Los
analistas y público interesado en general han venido siguiendo, durante casi ya
dos meses, al gobierno de Enrique Peña Nieto para dimensionar el alcance y
consecuencias del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al
poder federal. De frente a la nueva realidad de una administración que trabaja
con un estilo tan diferente al que tuvieron los panistas, unos se extreman en
elogios en exclamaciones de al fin las riendas las tienen quienes saben
negociar, otros más cautelosos no se quieren dejar confundir por las
apariencias, y desde luego están quienes a la par que sanan las heridas de la
derrota construyen su papel de oposición o preparan proyectos políticos alternativos.
Lo
cierto es que, por más que cuide su imagen, Peña Nieto no la está teniendo
fácil: por un lado su andar a galope le arrastra descuidos imperdonables como
las recientes desafortunadas declaraciones patrimoniales que sembraron más
dudas que transparencia expresaron, por otro lado su política lo lleva a impulsar
la construcción de acuerdos de gran
fragilidad como puede ser el Pacto por México o contradictorios como de
conseguirse sería la alianza del PRI y el Partido Verde Ecologista con Nueva
Alianza en los comicios estatales que se llevarán a cabo este año en 14
entidades, en una de las cuales en Baja California Norte se elegirá gobernador,
cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que está
detrás de este partido aún se moviliza en contra de la recién aprobada Reforma
Educativa.
De
ese tamaño son los malabarismos que se quieren hacer porque, de entrar en
detalle en el análisis de lo que es el Pacto por México, se ha dicho con
acierto que involucra a los partidos más importantes del país mas cabe señalar
que lo han firmado sus dirigencias nacionales y que al menos el Partido Acción
Nacional y el Parido de la Revolución Democrática enfrentan divisiones internas
que complican las negociaciones futuras y el apoyo que se otorgue a las
políticas gubernamentales. A ello hay que añadir los desacuerdos que surjan en
el seno del PRI, como al menos yo pienso se verán cuando se discutan las
reformas hacendaria y energética. No por nada se ha pospuesto tal discusión al
próximo semestre, y es parte de lo que se quiere planchar en la próxima
asamblea de este partido.
El
Pacto por México es frágil porque el Presidente Peña optó por un gobierno
centralizador aunque incluyente. De esta forma en un esfuerzo constante tendrá
que conseguir el apoyo necesario principalmente para más de 60 de los 90 puntos
que comprende el documento, en tanto pasan por el Congreso al que le tiene que
dar su lugar. Hoy precisamente se reúne con los diputados priistas, ya
habiéndolo hecho la semana pasada con los senadores en Bahía de Banderas. A
través del Pacto y de su Consejo Rector Peña Nieto abandera las negociaciones
necesarias y más allá del poder parlamentario fortalece la posibilidad de
llegar a puntos de equilibrio. Muy difícil la tiene, siendo que otro camino
para él que no se moviera como lo hace el suyo entre el presente y el pasado
hubiera sido el decidirse de forma más radical por conformar un gobierno de
coalición que reconstruyera la gobernabilidad en México, no se quedara en el
nivel mediático, ni corriera posiblemente
el riesgo de abortar.
Sí,
los medios y su buen manejo le han facilitado al nuevo gobierno una luna de
miel que le ha atraído más apoyo que rechazo según constatan las encuestas,
pero también los medios son acaparados por notas y comentarios que afectan
irremediable y negativamente este regreso del PRI, sin que siempre haya error
de por medio como fue en el caso de las declaraciones patrimoniales. Al
respecto cabe mencionar dos eventos que quizás voluntariamente se resolvieron
el mismo día o sea el miércoles pasado con la misma lógica, con la que
concuerdo, sin dejar de ver que afectan a Enrique Peña Nieto. Me refiero a la
salida de Florence Cassez de prisión y a la exoneración por parte del Instituto
Federal Electoral (IFE) del PRI en el caso Monex.
¿Por
qué digo que quizás no fue casual que ambos hechos coincidieran? La revisión
del caso de la ciudadana francesa
encarcelada fue sin duda un distractor de la discusión en el Instituto Federal
Electoral de los famosos monederos electrónicos, los cuales fueron pieza
importante de la impugnación de Andrés Manuel López Obrador de la contienda
presidencial pasada.
¿Por
qué digo que ambos asuntos se resolvieron con la misma lógica? En el caso de
Florence Cassez, la Corte Suprema de Justicia (con tres votos a favor y dos en
contra) no la absuelve de los delitos que le imputan sino declara que no se le
puede juzgar por los vicios que tuvieron el proceso de su aprehensión y la
obtención de los testimonios que la inculpaban. Obtiene así un amparo libre y
llano que le permite salir de prisión, sin ser declarada inocente. En el caso Monex
la Unidad de Fiscalización del IFE recoge información sobre la triangulación de
dinero que llevó a los monedores, con lo que se prueba la legalidad del
contrato del PRI; así en el Consejo General (con cinco votos contra cuatro) se
le exonera hasta ahora (determinándose que la partida corresponde a gastos
ordinarios y no extraordinarios lo cual podrá tener consecuencias), si bien por
considerarse un asunto que queda fuera de la jurisdicción de la institución no se
resuelve sobre las sospechas que arroja la necesidad de esta triangulación, el
estatus de las empresas involucradas, ni sobre todo el origen mismo del dinero.
Con ello el expediente irá a parar a otros organismos.
Así
las cosas, en el asunto de Florence Cassez nos quedaremos para siempre con la
duda de su nivel de responsabilidad en la comisión de delitos, aunque el asunto
de Monex todavía es posible que se revise hasta sus últimas consecuencias. En
ambos casos la mayoría de la población está enojada y ello se revierte en la
imagen de Peña, porque por un lado la sociedad está harta de la violencia
generalizada y poco importa el debido proceso si la Cassez es considerada como una
culpable privilegiada liberada por un nuevo clima de impunidad, beneficiada por
una mayoría que hizo posible el voto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
de nueva inserción en la Corte bajo influencia priista. Y por otro lado en el
caso de Monex, la gente ve en la posición de los consejeros electorales
favoritismo hacia el partido en el poder por parte de aquellos cuya entrada
promovió precisamente el PRI, así como por el consejero presidente Leonardo
Valdés quien se dice busca su próxima relección. En particular con profundas
críticas fue recibido el que Don Sergio García Ramírez primero se excusara de
votar por tener lazos de amistad con alguna de las partes, a saber la familia
de Gabino Fraga, y luego sin embargo lo hiciera para llegar a un desempate en la votación. Ahora bien, a demás de
considerar que hubo favoritismo, muchos con razón dudan que el asunto sea revisado
con transparencia por organismos bajo control gubernamental como son la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Servicio de
Administración Tributaria (SAT). En todo caso, la decisión del IFE se
impugnará.
En
este principio de sexenio Enrique Peña Nieto lucha con dificultad por recuperar
fuerza para la institución presidencial tanto como legitimidad y eficiencia en
la toma de decisiones. Su empeño hasta ahora ha estado sobre todo en construir
una nueva imagen, la cual prende de alfileres.
