El Pacto por México

Estando de vacaciones de semana santa se me ocurrió que sería más oportuno comentarles un tema ligero o al menos religioso. No he podido lograrlo mas al menos quiero de entrada hacerles mención de una caricatura que me hizo gracia hace algunos días sobre la designación del papa Francisco que se había resuelto de forma expedita, pues tardó tan sólo dos días e implicó únicamente cinco votaciones. La explicación que se daba a la facilidad del proceso es que estaba incluido en el Pacto por México. Así, abordo un tema como siempre político que no tiene nada de simple y más bien es grave.

A todos nos ha sorprendido la rapidez con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha logrado hasta ahora no caer, como fue el caso durante las administraciones panistas e incluso un poco antes de la alternancia del 2000 desde que la pluralidad en México desembocó en gobiernos divididos sin mayorías en el Congreso del partido del presidente en turno, en una parálisis producto de la falta de incentivos para la mayor parte  de los  legisladores de apoyar al ejecutivo.

Así las cosas: ¿Qué es el Pacto por México? ¿Cuáles son sus bondades y sus límites? ¿No tiene también efectos contraproducentes para nuestra joven democracia? ¿A qué debemos atribuir esta capacidad de concretar acuerdos que Peña Nieto demuestra? ¿Es realmente, como algunos creen, un político más capaz que los presidentes recientes?

El Pacto por México se firmó recién comenzó el sexenio entre las fuerzas más importantes del país para llevar a cabo un centenar de políticas inscritas en las líneas programáticas enunciadas en la toma de posesión presidencial pasada. El Pacto tiene un Consejo en el que participan funcionarios, dirigentes de partidos y líderes de bancadas. Del Pacto están emanando de prisa propuestas de reformas. Los resultados más vistosos son la promulgación de la reforma educativa y la aprobación la madrugada del pasado viernes de la reforma al sector de telecomunicaciones, la cual todavía tendrá que ser revisada por el Senado y recibir el visto bueno por los suficientes congresos estatales para entrar en vigor.

La eficiencia en la aprobación de leyes es una bondad del Pacto por México que no se puede negar. Precisamente por ello ha producido más alabanzas que críticas. De repente, como por arte de magia, se han vencido los obstáculos que impedían la transformación del país. Sin embargo, en esta transformación precipitada también se pueden ver problemas que no son menores. El primero es que de la parálisis se ha pasado precisamente a un andar a galope que puede ser riesgoso, porque si bien ahora sí se logran consensos hay una discusión muy disminuida de los grandes cambios que se proponen.

Tomemos el ejemplo de la nueva legislación en materia de telecomunicaciones que es la que está en curso. El lunes 11 de marzo presentó el Presidente la iniciativa  como producto del trabajo del Pacto. Al día siguiente entró a la Cámara de Diputados, y se turnó a la Comisión de Asuntos Constitucionales en donde la discusión sólo tomó dos días. En efecto la negociación venía tan avanzada que inmediatamente 287 diputados firmaron su compromiso por avalar la iniciativa. Por esta razón ni siquiera se había considerado necesario que participaran las comisiones de Comunicaciones y Transportes y la de Radio y Televisión. A la semana siguiente, como ya indiqué, en una sesión maratónica pero en una única sesión el pleno aprobó la reforma.

En suma el Pacto por México ha fortalecido el rol de los dirigentes y líderes de los partidos aliados del gobierno actual en detrimento del propio poder legislativo que está dejando de ser la plataforma en la que se expresan y procesan disidencias, y consecuentemente de fungir como contrapeso al poder ejecutivo, pero también en detrimento de los mismos priistas cuyos jefes de bancada en el Congreso están perdiendo también el rol de ser quienes le construyen los acuerdos al Presidente.

Esta opinión general que acabo de exponer, no me impide sin embargo apreciar que en menos de quince días los diputados sí lograron mejorar la iniciativa a través del procesamiento de las reservas que la iniciativa produjo. En efecto se incorporaron algunos principios como el considerar el acceso al internet como un derecho que debe tutelar el Estado, o la equidad de género como valor a promover. Además se tocaron algunos aspectos puntuales como la cláusula de reciprocidad en lo que toca a inversión extranjera, la ampliación de plazos en las convocatorias para licitaciones o la percepción máxima de los comisionados del IFETEL.

Dentro de estos sobresalió la solución que se encontró para un asunto de la mayor importancia derivado de la obligación de retransmitir sin costo las señales completas de la televisión abierta, retransmisión en la que sólo operará la gratuidad para los agentes económicos que no sean preponderantes en el mercado ni por sí mismos ni por un tercero ni que tengan vínculos comerciales o de negocio con dichos agentes. En efecto no restringir la gratuidad de dicha transmisión, o sí hacerlo como la manera de hacerlo beneficiaba o perjudicaba a los grandes empresarios del medio de distinta manera.

Sin embargo pese a la contribución de la Cámara de Diputados en la solución de estas controversias de la que fuimos testigos porque fue pública, el legislativo se vio disminuido frente a un órgano derivado del Pacto por México en el que en lo obscuro con anterioridad se desarrolló seguramente una compleja negociación política que encabezaron los representantes del gobierno con los partidos políticos de oposición hoy leales, en la que estuvieron en juego sus relaciones con los grupos de intereses económicos afectados y que deben de haber llevado a acuerdos con ellos y entre ellos.

Ahora bien, el ejercicio de la política es siempre cupular pero es más democrático aquel que implica división de poderes y mayor transparencia. Creo que esta perspectiva ofrece una visión crítica del Pacto por México, por encima de los aplausos que ha producido. Además, sostengo que a pesar de permitirle a Enrique Peña Nieto recobrar gobernabilidad, de ello no se desprende que sea mejor político que sus antecesores. De hecho hay otros elementos que explican el “éxito” de su estrategia. Uno las condiciones son mejores par él y dos son más los bienes políticos que puede intercambiar con sus opositores aliados, en tanto ha logrado imponer su control al PRI y dispone de la enorme fuerza que representa.

El límite del Pacto por México estará marcado por las ganancias que vayan obteniendo las dirigencias partidistas con las que negocia el gobierno, la capacidad de satisfacerlas del Presidente Peña Nieto que será decreciente, los costos para los partidos de oposición de su política aliancista que serán cada vez mayores y las contradicciones en su seno que son muchas y pueden aumentar. El Pacto por México ha sido una entrada espectacular de este sexenio pero es frágil y de efectos contradictorios pero quizás pasajeros para nuestra democracia. Por lo pronto están cambiando las reglas informales del ejercicio del poder de nuestro sistema, sin que se hayan resuelto sus problemas estructurales.

En torno a 100 días de gobierno de EPN

Los cien días del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto han generado comentarios parecidos en políticos de distintas corrientes, partidos y analistas en cuanto a los puntos positivos que consideran ha sumado el nuevo mandatario. Por lo que se refiere a sus críticos, a mi parecer se han destacado más las posiciones de izquierda, tanto la moderada perredista como aquella emanada de los radicales que buscan posicionarse en el sistema de partidos como nueva opción, que aquellas que se producen en el seno de los panistas que lejos del poder y a  la defensiva están más concentrados en sus luchas internas con vías a su reorganización en las nuevas condiciones en que los dejó el regreso pujante de los priistas a los Pinos. Sin embargo, aún estas críticas no tienen suficiente consistencia de frente a un inicio de sexenio que no se puede negar ha ganado adeptos por espectacularidad.

Trabajando a toda marcha con actos públicos casi diarios (han sido 85) con importantes discursos que han puesto a andar prácticamente las 13 acciones enunciadas en el discurso de toma de posesión, ha destacado fundamentalmente la capacidad del actual Presidente de concretar un acuerdo de cooperación con las principales fuerzas del país que ya generó la aprobación de la reforma educativa y la presentación ayer del proyecto de reforma al sector de telecomunicaciones que abriría TV y telefonía a la competencia. Particulares felicitaciones mereció la detención de Elba Esther Gordillo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en un operativo construido con base en una investigación sobre desvío de dinero con movimientos que explican su enriquecimiento ofensivo, mas todos sabemos golpea medularmente intereses afectados por la reforma educativa que pretendían obstaculizar.

Además se ha reconocido el que Peña Nieto ha demostrado hasta ahora una capacidad política que igual le ha permitido sentar en su mesa a gobernadores de todos los colores, que facilitado la puesta en marcha de un programa de seguridad más ambicioso diseñado a partir de las causas generadoras del aumento de la violencia en México que se pueda implementar en coordinación con los distintos niveles de poder, así como tomar el control de su partido a través de la reciente XXI (vigésima primera) Asamblea manejada con una habilidad que primero flexibilizó los programas de acción del partido de suerte que concuerden con las políticas de su gobierno, y segundo abrió sus estrategias electorales a los nuevos tiempos.

Sin embargo los críticos ven en el Pacto por México un acuerdo de dirigencias que no deja de ser frágil, en la reforma educativa una serie de medidas (algunas nada nuevas que es lo mismo que se dice de la Cruzada contra el Hambre) medidas que para hacerse efectivas tendrán que operacionalizarse. Lo mismo se dice del programa de seguridad cuyos resultados tenemos que esperar mientras el problema sigue creciendo geográficamente y socialmente se traduce ahora en la nueva modalidad del surgimiento de grupos de autodefensa que también violentan el estado de derecho.

Del mismo modo, se duda de la voluntad o de la capacidad de atentar contra los poderes fácticos a pesar del encarcelamiento de la Maestra Gordillo, pues sobreviven líderes sindicales del mismo corte. En este mismo sentido se afirma que en el proyecto de reforma en materia de telecomunicaciones, el cual si bien sí impulsa el desarrollo tecnológico en el sector y la competitividad (en tanto propone que se liciten dos nuevas cadenas de televisión abierta para nuevos concesionarios), se dejó sentir la presión de los concesionarios actuales con lo que se logró incluir una cláusula para limitar la gratuidad para las empresas por cable de los contenidos de radiodifusión o de retransmisión.

En suma la crítica se construye sobre la base de que el nuevo gobierno ha logrado posicionar más un discurso que produce una confianza basada en la impresión que contamos de nuevo con políticos que sí saben de su oficio, que producir resultados que se puedan comprobar. Esta crítica me parece sin embargo pobre frente a tan sólo cien días de gobierno en el que, sí, tan sólo se han dado a conocer programas, mas éstos parecen entretejer un proyecto de nación con amplia visión. Por lo que se refiere a sus resultados, es demasiado pronto para que se valoren. De ello nos encargaremos a su tiempo y los priistas seguramente cobrarán la factura.

Ahora bien, la crítica más mordaz ha enfatizado el regreso de un viejo estilo de hacer política incluyente, centralizador y autoritario, con base por ejemplo en el uso de la fuerza selectiva a través de golpes legitimadores como son los procesos contra personajes desprestigiados que han dejado de ser aliados, o bien en la asamblea del PRI que transparenta el liderazgo indiscutible del jefe del ejecutivo en el partido o igual en el peligro de intromisión en un órgano como es el IFAI que amplía precisamente sus funciones en el contexto de una crisis interna que se quiere aprovechar para la nueva designación ampliada de todos sus comisionados. Supongo que reflexiones de esta índole llevaron hace unos días a Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD,  a declarar que en el gobierno federal hay signos de resurgimiento de un presidencialismo vertical y del ejercicio de un poder absoluto preocupante, cuando México reclama un verdadero ejercicio de poder democrático.

Esta conclusión me parece exagerada e infundada en tanto el presidencialismo exacerbado en México del pasado fue producto no sólo de los poderes constitucionales otorgados al Presidente del República sino igual de los poderes metaconstitucionales que concentró, los cuales fueron desapareciendo con el proceso de cambio político en el país, las reformas electorales y el afianzamiento de la pluralidad política que le quitó al jefe del ejecutivo el control del legislativo, a la par que la crisis y la reforma del estado habían disminuido su capacidad clientelar.

No creo por lo mismo que Peña Nieto luche ahora por restaurar este presidencialismo, porque sería inútil en un México no sólo competitivo sino con poderes más equilibrados, sino lucha por reconstruir una gobernabilidad mermada desde el advenimiento en 1997 de los gobiernos divididos que hemos tenido. A partir de entonces, desde el legislativo se había bloqueado el ejercicio de gobierno dando pie a presidencias débiles como fueron las panistas. En su esfuerzo por fortalecer la presidencia, el peligro hoy es entonces sólo, y no es poco, el potencial ejercicio autoritario del poder que la oposición y la ciudadanía en general deben impedir, pero también los priistas que mucho ganaron con la descentralización política que produjo la alternancia del 2000.