miércoles, 25 de julio de 2012

Retos y oportunidades partidistas. El caso del PRI.


Los conflictos políticos en los que inevitablemente derivó la jornada electoral del pasado primero de julio pueden ser analizados desde los problemas, retos y oportunidades  que enfrentan los distintos partidos  en el país. Hoy abordo el caso del Partido Revolucionario Institucional.

El PRI ha tenido que defenderse de la impugnación en su contra por parte de la Coalición Movimiento Progresista. Muy seguramente conseguirá que se demuestre la legalidad de su victoria en la elección presidencial. En efecto el IFE le ha entregado ya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación argumentos claros en contra de la posibilidad de declarar la invalidez de la misma. Destaco los siguientes. No se tienen los elementos necesarios para determinar un rebase del tope de gastos de campaña de Enrique Peña Nieto. Asimismo no hay pruebas de contrato alguno encubierto que derivara en comentarios en radio y televisión que beneficiaran al candidato priista. Por lo que se refiere al papel de las encuestas preelectorales sobre preferencias no se pueden considerar propaganda. Sobre la compra y coacción del voto no se aprobaron al parecer información con valor probatorio. Incluso sobre las tarjetas Soriana y los monederos Monex no se comprueba que hayan sido ni recibidos, ni condicionados, ni que contuvieran dinero. De hecho la libertad del voto fue promovida y su secrecía garantizada. Por último, según el texto transmitido, existe una diferencia tal de votación entre los dos primeros lugares de la contienda que no se puede realmente sostener  supuesto alguno para anular los comicios. Queda ahora que el Tribunal procese todas las inconformidades, dictamine la elección, determine el cómputo final y en su caso haga la declaratoria de Presidente Electo para lo cual tiene hasta el 31 de agosto.

Sí, seguramente no tendrá tropiezos el PRI para defenderse pero mal haría en creer que la defensa de la legalidad de su victoria es su única tarea. La gran mayoría de la población quiere que se acepten los resultados, pero eso no quiere decir que la mayoría crea que son legítimos. En este sentido este partido tiene varias luchas por delante, además de la defensa del triunfo de Peña Nieto.

Por ejemplo tiene la tarea a de reconocer que a cada elección presidencial desde que se fortaleció la competencia política en México, salvo en el 2000 en que se dio la alternancia política a nivel federal, la normatividad con la que se ha contado  ha demostrado ser insuficiente para la aceptación tersa de los resultados por parte de los partidos perdedores. Una de las fragilidades de nuestra democracia es esta desconfianza que aún es demasiado generalizada. La desconfianza nos ha llevado a la organización de elecciones muy caras en las que se cuentan bien los votos, pero que transcurren todavía a través de procesos dudosos que no pueden ser ignorados o minimizados.

Qué pena pero se tiene que trabajar aún más en ello y el PRI debiera abanderar una nueva reforma electoral bajo los criterios de una consulta amplia a expertos y de una sana discusión con todos los actores políticos involucrados, que entre otros puntos amplíe bajo criterios específicos las causales de nulidad de las elecciones, como por ejemplo el rebase de los topes de campaña y las entradas por encima de las permitidas de financiamiento privado a los partidos, estableciendo mecanismos más eficientes para evitarlas sobre todas aquellas de procedencia ilícita. Si es cierto que este partido ha sabido ser competitivo debe, además, promover controles más firmes para la transferencia de recursos y dinero del gobierno a todos los niveles a los partidos y a las campañas.

Por su parte el gobierno emanado del triunfo del PRI tiene que basar el fortalecimiento de su legitimidad en la promoción de ésta y de otras reformas en una actitud que demuestre bien su diferencia ideológica con las políticas gubernamentales anteriores. El reto del partido es igualmente la transformación de la relación que le caracterizaba en tiempos pasados con el propio ejecutivo federal. En doce años el PRI cosechó triunfos estatales y locales gracias en buena medida a las autonomías regionales de sus cuerpos. El tener la presidencia no lo debe llevar a que su comité ejecutivo nacional se imponga nuevamente en la selección de sus candidatos.

Los nuevos tiempos deben ser aprovechados por el partido como tiempos de transformación profunda. El triunfo más apretado que consiguió le debe hacer entender que setenta años en el poder aún lo mantienen desgastado y que quizás es tiempo de ciudadanizarse totalmente, de cambiar de nombre, pero sobre todo de cristalizar un frente entorno a un proyecto de nación para este siglo. Las circunstancias para lograrlo son propicias en el contexto de la crisis del panismo tras el tamaño de su derrota y sus pugnas internas que le muestran contradictorio, y del propio perredismo que tanto se ha beneficiado del carisma de Andrés Manuel López Obrador pero quien en sus excesos y su incapacidad de dejar de ser protagónico entierra la posibilidad de crecimiento de una izquierda moderna.

En suma, el mayor reto del PRI es la construcción de este frente en tiempos políticos que parecen difíciles por necedades que hacen peligrar nuestras instituciones, que despiertan manifestaciones sociales progresistas sí y a las que hay derecho en principio, pero que pueden ser atrapadas en la intolerancia y la violencia.                   

martes, 10 de julio de 2012

Los claroscuros de la jornada electoral


El análisis de las elecciones pasadas y de las reacciones que han suscitado por parte de los involucrados, un análisis serio de frente a los ciudadanos quizás confundidos por muchas de las declaraciones emitidas debe distinguir el estudio de los procesos electorales en el marco de la normatividad que los rige, del análisis de sus consecuencias políticas.

El IFE ha cumplido correctamente su tarea y sin embargo no podemos desconocer que a pesar de todos los esfuerzos, en lo que concierne a la elección presidencial, una importante capa de la población sigue desconfiada de los resultados. ¿Por qué? Porque el candidato de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido impugnar la elección sobre la base de la inequidad en la contienda. Aquí cabe entender que este proceso todavía no termina. El pacto que firmó AMLO, contrariamente a lo que muchos también sostienen, no le quita el derecho de impugnar si considera que existen elementos que puedan hacer anular los resultados que le son adversos.

Ahora bien, su reacción crea un clima de incertidumbre porque se puede prever que el desahogo de las pruebas concluirá en la declaración de Enrique Peña Nieto como presidente electo por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si López Obrador no se desiste, puede imponerse la inconformidad y el descrédito de la elección lo cual mermaría la legitimidad del próximo mandatario. Este escenario es muy peligroso para las cambios políticos que hemos construido en las últimas décadas a través de muchos esfuerzos, para el sistema político al que han dado lugar y para todos sus actores incluida la propia izquierda mexicana la cual esta vez ha logrado avances sin precedentes que no debe sacrificar y ahogar en una confrontación inmadura. 

Por lo pronto el que tal impugnación se vaya a presentar demuestra los alcances y los límites de nuestra joven democracia. En efecto en el plano de los alcances se han creado las instituciones que le dan cabida a la inconformidad de la coalición Movimiento Progresista, a la vez que en el plano de los límites los hechos apuntan en primer lugar a que no se han controlado suficientemente ni los medios ni la inserción de la fuerza del dinero en política. Pero medir y probar cuánto esta insuficiencia benefició a Peña Nieto se antoja imposible.

En segundo lugar la coacción y la compra de votos, que si bien resultan bastante creíbles también son difíciles de asegurar, dejan ver el clientelismo como otra limitante más del avance democrático que hemos logrado. Sin embargo es inocente pensar que sólo conciernen al manejo del PRI. Todos los partidos en México manipulan hasta donde les es posible el voto y para ello gozan de la ayuda de los gobiernos que controlan. Al respecto López Obrador no puede personificar la moralidad hasta que no aclare de donde vinieron los recursos que tuvo durante este sexenio (los cuales le permitieron recorrer constantemente el país y crear su grupo de apoyo MORENA) y que muchos sospechamos le llegaron de la jefatura del Distrito Federal, ni hasta que quede totalmente deslindado de infiltrar y apoyar a un  movimiento social como el de #YoSoy132. No obstante no dejo de reconocer que, a pesar de ello, a dicho movimiento le debemos haber dinamizado las campañas y seguramente alterado las preferencias como para que el PRI no haya ganado como esperaba, lo que a mi parecer ayudó a proteger a  nuestra democracia a través de la competencia y de los contrapesos al poder.

Quiero mencionar igualmente como una limitante adicional de la democracia del país el déficit en el control de los gastos de campaña, en el entendido que más de los debidos siguen siendo informalmente financiados por el sector empresarial como inversión para futuros beneficios en gobiernos de todos los colores.

Otra cuestión es también que la impugnación de López Obrador se sostiene porque resulta sospechosa la diferencia real de votación entre primer y segundo lugar en la elección presidencial, en comparación a la prevista por tres cuartas partes de los sondeos preelectorales que se dieron a conocer. Por eso, es importante que este punto también se aclare porque no se puede negar que tales sondeos influyen en los resultados electorales. En lo particular no creo en la posibilidad de un plan orquestado para promover el voto priista. Más pudieron estos trabajos haber disuadido a los simpatizantes del PRI de la necesidad de ir a votar. (Lo cierto es sobre todo que las preferencias electorales fueron cambiando y que no dejaron de hacerlo. Los electores que permanecían indecisos además parecen haber sido más proclives a votar por AMLO, quien probablemente hubiera ganado de ser más larga la campaña.)

En fin la cuestión es que, guste o no, los priistas  ganaron la presidencia fundamentalmente porque hubo un voto de castigo al PAN no habiendo podido Josefina Vázquez Mota deslindarse de Felipe Calderón del que no recibió todo el apoyo esperado, pero también por la capacidad que tuvo el PRI de mantenerse vivo tras la alternancia del 2000, por la unidad que demostró en torno a un candidato carismático que difundió una imagen de eficiencia (la prueba es que este partido perdió en elecciones estatales ahí donde se dividió, como fue en Tabasco y en Morelos), porque Peña Nieto administró su ventaja inicial la cual no pudo vencer Andrés Manuel si bien fue en ascenso continuo.       

Con todo ello, los resultados electorales de la jornada del primero de julio pasado dejan un saldo más positivo que negativo. Pese a la crisis poselectoral que atravesamos es posible todavía que pueda ser controlada por las instituciones y la conciencia de la propia izquierda que tiene más que perder que hace seis años y que posiblemente logre entender que es hora de un relevo generacional de sus élites con una inclinación más moderna de la política. Los resultados son alentadores porque una doble alternancia en la pluralidad, con una sociedad más activa y vigilante, puede llevar a un gobierno federal que necesariamente tenga que negociar y transparentar más el ejercicio de sus funciones.

No es utópico pensar que se está ante la posibilidad de que se cambien las formas de ejercicio del poder en México, un poder que ha quedado compartido. Este cambio requiere de la buena voluntad del conjunto de los actores, no sólo de los partidos de izquierda y del PRI en los términos mencionados sino también de los panistas que enfrentan las dificultades internas esperadas tras la derrota mayúscula que sufrieron, las cuales deben resolver a la mayor brevedad pues su participación en el escenario político es enriquecedora para todos.