secretaria Rosario Robles, deberían ser
separados de sus cargos. Asimismo el coordinador de los diputados panistas,
Luis Alberto Villareal, afirmó que solicitaría ayer ante la Junta de Coordinación
Política el que en la sesión de la Cámara hoy se considere una solicitud de
juicio político contra ambos personajes.
Ante
estos hechos las reacciones del gobierno federal no se hicieron esperar y son
varias. En primer lugar se separaron provisionalmente de los cargos a varios funcionarios
de menor nivel, entre otros, al delegado de la Sedesol en Veracruz, al
coordinador operativo de la dependencia y a algunos jefes de zona. A la par, la
secretaria Robles quien había declarado no estar involucrada en ningún proceso
electoral y sí a favor de que se sancione cualquier irregularidad que se
compruebe, recibió un espaldarazo de parte del Primer Mandatario durante la
gira en la que lo acompañó a Chiapas, a donde fue de visita con el expresidente
brasileño Luís Inácio Lula De Silva para hacer un recuento de la Cruzada Nacional
contra el Hambre que se basa en la experiencia de este último.
A
pesar de tales remociones, que por cierto algunos consideraron insuficientes,
el PAN bien dijo que su denuncia no era ligera sino aludía a un delito. Ello en
voz de varios, como fue el senador Roberto Gil. Así no bastó al parecer con la estrategia del
ejecutivo federal de disfrazar la acusación como descalificación de los
programas sociales y con realzar mediáticamente su urgencia. Por el contario, ello
provocó el que el PRD aprovechara para profundizar las críticas iniciadas por
los panistas y se lanzara con más fuerza aún contra su exdirigente, quien
alejada de ellos es hoy la titular de la Sedesol. Jesús Zambrano, el actual
presidente del PRD, se negó así a reunirse con ella por no considerarla una interlocutora
fiable y se unió a la exigencia de Gil de blindar todos los procesos del 7 de
julio. En el mismo tenor el jefe de gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera,
ya había tomado distancia de la Cruzada contra el Hambre bajo el argumento de
que había que cotejar si no duplicaba políticas ya impulsadas por su
administración.
Siguiendo
este asunto de la unión del PAN y del PRD en contra del PRI por la posibilidad
de que su presencia en los Pinos interfiera en la debida equidad electoral, y de
que afecte el desarrollo oportuno del Pacto por México, es que el día de ayer
aparecieron en periódicos dos notas que sí demuestran que existe este temor, si
bien los líderes de los principales partidos de oposición participantes se
sentaron durante este fin de semana a hablar con el Secretario de Gobernación,
Miguel Osorio Chong. La primera nota se refiere a las declaraciones del
dirigente priista, César Camacho, en las que también minimiza los posibles
delitos electorales que evidenció el escándalo, y declara insensatamente a mi
parecer el que elecciones coyunturales no pueden estar por encima del acuerdo
para lograr reformas de hondo calado. La segunda nota alude a lo dicho por el
gobernador veracruzano, Javier Duarte, de que el PAN siempre utilizó los
programas sociales para su beneficio electoral sin que tuviera consecuencias mientras ahora sí las
hubo, como si el que otros se muevan en la ilegalidad justificara el que uno lo
hiciera.
El
hecho es que tanto Rosario Robles como el gobernador Duarte ciertamente están
en problemas, pagando el precio una de sus desavenencias con los perredistas y
el otro de su inexperiencia que desborda sin el apoyo del exgobernador Fidel
Herrera quien lo dejó en su lugar, y actualmente debe de estar más ocupado en
defenderse de los nexos con el narcotráfico que se le imputaron según
testificaciones que también la semana pasada se hicieron en el juicio que se le
sigue al hermano del líder de los Zetas, Miguel Treviño, y a otros implicados
en el lavado de millones de dólares producto del crimen organizado. Estas
testificaciones, pues, no deben estar permitiéndole moverse a favor de Duarte.
En
este contexto como respuesta gubernamental al hecho de que si PAN y PRD pueden sumar
esfuerzos en contra del PRI en este escándalo como lo pueden hacer en
coaliciones electorales (tal es el caso de la que se acaba de anunciar para la
igualmente próxima elección de gobernador de Baja California Norte) interpreto yo
el madruguete avalado por los priistas que representa para el Pacto el hecho de
que, brincándose al presidente panista de la Comisión de Hacienda Isaac Trejo y
en sentido contrario a las negociaciones incluyentes mediante las cuales tanto
avanzó el trabajo legislativo durante este periodo de sesiones que termina a
final de mes, un grupo de trece legisladores del PRI, PRD, PVEM, PT, MC y Panal
enviara un oficio a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el que se
pidió publicar en la Gaceta Parlamentaria la convocatoria para sesionar ayer y
discutir un tema muy importante que según mi entender no está en el famoso
acuerdo. El tema es la homologación del cobro de las cuotas al IMSS con el pago
del Impuesto sobre la Renta, lo que significaría un sacrificio empresarial que
el PAN posiblemente no apoyaría.
En
el supuesto racional que se trata de una maniobra que no se le puede haber
escapado a Peña Nieto, lo que con ello está demostrando es que sabe de la fragilidad
del Pacto y ante las amenazas de quienes lo suscribieron de abandonarlo manda
una señal de que puede cambiar la agenda de las prioridades marcadas por éste,
así como su política de negociación con todas las fuerzas políticas más
importantes, en el sentido de que también puede decidir mayoritear a algunas
minorías aliándose con otras, es decir dividirlas.
El
Pacto por México ha sido una excelente estrategia de inicio de gobierno, pero
al menos yo no auguro como ya se los había dicho que dure todo el sexenio.
