domingo, 16 de diciembre de 2012

A diez días del sexenio


A diez días de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República, se han sucedido hechos que con razón pueden despertar en muchos la esperanza de que el país tenga una mejor conducción política mas también hay indicios que justamente le revelan, a quienes no creen en él, que su estilo de gobernar se sostiene en un discurso esperanzador sin suficiente sustento y que medidas suyas lo muestran atado de manos y al menos contradictorio.
No se puede negar el que Pena Nieto se propone ser un líder moderno que optimice las oportunidades de México y afronte integralmente sus graves problemas y retos. Mas allá de las reformas estructurales que quiere sacar adelante nos presentó un programa delineado en su exposición en un legado histórico liberal, revolucionario y democratizador fundado en algunos principios básicos, y aterrizado en acciones concretas que a toda prisa ha echado a andar.
Ayer nada menos en la línea de abatir nuestro rezago educativo de la forma simbólica que le es tan apreciada en el recinto que alberga parte de nuestro tesoro cultural, el Museo de Antropología e Historia, presentó una iniciativa de reforma que prevé cambiar el artículo tercero de la constitución para establecer la calidad de la docencia como una garantía. La idea central es recuperar la rectoría del Estado en el sector a través de un Sistema Nacional de Evaluación que se aboque a identificar las necesidades para mejorar la enseñanza. Ello implicaría posteriormente la modificación de la Ley General de Educación y la  recuperación de la asignación de plazas de maestros con lo que dejarían de ser vitalicias y hereditarias. Nadie desconoce que tales medidas representan un golpe fuerte al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Elba Esther Gordillo a quien hasta ahora en sus nombramientos no le otorgó, como los gobiernos panistas, espacios en la burocracia central.
Considero que es un acto osado y valiente que puede sentar un parteaguas  como puede quedarse también en un ataque  de corte espectacular a un poder fáctico que no puede acabar, porque también  el que salgan sus medidas depende en parte del apoyo que tenga de los así sean diez diputados y la única senadora que el PANAL el partido de Elba Esther tiene en el Congreso.
En ese mismo sentido Peña Nieto firma un acuerdo de gobierno importantísimo con las principales fuerzas opositoras del país en el que se muestra un gran negociador, pero de repente no sabe uno si puede funcionar su proyecto con las concesiones que otorgó para sacar adelante con visión demasiado inmediatista varios programas asistenciales caros a las izquierdas, así como la reforma educativa que comentamos, además de otra no menos teatral a saber la de telelecomunicaciones que se va nada menos que contra los monopolios televisivos, así como la ley nacional de responsabilidad hacendarias que complace a los panistas.
Al menos eso pensé a raíz de que hace una semana se dio a conocer un aparente avance en el Senado para sacar adelante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, según el deseo del Presidente de desaparecer las secretarias de la Función Pública y la de Seguridad para el mejor ejercicio de su gobierno, reasignando funciones a otras secretarias y a nuevas dependencias. La iniciativa fue recibida con bastantes críticas por lo que toca al diseño de una supersecretaría de Gobernación con carácter político a la vez que de control público. De aquí que la oposición decidiera aprobarla, con la salvedad de asegurarse de que no hubiera retrocesos autoritarios para lo cual pidió que los altos mandos policiacos fueran ratificados por la Cámara Alta. Los priistas parecían haberlo aceptado, al menos esto fue lo que se publicó el martes pasado,  más el jueves 6 los partidos se enfrentaron dejando ver la fragilidad de sus acuerdos. Al verse panistas y perredistas  en minoría por algunas ausencias de los suyos, para evitar un madruguete de los priistas en el que hubieran podido retractarse, interrumpieron la sesión por falta de quórum pese a las protestas de los senadores del PRI. Hoy hay sesión nuevamente en el Senado con el objetivo de destrabar el problema.
¿Qué debemos creer de Enrique Peña Nieto? ¿Tiene todos los hilos en la mano? ¿Está siendo rebasado por sus legisladores y operadores? ¿Es más que una figura mediática, buenos discursos y propósitos? ¿Tiene el poder de imponerse a tamaños intereses como parece querer? ¿Privilegia sí, o no, los cánones democráticos en el ejercicio de su gobierno? ¿Qué tanta tendencia autoritaria tiene?
Las presiones de Peña Nieto son múltiples como múltiples son los aspectos que tiene que considerar en sus decisiones. Se vio en la composición de su gabinete donde instaló pesos políticos fuertes en las carteras necesarias (tales fueron los nombramientos de Osorio Chong en la SEGOB o Chauffet en la SEP) y otros muy valiosos desde el punto de vista técnico, algunos muy jóvenes, en lugares estratégicos (como Videgaray en Hacienda, Meade en Relaciones Exteriores o Losoya en Pemex) sin olvidar a Rojas en la CFE o González en el IMSS, pero también les abrió espacio a gente de su confianza como por ejemplo a Ruiz Esparza en Comunicaciones así como amarró intereses y pagó favores con Coldwell en Energía. Parece ser que el común denominador en casi todos los nombramientos es que son gente que ha probado arrojar buenos resultados, pero los hay también inexpertos como Claudia Ruiz Massieu en Turismo. Al respecto, no me gusta que en esta última lógica haya sacrificado la subsecretaría de derechos humanos en manos de Lía Limón que nada sabe de la materia. Este nombramiento puede leerse como desinterés del Presidente en el tema, aunque puede ser que esté ligado a contener a Elba Esther Gordillo en tanto durante su paso por la SEP hace tantos años su padre Miguel Limón entabló con la maestra una amistad que por cierto la llevó a ésta a promover la llegada de Luis Ugalde al IFE en 2003 cuando fuera esposo de la ahora subsecretaria.
El hecho es que el respeto por los derechos humanos debe ser una de las prioridades de una sociedad que necesita permanecer vigilante ante esta nueva administración. Como prueba de botón las arbitrariedades ya documentadas  cometidas en varias detenciones de manifestantes en las protestas el día de la toma de posesión. La respuesta de Peña Nieto a la falta de preparación de las policías en México está ligada a la posición que lleven hoy los priistas al Senado.
Ante la situación, me parece justificado permanecer escéptico.

La nueva administración federal


Estamos a cuatro días de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. En los medios de comunicación se barajan los nombres de quienes ocuparán los cargos públicos más importantes en el nuevo gobierno. La toma del control del aparato burocrático requirió la semana pasada de dos medidas que se tomaron en el Congreso las cuales revelan el impulso de eficiencia que el próximo Presidente desea impregnarle desde el primer momento a su gestión, de frente a sus mayores retos a saber la debilidad del ejecutivo y la crisis de gobernabilidad del Estado, ambas características que le impregnaron al sistema político mexicano la pluralidad y una violencia en ascenso e incontrolada en el país. Me refiero uno, a la Reforma a la Ley de Servicio Profesional de Carrera y dos, a la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública que definitivamente le regresan a ésta el sello priista.
Según yo entiendo, contrariamente a lo que algunos analistas han afirmado, el primer cambio no debe entenderse como atentado a la profesionalización de la carrera burocrática que originalmente buscó el panismo y logró tan pobremente, sino de liberar miles de plazas de alto nivel al menos más de 4000 a nivel de directores generales y adjuntos ubicadas en 74 áreas y organismos. En efecto los priistas aseguran que los calderonistas colocaron irregularmente a simpatizantes y amigos en importantes puestos que ahora quieren los peñistas para el ejercicio de su programa de gobierno.
Por lo que se refiere a los cambios en el organigrama de la administración pública, la intención parece ser una simplificación en una lógica diferente de ejercicio del poder de forma más piramidal. Peña Nieto, a decir de sus allegados, parece preferir una mayor concentración de poder en superministros a su mando. En este sentido desaparecerán dos secretarías, la de Seguridad Pública que creó precisamente Vicente Fox y la de la Función Pública cuyas tares las absorberá en parte la Secretaría de Hacienda que se encargará de recabar las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios y la nueva Comisión Anticorrupción que se está conformando.
De esta manera tendrán de entrada más funciones la Secretaría de Hacienda y sobre todo la Secretaría de Gobernación, sino también la Secretaría de la Reforma Agraria y la de Desarrollo Social. La de la Reforma Agraria supuestamente para propiciar un mayor orden en el desarrollo, por lo que se le añadirá competencia en materia territorial y urbana. La del Desarrollo Social para reforzar el combate a la pobreza y la desigualdad, por lo que se pensó que tenía que controlar los organismos creados durante las últimas décadas para la atención de jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres e indígenas. Sin embargo, en la discusión, los de mujeres e indígenas quedaron fuera.
Así entonces, de los cambios que se avecinan, el más comentado ha sido el de la Secretaría de Gobernación. En efecto la reforma le restituye a la SEGOB la función de negociación con las distintas fuerzas políticas del país que tuvo por momentos durante el panismo, pensemos en el paso en ella de Fernando Gomez Mont de 2008 a 2010, e incluso le otorga un carácter de coordinación del gabinete al adquirir funciones que actualmente se cumplen desde la oficina de la Presidencia. En este sentido el Secretario de Gobernación deberá ser quien haga el seguimiento de las políticas públicas. Por otro lado, se entiende que la SEGOB tendrá también otro pilar enfocado al control del crimen organizado y la delincuencia. Cabe precisar en particular que tendrá a su cargo una nueva Gendarmería Nacional y una Agencia de Seguridad para controlar el trabajo de todas las corporaciones policiacas federales y entablar, entiendo, la relación con aquellas que operan a otros niveles. Además se responsabilizará de la dirección del sistema penitenciario federal.
Lo menos que se puede decir es que es difícil analizar objetivamente los cambios administrativos propuestos, por la politización con la que han sido recibidos. La reforma de la SEGOB  la veo acertada en cuanto se encuentra en la línea de fortalecer los mecanismos de negociación política del ejecutivo y de organizar un mando único policiaco en México. Más puede ser también ciertamente riesgoso volver a concentrar en las mismas manos las tareas de recuperación de la fortaleza y liderazgo del gobierno, con las de la detención de la fuerza. Me pregunto: ¿Puede fungir como mediador adecuado de los conflictos sociales quien tiene el garrote en la mano? ¿Por qué contaminar las funciones políticas con el control de la seguridad? ¿No puede ser ello intimidatorio? ¿No puede acaso acabar siendo un organismo violatorio de los derechos humanos aquel que pretende velar por ellos?  
El modelo político que Enrique Peña Nieto ha exhibido es un modelo político centralizador que puede hacernos temer con razón una regresión autoritaria, y ahí está en su historial su respuesta al asunto de Atenco, mas no podemos negar para nuestra tranquilidad también que en el ejercicio del poder ha demostrado que sabe delegar y respeta autonomías así como formas plurales y competitivas que se han impuesto en México. Por ello creo que con lo que está haciendo le esta honestamente apostando a fundar un nuevo tipo de liderazgo, en esencia que genere más y mejores resultados. Lo que está por verse es si también se desenvolverá dentro de cánones democráticos. El autoritarismo es un fantasma que nos acecha, por lo que la sociedad no debe bajar la guardia. Por ejemplo el diseño de la Comisión Nacional Anticorrupción se formula otra vez a espaldas de la participación ciudadana, mediante un mecanismo de elección de sus integrantes obscuro que puede caer como otros tantos en cuotas partidistas.