Sobre la desaparición forzada y el combate al narcotráfico

El legado del fracaso de la mal llamada guerra del expresidente Felipe Calderón contra el narcotráfico produjo decenas de miles de muertos, multiplicación del número de carteles operando en el país, una red más compleja de complicidad con las autoridades encargadas de combatirlos, el aumento del consumo interno de drogas y una creciente inseguridad incontrolable pese al enorme gasto público que se destinó a este rubro. A ello debemos  sumar, ahora los sabemos, el número de desaparecidos que la semana pasada produjo una confusión en los medios a la que me quiero referir.

El asunto partió de las declaraciones de José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización defensora de los derechos humanos “Human Rights Watch” tras reunirse con funcionarios de la Marina, con el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Raúl Plascencia y con Miguel Ángel Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación, en representación de Enrique Peña Nieto quien se excusó de no poder recibir a los activistas por cuestiones de agenda. Vivanco pidió hacer justicia a los miles de desaparecidos que ha habido en México desde finales de 2006, ya sean víctimas del crimen organizado o de la fuerza pública. Las desapariciones forzadas o no forman parte, dijo, de una guerra sin controles en donde es fácil de constatar que no se estuvo a la altura y todo fue permitido. El nuevo gobierno según sus señalamientos, tiene la obligación de afrontar el problema. Por ello se debe investigar para que en su caso las fuerzas de seguridad rindan cuentas de los abusos cometidos.

La organización HRW se pronunció porque las autoridades den resultados. No pueden quedarse en estadísticas, en informes, en conceptos genéricos o abstractos. Para revertir esta crisis que ha sido ignorada y lograr que no se vuelva a repetir, se debe implementar una estrategia concreta con base en un modelo distinto que erradique estructuralmente la impunidad. Ello implica por lo pronto que haya rendición de cuentas, o sea identificación, procesamiento y castigo ejemplar de soldados, marinos y oficiales implicados en desapariciones  de cara al país. Es importante, según se dijo, contar con controles claros, internos y externos, con incentivos para mejorar el rendimiento profesional de las autoridades. Para este fin se debe fomentar el desarrollo de  una cultura que combata la corrupción y el abuso en materia de derechos humanos y elimine la complicidad en la comisión de delitos, de tal suerte que aquellos que portan uniformes o están vinculados al poder también respondan a la justicia.

Ahora bien, cabe precisar que en su informe “Human Rights Watch” presentó únicamente 249 casos de desapariciones forzadas desde 2007, de los cuales 149 presentan evidencias contundentes de la participación directa de las fuerzas de seguridad del Ejército y la Marina y de las tres policías municipales, estatales y federales. En los 100 casos restantes existen sólo fuertes presunciones de la participación oficial. El total de casos aludidos son señalados extremos y documentados (aquellos por los que se pueden responsabilizar) y desde luego no aspiran a ser los únicos.

En este contexto sorprendió el que la propia Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB, a cargo de Lía Limón,  confirmara la existencia de una lista con nombres de más de 27,523 personas no localizadas desde fines de 2006 hasta noviembre de 2012 según un estudio del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información, el área de inteligencia de la Fiscalía Federal.

Quiero abonar a favor de la buena voluntad de esta dependencia en hacer pública una información oficial, si bien de hecho según la ONG aludida ya se había filtrado hace más de dos meses. Sin embargo la declaración me generó, como a muchos, la impresión de que había sido  imprudente pues daba a conocer cifras no depuradas y por lo  mismo creaba confusión. De hecho fueron elaboradas a partir de marzo de 2012 cuando el Senado aprobó la Ley sobre desaparecidos, con reportes de la PGR, las procuradurías estatales, el CISEN y la Marina sin cruzar información, por ejemplo con averiguaciones previas abiertas.  

El número de personas desaparecidas debe ser mucho, mucho mayor que el de las casi 250 personas señaladas por la organización HRW (por ejemplo funcionarios de Coahuila les indicaron que, de diciembre de 2006 a abril de 2012, habían desaparecido en el estado 1,835 individuos), pero hablar de más de 27,000 es hablar para efectos de comparación de más desaparecidos de los que arrojó la dictadura en Argentina. Ello sin duda le generaría al gobierno, y no sólo al anterior, una responsabilidad sin precedentes frente a un delito, la desaparición forzada, que no prescribe. Los panistas quizás con razón están muy molestos. Legisladores como Héctor Larios y Roberto Gil ya señalaron que una cosa son las personas no localizadas y otra las desaparecidas. Además en las desapariciones hay que distinguir las forzadas, de las que no lo son.

De frente a estas críticas se entiende que la propia dependencia ya haya señalado que la base de datos aludida servirá de partida para la conformación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que contará, tal como recomendó HRW, con datos e información genética tanto de las personas que buscan a sus familiares como de los cuerpos hallados no identificados.

Así las cosas me pregunto de cualquier modo si algún día podremos tener acceso a una buen cifra de las desapariciones forzadas en el sexenio pasado para sumarla a los costos de una política equivocada que hoy, así lo creo y lo espero, se quiere corregir sin que se haya a pesar de ello notado aún efectos de las nuevas medidas tomadas bajo el control político de nuestra nueva supersecretaría de Gobernación. En concreto ésta tendrá a cargo una mayor coordinación entre dependencias encargadas de enfrentar la inseguridad y distintos órdenes de gobierno, con un programa que uno pretende rebasar el combate frontal de criminales y no enfoca principalmente la aprehensión de cabecillas, un programa que dos se encamina a la reconstrucción y unificación de los manos policiacos y de los códigos penales, un nuevo sistema que asegure el cumplimiento de la ley con el respeto debido a los derechos humanos, un programa que tres va hacia las causas sociales reales del problema y destina un presupuesto importante (118,000 millones de pesos) para la reconstrucción del tejido social en los 250 municipios más afectados donde se llevarán a cabo acciones preventivas al delito, más los 50 que se atenderán urgentemente, un programa que cuatro y último busca contar con el apoyo de la sociedad civil, grupos empresariales y organismos no gubernamentales con vías a su ejercicio transparente.

Sin duda la nueva estrategia me parece más completa y espero no se quede en una narrativa distinta dirigida a los medios y destinada sobre todo a la imagen de México en el exterior. En tanto se perciben resultados, la nueva administración debería por lo pronto atender los juicios debidos ante la comisión de delitos comprobados en tiempos de Calderón para sentar nuevas bases. Del mismo modo es momento quizás de revisar algunos nombramientos de funcionarios con experiencia en la materia dudosa, o inadecuados, los cuales con declaraciones desafortunadas hacen aún más difíciles las tareas pendientes.

El Consejo General del IFE en la lupa

Las discusiones que ha habido en el seno del Consejo General del Instituto Federal Electoral en las semanas pasadas sobre los gastos en la contienda presidencial de 2012 me generan varias observaciones que quiero compartir con ustedes.

La primera se refiere a la forma en que se alinearon las votaciones en asuntos tan trascendentes como las tarjetas MONEX que el Partido Revolucionario Institucional distribuyó supuestamente para pagarle a  ciertos agentes electorales, o bien para revisar las multas que de ser necesario se tenían que aplicar por rebase de topes de campaña. En el primer caso de las famosas tarjetas votaron en contra de multar al PRI el Presidente Leonardo Valdés, Marco Baños, Francisco Guerrero y Macarita Elizondo y a favor Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván. Al darse el empate fue que decidió votar Sergio García Ramírez quien primero se había excusado de hacerlo por tener amistad con algunos involucrados en el asunto tratado, figura en quien recayó la culpa de la exoneración atrayéndole tales críticas que ya ha presentado éste su renuncia al órgano.

Así ya no votó García Ramírez en el segundo caso de los posibles rebases de topes de campaña en el que se decidió devolver a la Unidad de Fiscalización el dictamen enviado, para que en julio sean revisados en conjunto los informes relativos a los candidatos presidenciales, diputados y senadores, por lo que por el momento no se aplicó multa alguna. A favor de tal medida que impidió que se afectara a los partidos que postularon a Andrés Manuel López Obrador, o sea al PRD, al PT y Movimiento Ciudadano, y que en cambio saliera ileso Enrique Peña Nieto abanderado por el tricolor y el Partido Verde Ecologista de México votaron otra vez juntos Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván ahora con Macarita Elizondo y en contra de que se pospusiera la discusión del dictamen propuesto los demás.

Las alineaciones de las votaciones emitidas no son neutrales y corresponden a la selección de los mal llamados consejeros ciudadanos por cuotas partidistas y vetos cruzados, en el falso supuesto que la suma de subjetividades y la negociación construyen imparcialidad y equidad. Se dice con justa razón que Benito Nacif y María Marván tienen inclinación panista, que Alfredo Figueroa y Lorenzo Córdova son de izquierda, que Marco Baños y Francisco Guerrero no esconden su simpatía priista y que Macarita Elizalde llegó al IFE apoyada por el PAN aunque es más independiente como Leonardo Valdés, quien sin embargo es probable que esté buscando su relección a pesar de negarlo.

El asunto es serio, porque no es un caso único sino que una investigación exhaustiva de todas las decisiones que se han tomado en el IFE (como algunas que ya se han hecho sobre ciertos períodos) seguramente reflejaría esta politización aún en los períodos de mayor legitimidad de la institución, como fue la de la presidencia de José Woldemberg. Entonces el IFE gustó por los resultados electorales que produjeron la alternancia y porque se multó al PRI tras el Pemexwate. Ahora gusta menos porque regresó el PRI al poder y quizás otros partidos pueden resultar multados. Es tiempo, me digo quizás como muchos, de revisar no sólo el alcance de esta institución sin embargo ejemplar sino de repensar la conformación de su Consejo General.

Ahora bien, otro punto que quiero tratar con mayor profundidad es el de la segunda medida tomada que se mencionó. Me congratulo que por lo menos aún no se haya decidido multar a la Coalición Movimiento Progresista, mientras la campaña del actual Presidente sale ilesa de la revisión de su contabilidad. Todos los interesados pudimos atestiguar que los candidatos punteros empezaron su campaña mucho antes de los tiempos oficiales: Peña Nieto desde el 2005 en que llegó a gobernador del Estado de México, López Obrador desde el 2006 en que se negó a aceptar su derrota en la elección presidencial de aquel entonces. A saber cuánto cuesta realmente una campaña presidencial, pero las de ellos dos se excedieron sin duda de gastos permitidos. Soy de las que creen que ninguno de los dos ganó o perdió por dinero aunque reconozco que los gastos de ambos se destinaron a distintas partidas, con distinta modalidad. Sí es cierto AMLO era menos ostentoso, pero hubieron gobiernos como el del Distrito Federal que por años trabajó por asegurarle votos a través de programas sociales y eventos multitudinarios. ¿Cuanto pudo costarle a los suyos el apoyo al movimiento #YoSoy132? Esta y otras son preguntas que nos quedaron sin respuesta. Por su parte tras su descomunal presencia en medios durante años, Peña Nieto supo seguirse imponiendo en tiempos oficiales como mejor e inevitable única opción para México organizando concentraciones espectaculares y seguramente costosísimas. En este sentido también nos cabrá siempre la duda de si hubo o no algún financiamiento suyo que explique lo inflado que resultaron las preferencias prelectorales a su favor señaladas por  casas encuestadoras.

Con todo ello, lo cierto es que muchos de los gastos comentados no se pueden contabilizar y con la normatividad vigente al PRI y al PVEM le salió bien la tirada porque supongo que supieron esconder gastos, disfrazar costos reales y acomodar bien sus cifras gracias al prorrateo entre campañas federales, mientras que es posible que el PRD, PT y Movimiento Ciudadano hayan también hecho ciertos manipuleos con sus cuentas pero no usaron suficientemente a su favor el recurso disponible para ello de prorratear y las sumas terminaron afectándolos. El problema que veo es que como este resultado no le gustó a la mayoría, a pesar de no cambiar el criterio de poder prorratear entre todas las contiendas (en un momento dado hubieron dos votos que así lo pedían), decide devolver el dictamen recibido para que la unidad correspondiente (curiosamente a cargo de alguien llamado Alfredo Cristalinas) precise los criterios para poder prorratear aclarando lo que debe entenderse por beneficio, en tanto según el artículo 177 del Reglamento de Fizcalización del IFE el prorrateo que no puede exceder al 50% del gasto total debe operar en concordancia con las campañas beneficiadas.

¿Qué esperan aquellos que se oponían al absurdo resultado de multar a la Coalición Movimiento Progresista y no a la mancuerna de priistas y ecologistas? En principio observar en conjunto todas  las campañas federales, como debía haber sido si no se hubiera exigido adelantar la revisión de las presidenciales. Eso está bien, mas apunto dos elementos. Primero no se puede definir a posteriori criterios que afecten cuentas que se presentaron cuando no existían, y segundo el concepto de beneficio que toda campaña presidencial aporta a otras campañas simultáneas del mismo partido me parece difícil de acotar ya que el análisis político ha demostrado el arrastre del voto que una campaña de carácter más importante, como la presidencial, produce en la votación de campañas menos importantes, como la de diputados y senadores del mismo partido. Luego entonces, a mi juicio, todos los partidos tenían la prerrogativa de poder prorratear los gastos de sus campañas presidenciales hasta el tope permitido por la normatividad vigente en el momento que se desarrollaron.       

Los órganos competentes deben tomar sus decisiones conforme a derecho y no en función de que gusten o disgusten sus consecuencias. Si no lo hacen así, podemos sospechar de su parcialidad.